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TCP

1402/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1402/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1402/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad

Expediente: 55901-2023-112-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 40/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Antonieta Avendaño Velásquez contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 12 a 17 vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal signado bajo Número de Registro Judicial (NUREJ) 201464832, fue condenada a la pena de veinte años de prisión, según Sentencia 338/2015 de 14 de julio, de los cuales ya cumplió nueve años, ocho meses y veintiséis días al 13 de febrero de 2023. Durante la tramitación de la apelación incidental, radicada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 15 de mayo del indicado año, a horas 10:00, aproximadamente, fue detenida de forma ilegal y conducida al Centro Penitenciario de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz, por orden de un mandamiento de captura emitido el 17 de abril de dicho año, con base en el Auto Interlocutorio 10/2023 de 11 del mismo mes y año, dictado por el Juez de Ejecución Penal Primero del indicado departamento, que revocó su detención domiciliaria; a pesar de su anulación, a través del Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, de la referida Sala Penal Primera, emitido por los Vocales, César Wenceslao Portocarrero Cuevas y la ahora demandada. En dichas circunstancias, su vida se encuentra en peligro por inanición, estando perseguida ilegalmente desde el mencionado 11 de abril del citado año, porque no se comprobó lo dispuesto por el art. 199 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-.

En cuanto a la celeridad, esta debe cumplirse en el marco de lo establecido por los arts. 115.II y 178.I de la Norma Suprema.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al juez competente e imparcial, así como al principio de seguridad jurídica; en vinculación al principio de celeridad, a cuyo efecto citó los arts. 23, 73, 74, 115.II y 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

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