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TCP

1425/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1425/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1425/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 77249-2025-155-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Torrico Arenas contra Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2025, cursantes a fs. 1 y 324 a 342, el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de marzo de 2025, su hijo AA de seis años, le contó que su tío "Roberto", aprovechando la ausencia de su abuela, realizaba una serie de actos, que solamente pueden catalogarse como abusos sexuales y toques impúdicos en contra del menor.

Ante estos hechos y sobre la narración vertida por el niño, en virtud a su denuncia, se dio inicio a un proceso penal por el delito de abuso sexual contra Roberto Nelson Rodríguez Ocampo, y posteriormente fue ampliado contra Karen Lila Rodríguez Ocampo, dentro del cual, se promovieron determinadas acciones para establecer la verdad histórica de los hechos.

Sin embargo, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió requerimiento conclusivo de Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril, obviando el principio de presunción de veracidad de la declaración de la víctima y otros medios probatorios que fueron presentados como sustento inicial de la denuncia, bajo entendimientos alejados de la realidad, sin fundamentar su decisión, acorde a los antecedentes de la causa y elementos materiales que la componían, determinando la existencia de duda razonable a favor de los denunciados, presuntamente por incongruencias en la declaración de la víctima y no haber existido certeza en los hechos denunciados.

En ejercicio de su derecho a la impugnación, formuló objeción a la Resolución de Rechazo antes mencionada, que fue resuelta por el Fiscal Departamental de Oruro, mediante la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio; la cual, lejos de resolver los reclamos esgrimidos, se limitó a copiar los argumentos de la Resolución impugnada, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación.

Sostiene que, la Resolución Jerárquica citada se limitó a mencionar los documentos que generaban la supuesta duda razonable a favor de los denunciados, sin tomar en cuenta los demás elementos probatorios que cursaban en el cuaderno procesal; es decir, sin darles un valor positivo o negativo, y sin explicar de manera fundada y entendible por que no fueron tomados en cuenta, sobre todo considerando que eran precisamente aquellos documentos los que demostraban la existencia del hecho, ya que no se podía pasar por alto la declaración de un niño, como prueba nuclear, para determinar la participación de los denunciados, así como el Informe de Entrevista Psicológica Informativa, que demostraba la existencia de violencia sexual contra la víctima.

Asimismo, la Resolución Jerárquica cuestionada, de manera equivocada pretendió que sea la víctima la que subsuma la conducta al tipo penal denunciado, cuando este trabajo le correspondía al Ministerio Público, por mandato del art. 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que lo que se investiga no es un delito abstracto, sino conductas humanas que generan la posibilidad de realizar actos investigativos.

Concluyó señalando que, el Ministerio Público no cumplió el deber constitucional y convencional de ejercer su función investigativa, bajo un enfoque de derechos humanos y la debida diligencia, particularmente en los casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, en los cuales debe aplicarse una valoración reforzada y perspectiva de género y niñez, omitiendo aplicar estándares de protección que le resultaban imperativos en este tipo de casos; y que la autoridad fiscal demandada no explicó con fundamentación propia, el motivo que le llevó a concluir en la inocencia de los denunciados, como la falta de acción o conducta delictual y la inexistencia del delito imputado, señalando simplemente que no existía certeza sobre algún daño sexual sobre la víctima menor de edad que haya sido causado por los denunciados, sin tomar en cuenta la prueba que demostraba que los prenombrados ocasionaron una afección indeterminada en su hijo, debido a la agresión sexual perpetrada en su contra.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; y, al principio de "legalidad o primacía de la ley", citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 4, 5, 7 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) -Pacto San José de Costa Rica-; 11, 13 y 25 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 2, 24 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Se declare la nulidad de la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025; y,
  2. b)Se ordene la emisión de una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la normativa vigente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de septiembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 373 a 378, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. 1)El Ministerio Público, en contradicción con la protección reforzada que debía otorgarse a la víctima menor de edad, no valoró las pruebas que generaban certeza sobre el hecho ocurrido, brindando en realidad un rol de protección a los denunciados;
  2. 2)No se tomó en cuenta el certificado médico forense, de 26 de marzo de 2025, en el que claramente se estableció en la narración del niño que uno de los denunciados le tiró granizo cuando estaba en su cama y le tocó sus partes íntimas con un palo y con su dedo, acto que sin duda constituyó la comisión del delito;
  3. 3)La Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025, ahora confutada, carece de motivación y fundamentación, habiendo realizado una desproporción en la valoración de la prueba realizada de su parte; toda vez que, como base de su resolución argumentó que la declaración del niño sería incongruente por su corta edad y porque este sufría de discapacidad, omitiendo la autoridad demandada, como representante del Estado, su deber de cumplir con su rol de la debida diligencia y la protección reforzada hacia un niño; y,
  4. 4)Otro elemento que no fue valorado adecuadamente por la autoridad fiscal demandada, es que en el registro del lugar de los hechos, se permitió la participación del niño, llevándolo al lugar donde se encontraba precisamente su agresor, sin considerar que el menor, que es vulnerable, claramente expresó que no quería ingresar a dicho domicilio, ya que conforme se extrae del informe del investigador asignado al caso, textualmente refirió "...no quiero ir a la casa de Cleo porque el Roberto es malo, hace cosas que no quiero, no quiero ir"; lo que implica que en tal acto se procedió a su revictimización, sin que existiera la más mínima protección alguna por parte del aparato estatal.
I.2.2. Informe del demandado

Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro, mediante informe escrito, cursante a fs. 351 y vta., refirió que:

  1. i)La Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025, fue emitida luego de realizar un análisis íntegro de la Resolución de Rechazo interpuesta por el accionante, teniendo como base fundamental la existencia de una debida fundamentación, motivación y congruencia, que emergió de la valoración y análisis de los elementos de prueba acumulados al cuaderno de investigación , que fueron insuficientes, conforme se plasmó en la Resolución ahora cuestionada en torno al principio de objetividad; y,
  2. ii)Al existir un pronunciamiento claro y concreto sobre cada uno de los elementos probatorios aportados al proceso no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Intervención de la representante de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO)

La representante de la DIO, se adhirió a todo lo argumentado y solicitado por la parte accionante.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Roberto Nelson y Karen Lila ambos Rodríguez Ocampo, a través de su abogado en audiencia, manifestaron que:

  1. a)La Resolución de Rechazo emitida por el Fiscal de Materia, no transgredió ningún tipo de derecho en relación a la víctima, si bien se habló de que un niño no puede generar actos de investigación en razón de su edad, además que debe tomarse en cuenta que al efecto se valoró el Informe Preliminar del investigador asignado al caso, en el que se estableció que existía la solicitud para una segunda valoración psicológica de la víctima, misma que no se llevó a cabo, porque los progenitores del prenombrado no acudieron a la cita en los horarios correspondientes;
  2. b)Es cierto que el Ministerio Público ejerce la dirección funcional de los actos de investigación; empero, esto no significa que la víctima, en este caso su representante, no tenga la obligación de dar a conocer al Juez y al Fiscal los medios de prueba que conduzcan a un requerimiento conclusivo de imputación formal, en el caso presente se puede advertir que no solo existió ausencia del Ministerio Público, sino también de la víctima, conforme se advierte de otros informe psicológicos que no fueron presentados; y,
  3. c)La declaración de la víctima en primera instancia, habló del tío, luego incorporó al abuelo, más adelante señaló que la abuela ejercía violencia física contra su persona y que el abuelo también lo manipulaba de forma sexual, relación de hechos que generó duda, estableciéndose contradicción y falta de credibilidad en el testimonio; sumado a ello, el padre de la víctima no aportó mayores elementos de prueba, ni solicitó la complementación de actuados.
I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio; y en consecuencia emitirse una nueva por el Fiscal Departamental de Oruro, debidamente fundamentada, bajo los fundamentos de la Resolución Constitucional; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

  1. 1)La Resolución Jerárquica impugnada, tiene una redacción ampulosa y una identificación individualizada de toda la prueba aportada durante la investigación preliminar, aduciendo que además realizó una valoración integral de la misma; empero, en su contenido, básicamente realiza una transcripción de los fundamentos de la Resolución de Rechazo, sin responder al recurso de objeción y sin explicar porque los argumentos del que objetó no fueron ciertos, especialmente en relación al Certificado Médico Forense;
  2. 2)Tampoco explicó por qué la declaración del niño, transcrita en el informe psicológico fue una razón para determinar la inexistencia del hecho, puesto que solo mencionó "no cuenta una narrativa cronológica por la edad y cierta discapacidad", sin tomar en cuenta que se recomendó una valoración complementaria, que pudo llevarse en cámara Gesell; y el solo hecho de la inasistencia de la víctima no conllevaba la inexistencia del hecho; más tomando en cuenta que es obligación del Ministerio Público ejercer la dirección funcional de la investigación, denotándose falta de motivación, fundamentación y congruencia externa en la determinación cuestionada;
  3. 3)Respecto a la declaración de la víctima, conforme la jurisprudencia citada, señaló que, aún esta resulte contradictoria o inconsistente al tratarse de niñas, niños o adolescentes, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse éstas en prueba fundamental de los hechos; consecuentemente, las imprecisiones en las declaraciones de la víctima no implica que estas sean falsas, siendo éste el estándar que debe ser considerado por las autoridades fiscales, debiendo en su caso explicar de manera razonada, porque se apartan de estos criterios, el no hacerlo constituye falta de motivación en la Resolución; y,
  4. 4)En relación a la falta de declaración complementaria de la víctima en cámara Gesell por inasistencia de la víctima a la valoración programada, es un aspecto que denotó falta de diligencia en la dirección funcional de la investigación por parte del Ministerio Público, el cual debió ser llevado a cabo de forma oportuna para evitar la revictimización del afectado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 390 a 395), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Formulario Único de Denuncias (CUD) de 23 de marzo de 2025, ante Fuerza de Lucha contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana del departamento de Oruro, por el que el accionante presentó denuncia contra Roberto Nelson Rodríguez Ocampo, describiendo los hechos que le narró su hijo AA, respecto a las agresiones sexuales que hubiera sufrido por parte del denunciado (fs. 4 y vta).

II.2. El 23 de marzo de 2025, Lizeth Echalar Barrientos, Psicóloga de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) realizó entrevista psicológica preliminar al niño AA, recomendando una valoración complementaria, tomando en cuenta que el informe evacuado solo tenía carácter preliminar, de igual forma recomendó valoración médico forense (fs. 9 a 11).

II.3. Cursa Certificado Médico Forense de 26 de marzo de 2023, realizado por el que se realizó examen físico general, segmentario, paragenital, genital y proctológico, en cuyas consideraciones señaló que "El examen físico no demuestra signos de violencia corporal. La ausencia lesiones anales y signos compatibles con acto contra natura de data antigua no descarta la posibilidad de maniobras o toques impúdicos, que por lo general no dejan huella". En cuanto a los antecedentes de los hechos, en un fragmento se consignó "...menor indica que su tío le tiró granizo en su cama le hizo en su potito con un palo y con el dedo y que besó su potito con la boca y le lamió..." (fs. 27 a 29.).

II.4. En fecha 15 de abril de 2025, Lizeth Echalar Barrientos, Psicóloga de la DIO, elevó informe a Jhonny Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia, informando que el 23 de marzo del mismo año, acudió a los ambientes de la FELCV de la Policía Boliviana del departamento de Oruro, con el fin de realizar la valoración psicológica a un menor con autismo -se entiende que es el niño AA-, quien habría estado esperando durante tres horas para que se le realice dicho examen, puesto que la psicóloga de turno no realizó la valoración correspondiente alegando que por la condición del niño correspondía al área; en tal sentido, el niño a la hora de la entrevista psicológica se encontraba cansado, con hambre y temeroso porque la familia materna estaba fuera, aun así se realizó la valoración correspondiente (fs. 140).

II.5. Cursa Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril, emitida por Jhonny Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos sexuales y trata y tráfico, por la que Rechazó la denuncia interpuesta por el accionante contra Roberto Nelson y Karen Lila, ambos Rodríguez Ocampo; por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante contra el niño AA (fs. 291 a 296).

II.6. El 14 de mayo de 2025, el accionante presentó Objeción a la Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril (fs. 299 a 310 vta.).

II.7. EL 27 de junio de 2025, Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro -ahora demandado-, emitió la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio, por la que ratificó la Resolución de Rechazo impugnada (fs. 317 a 323 vta.).

II.8. Cursa carnet de discapacidad del niño AA, con vigencia hasta el 23 de marzo de 2029, por el que se establece que cuenta con discapacidad mental, de grado moderado en un porcentaje de 35% (fs.157 A).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, y al principio de "legalidad o primacía de la ley"; en razón que, dentro del proceso penal que inició contra Roberto Nelson y Karen Lila Rodríguez Ocampo, por el delito de abuso sexual contra su hijo AA, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió Resolución de Rechazo JNMR 50/2025; en el cual, no valoró correctamente la prueba aportada en la etapa investigativa, omitiendo considerar los elementos probatorios que demostraron la existencia del hecho, así como la condición de vulnerabilidad del niño AA, por su edad y el grado de discapacidad que presentaba; ante ello, presentó objeción a la referida Resolución de Rechazo, la cual fue resuelta por el Fiscal Departamental de Oruro, a través de la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 22/2025 -ahora cuestionada-, que ratificó la Resolución de Rechazo de primera instancia, limitándose a repetir los fundamentos esgrimidos en ésta, sin pronunciarse sobre los agravios denunciados, respecto a la omisión en la valoración de la prueba conducente a demostrar la participación de los denunciados en el hecho delictivo, la falta de debida diligencia en el Ministerio Público en la dirección funcional de la investigación y de la aplicación de criterios reforzados de protección a favor del su hijo AA, incurriendo en falta de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la , reiterada por las y ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

  1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
  2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
  3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
  4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
  5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
  6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

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