1358/2022-S1

Ante tal determinación plantearon apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 433/2021 de 8 de octubre, que incurrió en los siguientes agravios:

1. a)Determinó mantener latente el riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del CPP, y por consiguiente la detención preventiva de sus personas, sin aplicar correctamente el principio de favorabilidad y proporcionalidad, alegando que "la defensa no se refirió de modo alguno respecto a los riesgos procesales vigentes y que debe analizarse a momento de resolver la denuncia del principio de proporcionalidad" (sic); empero, tal razonamiento resulta erróneo; puesto que, se explicó que ante un solo riesgo procesal, la detención preventiva resulta ser excesiva, haciendo mención del art. 231 bis parágrafo II;
2. b)El Vocal demandado, no refirió a la norma procesal señalada como punto de agravio -231 bis del CPP parágrafo II-; es decir, no dio respuesta oportuna a la solicitud de consideración de tal norma;
3. c)No consideró que el riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del CPP se fundó ante la supuesta influencia de "Mauro Ponce" sobre "Fanny Blanco Maldonado" y que la documentación presentada evidencia que la testigo dejó tal calidad y que se encuentra como imputada por falso testimonio en un proceso aperturado de oficio y seguido por sus personas, además de la documentación que demuestra que ella, no inició ningún proceso en su contra, limitándose a mencionar el razonamiento de la autoridad a quo sin mayor argumentación;
4. d)No consideró los nuevos elementos presentados, emitiendo una resolución arbitraria, en la que no se consideró su situación laboral, familiar y económica, limitándose a reiterar lo alegado por el Juez a quo.

Los impetrantes de tutela a través de su abogado se ratificaron inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadieron lo siguiente:

1. 1)El único riesgo procesal vigente, es el dispuesto por el art. 235.2 del CPP, sobre el cual se argumentó y solicitó se dé por enervado, concediéndose en parte la solicitud realizada; sin embargo, debió aplicarse el principio de favorabilidad; toda vez que, la detención preventiva se fundó en tres líneas que señalaron que: "Fanny Blanco Maldonado" puede ser influenciada por Mauro Wilder Ponce Argote; sin embargo, la misma nunca presentó denuncia por alguna amenaza, no tiene antecedentes en contra de los hermanos "Ponce" y al contrario, fueron ellos quienes siguen un proceso penal en contra de la misma por el delito de falso testimonio, proceso que fue iniciado de oficio por el Ministerio Público al evidenciar que existían dos declaraciones, aspecto no fue considerado por el Vocal demandado, limitándose a extraer el razonamiento del art. 235.2 del CPP sin emitir una valoración correcta de los elementos presentados;
2. 2)No consideró la parte final del art. 239.1 del CPP, puesto que se debe analizar si la medida dispuesta puede ser sustituida por otra; toda vez que, adjuntaron documentación que acredita tal aspecto, teniendo documentos de préstamos dinero que están constituidos en mora y certificados de nacimiento de sus hijos menores de edad. Además, solicitaron se considere el art. 231 bis parágrafo II; sin embargo, el Vocal ahora demandado, se limitó a señalar una Sentencia Constitucional que ni siquiera aplica al caso, debiendo aplicarse el principio de favorabilidad y una medida diferente a la detención preventiva, careciendo su resolución de la debida fundamentación, motivación y congruencia.

Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito cursante a fs. 63 y vta. informó que:

1. i)El Auto de Vista 433/2021 de 8 de octubre, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por Mauro Wilder, Miltón Gonzalo, ambos Ponce Argote, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2021, extrayendo de aquel, el sustento del riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, en base a la conducta de terceros, aprobando en lo demás la resolución impugnada, con la consecuente persistencia de la detención preventiva de los procesados;
2. ii)El observado principio de favorabilidad, fue examinado y resuelto en el "acápite III.5 tercer párrafo", además de pronunciarse sobre todos los agravios planteados corrigiendo la actuación del inferior sobre la adición de supuestos de orden fáctico para la persistencia de dicho riesgo procesal, del cual se concluyó que la documentación presentada, no era suficiente para enervar el riesgo de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP. Asimismo, se pronunció respecto al test de proporcionalidad realizado por el inferior, concluyendo que las literales aportadas, tampoco resultaban insuficientes para acreditar la existencia de alguna circunstancia extraordinaria, que conlleve a modificar la medida cautelar de detención preventiva, por lo que no resulta evidente la vulneración del deber de fundamentación;
3. iii)La acción de libertad, no es una instancia procesal casacional o supletoria; por lo mismo, a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, se deberá analizar la incidencia de la acción y omisión cuestionada a través de la acción de libertad; dado que si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela a concederse por el juez o tribunal de garantías, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; de manera que, partiendo de una interpretación previsora, aun en la hipótesis de ser evidente la arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación, si esta carece de relevancia, la tutela debe ser denegada.

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2021 de 12 de octubre cursante de fs. 66 vta. a 75 vta., determinó denegar la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: "a) En análisis de los puntos de agravio realizados por los ahora accionantes en audiencia de apelación se tiene que los mismos señalaron: Que el Juez a quo realizó una mala valoración de la prueba aportada a fin de enervar el art. 235.2 del CPP, pues no obstante de no existir denuncia contra los imputados que denote influencia negativa por parte de estos hacia la testigo "Fanny Blanco", igualmente mantuvo subsistente el riesgo procesal, declarando la persistencia del riesgo en base a aspectos externos, tales como la conducta de "Vidal Chaya", anterior abogado, siendo que no es posible que la conducta de una tercera persona pueda corroborar la persistencia de dicho riesgo. También se reclamó respecto a la inaplicación de la parte in fine del art. 239.1 del CPP, referida a que se vulneró el principio de favorabilidad; pues no obstante, de presentar la prueba que corre en antecedentes, no se realizó una valoración correcta, pues se omitió verificar la existencia de obligaciones tendientes a satisfacer prestamos de dinero y obligaciones de índole familiar que contaban con el debido respaldo probatorio, para aplicar -se reitera- el principio de favorabilidad; contrariamente, el a quo se alejó de la razonabilidad y sustentó la denegación en aspectos que guardan relación con el riesgo procesal establecido en el inc. 2) del art. 235 del CPP, asegurando que en el caso prevalece el derecho de una entidad jurídica por sobre la libertad del imputado, apartándose de lo previsto en el art. 231 bis del CPP;

1. b)Ahora bien, los fundamentos que fueron expuestos por la autoridad demandada a través de la emisión del Auto de Vista 433/20221, se circunscribe a los siguientes aspectos: En primer lugar, en el apartado III.2 de la resolución, la autoridad demandada hizo un análisis respecto a la verificación de la subsistencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP declarada por el Juez a quo, concluyendo que: las documentales, conforme verificó y concluyó el Juez a quo, no guardan relación con los supuestos que motivaron la construcción del riesgo procesal, pues el sujeto de la influencia negativa en modo alguno para configurar dicha condición, se halla obligado a presentar denuncias contra los imputados a objeto de que se corrobore mediante el ejercicio de la investigación penal que estos últimos no ejercen influencia negativa;
2. c)Continuó manifestando la autoridad demandada, que debe atenderse que al momento de la construcción del riesgo, el supuesto fáctico que dio lugar a la necesidad de aplicar la detención preventiva, fue la sindicación atribuida a Mauro Wilder Ponce Argote de hablar con "Fanny Blanco Maldonado", indicando que estaría dispuesto a pagar por su silencio, aspectos que lógicamente entendidos en razón del vínculo familiar que une a ambos imputados, no se aprecia que se enerven por el informe de la Oficina Gestora o por la inexistencia de antecedentes penales vinculados a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; por lo que, no se aprecia vulneración al principio de valoración razonable de la prueba que hace al debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE;
3. d)En un segundo parágrafo, que también forma parte del apartado III. 2 del Auto de Vista, la autoridad demandada continua realizando un análisis de los medios de prueba aportados por los ahora impetrantes de tutela, señalando que se tiene el informe de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia, oficina regional Quillacollo, de 16 de septiembre de 2021, estableciendo que Mauro Wilder y Milton Gonzalo Ponce Argote solo cuentan con antecedentes procesales merced al proceso dentro el cual se desarrolla la presente audiencia de apelación; empero, no advirtiéndose de dicha documental la vinculación que tuviera con el supuesto fáctico que dio lugar a la construcción del riesgo, como tampoco es apreciable de las resultas atribuidas por los apelantes al informe del investigador asignado al caso de 5 de agosto del citado año, pues conforme refirió el a quo, el mismo si bien fue ofrecido para desvirtuar la probabilidad de autoría igualmente mereció un rechazo que no obstante la apelación y la acción de defensa, no sufrió variación posterior. Anotando además el Juez de instancia que la dualidad de contenidos apreciables en las entrevistas policiales de "Fanny Blanco Maldonado" y que derivaron conforme se advierte del análisis integral del Auto apelado en el inicio de proceso penal en contra de aquella, en definitiva, no permiten apreciar la fuerza probatoria de dicho informe para enervar el riesgo de obstaculización, menos aun cuando los apelantes; no obstante, la oportunidad de rebatir el argumento del inferior en grado, no expresaron fundamento alguno tendiente a dar cuenta, más allá de su disconformidad, de la ilogicidad del razonamiento del inferior en grado. Asimismo, el informe expedido por secretaria del Juzgado de Independencia de 13 de septiembre de 2021 y el informe de la Oficina Gestora que dan cuenta de la existencia de proceso penal contra "Fanny Blanco Maldonado", se concluye que conforme razonó el a quo, exteriorizó tan solo la existencia de una investigación penal que tramita de modo separado al presente caso, además claro está de la existencia de un segundo proceso iniciado por denuncia de los imputados contra "Fanny Blanco Maldonado". En definitiva, el inicio de acciones penales contra el sujeto de la influencia negativa, en modo alguno permite apreciar la suficiencia de dicha circunstancia para enervar el riesgo procesal en análisis, menos aun los que presentan los mismos imputados dirigidos a lograr el sobreseimiento por la formalización de denuncia y que en todo caso, conforme razonó el "Juez de Instrucción, se relacionan con actividades investigativas, concluyendo de esta manera el análisis de la autoridad demandada respecto a la presunta mala valoración de los elementos presentados en la audiencia de cesación a la detención preventiva en cuanto a desvirtuar el riesgo contenido en el núm. 2 del art 235" (sic), expresando de manera clara, precisa y coherente por qué estos elementos probatorios no van a desvirtuar en todo caso el riesgo procesal mencionado, tomando en cuenta la forma y la manera en cómo fue construido este riesgo procesal, realizando un análisis pormenorizado de todos los elementos que fueron presentados para desvirtuar este riesgo procesal, no existiendo en esta parte de la resolución, ahora en análisis, ninguna vulneración al derecho al debido proceso en sus componentes de debida motivación y fundamentación de las resoluciones, habiendo la autoridad demandada respondido de manera clara y coherente al agravio traído en apelación respecto a lo previamente mencionado; es decir, a la incorrecta valoración de los medios probatorios para desvirtuar el mencionado riesgo procesal;
4. e)Continuando con la revisión de los fundamentos contenidos en el Auto de Vista, el vocal demandado, en el apartado III. 3 de dicha resolución, en primer lugar realizó un análisis respecto de la determinación del plazo de la detención preventiva tomando en cuenta la modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolecentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, razonando en el sentido de que el establecimiento de un plazo tiene una doble faceta, uno tendiente al resguardo del derecho al debido proceso que tiene el imputado, pues explicita la temporalidad de la medida cautelar de ultima ratio, y asimismo, en su contracara precautela la seguridad jurídica, pues conforme razonó acertadamente el representante convencional de la entidad constituida en víctima y, asimismo, el representante del Ministerio Público, al momento de la aplicación de la detención preventiva, fijando el plazo de duración de la detención preventiva en cinco meses, se hizo uso, aunque sea de modo implícito, del principio de proporcionalidad y merced a la concreción de esa forma jurídica de interpretación de los derechos fundamentales, se estableció el plazo de la restricción de la libertad de los imputados merced a los datos del proceso;
5. f)Continuó manifestando la autoridad demandada que, si bien es cierto que al no existir prohibición legal para que aun en vigencia del plazo de duración de la detención preventiva, los imputados soliciten el cese de su detención preventiva, no es menos evidente que ello no constituye óbice para soslayar los efectos generados por ese plazo de duración de la detención preventiva con relación a los peligros procesales que la motivaron, aspecto al que no se ha referido en modo alguno por la defensa técnica de los ahora peticionantes de tutela, pues no obstante de ser vital y necesaria en su análisis al momento de resolver la denuncia de vulneración del principio de favorabilidad, igualmente soslayó dicha circunstancia;
6. g)En el apartado III. 4 del Auto de Vista, la autoridad demandada, mencionó que habiéndose apreciado la errónea valoración denunciada respecto a los medios de prueba aportados por los ahora peticionantes de tutela para enervar el riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, no cabe modificar el decisorio adoptado por el a quo en relación a este punto; sin embargo, se razona en el sentido de que no puede introducirse a los supuestos fácticos por los cuales se construyó el riesgo procesal, otros no contenidos en el Auto que dispuso la detención preventiva. Es así que la conducta de terceras personas, tales como "Vidal Chaya" o "Hernán Ponce", de considerar el Ministerio Público o la entidad constituida en víctima, configurativas del riesgo, ameritan recurrir al mecanismo procesal necesario para que sean adicionados a los supuestos por los cuales se ha construido el peligro procesal; toda vez que, asumir que esta nueva circunstancia de orden fáctico también sostiene el riesgo procesal, es lesionar el derecho de defensa de los imputados, pues el acto del cual emergió la resolución apelada, se circunscribió, merced a su señalamiento, a la consideración de la pretensión de cesación de la detención preventiva de los imputados. Es así que en este punto en particular, se advierte que la autoridad demandada también responde a uno de los otros motivos de agravio que fueron introducidos por la parte apelante en aquella audiencia donde se emitió la resolución en revisión, y en particular se emite criterio en cuanto a la imposibilidad de introducir nuevos aspectos o nuevos elementos que no fueron considerados al momento de la configuración del riesgo procesal contenido en el art. 235.2, siendo que al haber procedido de esta manera el juez de instancia, ha incurrido en una arbitrariedad, resolución y razonamiento que fue corregido por el juez adquem, habiendo determinado, en consecuencia, que estos otros aspectos que fueron considerados e incluidos en la audiencia de cesación a la detención preventiva pueden ser considerados e incluidos dentro el riesgo procesal, pero no en la audiencia de cesación a la detención preventiva, sino, a través del mecanismo procesal necesario para que sean adicionados a los supuestos por los cuales se ha construido este riesgo procesal, habiendo sido este elemento analizado por la autoridad demandada un elemento sustancial para que se pueda declarar procedente en parte el recurso de apelación incidental y determinar en la parte resolutiva del Auto de Vista la extracción del sustento del riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP respecto a la conducta de terceros, concluyéndose en definitiva, respecto a este punto en particular que la autoridad también ha respondido de manera clara, cabal y coherente, respecto a uno de los motivos que fue traído por la parte apelante, ahora solicitantes de tutela.
7. h)Continuando, en el apartado III. 5 del Auto de Vista, la autoridad demandada ingresa a análisis el agravio traído en apelación respecto a la ausencia de razonabilidad en la denegación de la aplicación de la parte in fine del art 239.1 del CPP, realizando inicialmente un examen de la documentación adjuntada por Mauro Wilder y Milton Gonzalo ambos Ponce Argote, a fin de verificar si resultó evidente la presencia de una valoración incorrecta en el Auto apelado; en ese afán, la autoridad demandada realizó un análisis de los fundamentos expresados por el juez a quo respecto a notas de créditos bancarios nombre de los imputados y a los certificados de nacimiento de los hijos, el certificado de matrimonio y la liquidación de asistencia familiar, por los cuales la autoridad de instancia determinó que la misma no guardaba la conexitud necesaria para deferir la cesación solicitada por los imputados; posterior a ello, fundamentando su decisión con lo dispuesto por la SCP 0878/2019-S4 de 9 de octubre. Continua manifestando la autoridad demandada, que es evidente que se adjuntó documentación que objetiva la existencia de préstamos a satisfacer por parte de los imputados, pero no expresó de modo especifico, por qué la existencia de estos préstamos debiera permitir la inaplicación de la detención preventiva; no obstante, de hallarse concurrentes los presupuestos normativos exigidos; concluyendo que, la sola invocación de aplicarse la parte in fine del art. 239.1 del CPP, no es suficiente, así además en razón a la limitación competencial del Tribunal de alzada derivada de la aplicación del art. 398 del CPP. Asimismo "refiere el señor Vocal" existen certificados que dan cuenta de la existencia de descendencia de los imputados, pero no evidencian la ausencia de protección por parte de otras personas, que al igual que los imputados, también se hallan obligadas a satisfacer las necesidades de los menores, para que evidenciándose la inexistencia de tales personas o la imposibilidad de exigir a éstas la satisfacción de dichas necesidades, deba concederse la cesación solicitada, aún más si se aprecia que la liquidación de asistencia familiar da cuenta el rezago en el cumplimiento de la misma de modo anterior a la privación de libertad. De este apartado en particular, se puede advertir que la autoridad demandada inicialmente realizó un análisis de los fundamentos expresados por el juez a quo al momento de hacer una análisis del principio de favorabilidad, siendo que dicha autoridad determinó que la documentación que estaba siendo presentada por los ahora accionantes, no guardaba la conexitud necesaria para deferir la cesación de los imputados, en el entendido que las notas de pago de préstamos y la existencia de deudas a cancelar no estaban vinculadas al riesgo procesal persistente, lo relativo a los certificados de nacimientos de los hijos y el certificado de matrimonio o la liquidación de asistencia familiar de igual manera, ahora bien, de este punto en particular, se puede se observar que es evidente que el juez a quo hubiera confundido la finalidad para la cual estaba siendo presentada la documental ya descrita, esto al determinar que la misma no guardaba conexitud con el motivo por el cual se dio por concurrente el peligro procesal establecido en el art. 235.2; sin embargo, y al margen de ello, la autoridad demandada realizó un análisis posterior, fundamentó de manera clara por qué no se puede considerar o tomar en cuenta, en el caso en concreto, la aplicación de la última parte del núm. 1 del art. 239, ese razonamiento se encuentra contenido de manera precisa en el parágrafo III del apartado 3.5 del indicado Auto de Vista, donde se expresa de manera razonada y suficiente, cuales son las exigencias que debe cumplir la parte apelante respecto a la aplicación del principio de favorabilidad, en relación también al principio de proporcionalidad. En concreto, el análisis que se hace versa sobre la necesidad de aplicarse otra medida que no sea de la detención preventiva, y este aspecto lógicamente está contenido en la parte in fine del art. 239 del CPP como uno de los motivos que da lugar a la cesación a la detención preventiva; sin embargo, en criterio del vocal demandado la carga argumentativa traída por la parte apelante, así como los elementos que fueron presentados para poder sustentar el petitorio y la aplicación de una otra medida que no sea la detención preventiva, no llegan a ser suficientes para poder determinarse este extremo de manera favorable, habiendo explicado de manera razonable esta imposibilidad conforme se tiene plasmado en el ya mencionado apartado; por lo cual, respecto a este punto tampoco existe vulneración al debido proceso en sus elementos de debida motivación y fundamentación; y,
8. i)Por otro lado, respecto a no haberse realizado el test de proporcionalidad por parte del juez a quo, los apelantes se limitaron a su sola disconformidad, omitiendo considerar que la concepción de la motivación de la decisión se orienta a la justificación del fallo; por lo que, dicha justificación será válida aun cuando no logre la conformidad en el fuero interno de los sujetos procesales. Este razonamiento es también completado en el apartado III. 8 del Auto de Vista en donde nuevamente se hace un análisis de la proporcionalidad, haciéndose mención a la SCP 0598/2018-S2 de 8 de octubre, que señaló que cuando se analice la necesidad de la medida, no es imprescindible que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el art. 231 bis del CPP, pues en este punto lo exigible es que explique por qué resulta indispensable la aplicación de la detención preventiva en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada en Autos anteriores vinculados a la pretensión de cesación, concluyendo la autoridad demandada, que dicha exigencia fue cumplida por la autoridad inferior en grado, al relacionar los medios de prueba presentados por los ahora accionantes con el riesgo procesal subsistente.

II.2. Consta Acta de audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva, contra el Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2021, en las cuales los ahora impetrantes de tutela expresaron la existencia de los siguientes agravios:

1. 1)El Auto Interlocutorio, determinó mantener la detención preventiva a pesar de que solo existe un riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del CPP y a pesar de que se presentó prueba para demostrar que los imputados no realizaron ningún acto contra la testigo, debiendo aplicarse el principio de favorabilidad; toda vez que, existió una mala valoración probatoria, emitiendo una resolución absurda;
2. 2)En principio se señaló que Mauro Wilder Ponce Argote, fue a hablar con "Fanny Blanco Maldonado" -testigo- y por ello, podría influir en la misma, razón por la que se determinó el riesgo procesal; ante tal situación, presentó prueba documental consistente en certificaciones emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia que evidencian que no existe ningún proceso penal iniciado por "Fanny Blanco Maldonado" en contra de los imputados, un Certificado de No Violencia (CENVI) y otros de antecedentes policiales, que evidencian que no existe ninguna denuncia por amenazas; debiéndose la subsistencia de este riesgo procesal, a la mala valoración de la prueba y a que en primera instancia se tomaron en cuentas situaciones que ni siquiera debieron valorarse; puesto que, el Ministerio Público, presentó informe en el que el anterior abogado en un grupo de WhatsApp, habló sobre el caso, razón por la que determinó mantener el riesgo procesal y las actuaciones de una tercera persona, no pueden constituirse en razón para mantener un riesgo; por lo que, tal resolución se constituye en arbitraria;
3. 3)Con relación a cambiar la medida por una más conveniente, el Juez de primera instancia, de manera arbitraria omitió analizar el principio de favorabilidad, sin realizar una adecuada valoración de los elementos aportados, los cuales son documentación de préstamo de dinero que tienen y que ambos cuentan con hijos de 3, 5 y 13 años de edad; asimismo, Milton Gonzalo Ponce Argote, también adjuntó un proceso de liquidación de asistencia familiar iniciado en su contra, que no puede cumplir a causa de la detención preventiva; emitiéndose una resolución alejada de la razonabilidad; toda vez que, se expuso la necesidad de determinar una medida menos gravosa; sin embargo, de forma errónea se indica que estos elementos no van ligados al riesgo procesal, sin considerar que la detención preventiva es una medida de última ratio (fs. 55 a 56 vta.).

"i) Para la aplicación y subsistencia de la detención preventiva, es menester la concurrencia de los requisitos específicos señalados en el CPP. Así, el art. 233 del cuerpo procesal preindicado determina que es menester para la aplicación de la detención preventiva, la concurrencia coetánea del fumus comissi delicti, esto es la probabilidad de autoría, y peligros procesales; asimismo, merced a las modificaciones introducidas por la Ley 1173, exige además que en vigencia de la etapa preparatoria se fije en una unidad de tiempo específica, el plazo de duración de la detención preventiva. Es el análisis integral de estos presupuestos normativos el que en definitiva permite apreciar si en el caso, no obstante la persistencia de un sólo riesgo procesal, es igualmente menester deferir la cesación solicitada por los imputados, puesto que el máximo y último interprete jurisdiccional de la Constitución, a saber, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sostiene que no obstante la existencia de un solo riesgo procesal configurativo del presupuesto establecido por el inc. 2) del art. 233 del CPP, es posible la persistencia de la detención preventiva, así razonó, entre otros, en la SCP 0856/2019-S4 de 2 de octubre;

1. ii)Empero, de modo previo a examinar si lo relativo a la aplicación incorrecta que denuncian los apelantes de la parte in fine del art. 239.1 del CPP, es evidente o no, corresponde verificar si la subsistencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP declarada por el Juez a quo, es o no correcta. En principio, corresponde examinar los elementos de convicción que dieron lugar a la construcción de dicho riesgo procesal. Así, revisado el Auto apelado, se tiene que la autoridad inferior en grado consignó de modo expreso -a fs. 872 de antecedentes- el supuesto de orden fáctico que sirvió de base para la configuración del riesgo procesal, concluyendo a continuación que los elementos de convicción aportados por los imputados ahora recurrentes, no resultaban suficientes para la enervación del riesgo procesal. Habiendo denunciado Mauro y Milton Ponce Argote mala valoración probatoria, corresponde examinar los medios de prueba presentados tendientes a respaldar la enervación solicitada, y que han sido, por cierto, expresamente señalados en la resolución impugnada. Así, se tiene: el informe de la Oficina Gestora de Procesos de 09 de septiembre de 2021, que establece la inexistencia de denuncia presentada en contra de los imputados por parte de Fanny Blanco; el certificado de no violencia de 15 de septiembre de 2021, que corrobora que ambos imputados no cuentan con antecedentes penales referidos a sentencia condenatoria ejecutoriada o declaratoria de rebeldía en delitos relacionados a la Ley 348 Las preindicadas documentales, conforme verificó y concluyó el A quo, no guardan relación con los supuestos que motivaron la construcción del riesgo procesal, pues el sujeto de la influencia negativa en modo alguno para configurar dicha condición, no se halla obligado a presentar denuncias contra los imputados a objeto de que se corrobore -mediante el ejercicio de la investigación penal- que estos últimos no ejercen influencia negativa. Debe atenderse que al momento de la construcción del riesgo, el supuesto fáctico que dio lugar a la necesidad de aplicar la detención preventiva, fue la sindicación atribuida a Mauro Wilder Ponce Argote de hablar con Fanny Blanco Maldonado, indicando que estaría dispuesto a pagar por su silencio, aspectos que lógicamente entendidos en razón del vínculo familiar que une a ambos imputados, no se aprecia se enerven por el Informe de la Oficina Gestora o por la inexistencia de antecedentes penales vinculados a la Ley 348, por lo que no se aprecia vulneración al principio de valoración razonable de la prueba que hace al debido proceso consagrado por el art. 115.I Constitucional. Prosiguiendo con el examen de los medios de prueba aportados por los ahora recurrentes, se tiene el informe de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia, oficina regional Quillacollo, de 16 de septiembre de 2021, estableciendo que Mauro y Milton Ponce Argote solo cuentan con antecedentes procesales merced al proceso dentro el cual se desarrolla la presente audiencia de apelación, empero no advirtiéndose de dicha documental la vinculación que tuviera con el supuesto fáctico que dio lugar a la construcción del riesgo, como tampoco es apreciable de las resultas atribuidas por los apelantes al informe del investigador asignado al caso de 05 de agosto de 2021, pues conforme refirió el A quo, el mismo si bien fue ofrecido para desvirtuar la probabilidad de autoría igualmente mereció un rechazo que no obstante la apelación y la acción de defensa, no sufrió variación posterior. Anotando además el Juez de instancia que la dualidad de contenidos apreciables en las entrevistas policiales de Fanny Blanco y que derivaron -conforme se advierte del análisis integral del Auto apelado- en el inicio de proceso penal en contra de aquella, en definitiva no permiten apreciar la fuerza probatoria de dicho informe para enervar el riesgo de obstaculización, menos aun cuando los apelantes, no obstante la oportunidad de rebatir el argumento del inferior en grado, no expresaron fundamento alguno tendiente a dar cuenta, más allá de su disconformidad, de la ilogicidad del razonamiento del inferior en grado. Asimismo, el informe expedido por secretaria del Juzgado de Independencia de 13 de septiembre de 2021 y el informe de la Oficina Gestora que dan cuenta de la existencia de proceso penal contra Fanny Blanco Maldonado, conforme razonó el a quo, exterioriza tan solo la existencia de una investigación penal que tramita de modo separado al presente caso, además claro está de la existencia de un segundo proceso iniciado por denuncia de los imputados contra Fanny Blanco. En definitiva, el inicio de acciones penales contra el sujeto de la influencia negativa en modo alguno permite apreciar la suficiencia de dicha circunstancia para enervar el riesgo procesal en análisis, menos aún los memoriales que presentan los mismos imputados dirigidos a lograr el sobreseimiento por la formalización de denuncia y que en todo caso, conforme razonó el Juez de Instrucción, se relacionan con actividades investigativas;
2. iii)Es menester resaltar la importancia que tiene la determinación del plazo de la detención preventiva. De modo anterior a las modificaciones introducidas al CPP por la Ley 1173, no era exigible que en la etapa preparatoria se establezca la duración de la detención preventiva en una unidad específica de tiempo; empero, si lo es en el marco positivo vigente. El establecimiento de un plazo tiene una doble faceta, uno tendiente al resguardo del derecho al debido proceso que tiene el imputado, pues explicita la temporalidad de la medida cautelar de ultima ratio, y asimismo, en su contracara precautela la seguridad jurídica, pues conforme razonó acertadamente el representante convencional de la entidad constituida en víctima y, asimismo, el representante del Ministerio Público, al momento de la aplicación de la detención preventiva, fijando el plazo de duración de la detención preventiva en cinco meses, se ha hecho uso, aun sea de modo implícito, del principio de proporcionalidad y merced a la concreción de esa forma jurídica de interpretación de los derechos fundamentales, se ha establecido el plazo de la restricción de la libertad de los imputados merced a los datos del proceso. Si bien es cierto que al no existir prohibición legal para que aun en vigencia del plazo de duración de la detención preventiva, los imputados soliciten el cese de su detención preventiva, no es menos evidente que ello no constituye óbice para soslayar los efectos generados por ese plazo de duración de la detención preventiva con relación a los peligros procesales que la motivaron, aspecto al que no se ha referido en modo alguno por la defensa técnica de los ahora apelantes, pues no obstante de ser vital y necesaria en su análisis al momento de resolver la denuncia de vulneración del principio de favorabilidad, igualmente soslayó dicha circunstancia;
3. iv)No habiéndose apreciado la errónea valoración denunciada respecto a los medios de prueba aportados por los ahora recurrentes para enervar el riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, no cabe modificar el decisorio adoptado por el a quo en relación a este punto; empero, si corresponde determinar que no puede introducirse a los supuestos fácticos por los cuales se construyó el riesgo procesal, otros no contenidos en el Auto que dispuso la detención preventiva. Entonces, la conducta de terceras personas, tales como Vidal Chaya o Hernán Ponce, de considerar el Ministerio Público o la entidad constituida en víctima, configurativas del riesgo, ameritan recurrir al mecanismo procesal necesario para que sean adicionados a los supuestos por los cuales se ha construido el peligro procesal, toda vez que asumir que esta nueva circunstancia de orden fáctico también sostiene el riesgo procesal, es lesionar el derecho de defensa de los imputados, pues el acto del cual emergió la resolución apelada, se circunscribió, merced a su señalamiento, a la consideración de la pretensión de cesación de la detención preventiva de los imputados;
4. v)Denuncian los apelantes la ausencia de razonabilidad en la denegación de aplicación de la parte in fine del art. 239.1 del CPP. Al respecto, corresponde examinar la documentación adjuntada por Mauro y Milton Ponce Argote, a fin de verificar si resulta evidente la realización de una valoración incorrecta en el Auto apelado. Una vez arribada la conclusión de existencia, en relación al inc. 2) del art. 233 del CPP, tan solo del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del mismo código, la autoridad inferior en grado realizó un análisis valorativo de la prueba presentada. Así, refirió que la documentación no guardaba la conexitud necesaria para deferir la cesación solicitada por los imputados, pues las notas de pago por préstamos bancarios a nombre de Mauro Wilder Ponce Argote y Milton Gonzalo Ponce Argote, si bien expresaban la existencia de deudas a cancelar, no se hallaban vinculadas al riesgo procesal persistente, de igual forma, lo relativo a los certificados de nacimiento de los hijos y el certificado de matrimonio o la liquidación de asistencia familiar. El Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos fallos resultan vinculantes en atención a lo prescrito al art. 203 Constitucional, respecto a la aplicación del principio de favorabilidad, sostuvo en la SCP 878/2019-S4 de 9 de octubre, que no es suficiente en apelación reiterar la exigencia de aplicación del principio de favorabilidad, que contrariamente es menester demostrar de manera objetiva la falta de proporcionalidad de la detención preventiva, esto es, la necesidad por parte de los recurrentes de fundamentar debidamente el agravio, proporcionando al Tribunal de alzada los supuestos fácticos y jurídicos que darían lugar a la cesación requerida, lo cual no ha sido satisfecho por la defensa técnica de los apelantes, quienes si bien han referido la existencia de transgresión al principio de valoración razonable de la prueba o la prohibición de incurrir en arbitrariedad o aun sostener falencias argumentativas lesivas del debido proceso, no han expresado cual debiera ser el razonamiento correcto merced a los elementos de convicción aportados, estos es, por que no obstante de la concurrencia simultánea de la probabilidad de autoría y peligros procesales, igualmente debiere procederse al cese de la detención preventiva. Es evidente que se ha adjuntado documentación que objetiva la existencia de préstamos a satisfacer por parte de los imputados, pero no ha expresado de modo específico, porque la existencia de estos préstamos debiera permitir la inaplicación de la detención preventiva, no obstante de hallarse concurrentes los presupuestos normativos exigidos. La sola invocación de aplicarse la parte in fine del art. 239.1 del CPP, no es suficiente, así además en razón a la limitación competencial del Tribunal de alzada derivada de la aplicación del art. 398 del CPP. Asimismo, existen certificados que dan cuenta de la existencia de descendencia de los imputados, pero no evidencian la ausencia de protección por parte de otras personas, que al igual que los imputados, también se hallan obligadas a satisfacer las necesidades de los menores, para que evidenciándose la inexistencia de tales personas o la imposibilidad de exigir a éstas la satisfacción de dichas necesidades, deba concederse la cesación solicitada, aún más si se aprecia que la liquidación de asistencia familiar da cuenta el rezago en el cumplimiento de la misma de modo anterior a la privación de libertad;
5. vi)La autoridad inferior en grado, en el Auto apelado, ha realizado el test de proporcionalidad, pues ha explicitado por qué razones la medida cautelar declarada subsistente es aun idónea, necesaria y proporcional en estricto sensu, así se aprecia a fs. 873 vta., de los antecedentes remitidos. Con relación a dicho razonamiento, los recurrentes no han explicitado argumentación alguna tendiente a verificar su irrazonabilidad y/o irracionalidad; contrariamente, los apelantes se limitaron a expresar su sola disconformidad, omitiendo considerar que la concepción de la motivación de la decisión se orienta a la justificación del fallo, por lo que dicha justificación será válida aun cuando no logre la conformidad en el fuero interno de los sujetos procesales;
6. vii)Dentro de las consideraciones expresadas por el inferior en grado, se anota asimismo que es una institución del Estado la afectada producto del hecho configurativo de la probabilidad de autoría y que en razón a ello tampoco corresponde aplicar la proporcionalidad en el modo solicitado por los imputados, empero dicha consideración es una de las varias expresadas por el Juez a quo para denegar la pretensión de cesación a la detención preventiva; por lo mismo, no resulta trascendente para apreciar la irrazonabilidad en la justificación integral de la decisión, por lo que tampoco en este punto se halla vulneración del debido proceso;
7. viii)La SCP 598/2018-S2 de 8 de octubre, respecto a la proporcionalidad cuando se analice la necesidad de la medida, manifestó que no es imprescindible que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el art. 231 bis del CPP, pues en este punto lo exigible es que explique porque resulta indispensable la aplicación de la detención preventiva en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada en Autos anteriores vinculados a la pretensión de cesación, Dicha exigencia ha sido cumplida por la autoridad inferior en grado, al relacionar los medios de prueba presentados por los ahora recurrentes con el riesgo procesal subsistente; por lo mismo, no puede catalogarse de irrazonable la conexión establecida por la autoridad inferior en grado. Por las razones anotadas, no corresponde deferir la cesación solicitada en apelación por los recurrentes, pues inexiste vulneración al debido proceso en sus componentes principio de valoración razonable de la prueba, exigencia de fundamentación y presunción de inocencia, sea en cuanto a la persistencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, como la no aplicación de la parte in fine del art. 239.1 del CPP, por lo que ajustando lo relativo a las condiciones por las cuales subsiste el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, corresponde confirmar la resolución apelada (sic [fs. 57 a 60 vta.]).

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y no arbitrariedad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en sus contras por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, amenazas y soborno, apelaron la resolución que dispuso el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva emitiéndose el Auto de Vista 433/2021 de 8 de octubre que incurrió en los siguientes agravios:

1. a)Determinó mantener latente el riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del CPP y su detención preventiva, sin aplicar correctamente el principio de favorabilidad y proporcionalidad, alegando que no se refirieron de modo alguno a los riesgos procesales que deben analizarse para considerar tal principio, cuando se explicó debidamente que con un solo riesgo procesal la detención preventiva resulta excesiva, citando al art. 231 bis parágrafo II del mismo código;
2. b)No dio respuesta oportuna a la solicitud de consideración del art. 231 bis, considerado como punto de agravio;
3. c)No tomó en cuenta que el riesgo procesal señalado en el art. 235.2 del CPP, se fundó ante la supuesta influencia de Mauro Wilder Ponce Argote, sobre "Fanny Blanco Maldonado" y que la documentación presentada, evidencia que la misma dejó tal calidad de testigo, pesando sobre la misma un proceso por falso testimonio iniciado de oficio por el Ministerio Público; además de que ella no inició ningún proceso en su contra, limitándose a mencionar el razonamiento del Juez a quo, sin mayor argumentación;
4. d)No consideró los nuevos elementos presentados, emitiendo una resolución arbitraria, en la que no se consideró su situación laboral, familiar y económica.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas:1) La cesación de la medida cautelar personal prevista en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional;

1. 2)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal;
2. 3)El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación;
3. 4)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
4. 5)Respecto a la potestad reglada en la aplicación de las medidas cautelares; y,
5. 6)Análisis del caso concreto.

En ese marco normativo, es pertinente citar la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0719/2004-R de 10 de mayo, expresa que ante esos supuestos, el análisis ponderado debe responder a:

1. i)Cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva; y,
2. ii)Cuáles son los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra, destinados a desvirtuar ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva; empero, mediante una valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva inicial2.

Siguiendo dicha línea, en el ámbito de la petición de cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0451/2019-S2 de 24 de junio, impone a la autoridad judicial en primera instancia y apelación, el deber de realizar un ejercicio de análisis diferenciado:

1. a)Una revisión o verificación previa del cumplimiento de los supuestos que fundaron la imposición de la detención preventiva -según las subreglas concernientes a los principios de presunción de inocencia y la aplicación excepcional de la detención preventiva, de legalidad, de proporcionalidad y razonabilidad de la duración de la medida cautelar-, posición que se sustenta en el carácter revocable o modificable de la medida cautelar, a petición o de oficio conforme dispone el art. 250 del CPP; y,
2. b)Una revisión o contrastación de los nuevos elementos que aportó el imputado para acreditar que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida. Si la autoridad judicial llega a la convicción que no se cumplieron los presupuestos o condiciones de validez, que no puede ser mantenida contra el imputado, porque éste aportó nueva prueba que da cuenta que existen nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los motivos que determinaron su aplicación, surge el deber de otorgar la cesación de dicha medida o disponer la libertad personal o imponer medidas sustitutivas3; en esa comprensión, al imputado le corresponde cumplir con la carga de la prueba4.

"En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir:

1. 1)El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante;
2. 2)La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

1. a)Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o "Estado bajo el régimen de derecho" con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de "Estado Constitucional de Derecho", cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado "Estado bajo el régimen de la fuerza".

1. b)En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en:
2. b.1)Una "decisión sin motivación", o extiendo esta es
3. b.2)Una "motivación arbitraria"; o en su caso,
4. b.3)Una "motivación insuficiente".

1. b.1)Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una "decisión sin motivación", debido a que "decidir no es motivar". La "justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]".

1. b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una "motivación arbitraria". Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- "Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales".

1. b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una "motivación insuficiente".

1. c)La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.