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TCP

1361/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de agosto de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1361/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1361/2026-S2 Sucre, 11 de agosto de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción popular

Expediente: 85161-2026-171-AP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 175/2026 de 16 de junio, cursante de fs. 36 a 39, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Delfino Ino Laura, Jiliri Qhapaq Apu Mallku de la Nación Aymara Qullasuyo contra Rodrigo Paz Pereira, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de junio de 2026, cursante de fs. 12 a 20, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de junio de 2026, se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción -Ley 1740 de 8 de junio de 2026-, el cual adolece de distintos vicios de constitucionalidad y contradice principios y derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, afectando la propia esencia plurinacional, comunitaria e intercultural del Estado boliviano.

Concretamente, los arts. 5 incs. c), d), f), h) e i); 6 inc. h); 7; 10; 13; 16; 21; 26 y 27 de la Ley 1740, generaron una amenaza inminente de restricción de derechos fundamentales y colectivos, al desconocer los límites constitucionales aplicables a los estados de excepción previstos en los arts. 139 y 140 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los principios y garantías contenidos en los arts. 12, 13, 115, 117 y 410 de la misma Norma Suprema; en particular, establecieron presunciones de legitimidad y buena fe respecto de las actuaciones administrativas, incorporaron como causal la denominada "insuficiencia operativa sobreviniente" y permitieron la adopción de medidas que conferirían amplias facultades discrecionales a las autoridades públicas.

En el mismo sentido, el art. 7 de la Ley 1740, posibilitó declarar estado de excepción mediante Decreto Supremo con aprobación legislativa posterior; mientras que, su art. 10, establece una vigencia de hasta noventa días, con posibilidad de prórroga, previsiones que debilitarían el control constitucional y democrático; además, desconocerían el carácter temporal de esa medida extraordinaria; por su parte, el art. 16 de la misma norma, permite restricciones incompatibles con el régimen constitucional de derechos y garantías durante los estados de excepción, en clara contradicción con los límites establecidos por los arts. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

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Tribunal Constitucional Plurinacional11 de agosto de 20261361/2026-S2Fuente oficial