1391/2022-S1

Señala que dentro del proceso familiar de divorcio seguido en su contra por Nila Marisol Valverde Moncada, concluido el trámite, la actora inició la demanda de división y partición de bienes gananciales, y en su desarrollo realizó de su parte entre otros dos planteamientos:

1. a)Un incidente en ejecución de sentencia que buscaba disponer la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda de división y partición a fin de que la parte contraria precise cabalmente su petitorio, ya que ella según la escritura pública base de la demanda no es propietaria del 50% de acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en la zona de Achacachi calle 31, 770. Este incidente fue declarado improbado por la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de La Paz, razón por la cual planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, reposición que fue denegada y se concedió la apelación;
2. b)También formuló reposición con alternativa de apelación contra el "Auto de 24 de febrero de fs. 282"(sic), por cuanto la Jueza cometió errores y agravios, al desconocer la vigencia de un Auto de Vista que ordenaba la realización de un nuevo peritaje, entendiéndose que este debía realizarse con un nuevo perito designado conforme a Ley y no como interpretó erróneamente la Jueza con el mismo perito cuestionado; reposición que fue denegada y se concedió el recurso de apelación.

Los recursos de apelación referidos precedentemente, fueron resueltos por Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio, emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Resolución 717/2020 de 8 de diciembre y el Auto de 25 de febrero de 2021. Frente a esta determinación solicitó complementación y enmienda alegando que el Auto de Vista únicamente ha realizado un análisis de la Resolución 717/2020 y no dice nada del Auto de 25 de febrero de 2021, relativo a la realización del peritaje, argumentando como agravios no resueltos en el Auto de Vista:

1. 1)La vulneración de sus derechos no proviene de falta de reclamo ante instancias inferiores, sino de una actuación de oficio contenida en el Auto de Vista 144/2017 que revocó la sentencia dictada por el Juzgado y que provocó la vulneración de sus derechos, de tal manera que no podía reclamar ante el Juez ni ante el superior en grado porque la vulneración proviene a partir de la emisión del Auto de Vista 144/2017;
2. 2)La única vía de reclamo es a través del planteamiento de incidente en ejecución de sentencia conforme dispone la línea jurisprudencial generada a través de la SCP 0053/2018 de 16 de marzo;
3. 3)El incidente planteado tiene como agravio fundamental que, en el asiento 3 del folio real con "matrícula de propiedad"(sic) 2010990075861 se registra la Escritura Pública 1158/2004 de 10 de septiembre, misma que corresponde a la transferencia del bien inmueble sito en la calle 31, 770 de la zona de Achumani y el pago parcial de esa transferencia con un préstamo de $us110 000.-(cien mil ciento diez dólares americanos) otorgado por el BNB. Con posterioridad a dicho asiento 3, no consta el registro de documento público alguno que evidencie el pago total del precio del inmueble. De lo que se tiene que la actora sería propietaria ganancialicia de un inmueble que no terminó de pagar y por ello no puede existir la venta o remate de este.

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. i)Se declare nulo y sin valor legal alguno el Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio y su Auto complementario de 4 de agosto de 2021;
2. ii)Se ordene que las autoridades demandadas dicten un nuevo Auto de Vista analizando los fundamentos expuestos como agravio a las apelaciones interpuestas contra el Auto Interlocutorio 717/2020 y Auto de 25 de febrero de 2021.

Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 126 y vta., manifestó que:

1. a)El Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio, resolvió el caso confirmando la Resolución 717/2020 de 8 de diciembre, decisión que consideró el Auto de Vista 144/2017, por el cual determinó la ganancialidad de bienes en lo siguiente "...a. La ganancialidad del bien inmueble de dos plantas ubicado en la calle 31 N° 770 de la zona de Achumani de esta ciudad inscrito bajo partida N° 2.01.0.99.0075861., b. La ganancialidad de la deuda contraída con el Banco Nacional de Bolivia, contenida en la Escritura Pública N° 1158/2004 de 10 de septiembre de 2004. Asimismo, se dispone que la demandante, ahora recurrente Nila Marisol Valverde Moncada: c. Reintegre a Juan José Ortuño Villarroel la suma de $us. 70.000.-; que se reputan como bien propio; y d. Restituya el 50% de los pagos efectuados por el demandado al Banco Nacional de Bolivia desde el 22 de febrero de 2007 hasta el cumplimiento íntegro de la obligación, y si existiere saldo alguno, el mismo deberá ser pagado por ambos ex cónyuges al 50%..."(sic), en ese sentido, se advirtió que el caso familiar de división y partición ya cuenta con fallo judicial en estado de ejecución, lo cual implica que las incidencias posteriores o sobrevinientes deben ser emergentes de hechos nuevos y no anteriores; por ello el ahora accionante debió plantear su incidente de nulidad en la primera oportunidad hábil, pues la Ley le consagra dicho derecho; sin embargo, según antecedentes, cursa la diligencia en la cual se pone en conocimiento al ahora accionante el Auto de Vista 144/2017, al cual mediante memorial se apersonó y solicitó se le franqueen fotocopias legalizadas, también mediante memorial pide oficios a la ASFI y se deje sin efecto actos preparatorios previo al remate, en tanto la parte contraria pague lo ordenado en el referido Auto de Vista, extremos que advierten la primera oportunidad para deducir el incidente de nulidad, aspecto que el accionante no lo hizo, actuando de manera pasiva, en consecuencia consintiendo de manera tácita los actuados procesales, siendo que tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos afectados. Conforme establece el art. 249.II de la Ley 603, no podrá pedirse la nulidad de un acto procesal por quien lo ha consentido, aunque sea de manera tácita, puesto que se constituye en confirmación de manera tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil;
2. b)En consecuencia, la mencionada Sala Civil Cuarta, cumplió con el debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, asimismo no se quebrantó el derecho a la defensa, por lo que solicita se deniegue la tutela.

Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe cursante a fs. 127, señaló:

1. 1)Conforme a los antecedentes, fue convocado para resolver la solicitud de complementación y enmienda al Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio, emitido por la referida Sala Civil Cuarta, resolución suscrita por los vocales titulares de dicha Sala, por lo que su participación en la firma del Auto de complementación, fue a causa de la convocatoria efectuada el 2 de agosto de 2021, en razón a que uno de los vocales de la Sala Civil Cuarta ya no fungía como integrante de esa Sala; por consiguiente, no fue parte de la decisión de fondo; y,
2. 2)Sin perjuicio de lo anotado, el Auto Complementario de 4 de agosto de 2021, no alteró ni modificó el Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio.

Nila Marisol Valderde Moncada, por medio de su abogada, en audiencia alegó lo siguiente:

1. i)El recurrente pretende hacer de esta acción un recurso ordinario o casacional, intentando rever un proceso ordinario y contradictorio en el que se demostró la legalidad de la pretensión de la ahora tercera interesada;
2. ii)Existe la SCP 0201/2018-S1 de 21 de mayo, que denegó la tutela solicitada y confirmó la Resolución 144/2017 emitida por los Vocales. No está permitido por ley que a través de una acción de amparo se pretenda rever un proceso ordinario donde a través de prueba plena se ha demostrado la ganancialidad del bien y la forma como se ha pagado este inmueble, haciendo notar que esa Escritura Pública de $us50 000.- fue con relación a la empresa Agua Vida o Agua Andina que solicitó de manera aparte al préstamo de dinero, otorgado a una empresa de su exclusiva propiedad; aclara que cualquier deficiencia u omisión a lo que ahora pretende hacer con la escritura de $us50 000.- debió haber pedido en su oportunidad la ampliación de los puntos de hecho a probar;
3. iii)No es posible permitir al actor que continúe valiéndose de la justicia constitucional, puesto que ha interpuesto más de tres acciones de amparo en las que se le ha denegado la tutela constitucional, por lo que pide denegar la presente acción de defensa.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 287/2021 de 22 de diciembre, cursante de fs. 230 a 235, concedió la tutela solicitada; en cuyo mérito dejó sin efecto el Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio y su Auto Complementario de 4 de agosto de 2021, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva Resolución dentro de las setenta y dos horas de su notificación, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Se ha verificado que el accionante ha cumplido con el deber de identificar el acto procesal Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio, que en su parte dispositiva resolvió confirmar la Resolución 717/2020 de 8 de diciembre y el Auto de 25 febrero de 2021 del cuaderno de apelación, puesto que considera que este es un acto ilegal que lesiona sus derechos y garantías constitucionales a un debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia;
2. b)El accionante ha dejado entrever cuál es su criterio respecto a un hecho singular sobre una transferencia aún no completa, no perfeccionada contenida en la Escritura Pública 1158 que en razón a la asignación del concepto de pago parcial dejar entrever una suerte de condición como acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, amén del perfeccionamiento de la transacción, esta tesis planteada por el accionante puede ser verdadera o falsa; es muy importante en razón a las prescripciones tener en consideración que los argumentos no son ni buenos ni falsos en sí mismos, como las normas no son ni buenas ni falsas en sí mismas, lo que sí es verdadero coherente al derecho, es la prescripción normativa de la autoridad jurisdiccional al caso concreto y esta Sala Constitucional respecto a la Resolución 177/2021 no encuentra cual ha sido el motivo, ni por pertinencia, ni por trascendencia ni por oportunidad, esencialmente ningún criterio de fondo respecto a la trascendencia del nido del anclaje de la pretensión que ha sido puesta en consideración de esta Sala Constitucional, que es ¿cuál es la situación de pretender una ejecución en razón de un documento que en apariencia demuestra un pago parcial?(sic), lo que implica que el negocio jurídico no habría concluido y si es así, cuál es el criterio de la autoridad jurisdiccional respecto al cumplimiento o no perfecto de las obligaciones y en consecuencia el mantenimiento del estatus propietario de los ex esposos Valverde-Ortuño en el registro que se tiene en Derechos Reales; y,
3. c)Esta Sala considera la figura a futuro de la inejecutabilidad de la resolución emitida por la autoridad judicial de instancia, porque siempre podrá aparecer un tercero, alguien que pretenda tener algún tipo de interés legítimo y trastocar la ejecución de una decisión por lo que es importante que la Sala Cuarta resuelva absolviendo cuál es el criterio respecto a la transacción perfecta o no, el registro en base a un documento que aún se encueta sujeto a una condición o no, amén de que este criterio cierre este circuito impugnatorio, es un elemento de relevancia a fin de garantizar una perfecta ejecución de la decisión.

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que en el Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio y su complementario de 4 de agosto de 2021, no se expresa ninguna motivación o fundamentación respecto a la apelación formulada contra el Auto de 25 de febrero de 2021, referida a la realización del peritaje; asimismo, en lo relativo a la apelación contra la Resolución 717/2020 de 8 de diciembre sobre el incidente de nulidad de obrados, contiene una motivación arbitraria al denegar la posibilidad de formular nulidad de obrados en ejecución de sentencia y una motivación insuficiente al no haber respondido a los puntos específicos del recurso de apelación, verificándose además incongruencia omisiva, no existiendo nexo entre lo peticionado con lo resuelto; por lo que pide se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. 1)Se declare nulo y sin valor legal alguno el Auto de Vista 177/2021 de 4 de junio y su Auto complementario de 4 de agosto de 2021;
2. 2)Se ordene que las autoridades demandadas dicten un nuevo Auto de Vista analizando los fundamentos expuestos como agravio a las apelaciones interpuestas contra el Auto Interlocutorio 717/2020 y Auto de 25 de febrero de 2021.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso,
2. ii)La cosa juzgada constitucional; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

En cuanto a la cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en su concepción y alcance dos aspectos a saber:

1. a)Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y,
2. b)La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional; así, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo11, determina que contra las resoluciones de la jurisdicción constitucional no cabe recurso ulterior alguno, lo que implica como una lógica consecuencia, que hasta el propio Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido o inhibido de pronunciarse nuevamente sobre un caso ya resuelto a través de sus sentencias constitucionales plurinacionales -u otras resoluciones constitucionales-, ello implica, que tampoco puede proceder a revisarlas, ya que las mismas, tienen la característica de cosa juzgada constitucional; por lo que, no puede pretenderse un nuevo pronunciamiento sobre lo resuelto en forma definitiva por la jurisdicción constitucional, dado que ello, es base para la seguridad jurídica del Estado.