1405/2022-S1

1. a)Señalan que el INRA no consideró el art. 64 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, que establece que la posesión debe ser dos años antes de tal promulgación; no obstante, el aludido art. 64 en ninguna parte establece lo referido por los ahora demandados, por tanto, la decisión asumida en la sentencia ahora impugnada, carece de fundamento.

1. b)Los Magistrados demandados no consideraron que la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, establece que se considerarán superficies con posesión legal aquellas que sean anteriores a la vigencia de la Ley 1715 -no establece que tenga que ser con anterioridad de dos años a dicha vigencia-, que cumplan la función económico social y no afecten derechos legalmente adquiridos o reconocidos, norma en base a la cual se reconoció el derecho propietario de la familia Castrillo sobre el predio "Los Guayabos", y que además fue utilizada en la SAP S2a 66/2019, la cual en el caso que resolvió, señaló que la posesión debe ser anterior al 18 de octubre de 1996.

1. c)Al hacer referencia a la posesión como requisito para que el INRA reconozca el derecho propietario, señalan que el proceso de nulidad de documento seguido por FENACRE en favor de los esposos Castrillo-Estrada cuenta con sentencia ejecutoriada, por tanto de cumplimiento obligatorio conforme al art. 5 del Código Procesal Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-; sin embargo, aplican de manera incorrecta dicho artículo puesto que el mismo hace referencia al cumplimiento obligado de normas procesales o adjetivas, no así de normas sustantivas, precepto además inaplicable ya que se tiene una norma específica que es la Ley 1715.

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 034/2021 de 13 de julio, disponiendo se emita una nueva sentencia que respete los derechos y garantías constitucionales; y,
2. 2)Se remitan antecedentes ante el Ministerio Público a objeto de que se inicien las acciones legales en contra de los demandados por existir indicios de responsabilidad penal por el delito de prevaricato.

Las autoridades demandadas presentaron el informe cursante de fs. 120 a 124 reiterado de fs. 170 a 174, y en audiencia -por medio de sus abogados apoderados-, manifestaron lo siguiente:

1. i)La parte accionante pretende que los Vocales constitucionales revisen el informe en conclusiones elevado por personeros del INRA, mismo que sirvió de base para la emisión de la RS 25241; lo cual constituye una muestra clara que no únicamente pretende que mediante la presente acción tutelar se revisen y modifiquen resoluciones de la jurisdicción agroambiental; sino que también la justicia constitucional se convierta en un Tribunal de revisión de lo obrado por el INRA;
2. ii)Establecida la real pretensión del impetrante de tutela, se colige que no existe lesión alguna de derechos, sino un descontento con lo resuelto en el fallo objeto de la presente acción de amparo constitucional; puesto que la relación fáctica y la carga argumentativa contenidas en la acción tutelar corresponden a un recurso de apelación o casación, concluyendo que el impetrante de tutela desconoce la naturaleza de la acción de amparo constitucional, misma que se constituye en un mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías constitucionales, destinada a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; y,
3. iii)Conforme a la jurisprudencia constitucional, se tiene que la jurisdicción constitucional de forma excepcional puede realizar labor valorativa de la jurisdicción ordinaria o especializada, pues esta procede sólo en el caso de lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales como resultado de dicha actividad interpretativa, es así que para ingresar a dicha actividad, la parte accionante deberá demostrar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilícita o con error evidente, identificando además las reglas de interpretación que fueron omitidas, asimismo deberá referir de forma precisa los derechos que fueron lesionados, logrando establecer el nexo de causalidad entre los referidos derechos y la interpretación impugnada; toda vez que únicamente de esta forma la problemática planteada por el peticionante de tutela, adquirirá relevancia constitucional; en el caso de autos, la parte accionante no cumplió con dichos requisitos, debido a que en la acción planteada se limitó a señalar su disconformidad con lo resuelto en la Sentencia impugnada; evidenciándose así, que la presente acción fue presentada con el único objetivo de lograr que la jurisdicción constitucional efectúe una revisión de la labor interpretativa desplegada por los magistrados demandados, como si se tratara de un recurso de apelación o casación; por lo expuesto solicitan se deniegue la tutela invocada.

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional interino del INRA, mediante informe de 31 de enero de 2022, cursante de fs. 127 a 131, señaló que:

1. a)El INRA es la única entidad responsable de ejecutar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, de verificar en etapa de campo la posesión y cumplimiento de la función social, situación que ha sido demostrada por los beneficiarios del predio "Los Guayabos", y no así por los beneficiarios del predio "Chaquihuayco", más aun ante la identificación de vicios de nulidad absoluta sobre el expediente agrario 45389 del mencionado predio, por lo que dichos beneficiarios bajaron a la calidad de poseedores; en cuya consecuencia estaban llamados a demostrar y acreditar en campo la posesión legal y el cumplimiento de la función social, situación que no se demostró en el desarrollo de todo el proceso de saneamiento, por lo que se concluye que el proceso de saneamiento, fue ejecutado en cumplimiento y resguardo de disposiciones legales agrarias y constitucionales, en cuya consecuencia el INRA realizó una correcta valoración jurídica técnica de toda la información recopilada en campo y gabinete; y,
2. b)La Sentencia Agroambiental ahora impugnada, vulnera los derechos y garantías constitucionales alegados por la parte accionante, en sentido que no consideró la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, que en su artículo primero modifica e incorpora nuevas disposiciones a la Ley 1715, y omitió en el fallo la Disposición Transitoria Octava de la indicada Ley 3545, respecto a las posesiones legales, que no refiere como requisito a los dos años antes de la vigencia de la referida Ley 1715, simplemente que sea anterior a dicha ley, situación que vulnera lo determinado por el INRA; por lo expuesto, pidió se conceda la tutela.

Marie Martha Olaguivel Zenteno, Mario Roque Lorenzo Olaguivel Zenteno y José María Olaguivel Zenteno, a través del memorial presentado el 31 de enero de 2022, cursante de fs. 108 a 112, expresaron que:

1. 1)El memorial de acción de amparo constitucional, no cumple con todos los requisitos previstos por la normativa constitucional, la cual contiene una argumentación cual si se tratara de un recurso de casación, intentando confundir al Tribunal de garantías constitucionales para que éste ingrese a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria disfrazada de falta de fundamentación y motivación en la Sentencia que se impugna;
2. 2)Efectivamente, en la Sentencia, al hacer referencia a la antigüedad de la posesión, respecto a que debe ser por lo menos dos años antes de la promulgación de la Ley 1715 cita el art. 64 y no el art. 2, por lo que se está frente a un lapsus calami, aspecto que el accionante en su momento debió solicitar aclaración, complementación o enmienda, a fin de corregir el error de numeración detectado y no intentar de manera maliciosa valerse de un error de numeración para intentar anular la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 034/2021; y,
3. 3)En cuanto a la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 066/2019, fue emitida en un proceso en el que el demandante tiene su derecho propietario con origen en el Título Ejecutorial 678649, siendo la base de la demanda contenciosa administrativa, el recorte de la superficie de su predio; por lo tanto, no existen hechos fácticos similares a constatarse de que se trata de la existencia de un derecho propietario desde 1994, en ese caso no era necesario citar el art. 2 de la Ley 1715; por las razones expuestas, solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 13/2022 de 31 de enero, cursante de fs. 136 a 143, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Corresponde precisar que esta jurisdicción constitucional de ninguna manera puede llegar a constituirse en una instancia o ente revisor o de casación, a objeto de considerar las actuaciones o resoluciones emitidas tanto en la jurisdicción ordinaria o administrativa, pues la naturaleza de la acción constitucional básicamente es constituirse como un mecanismo para garantizar los derechos y garantías previstos en la Norma Suprema y la Ley, no siendo una instancia más de revisión;
2. ii)A los fines de considerar o no ingresar a la causa traída a través de esta acción, se advierte que el fallo impugnado contiene todos los argumentos de la demanda, relación de documentos presentados y el relativo al saneamiento, respuestas, identifica el problema jurídico, establece los fundamentos normativos referidos al caso y en el análisis del caso concreto obrando con la lógica debida y haciendo referencia a la base legal correspondiente, sobre la cual fundan esta determinación, establecieron la aplicación del art. 64 de la Ley 1715, haciendo referencia al contenido de dicho precepto legal y estableciendo la coherencia en cuanto al proceso de saneamiento, y demás análisis que se encuentran en la Sentencia; por lo que se advierte que esta resolución conlleva un análisis exhaustivo de toda la prueba adjuntada, los fundamentos esgrimidos por las partes que han intervenido en el proceso, así como lo manifestado por el INRA con respecto a la documentación presentada y al informe en conclusiones; también hace referencia al remate de la considerada pequeña propiedad, cumpliendo las autoridades demandadas con la labor de motivación y fundamentación; en consecuencia, no se advierte falta u omisión en la fundamentación y motivación, que conlleve a que el Tribunal de garantías pueda ingresar a un análisis del art. 64 de la Ley 1715, entre otros; y,
3. iii)Respecto al derecho a la propiedad, la Sentencia emitida consideró este extremo, más aún con respecto a la considerada pequeña propiedad, por lo que no se advierte lesión alguna, tampoco se observa que se hayan lesionado derechos y garantías del INRA, tercero interesado en la presente acción tutelar.

El accionante considera que las autoridades demandadas lesionaron su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado a su derecho a la propiedad privada, toda vez que al emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 034/2021 de 13 de julio, declarando probada la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la RS 25241:

1. a)Señalaron que el INRA no consideró que el art. 64 de la Ley 1715 establece que la posesión debe ser dos años antes de la promulgación de esa ley; no obstante, el aludido art. 64 en ninguna parte establece lo señalado por los ahora demandados;
2. b)No consideraron que el INRA refirió que la posesión fue antes de la promulgación de la referida Ley 1715 y que la disposición transitoria octava de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, establece que se considerarán superficies con posesión legal aquellas que sean anteriores a la vigencia de la citada Ley 1715, que cumplan la función económico social y no afecten derechos legalmente adquiridos o reconocidos, norma en base a la cual se reconoció el derecho propietario de la familia Castrillo sobre el predio Los Guayabos, y que además fue utilizada en la SAP S2 66/2019 la cual en el caso que resolvió señaló que la posesión debe ser anterior al 18 de octubre de 1996; y,
3. c)Señalaron que el proceso de nulidad de documento en el que intervino FENACRE -en favor de los esposos Castrillo-Estrada- cuenta con sentencia ejecutoriada por tanto de cumplimiento obligatorio conforme al art. 5 de la Ley 439; sin embargo, aplican de manera incorrecta dicho artículo puesto que el mismo hace referencia al cumplimiento obligado de normas procesales o adjetivas, no así de normas sustantivas, siendo además inaplicable ya que se tiene una norma específica que es la Ley 1715; asimismo, el INRA aclaró que las resoluciones de la judicatura agraria no tienen carácter vinculante para que esa institución defina el derecho en el mismo sentido.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.