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TCP

1378/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
13 de agosto de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1378/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1378/2026-S2 Sucre, 13 de agosto de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 56934-2023-114-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 45/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero; y, Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero, todos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 10 a 11, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2022, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad de turno al momento de su aprehensión-, dispuso su detención preventiva; determinación contra la cual interpuso recurso de apelación incidental ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la misma jurisdicción, por ser la autoridad que conforme al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), ejercía el control jurisdiccional de la investigación; sin embargo, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez a cargo del último Juzgado indicado -ahora demandado- no remitió el recurso al Tribunal de alzada, argumentando que su similar Tercero no remitió el cuaderno de control jurisdiccional; además, no se encontraba de turno durante el periodo de vacación judicial. En consecuencia, transcurrió más de un mes y medio sin que la apelación fuera remitida, generándose, -a su criterio-, una dilación indebida que perjudicó su situación jurídica y prolongó la incertidumbre respecto de la revisión de la medida restrictiva de su libertad, pese al deber de imprimir especial celeridad a las actuaciones vinculadas con personas sometidas a detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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