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TCP

1422/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1422/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1422/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 59954-2023-120-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 05/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 243 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Valdiviezo López contra Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde, Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano; Eulogio Farfán Vega, exJefe de la Unidad de Catastro Urbano; Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal; y, Miguel Ángel Vargas Poma Asesor de la Unidad de Catastro todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 20 de octubre de 2023, cursantes de fs. 22 a 34 vta., y 149 a 151 vta., el accionante manifiestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En virtud al Testimonio de Escritura Pública 24/1936 de 11 de marzo, otorgado por el Notario de Fe Pública de Tupiza, su padre Héctor Cesáreo Valdiviezo y su esposa Úrsula Ll. de Valdiviezo, compraron el inmueble sito sobre calle Sucre 2-12 del indicada municipio, con una superficie de 2 176 m2, inscrito el 11 de agosto de 1936 en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Partida 53, Folio 36, Libro 22 de Propiedades, Provincia Chichas del departamento de Potosí, derecho que luego adquirió vía sucesoria como hijo y heredero forzoso mediante sentencia emitida el 7 de febrero de 1959 por un Juzgado del mismo distrito, inscrito el 13 de octubre de 1959 también en DD.RR., bajo la Partida 114, Folio 71, Libro 22 de Propiedades, Provincia Chichas del departamento de Potosí.

No obstante, el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de potosí, le impide efectuar el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, establecido en el art. 52 de la Ley de Reforma Tributaria -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, correspondiente a las gestiones 2011 a 2022; impidiéndole con ello, su deber constitucional de tributar previsto en el art. 108.7 de la Constitución Política del Estado (CPE), que por el tiempo transcurrido causa daños y perjuicios -mora, actualizaciones, intereses y multas-, lo cual afecta el ejercicio de su derecho a la propiedad privada en sus elementos goce y uso; en tal sentido, desde octubre de 2021 presentó varias solicitudes de información sobre la orden judicial o administrativa que dispusiera la prohibición del pago de dichos tributos; sin embargo, recién en diciembre del mismo año, la Dirección Financiera Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, le comunicó que el inmueble figuraba en el Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM) con un registro "incompleto", situación que impedía el cobro de impuestos hasta que la Unidad de Catastro Urbano proceda a la reactivación del registro correspondiente, contrariamente a lo previsto por el art. 54.II del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de agosto de 2003-.

El 30 de marzo de 2022, solicitó la rehabilitación del registro catastral D01-M16-P06, argumentando que había sido suspendido de manera indebida y sin respaldo legal; sin embargo, la autoridad municipal dispuso que previamente adjunte documentación esencial exigida para su tramitación.

El 20 junio de 2022, su hija y apoderada Sandra Elizabeth Valdiviezo Cortez, sostuvo una reunión con el Jefe de la Unidad de Catastro Urbano; en la cual, esta autoridad reconoció que no existía orden judicial ni administrativa que respalde la suspensión del pago, extremo que fue constatado por el CITE JRCN/UCUT/TEC.T5/04/2022 dirigido al Alcalde.

Pese a presentar la documentación exigida -títulos de propiedad, certificados de DD.RR., comprobantes del impuesto sucesorio, planos y boletas de pagos anteriores, entre otros-, los servidores municipales continuaron negándole la posibilidad de pagar tributos; contrariamente, en febrero de 2023 la Unidad de Catastro Urbano reiteró que no existía orden de suspensión alguna, pero mantuvo el bloqueo en el sistema, impidiendo así actualizar los planos, obtener el folio real y realizar el pago de impuestos, dado que cada trámite dependía del anterior, sin brindar una solución efectiva, oportuna ni motivada a su reclamo.

El CITE MAVP/UCU-13/2023 de 2 de febrero, emitido por la Unidad de Catastro Urbano, se limitó a reiterar que el inmueble con el código catastral D01-M16-P06 no registra orden judicial ni administrativa para la suspensión del pago de impuestos; razón por la cual, dentro de término de diez días (10), interpuso recurso de revocatoria el 16 de febrero de 2023, que fue declarado improcedente mediante CITE MAVP/UCU-53/2023 de 17 de marzo, por Miguel Ángel Vargas Poma vía Eulogio Farfán Vega, Asesor Legal y exJefe de la Unidad de Catastro Urbano -demandados-, por incumplir presuntamente los arts. 64 y 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; decisión, emitida sin motivación ni fundamentación respecto a porque no se habilita el pago de impuestos, la cual es independiente a la aprobación o no de un plano; por el contrario, cuando pide la aprobación del plano le exigen el pago de impuestos, cuando ambas están a cargo de dicha unidad; asimismo, cuando hace referencia a la solicitud de un tercero ajeno al proceso administrativo que se paralice cualquier trámite suyo, sin acreditar derecho propietario del inmueble con registro catastral D01-M16-P06, inobservando así el debido proceso, además de lesionar las formas de resolución, siendo que el art. 61 de la referida Ley no reconoce el término improcedente, solo confirmatorio, revocatorio y desestimatorio.

En dicho mérito, presentó recurso jerárquico resuelto por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí -codemandado- quien mediante Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL/001/2023 de 23 de junio, rechazó el recurso y confirmó la resolución emitida mediante CITE MAVP/UCU-53/2023, sin una debida motivación ni fundamentación respeto a las lesiones a su derecho a la propiedad, bajo el argumento de que las resoluciones gozan de legitimidad, contrariando así los arts. 28 inc. e) y 30 inc. b) de la LPA, que establecen el deber de que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados; asimismo, se citó de manera impertinente la Resolución Administrativa Técnica 01/2023 de 11 de mayo, que arbitrariamente ordenó la anulación y la baja de los registros catastrales que tengan errores sustanciales sin respaldo documental, cuando la fecha de su emisión es falsa, debiendo haberse emitido mínimamente el 22 de junio de 2023; en tal sentido, esta última Resolución no fue de su conocimiento, sino cuando fue notificado con la Resolución de recurso jerárquico, poniéndolo así en indefensión; lo cual, es contrario a su derecho como contribuyente a ser informado oportunamente, en el marco de los arts. 22 y 68 de la Ley 2492, habiendo más bien sido incorporado al proceso el 22 de junio de 2023; es decir, un día antes de la emisión de la Resolución Jerárquica.

En dicho mérito, se desconoció la documentación que acreditaba el derecho de su padre y el suyo, máxime si esta ya fue considerada a tiempo de registrar el inmueble a través del Código Catastral D01-M16-P06 en el SIGCAMUL el 2000, en el marco del art. 28 incs. c) y f) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; por lo que, al dar de baja este registro, cuando como los demás contribuyentes ya pagaba impuestos, la Unidad de Catastro Urbano, procedió ilegalmente vulnerando el art. 59.II del mencionado DS 27113.

Ahora bien, el motivo de la obstaculización del pago de sus impuestos a la propiedad inmueble y que ocasiona la interposición de la presente acción tutelar, es el trámite de expropiación respecto al bien inmueble en cuestión llevado adelante por el GAMT ante el Concejo Municipal, corroborado por el Informe Legal CITE: ERCM/ABOG/UCU-52/2023 de 9 de agosto, con visto bueno de Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro, lo cual le imposibilitaría acogerse a la Ley Municipal de Condonación y Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales -Ley 671/2023 de 2 de febrero- del GAMT, convirtiéndose de esta manera en juez y parte, máxime si las ofertas económicas formuladas por el municipio no cubren el valor catastral del bien, existiendo por ello un daño irremediable e irreparable.

En el ínterin, mediante CITE: SAAV/AL 329/2023 de 29 de mayo, Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, solicitó la anulación del registro de su inmueble del sistema SIGCAMUL, haciendo uso de certificaciones de la Juez de DD.RR. de Tupiza; según las cuales, no se encontraron registros a nombre de Héctor Cesáreo Valdiviezo ni de Hernán Valdiviezo López; siendo que, como indican el sistema Temis e Imaginesoft, los registros de Propiedades de Sud y Nor Chichas corresponden de la gestión 1965 a 2006 y de la gestión 2007 a la fecha; para lo cual, los registros anteriores a 1965 tendrían que ser recabados de DD.RR. de Potosí; aspectos por los cuales, la referida funcionaria ilegalmente y de forma parcializada afirmó que no cuenta con documentación que acredite la titularidad del derecho propietario -a pesar de haber presentado sus documentos- y que el registro a su nombre en el SIGCAMUL y SIIM serían erróneos, cuando la entidad edil tiene interés en llevar adelante la expropiación del inmueble.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada en sus elementos uso y goce, al debido proceso en sus componentes defensa, fundamentación, motivación, congruencia e igualdad; citando al efecto, los arts. 56.I y III de la Constitución Política del Estado; 17.I y II de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto la suspensión temporal del código único catastral D01-M16-P06, en el SIGCAMUL y el SIIM de la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí del inmueble ubicado en calle Sucre 2-12, habilitando la recepción de pago del impuesto anual a la propiedad inmueble a partir de la gestión 2011, en conformidad al art. 52 de la Ley 843;
  2. b)Anular la nota interna CITE: SAAV/ 329/2023 de 29 de mayo, emitida por Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del GAMT, que solicita la anulación de registro de inmueble y el CITE EFV/UCU/TT3/ 21/2023 de 29 de agosto, emitido por Eulogio Farfán Vega, que da de baja y anula el Registro Catastral D01-M16-P06; y,
  3. c)Anular la Resolución Administrativa contenida en el CITE: MAVO/UCU- 53/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Abogado de Catastro Urbano del GAMT que declara improcedente su recurso de revocatoria, así como la Resolución de Recurso Jerárquico SAAV/AL/001/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del GAMT, confirmando la resolución impugnada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 237 a 243, se produjeron los siguientes actuados:

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