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TCP

1416/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1416/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1416/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional

Expediente: 58671-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 115/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1450 a 1453 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agueda Taborga Mendoza contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Reina Virginia Uriarte Vila, Rolando Mayta Chui y Elena Julia Gemio Limachi, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de julio -a través de buzón judicial- y 4 de agosto, ambos de 2023, cursantes de fs. 1386 a 1393 y 1399 y vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grágeda y otra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, interpuso ante la autoridad jurisdiccional, el incidente de calidad de bienes o desincautación del inmueble que adquirió, ubicado en la zona Pampa de la Isla, barrio Las Pampitas, zona nor este, UV. 141-B, manzana 24, calle 5, casa 43 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329 de 4 de mayo de 2017; toda vez que, en su calidad de propietaria, jamás fue parte del indicado proceso, tampoco tuvo afinidad con los investigados, y los propietarios anteriores no estuvieron involucrados en el mismo; por lo que, la resolución de incautación dispuesta, carecía de fundamentación.

A tal efecto, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandados-, emitieron el Auto 147/2022 de 26 de septiembre, rechazando su solicitud; alegando que, el Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, que dispuso la incautación del predio, se emitió cinco años antes de que hubiera adquirido el inmueble el 2017; es decir, que la anterior propietaria no le informó sobre la incautación que pesaría sobre el bien inmueble en cuestión. En consecuencia, no habiéndose cumplido con el requisito que el predio haya sido obtenido con anterioridad a la incautación ordenada, no era posible atender su pedido. En mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental en audiencia, resuelto mediante Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandados-, declarando improcedente su impugnación y confirmando la Resolución apelada.

Sin embargo, ambos fallos transgreden el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y valoración de las pruebas, y los principios de seguridad jurídica y verdad material, vulnerando su derecho a la propiedad privada; puesto que, al rechazar su pretensión, no consideraron ni resolvieron los argumentos que sustentaron la solicitud de desincautación del predio, desconociendo además lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, en la jurisprudencia sentada en el , que ratifica la doctrina legal asumida en el , señalando que no era adecuado confiscar bienes cuya titularidad de dominio no correspondía al imputado, como sucede en el presente caso; ya que, el 3 de agosto de 2016, adquirió como compra lícita y legítima de buena fe, el bien inmueble objeto de su pretensión, sobre el cual no recaía ningún gravamen de restricción de anotación preventiva respecto al citado proceso penal, como impedimento para la compra, habiendo recibido y tomando posesión del predio en la indicada fecha.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y los principios de verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 56.I, 115, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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