1395/2022-S2

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. a)La privación de libertad solicitad por el Ministerio Público se cumplió el 3 de mayo de 2020; empero, por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, no se pudo realizar ninguna actuación procesal hasta la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia del reinicio de funciones, por esa razón la Fiscalía el 23 de marzo de 2021, solicitó la ampliación de la medida extrema; sin embargo, al efecto se señalaron audiencias que fueron suspendidas por falencia del Órgano Judicial al no cumplir con las respectivas notificaciones, lo que lesionó sus derechos a la libertad al suspender dichos actuados procesales manteniendo la incertidumbre sobre su privación de libertad y sin considerar que se encuentra detenida más de tres años y que debió haber atendido ese pedido del Fiscal de Materia, definiendo su situación independientemente de los otros imputados; y,
2. b)El Juez demandado incurrió en dilación indebida en dos aspectos; el primero, al no haber respondido a los argumentos de solicitud de desarrollo de audiencia; y el segundo, al haber señalado audiencia después de diez días de haber suspendido dos anteriores, convirtiendo su privación de libertad arbitrariamente en una condena anticipada, al no advertir la autoridad judicial demandada de manera abusiva, el principio de celeridad en el tratamiento de las causas con personas privadas de libertad; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela impetrada disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de setenta y dos horas, resuelva el planteamiento del Ministerio Público.

Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, remitió informe escrito el 7 de abril de 2021, cursante de fs. 25 a 27, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos:

1. 1)Viene ejerciendo suplencia legal del Juzgado Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento desde el 18 de marzo de igual año; por lo que, el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora accionante y otros por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al mismo, en grado de complicidad, era de conocimiento del Juzgado Segundo de igual materia que ejercía el control jurisdiccional, siendo remitido a su conocimiento recién el 26 de similar mes y año, donde ya se había señalado audiencia para el 29 de ese mes y año, que no se llevó a cabo por la ausencia de uno de los imputados y su abogado, fijando otro actuado para el 5 de abril del referido año, fecha en la que verificó que el memorial de solicitud de ampliación de detención preventiva no se encontraba notificado, además de existir una observación de las diligencias practicadas y también no encontrarse presente todos los sindicados, motivando ello que el Fiscal de Materia, Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Banco Unión Sociedad Anónima (S.A) y Procuraduría General del Estado, soliciten la suspensión de dicho actuado procesal, evitando vicios procesales, petición a la que no se opusieron los demás imputados excepto la ahora demandante de tutela; circunstancia por la cual, dispuso su prórroga para el 15 de abril del año citado al tratarse de trece detenidos preventivos, cuya situación se debe resolver en un solo acto conforme a la petición del Ministerio Público;
2. 2)Contra esa decisión la accionante planteó recurso de reposición, al que respondió que al encontrarse en suplencia legal en ambos Juzgados, ya tenía programadas con anticipación otras audiencias y que la única fecha más próxima era la que fijó, además de existir excesiva carga judicial;
3. 3)Causa extrañeza que el señalamiento de la primera audiencia para el 22 de marzo de 2021, a objeto de absolver la petición del Ministerio Público de 3 de igual mes y año, no fue reclamada por ninguna de las partes al ser fijada para después de diecinueve días, la demandante de tutela tampoco cuestionó la fecha de dicho actuado procesal para el 29 de ese mes y año que efectuó el anterior Juez que ejercía el control jurisdiccional, para hacerlo con su persona que asumió el conocimiento de la causa en suplencia legal;
4. 4)El señalamiento de audiencia para el 15 de abril de similar año, estaba justificada en razón a que se tiene que llevar en un solo actuado procesal resolviendo la situación jurídico-procesal de trece imputados, disponiendo que la Secretaría y personal de apoyo jurisdiccional, cumplan con la notificación con el memorial de 3 de marzo del año mencionado y demás actuados a todas las partes, a objeto que se presenten a la audiencia fijada. Asimismo, se debe tener presente que en el Juzgado del que es titular, como en el de suplencia legal tenía programadas por día ocho audiencias, adjuntando al efecto la tablilla de las mismas, manifestando también que al Juzgado que suple está acéfalo hace varios años;
5. 5)Le extrañó de sobremanera que la impetrante de tutela no hubiere reclamado su situación desde mayo de 2020 a los otros jueces que conocieron la causa y que recién lo haga cuando su persona solo hace siete días que ha conocido el proceso penal de referencia; y,
6. 6)Finalmente, se debió considerar que la solicitud de ampliación de duración de la detención preventiva, no se encuentra regulada por una norma procesal del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 1173, que establezca un plazo para su consideración, a diferencia de las peticiones de cesación, modificación y salidas alternativas cuando se tratan de la situación procesal con detenidos preventivos, percibiéndose que la dilación aducida es atribuible al coimputado Juan Franz Pari Mamani, que no se conectó a las audiencias virtuales en el Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 69/2021 de 7 de abril, cursante de fs. 32 a 35 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos:

1. i)En el presente caso, no se solicitó la cesación de la detención preventiva o modificación de una medida cautelar, que tendría que resolverse dentro de los tres días; empero, tratándose en autos de la ampliación o no de la privación de libertad de la impetrante de tutela y otros, se advirtió que el Juez ahora demandado estaba actuando en suplencia legal, teniendo por ello la programación de varias audiencias de ambos Juzgados como acreditó por la planilla respectiva, teniendo presente además que existen trece imputados; y,
2. ii)Bajo la carga probatoria establecida por la autoridad judicial demandada, con la presentación de tablillas oficiales de señalamientos y programaciones de audiencias, se hizo razonable establecer el desarrollo de dicho actuado procesal dentro del plazo de diez días, de manera excepcional, tomando en cuenta que se encuentra en suplencia legal de dos Juzgados, uno cautelar y otro de anticorrupción del cual viene supliendo su actividad procesal y que la programación de audiencias viene secuencialmente a atender todas ellas a privados de libertad; por lo que, dicho señalamiento del acto procesal se encontró dentro de los cánones de razonabilidad y proporcionalidad, para atender la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención preventiva y no una petición de la accionante de cesación de su privación de libertad o modificación de una medida cautelar, correspondiendo denegar la tutela, exhortando al demandado el cumplimiento de dicha audiencia fijada.