1430/2022-S3

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:

1. a)La SCP 0411/2000 de 28 de abril, sostuvo que del derecho a la vida emergen los demás derechos, por lo que su ejercicio no puede estar obstaculizado por un ejercicio burocrático;
2. b)Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "849/2012 de 2 de agosto" y 0008/2010 de 6 de abril, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hacen mención al resguardo del derecho a la vida, y dentro de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión se establecen mecanismos legales;
3. c)En el presente caso, como se puede verificar del Certificado Médico Legal-Forense de 1 de septiembre de 2021, se tiene que sus pulmones explotaron; es decir, que la tuberculosis ha carcomido ese órgano vital y gracias al traslado al Hospital San Juan de Dios le salvaron la vida;
4. d)Siendo esa su realidad, y puesto que se encuentra en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, se debe tomar en cuenta el Certificado Médico Legal-Forense de 1 de septiembre de 2021 que señala que debe seguir un tratamiento, correspondiendo considerar la gravedad de su situación;
5. e)En el presente caso, la Jueza ahora accionada exigió el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, lo inhumano, es que solicitó que presente garantes con inmuebles propios, lo cual es muy difícil de cumplir, más aun cuando se encuentra a dos o tres días de una libertad condicional "...entonces inclusive también puede ser iniciado solamente, pero son temas netamente burocrático informe que tardaría que tiempo sean 30 días, no sabemos si no le damos importancia a la vida..." (sic);
6. f)Se deben considerar los arts. 15.I, 18.I y 74 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como la SCP 0192/2018 de 14 de mayo², respecto a la protección del derecho a la vida; y,
7. g)Por lo mencionado, solicitó que se valoren los Informes Médicos y se considere que su vida está en riesgo.

María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 17 de septiembre de 2021, cursante de fs. 63 a 64, manifestó que:

1. 1)Con relación a lo referido por el accionante respecto a que se encuentran en riesgo sus derechos a la vida y a la salud, de la revisión del proceso penal se tiene que todas las veces que el nombrado solicitó salidas o traslados por motivo de enfermedad no existió ninguna limitación a la protección de sus señalados derechos, es más se evidencia que fue internado como el mismo lo reconoció;
2. 2)Cumple las competencias establecidas en los arts. 1, 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- con relación a los arts. 55, 428 y 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), además de lo previsto por el art. 80 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) en relación con los arts. 73 y 74 de la CPE, y lo determinado en la aplicación de las normas sobre derechos humanos conforme al art. 410 de la Norma Suprema, en lo relativo a la aplicación preferente de dichas normas, reiterando que no vulneró ningún derecho;
3. 3)Al cuestionamiento que se hace de los requisitos formales que dispone la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002 -Reglamento de Ejecución de Penas Privativas Libertad-, lamentablemente no es un capricho de su autoridad exigir todo ello, puesto que es parte del derecho positivo vigente o también llamado objetivo exigencias que se encuentran mencionadas en los arts. 198 de la LEPS con relación al art. 112.I y II del DS 26715, que prevé que para ser acreedor o beneficiario del cumplimiento de condena con detención domiciliaria, el interno debe tener una enfermedad incurable en periodo terminal, la misma que lo llevará al deceso en doce meses aproximadamente, y en el sistema español, se entiende como enfermedad incurable y en periodo terminal seis meses, en el sistema argentino tres meses, siendo nuestra norma en ese entendido más benévola y lo que exige en el art. 198.II de la LEPS es que el accionante observe el art. 167 de la misma Ley, y cumpla con los requisitos exigidos, tomando en cuenta que no se efectuó un pronunciamiento de fondo sobre el incidente, sino respecto a los requisitos mínimos exigibles en este tipo de incidentes, que son concurrentes y obligatorios y, que no logró cumplirlos o no quiere cumplirlos ello escapa de sus manos, pues lo único que hace su autoridad es hacer cumplir la Ley;
4. 4)Respecto a lo manifestado por el accionante en cuanto a que el beneficio no está supeditado al tipo de delito, aclara que en ningún momento se le negaron los derechos a la salud y a la vida, el nombrado tiene una Sentencia condenatoria de seis años de cárcel por el delito de robo agravado, y viene cumpliendo su condena, encontrándose su autoridad en el control de ello;
5. 5)Sobre lo manifestado por el accionante en cuanto a que se encuentra detenido desde el año 2017 y que sobrepasó los dos tercios de la pena, aclara que el nombrado planteó incidente de redención; empero, no tramitó su carpeta dentro del régimen penitenciario, siendo ese informe útil para dictar resolución, debiendo tomar en cuenta que los beneficios penitenciarios no se resuelven de oficio, sino que el interno debe solicitarlo;
6. 6)Mientras no se resuelva ningún beneficio a favor del accionante, el mismo puede solicitar ser trasladado o internado las veces que sean necesarias para garantizar su atención oportuna por su estado de salud;
7. 7)Por otro lado, se programó fecha y hora de audiencia para resolver el incidente de detención domiciliaria del accionante, así como se evidencia del proceso penal; y,
8. 8)Por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela.