Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1423/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 72655-2025-142-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 037/2025 de 31 de marzo, cursante de fs. 301 a 305, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Apaza Paz contra Marcelo Franklin Toko Chávez, Administrador Regional a.i.; Juan Américo Cala Aro, Jefe de Servicios Generales a.i.; y, Ángel Climaco Taquichiri Romero, Encargado de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos a.i.; todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2025, cursante de fs. 52 a 59, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Prestó servicios laborales para la Caja Nacional de Salud desde el 1 de agosto de 2013, habiendo sido obligado de manera reiterada a suscribir contratos a plazo fijo consecutivos con el Centro Integral de Salud de Punata desde junio de 2022, alcanzando un total de veintiún contratos. En consecuencia, su relación laboral debió considerarse a plazo indefinido a partir del tercer contrato, respetando la antigüedad computada desde la fecha de inicio de la relación laboral. Durante este período, no se respetaron sus derechos laborales, ya que fue víctima de reiterados actos de acoso laboral, situación que culminó en un despido indirecto ocurrido el 18 de noviembre de 2024.
Refirió que, encontrándose con baja médica, fue notificado por la unidad de Recursos Humanos mediante el Memorándum JRRHH-M-353/2023 de fecha 18 de octubre de 2024, en el cual se dispuso de manera unilateral su traslado al Hospital Obrero 2, bajo el argumento genérico de un reordenamiento administrativo. Dicha determinación vulneró el principio de estabilidad laboral y los límites del ius variandi, al implicar un cambio intempestivo de Municipio, adoptado sin su consentimiento previo; en consecuencia, impugnó formalmente la medida mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2024.
Manifestó que, al no consentir el traslado por considerarlo irrazonable y lesivo a sus medios de subsistencia, el 18 de noviembre de 2024 se presentó en su fuente laboral habitual, el CIS Punata, ocasión en la que se le negó el ingreso, informándole que ya no prestaba funciones en dicho establecimiento y entregándole una boleta de salida en comisión, con instrucción de presentarse en Recursos Humanos; al acudir a dichas oficinas, se le comunicó que su consentimiento no era necesario para efectuar cambios de lugar de trabajo y que no existía incremento alguno en su remuneración, situación que, a juicio del actor, evidenció actos de acoso laboral dirigidos a forzar su renuncia o abandono de funciones.
Ante tales circunstancias, el actor presentó en la misma fecha una nota por despido indirecto, motivada en el cambio intempestivo de lugar de trabajo entre municipios sin su consentimiento, así como por maltrato verbal, psicológico y acoso laboral. Dicha solicitud fue respondida mediante la emisión del Auto de 9 de enero de 2025, en el cual la entidad demandada incurrió en contradicciones, al justificar el traslado laboral primero por razones de mejor servicio, y posteriormente por motivos económicos y la designación de otra persona en su puesto, invocando de manera errónea el Reglamento Interno de la CNS, sin demostrar la periodicidad, ni la vinculación funcional requerida para una rotación legal.
En atención a lo sucedido, el actor acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral conforme a la Ley 1468 de 3 de octubre de 2022, que establece el Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, llevándose a cabo la audiencia correspondiente el 27 de noviembre de 2024; no obstante, dicha instancia administrativa emitió Resolución de Rechazo el 13 de enero de 2025, bajo el argumento de la existencia de hechos controvertidos, decisión que el actor indicó haber impugnado mediante el recurso de revisión respectivo; asimismo, refirió haber interpuesto previamente demanda laboral en agosto de 2024, la cual fue ampliada en febrero de 2025 a raíz de los nuevos hechos, encontrándose la causa en trámite.
Finalmente, sostuvo que las vías ordinarias y administrativas activadas no brindaban una tutela oportuna ni inmediata, razón por la cual solicitó protección constitucional urgente, enfatizando su pertenencia a un grupo de protección especial, por su condición de adulto mayor y por padecer una situación médica delicada y grave; afirmó también que el despido indirecto determinó la pérdida de acceso efectivo a las prestaciones en salud, agravando su estado físico y psicológico, a pesar que la entidad demandada tenía pleno conocimiento de su condición médica.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida digna, al trabajo y a la salud, citando al efecto los arts. 15.I, 18.II, 25 y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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