1413/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, ordenando:

1. a)Revocar el mandamiento de detención domiciliaria y disponer que el imputado sea remitido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, otorgándole un plazo de siete días a efectos de que señale otro domicilio que no sea en la comunidad de Copacati del municipio de Copacabana del citado departamento;
2. b)Conminar a la autoridad demandada a realizar todos los actos jurisdiccionales bajo el lineamiento de la debida diligencia, la observación del debido proceso y desde una perspectiva de género e interseccionalidad al ser víctima y mujer indígena y, con exclusión económica; y,
3. c)Se determine responsabilidad administrativa y civil debiendo en este último contemplar la reparación del daño moral.

La impetrante de tutela mediante su abogada, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que:

1. 1)La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en cada uno de sus preceptos estableció la necesidad de colocar un marco de garantía a la integridad física, sexual, psicológica y a la vida de las mujeres; dadas las características de su agresión procedería la acción de libertad, más aun tomando en cuenta el entendimiento de la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero;
2. 2)El Auto de Vista "773/2021" -lo correcto es 373/2021- prohibió que Yhonny Mayta Ramos, estableciera su domicilio real en la misma morada que habitaba su persona considerando que las medidas cautelares personales se encontrarían destinadas a proteger y garantizar la seguridad;
3. 3)El Juez demandado tenía conocimiento que el nombrado no vivía en su casa; empero, sabía que era su vecino; por lo que, dio un sentido ilógico e irrisorio al citado Auto de Vista;
4. 4)No se podría aplicar el razonamiento de que la duda favorecería al imputado; toda vez que, los derechos de este no podrían estar sobre la integridad física, la vida y la dignidad de las mujeres, solamente debió aplicar la Ley 348 y juzgar con perspectiva de género; y,
5. 5)Lo que le ocurra sería de plena responsabilidad del Órgano Judicial y del Estado.

Juan Domingo Arroyo Morales, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, en audiencia de garantías indicó que:

1. i)La impetrante de tutela dentro del referido proceso penal tendría calidad de víctima; asimismo, no demostró con algún documento que estaría siendo perseguida, que su vida o libertad esten en riesgo; por lo que, no correspondería otorgarle tutela;
2. ii)Su persona cumplió estrictamente el Auto de Vista 373/2021, que revocó la decisión de detener preventivamente a Yhonny Mayta Ramos, disponiendo su detención domiciliaria previa verificación realizada por una funcionaria judicial o certificación policial constando ambos en el caso;
3. iii)El domicilio señalado por el nombrado, si bien se encontraba en la misma comunidad que de la peticionante de tutela; empero, no así ubicado en su casa que es lo que determinó el aludido Auto de Vista;
4. iv)De existir duda en torno al indicado domicilio, la aludida pudo solicitar aclaración, enmienda o complementación; y,
5. v)Al sindicado se le impuso "...detención domiciliaria sin derecho laboral así también que la parte contraria apelado esa situación..." (sic); por lo que, solicitó se declare "improcedente" la acción tutelar.

"Rodolfo Encarnación", en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, en audiencia de garantías señaló que:

1. a)Evidentemente no se podría determinar la detención domiciliaria de Yhonny Mayta Ramos, en el mismo lugar en el que habitaría la víctima, las medidas de protección que solicitó el entonces Fiscal de Materia asignado al caso consistieron en la prohibición de acercarse y comunicarse con ella; y,
2. b)Sería lógico entender que la detención domiciliaria tendría que ser en otro lugar; toda vez que, el concepto de comunidad comprende un conjunto de individuos que tienen en común un territorio, lenguaje y tareas; por lo que, el aludido debió ofrecer un domicilio en otra comunidad, provincia, municipio o en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, se adhirió al pedido de la accionante.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido y del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 003/2021 de 1 de octubre, cursante de fs. 45 a 55, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado en aplicación de los arts. 250 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dentro de las cuarenta y ocho horas, señale audiencia de modificación de medidas cautelares para considerar y determinar bajo los lineamientos expuestos, el domicilio real donde debería guardar detención domiciliaria el imputado, fuera de la comunidad de Copacati -alejado del domicilio de la víctima-, que no implique ninguna forma de revictimización o riesgo para la vida e integridad física y psicológica de esta; en tanto se lleve a cabo el citado acto procesal, se oficie a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que otorgue respaldo policial permanente y efectivo a favor de la aludida; y, que dicha autoridad judicial homologue las medidas de protección correspondientes en caso de no haber sido dispuestas; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2468/2012 de 22 de noviembre y 1156/2017-S2 de 15 de igual mes, abordaron la temática respecto a la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad; y, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de garantizarlo;
2. 2)Si bien, la 0SCP 0414/2019-S2 de 12 de agosto, se refirió a que el incumplimiento de las medidas de protección a víctimas de violencia es un riesgo inminente para los derechos a la vida, integridad y dignidad, consideró los arts. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), concordantes con lo estipulado en el art. 15.I, II y III de la CPE; concluyendo que, todas las personas en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, siendo el Estado responsable de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como, toda acción u omisión que degrade la condición humana, cause muerte, dolor o sufrimiento, sin importar el ámbito público o privado;
3. 3)Los arts. 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), establecen que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades, comprendiendo el respeto a su vida, su integridad física, psíquica y moral, además, a la libertad y a la seguridad personal, las cuales son asumidas por los Estados suscribientes, adoptando la siguiente obligación aplicable al caso concreto "...a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (sic);
4. 4)La violencia contra la mujer se encontraría estrechamente relacionada a la protección a su vida, a evitar que físicamente se acabe con la misma; en dicho sentido, la impetrante de tutela acreditó ser víctima en una causa penal por un presunto delito de violación que requeriría una inmediata protección a través de la tutela de sus derechos a la vida e integridad por medio de la presente acción tutelar, instruyendo el cumplimiento a los agentes del Estado, de las funciones y roles delimitados por la Ley 348 y demás normativa conexa;
5. 5)No solamente correspondería otorgar tutela frente al incumplimiento de medidas de protección, sino también cuando no se actúe con la debida diligencia en la investigación, implementación de medidas y acciones de protección, garantizar que no se produzca una revictimización y sancionar dicha violencia;
6. 6)De los antecedentes se tendría que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consideraron que al tratarse de un presunto delito de violencia de género atingía resguardar los derechos y garantías de la víctima; empero, al momento de la ejecución de la detención domiciliaria se determinó que la misma se cumpliría en la comunidad de Copacati conforme Certificado Domiciliario de 22 de septiembre de 2021, expedido por la Policía Boliviana; sin embargo, de acuerdo a datos que constarían en la imputación formal, la víctima tendría su domicilio en esa comunidad, aspecto que debió ser considerado por el Juez demandado, dentro del marco del control jurisdiccional determinado en el art. 279 del CPP, dada la naturaleza del presunto delito que se imputó; más aun tomando en cuenta que, de acuerdo a tomas fotográficas como las capturas satelitales dicha comunidad sería un lugar poco poblado, sumándose a ello que la detención domiciliaria se cumpliría sin resguardo policial efectivo y permanente;
7. 7)Sería deber del Estado velar porque la peticionante de tutela no sea revictimizada ni obligada a permanecer dentro de la misma comunidad en la que se encontraría su presunto agresor, debiendo protegerla de manera oportuna para que se investigue de forma imparcial y determinar si el imputado en efecto tendría responsabilidad penal; y,
8. 8)Desde una perspectiva de género y enfoque diferenciado las mujeres en situación de violencia deberían recibir un trato digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez, el no velar porque se cumpla una detención domiciliaria fuera de la comunidad donde reside la nombrada se constituiría en una forma de revictimización.