Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1424/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 67783-2024-136-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 214/2024 de 15 de agosto, cursante de fs. 440 a 442 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo en representación sin mandato de Ramiro Santos Pantoja contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2024, cursante de fs. 323 a 349, el accionante, por medio de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ingresó a trabajar a la Aduana Nacional en 2006, desempeñándose como chofer por más de diecisiete años en dicha entidad; indicó que, para un evento con la Organización Mundial de Aduanas, su inmediato superior le instruyó de forma verbal trasladar a delegados el domingo 3 de septiembre de 2023, sin memorándum de comisión ni registro de uso de vehículo, pese a la restricción vehicular por el día del peatón; en ese contexto, ante la falta de transporte y a su condición de salud, solicitó autorización verbal para retornar a su domicilio en el vehículo institucional; sin embargo, tras concluir sus funciones y en camino a su domicilio, el impetrante de tutela sufrió un accidente, cuando una persona, en ciclo motor se atravesó en su vía; siendo posteriormente conducido a tránsito y encerrado en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
A raíz del hecho, la ANB instauró un proceso sumario administrativo en su contra que, en primera instancia concluyó con la Resolución Final SUM/ADM/RF/XAA 1340/2023 de 27 de octubre; mediante la cual, se le impuso la sanción de destitución; señala que dicha determinación vulneró sus derechos fundamentales; puesto que, es una persona con discapacidad conforme el carnet emitido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), padece de colostomía permanente, y es cabeza de hogar y por ende contaba -en virtud del art. 70 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 4024 -de 15 de abril de 2009- y el art. 7 del Decreto Supremo (DS) 4881- con estabilidad laboral reforzada, extremo que la entidad demandada no consideró. Sostiene que pese a que esta condición de discapacidad constaba en su file personal, la administración no ponderó su situación de salud, el impacto de la pérdida del seguro médico, ni el deber de aplicar una interpretación pro hómine en resguardo de su derecho al trabajo, a la seguridad social y a la continuidad laboral.
Asimismo, el accionante cuestionó la Resolución Administrativa RA-PE 02-002-2023 de designación de Autoridades Sumariantes, señalando que vulneraba los principios de preconstitución del órgano disciplinario y juez natural al designar personas y no cargos, además de haber sido publicada tardíamente, lo que generaba dudas sobre la imparcialidad y legalidad del proceso.
Aparte de ello, sostiene que el proceso sumario se basó en una interpretación sesgada de hechos derivados de un error numérico, procesándolo solamente a él y omitiendo investigar a sus superiores; refiriendo que en todo el trámite no se valoró su condición de salud ni su nivel de formación, vulnerándose su derecho a la defensa material y el principio de verdad material previsto en la normativa disciplinaria aplicable.
De igual forma, expuso que la autoridad jerárquica, mediante Resolución RA-PE-03-223-23 de 15 de diciembre de 2023, confirmó la sanción de destitución, afirmando la existencia de tipicidad y la comisión de presuntas infracciones, entre ellas la falta de autorización para el uso del vehículo institucional, ausencia injustificada, falta de reporte oportuno del incidente y vulneración al manual de uso de vehículos; sin embargo, argumentó que dicha Resolución carece de fundamentación y congruencia, al no examinar sus argumentos, ni valorar su condición de persona con discapacidad ni ponderar su estabilidad laboral reforzada.
Alega que la sanción impuesta resulta ser desproporcionada y contraria al principio de autovinculación, puesto que, en 2013 ante un hecho similar -también relativo al uso de vehículo institucional sin autorización expresa- solo se le impuso una sanción leve, consistente en un descuento del 10% de su haber.
Asimismo, denuncia que por el mismo hecho se iniciaron dos procesos penales por uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes, ambos concluidos mediante rechazo y sobreseimiento, demostrando la inexistencia de responsabilidad penal, extremo que debió ser considerado por la administración en virtud de los principios de verdad material y proporcionalidad.
Señaló también que, tanto la Sumariante como la Autoridad Jerárquica actuaron con parcialidad y con la finalidad de desvincularlo sin sustento jurídico, en abierta vulneración de las garantías del debido proceso, tipicidad, taxatividad, proporcionalidad, presunción de inocencia y legalidad.
Destacó que, trabajó en la ANB desde 2006, habiendo superado una etapa de prueba previa a su contratación y desempeñándose durante más de diecisiete años con responsabilidad, incluso en horarios extraordinarios, recibiendo felicitaciones por su labor; asimismo, refirió que su ingreso laboral a la entidad ahora demandada formó parte de las medidas de reparación integral, otorgadas por el Estado Boliviano a las víctimas de "febrero negro" de 2003, proceso en el que participaron entidades como la Defensoría del Pueblo; en ese contexto, imponía un deber reforzado de examen cuidadoso y exhaustivo por parte de la ANB antes de imponer una medida sancionatoria extrema como la destitución, conforme a los principios de favor débilis, pro hómine y al bloque de constitucionalidad.
Del mismo modo, denunció que tanto la Autoridad sumariante como la jerárquica omitieron aplicar criterios objetivos y subjetivos en la valoración de la proporcionalidad de la sanción; en el ámbito objetivo, afirmó que no se consideró que la conducta atribuida -uso de vehículo institucional sin autorización expresa- estaba catalogada por el propio Reglamento Interno de Personal de la ANB como falta leve, conforme a los arts. 43.II.h) y 44.II.d), e), o) y g); en el ámbito subjetivo, indicó que no se fundamentó la idoneidad ni la necesidad de la sanción extrema, ni se justificó por qué no podía imponerse una medida menos lesiva, sostuvo que tampoco se demostró la gravedad del daño ni la urgencia que justificara la destitución, por lo que la sanción carecía de sustento legal y vulneraba directamente los principios previstos en los arts. 4, 30, 71, 72, 73, 74 y 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-.
Finalmente, afirmó que la Resolución RA-PE-03-223-23 vulneraba su derecho a obtener una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; puesto que, no analizó todos los puntos planteados en su recurso jerárquico, no desarrolló los fundamentos normativos que justificaran la sanción extrema y no observó coherencia interna ni externa en su razonamiento, sosteniendo que la autoridad demandada no subsanó las contradicciones ni imprecisiones del proceso sumario, manteniendo una sanción carente de respaldo legal y emitida en abierta contravención a los elementos esenciales del debido proceso.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, citando al efecto los arts. 4, 70.1, 71, 72 y 115.I y II de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución RA-PE-03-223-23 de 15 de diciembre de 2023 y por ende se ordene a la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, emita una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente; dejando sin efecto el memorándum de destitución librado en su contra. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2024, según consta en acta cursante a fs. 418 a 426 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:
- a)Fue sometido a un proceso sumario administrativo en el que finalmente se dispuso su destitución mediante Resolución RA-PE-03-223-23, sostuvo que dicha determinación vulneró diversos elementos del debido proceso, particularmente la debida fundamentación, motivación, congruencia y proporcionalidad de la sanción impuesta, pues los hechos que se le atribuyen -consistentes en trasladar el vehículo oficial hasta su domicilio, después de concluir labores el día domingo 3 de septiembre de 2023- no se encuentra tipificado como falta gravísima, sino como falta leve, conforme a los arts. 43.II.h) y 44.II.d), e) y g) del Reglamento Interno de Personal de la ANB; pese a ello, la autoridad sumariante calificó la conducta como gravísima sin respaldo fáctico ni normativo alguno, defecto que fue posteriormente convalidado por la autoridad impugnada al resolver el recurso jerárquico;
- b)La Resolución jerárquica cuestionada presenta graves contradicciones, imprecisiones y ausencia de valoración integral de la prueba, incumpliendo los arts. 4 incs. d) y f), 30 y 71 a 76 de la LPA, que obligan a la administración a actuar bajo los principios de verdad material, imparcialidad, legalidad, tipicidad, presunción de inocencia y proporcionalidad, sosteniendo que la autoridad no demostró la idoneidad ni necesidad de una sanción máxima como la destitución, omitiendo evaluar estándares objetivos y subjetivos de proporcionalidad, como la antigüedad laboral del procesado, su conducta previa, la inexistencia de daño institucional y la disposición de medidas menos lesivas;
- c)La autoridad demandada no cumplió con el deber de motivación, ni con la congruencia interna y externa de la Resolución, pues no dio respuesta a todos los agravios planteados en el recurso jerárquico, limitándose a ratificar la sanción, sin analizar el marco normativo aplicable ni las circunstancias particulares del servidor público, destacando que, las resoluciones en procesos sumarios deben cumplir los mismos estándares de fundamentación que cualquier acto público, en aplicación del debido proceso administrativo reconocido por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional;
- d)Señala la especial situación de Ramiro Santos Pantoja como víctima de los hechos de "febrero negro" de 2003, reconocida por el Estado Boliviano, quien -como medida de reparación integral- le otorgó atención médica y una fuente laboral para garantizar su subsistencia en condiciones dignas; puesto que, a raíz de dichas lesiones, padecía una discapacidad física grave, razón por la cual le corresponde un trato reforzado de protección institucional; pese a ello, la ANB desconoció su condición de víctima y persona con discapacidad, dejando de aplicar los principios de favor débilis, pro hómine, verdad material y el bloque de constitucionalidad, que exigen mayor rigurosidad y ponderación en la imposición de sanciones a grupos en situación de vulnerabilidad;
- e)Durante su trayectoria laboral de diecisiete años en la institución, con desempeño satisfactorio, vocación de servicio y cumplimiento incluso en días no laborales; solo se le iniciaron dos procesos sumarios: el primero en 2013 calificado como falta leve, y el segundo -objeto de la presente acción- por hechos análogos, pero valorados de manera totalmente distinta y sin fundamentación normativa para su calificación como falta gravísima; y,
- f)La Resolución impugnada carece de los elementos esenciales del acto administrativo, entre ellos la exposición clara de hechos, la identificación precisa de normas aplicadas, la valoración objetiva de la prueba y la respuesta a cada uno de los agravios formulados, constituyéndose en un acto carente de motivación y congruencia, y por ende violatorio del debido proceso administrativo, lo cual justifica la interposición de la presente acción de amparo constitucional.
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