1402/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1402/2022-S1 Sucre, 29 de noviembre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 45569-2022-92-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución AAC 4/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 88 a 91, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodora Sonia Montero Rocha contra Mirtha Gaby Meneses Gómez, Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejeros; y, Alex Eddy Pardo Zeballos, Ex Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando, todos del Consejo de la Magistratura I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de enero de 2022, cursante de fs. 55 a 60, la accionante expuso los siguientes fundamentos de hecho y derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de abril de 2021, ingresó por plataforma una denuncia interpuesta por Diana Quete Tupa, Técnico de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de Pando, contra de Julio Cesar García Caller, Juez Publico Mixto de Porvenir del citado departamento (ahora tercer interesado), ese mismo día, en su condición de Jueza Disciplinaria Segunda de igual distrito, solicitó mediante nota a la Secretaria de su despacho, le expida fotocopias simples del caso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 9020695 y también fotocopias legalizadas de los actuados que cursan en archivos del mismo Juzgado Disciplinario, consistentes en un memorial de recusación, Certificado de designación del ahora tercer interesado, acta de inspección judicial 21/2020 de 9 de septiembre, declaración testifical de Eliana Mamani Gutiérrez y Herminia Hilda Yujra Abelo, así como también fotocopias legalizadas del Auto de 11 de septiembre con NUREJ 9020695, Auto de similar mes y año con NUREJ 9021196 y Auto de 11 de noviembre con NUREJ 9020774 todos de 2020; documentación con el cual fundamentó su excusa al conocer la referida denuncia, en aplicación del art. 56 num. 3) del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria (Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero), misma que fue presentada el mismo día al Juez Disciplinario de Turno, con la finalidad de no vulnerar derechos y garantías constitucionales, velando por la imparcialidad y evitar que en su condición de autoridad disciplinaria pueda viciar el proceso o ser cuestionado por los sujetos procesales. En ese contexto, en apego al principio de verdad material e informalismo según el art. 7. VII y VIII, del Acuerdo 020/2018, presentó como prueba, documentación en fotocopias simples y legalizadas, también la declaración de dos funcionarias de Apoyo Judicial de los Juzgados Disciplinario, quienes en su declaración manifestaron la frecuencia y el trato familiar, con el que se demostró la existencia de una relación de amistad anterior a la interposición de la denuncia, acreditando la causal determinado en el art. 56 numeral 3) del referido acurdo, la que rige en materia administrativa disciplinaria y en apego a los principios de legalidad, informalismo, verdad material, buena fe e inmediatez, fundamentó su excusa, con lo que demostró amistad el cual se originó en el año 2012, cuando ambos fueron designados autoridades disciplinarias y mantuvieron hasta el año 2017 tiempo en que se fortaleció los lazos de amistad.

Sin embargo, Alex Eddy Pardo Zeballos, Ex Juez Disciplinario Primero de la Oficina departamental de Pando del Consejo de la Magistratura -codemandado-, observó la excusa formulada, mediante Informe JD1- AEPZ 002/2021 de 29 de abril, refiriendo que las pruebas presentadas: "...no se obtuvieron legalmente toda vez que no fue autorizada por la Juez Disciplinaria, es decir que pretende una excusa sin prueba siendo necesario recalcar que la recusación intentada en el otro proceso ha sido enviado en consulta por lo que no se tiene prueba fehaciente que avale la presente excusa" (sic); asimismo, el referido, mediante Auto de igual fecha, bajo el fundamento de que: "...las fotocopias simples de las que se pretende valerse la autoridad disciplinaria que se Excusa, son precisamente fotocopias simples cuya validez se desconoce; y a las fotocopias legalizadas también existe una extrañeza en la forma de su obtención además de que las mismas versan sobre una recusación y excusa que han sido observadas y se encuentran en consulta y mal puede ser prueba fehaciente" (sic) por lo que; al señalar que el actuar de Teodora Sonia Montero Rocha (accionante), no se adecuó al debido proceso, el codemandado no aplicó una valoración integral de la prueba conforme al principio de verdad material e informalismo del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; asimismo, no se aplicó el art. 8 de la mencionada normativa disciplinaria, sobre la omisión, contradicción y ambigüedad de normas, es decir, que, al margen de vulnerar la normativa disciplinaria, transgredió preceptos constitucionales de la valoración razonable de la prueba. Reitera que no aplicó los principios rectores del Acuerdo 020/2018, menos el bloque de constitucionalidad, pues, simplemente se limitó a señalar que la excusa no fue presentada con prueba fehaciente.

Con relación a la actuación de los Consejeros del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución de Segunda instancia SP-E.R.16/2021 de 10 de mayo, por el que declararon ilegal la excusa formulada, se apartaron de la aplicación del art. 8 del Acuerdo 020/2018, referente a la omisión, contradicción y ambigüedad de normas, vulneraron el derecho al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, es decir, no valoraron integralmente la prueba como elemento del debido proceso, tampoco aplicaron los principios generales del régimen disciplinario, principio de verdad material e informalismo, según el art. 7. VII y VIII, además omitieron la aplicación del Capítulo IV, sobre los medios de prueba en general del art. 75.I y II todos del referido Acuerdo, pues, a tiempo de declarar ilegal su excusa, extrañaron que no se haya presentado fotografías.

Ante los argumentos forzados que vulneran el debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba y seguridad jurídica se solicitó la Aclaración, Complementación y Enmienda, adjuntando la Resolución RSP-ER 12/2020 de 28 de septiembre, donde los Consejeros del Consejo de la Magistratura en las mismas circunstancias, con las mismas pruebas como Tribunal de Alzada, emitieron la resolución declarando legal la excusa interpuesta, siendo la misma problemática jurídica, las mismas pruebas y fundamentos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela considera como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba, el principio de legalidad y verdad material, citando al efecto el art. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo la restitución de sus derechos suprimidos y omitidos, ordenando la nulidad de la Resolución SP-E.R.16/2021 y en consecuencia se ordene a las autoridades demandadas del Consejo de la Magistratura que emitan nueva resolución conforme a las pruebas aportadas en el trámite de excusa.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de enero de 2022, según se tiene del acta cursante de fs.86 a 87 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas

I.3.3. Intervención del tercer interesado

Julio Cesar Garcia Caller, pese a su legal notificación conforme consta de la diligencia cursante a fs.70, no presentó memorial ni asistió a la audiencia.

I.3.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Por denuncia presentada 28 de abril de 2021, interpuesta por Diana Quete Tupa, Técnico de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del departamento de Pando, en contra de Julio Cesar García Caller, Juez Publico Mixto de Porvenir del citado departamento, por la presunta comisión de falta grave establecido en el art. 187 num. 14 de la Ley 025 -Ley del Órgano Judicial (LOJ) de 24 de junio de 2010-, por omitir negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados (fs.14 y vta.); asimismo corre cargo de recepción en Secretaria del Juzgado Disciplinario Segundo en la misma fecha, adjuntando prueba de cargo en fotocopias simples en fs. 10, por lo que ingresa a conocimiento de la Jueza Disciplinaria ahora accionante (fs. 15).

II.2. Cursa Nota de 28 de abril de 2021 elaborada por Sonia Montero Rocha, Jueza del Juzgado Disciplinario Segunda del departamento de Pando y presentada según cargo de recepción en la misma fecha, a Leda Mariaca Vargas, Secretaria del citado Juzgado, en la cual solicitó se le expida fotocopias simples del caso con NUREJ 9020695 y también legalizadas de actuados que cursan en archivos consistentes en memorial de recusación presentada, Certificado de designación de Juez Disciplinario ambos de Julio Cesar García Caller, acta de inspección judicial 21/2020 de 9 de septiembre, acta de declaración testifical de Eliana Mamani Gutiérrez y Herminia Hilda Yujra Abelo, así también fotocopias legalizadas del Auto de 11 de Septiembre, con NUREJ 9020695, Auto de 28 de septiembre, con NUREJ 9021196 y Auto de 11 de noviembre, con NUREJ 9020774 todos de 2020 (fs. 16); mereciendo decreto de 28 de abril de 2021, en el cual dispone "En merito a la solicitud realizada por la Sra. Juez Disciplinaria N° 2 Sonia Montero Rocha, por Secretaria se extiende las fotocopias legalizadas (sic [fs. 16 vta.]).

II.3. Mediante Auto de 28 de abril de 2021, emitida por la Jueza Disciplinaria Segunda del departamento de Pando, dentro de sus fundamentos, refiere que en aplicación del art. 56 num. 3) del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria (Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero) refiere: "Tener amistad íntima, con alguna de las partes, que se manifestaren por trato y familiaridad constantes,..." (sic), lo cual constituye causa de excusa, por lo que se aparta del conocimiento del trámite administrativo disciplinario, y dispone remitir antecedentes ante el siguiente Juzgado Disciplinario de Turno. (fs. 26 y vta.)

II.4. Mediante Auto de 29 de abril de 2021, el Juez Disciplinario Primero de Pando, observó la excusa interpuesta por su similar Segunda y dispuso que se remita en grado de consulta ante el Tribunal de Segunda Instancia Disciplinario del Consejo de la Magistratura; señalando dentro sus fundamentos que: "...las fotocopias simples de las que pretende valerse la Autoridad Disciplinaria que se Excusa, son precisamente fotocopias simples cuya validez se desconoce; ya respecto a las fotocopias legalizadas también existe una extrañeza en la forma de su obtención además que las misma versan sobre una recusación y excusa que han sido observadas y se encuentran en consulta; por lo que mal pueden ser una prueba fehaciente" (sic); luego paso a describir los arts. 57 I y II, 58 I y 62 del acuerdo 020/2018, referidas al trámite de las excusas y recusaciones de los jueces o tribunales disciplinarios, para posteriormente reiterar que las cuatro fotocopias simples presentadas por la accionante, consistentes en el memorial de recusación intentada por Julio Cesar García Caller en otro proceso, titulo de juez disciplinario, acta de inspección judicial y acta de declaración de testigos, no habían sido obtenidas legalmente, toda vez que no fueron autorizadas por la Jueza Disciplinaria, y que las mismas no acreditarían el trato y familiaridad constantes, pretendiendo una excusa sin prueba (fs. 31 a 32 vta.).

II.5. Por Resolución SP-E.R.16/2021 de 10 de mayo, emitida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, constituida en Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, declaró ilegal la excusa planteada por la Jueza Disciplinaria Segunda de Pando, disponiendo que la misma autoridad continúe en el conocimiento del proceso disciplinario radicado en su despacho, hasta su Resolución; estableciendo dentro de sus fundamentos que: "...de la lectura del art. 56 y ss., del Acuerdo 20/2018; se advierte que en el trámite de excusas y recusas no existe termino probatorio, es decir, que una resolución que observe la legalidad de una excusa, no puede fundarse en la forma de obtención de la prueba utilizada para dicho acto, por el contrario la carga probatoria corresponderá a quien se excusa.

Razón por la cual, al observar la legalidad de la excusa, en el caso de autos "amistad íntima", no es un argumento legitimo cuestionar la forma de obtención de la prueba.

(...)

La prueba adjunta fue solicitada por la Juez Disciplinario No. 2 de Pando, a la Secretaria Abogada del mismo juzgado, al amparo del Art. 24 de la C.P.E., entre las fotocopias solicitadas cursa memorial de recusación presentado por el disciplinado Julio Cesar Caller contra la Juez Disciplinaria 2º; así como las fotocopias de los autos de 11 de septiembre, 28 de octubre y 11 de noviembre, todos del 2020, a través de los cuales la Juez Disciplinaria No. 2 de Pando se excusa del conocimiento de procesos disciplinarios interpuestos contra Julio Cesar García, Juez Mixto de Porvenir; en efecto, como argumentó el Juez Disciplinario No. 1 del referido Distrito Judicial, entre tanto no se conozca la resolución final de las excusas o recusaciones esa prueba no es idónea para acreditar la existencia de la causal de excusa por "amistad íntima" en el caso de autos; documentos que no son idóneos para acreditar la existencia de la causal de excusa de "amistad íntima"; así como la fotocopia de título del Juez del referido disciplinario, es impertinente para la acreditación de la circunstancia referida.

En cuanto al Acta de inspección judicial, la cual no se llevó a cabo porque Julio Cesar García Caller, en dicho acto recusa a la Juez Disciplinaria No. 2 de Pando, quien a su vez previo a pronunciarse sobre esa recusa dispone se reproduzcan pruebas testificales de Eliana Mamani Gutiérrez y Herminia Hilda Yujra Abelo, quienes serían funcionarias de los Juzgados Disciplinarios Nros. 1 y 2, respectivamente; tampoco acreditan ese trato de familiaridad entre la excusada y el disciplinado; pues estas no demuestran esa frecuencia de trato en tiempos de ocio u otros, que no sean espacios laborales; más aún, la segunda testigo refiere que por comentarios supo que hacían cumpleaños y parrilladas.

De existir ese trato frecuente, esa amistad íntima que se pretende sostener, lo lógico sería que el mismo pueda acreditarse a través de fotos, u otro tipo de documentos que demuestren en el tiempo, la existencia de ese trato frecuente e íntimo, sin necesidad de acudir a declaraciones testificales improvisadas, las mismas que no acreditan la frecuencia, es más ni siquiera la existencia de amistad, pues el trato social como ser compartir refrigerios, ir a almuerzos, incluso asistir a fiestas, por si solas no demuestran ese trato familiar, frecuente e íntimo, primero porque los mismos se dan en razón a la actividad laboral que tienen al ser parte de un mismo ente del Órgano Judicial, y segundo, porque los mismos son tratos sociales e insuficientes para acreditar la causal prevista en el núm. 3 del art. 56 del Acuerdo 20/2018 "(sic). (fs. 36 a 38).

II.6. Mediante decreto de 27 de agosto de 2021, dentro del trámite de excusa, la ahora accionante solicitó aclaración, complementación y enmienda, adjuntando la Resolución SP-E.R. N° 12/2020 de 12 de mayo, por ser un caso similar a la excusa tramitada, en la que se había declarado legal su excusa planteada contra el mismo Juez (fs. 45); solicitud que mereció el Auto de 2 de septiembre de 2021, emitida por el Pleno del Consejo de la Magistratura, declarando no ha lugar dicha solicitud de aclaración, complementación y enmienda (fs. 47 a vta.) adjuntando además la Resolución SP-E.R. N° 12/2020 de 12 de mayo, emitida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, constituida en Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, en el cual la excusante es Teodora Sonia Montero Rocha, Juez Disciplinario N° 2 del Pando, dentro del proceso disciplinario iniciado por Amílcar Beltrán Adagua contra Julio Cesar Caller Juez Público Mixto de Porvenir, dentro de sus fundamentos refiere: "En ese sentido, de un análisis a dicha documental y la determinación enviada en consulta se advierte que, si bien la excusa se fundamenta en prueba producida dentro de un otro proceso disciplinario, la misma confirma la relación de amistad que expresamente fue reconocida entre la ahora autoridad denunciada y la Juez Disciplinaria N° 2, la que refieren se originó en el año 2012, cuando ambos fueron asignados jueces disciplinarios, labor que desempeñaron hasta el año 2017, habiendo demostrado trato y familiaridad constante en los ambientes en los que cumplían en sus labores, situación percibida por el personal subalterno de ambos juzgados, como se advierte de las declaraciones de las dos testigos presentadas cumplían labores en ambos juzgados, las que informaron que dicha relación además se extendió al esposo de la Juez Disciplinaria y en eventos familiares..." (sic[fs. 41 a 44]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional.

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo1, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

....qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas..."

....en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final... (las negrillas nos pertenecen)

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020⁴-S12 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo4 moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

...explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (...) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional...

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

...se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;

2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,

2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020⁴-S15, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como: