1440/2022-S3

Solicitan se les conceda la tutela y en consecuencia se disponga:

1. a)La inmediata restitución del bien inmueble de su propiedad, ordenando el desalojo o retiro de la ahora accionada en un plazo de 48 horas con el auxilio de fuerza pública si fuera necesario;
2. b)Se determine el pago de costas, más daños y perjuicios y otras consecuencias emergentes; y,
3. c)Se disponga la notificación al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a efectos de demolición de lo construido en su propiedad.

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que la hoy accionada:

1. 1)Estaría denunciando en la acción de defensa por el delito de avasallamiento; toda vez que, procedió a invadir y ocupar el lote de terreno que es de su propiedad; y, hasta la fecha no le permite ingresar, ocupar o tomar posesión del indicado inmueble, vulnerando su derecho a la propiedad privada respaldado por el art. 56 de la Norma Suprema; es decir, restringiendo su derecho de usar, gozar y disponer del indicado bien inmueble;
2. 2)Respondiendo a las consultas realizadas en audiencia, respeto a las pruebas documentales de descargo presentadas por la nombrada; se indica que, conforme a los comprobantes del pago de impuestos que habría realizado desde la gestión 2008, en la parte de datos técnicos del inmueble, claramente se indica otra urbanización "SPS.P. Sora MD" (sic), sin consignar el Lote 11 del Manzano D-2;
3. 3)Otro aspecto contradictorio, es la afirmación de encontrarse en posesión del lote de terreno desde la gestión 2008; empero, contradictoriamente presentó antecedentes de conexión del servicio de agua potable en la gestión 2019; es más, para la instalación del servicio de alcantarillado uno de los requisitos seria la presentación del documento de propiedad y en caso de que no se tenga ese documento, se puede hacer una declaración jurada que es lo que hicieron en este caso, de modo que no fue tramitado en calidad de propietario; y,
4. 4)Por otra parte, de acuerdo a la SCP 0464/2020-S3 de 2 de septiembre, se establece que se debe acreditar el derecho de propiedad debidamente registrado en DD.RR., así presentó el folio real, además del plano demostrativo de su propiedad, los cuales denotan su mejor derecho propietario frente a la documentación de la hoy accionada.

Mery Aurora Achocalla Chambi, a través del memorial presentado el 18 de enero de 2022, cursante de fs. 127 a 128 vta., manifestó que:

1. i)En ningún momento recurrió a las medidas de hecho sobre el inmueble, menos procedió al despojo por avasallamiento; toda vez que, se encuentra ocupando y poseyendo de forma pacífica, ininterrumpida, no violenta ni clandestina el lote de terreno desde el momento de su adquisición hace muchos años atrás, a partir del sorteo realizado por las autoridades a los miembros de la comunidad de Sora, por lo que contaría con documentos de propiedad debidamente consolidados;
2. ii)Se encuentra en posesión del bien inmueble desde la gestión 2008, de manera totalmente pública en su condición de miembro de la comunidad de Sora;
3. iii)Ejercitó sobre el citado lote de terreno acciones jurisdiccionales iniciando un proceso voluntario de inscripción en Derechos Reales que cuenta con una resolución con calidad de cosa juzgada, reconociendo su condición de propietaria, además de cumplir con las cargas impositivas;
4. iv)En la audiencia pública complementó indicando que la SCP 0042/2018 de 6 de marzo, moduló la acción de amparo constitucional con relación a las medidas de hecho, estableciendo que debe acreditarse ciertos presupuestos para su activación que serían:
5. a)La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente, sin necesidad de agotar otras vías, menos la vía penal que tiene otro objeto procesal y finalidad;
6. b)Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente accionados pueden asumir defensa, presentar pruebas y hacer valer sus derechos aun en etapa de revisión, sin que pueda alegarse preclusión, lo que supone la flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva;
7. c)La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y,
8. d)La carga de la prueba, debe ser cumplida por el accionante, acreditando de manera objetiva la existencia de medias o actos asumidas sin causa jurídica y estar circunscrito a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos;
9. v)Presentó demanda de inscripción en el registro de DD.RR., adjuntando su título de propiedad que data de 2018, antes de haberse recurrido a los supuestos actos o medidas de hecho; además de tener un plano demostrativo avalado por el municipio de 17 de septiembre de 2020, así como los comprobantes de pago de impuestos desde la gestión 2008, demanda que fue interpuesta contra la comunidad de Sora que contestó en forma positiva; refiriendo que, en la citada comunidad se asignó a favor de la ahora accionada el Lote 11 del Manzano D-2 de la ciudad de Oruro; demanda que concluyó con el Auto Definitivo de 2 de diciembre de 2020, que tendría la calidad de cosa juzgada, la cual declaró probada la demanda y dispuso la inscripción del bien inmueble en DD.RR.; proceso al que no se apersonaron los accionantes; para plantear su oposición;
10. vi)Ante los actos perturbatorios de la parte accionante, planteó medida preparatoria de demanda el 29 de noviembre de 2021, para iniciar la acción civil que corresponda, adjuntado los comprobantes del pago de impuestos a la propiedad inmueble desde 2008, así como las facturas de pago por los servicios básicos de agua y luz, incluso realizó la instalación del alcantarillado sanitario en la gestión 2021;
11. vii)En la presente acción de defensa los accionantes afirman que hubo avasallamiento, despojo de su propiedad, sin indicar la fecha de dichos hechos acaecidos con violencia, más bien existe una acción de carácter civil, porque según Raúl Octavio Tarqui Choque, entiende que su documento de transmisión y publicidad no está siendo cumplido; correspondiendo una acción civil; dado que, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa al comprador, lo cual no puede pretender superar a través de una acción de amparo constitucional; denotando que no existió ningún acto para hacerse justicia por mano propia; y,
12. viii)Las medidas de hecho denunciadas no fueron acreditadas materialmente para que se active la acción de amparo constitucional; toda vez que, demostró encontrarse en posesión del lote de terreno a partir de la voluntad y consentimiento de su anterior dueño que es la comunidad de Sora, posesión que fue pacífica, pública y continua desde la gestión 2008, pagando los impuestos a la propiedad inmueble y por los servicios básicos.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 09/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 138 a 142 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Los accionantes acreditaron su derecho de propiedad a través de la matricula 4.07.2.02.0000995 sobre el Lote de terreno 11, Manzano D-2 de la urbanización comunidad de Sora, zona Sudeste de la ciudad de Oruro con una superficie de 300.00 m2, en cuyo Asiento A-2 de titularidad, se registra como propietario a Raúl Octavio Tarqui Choque; asimismo, presentó el formulario de información rápida de DD.RR. que consigna los mismos datos; también adjuntó el plano demostrativo del lote de terreno emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, y finalmente arrimó placas fotográficas del bien inmueble que supuestamente hubiera sido objeto de las medidas de hecho, si bien estas contienen una imagen; empero, no se puede establecer de qué lugar se está hablando; además de, los tiempos y las circunstancias que se denuncian; ya que, no fueron verificados por el Notario de fe Pública, más al contrario podrían ser modificados o suprimidos;
2. 2)Con relación a la documentación presentada por la parte hoy accionada, llamaría la atención, primero la existencia de un expediente judicial radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, donde se hubiera tramitado la demanda de inscripción del bien inmueble en DD.RR., seguido por Mery Aurora Achocalla Chambi contra la comunidad de Sora, representado por Roberto Tarqui Blanco, Alcalde Mayor, Aldo Marco Quispe Mariscal, Corregidor; y Cesar Condo, Secretario General, todos de la comunidad de Sora, emitiéndose el Auto Definitivo 256/2021 de 2 de diciembre, que declaró probada la demanda de inscripción, ordenando al Notario de fe Pública agregar los datos técnicos en la Escritura Pública 662/2018 de 6 de octubre, en sentido de que Mery Aurora Achocalla Chambi tiene el bien inmueble ubicado en la calle B, de la urbanización comunidad de Sora de la zona Sudeste, signada con el Lote 11, Manzano D-2, con un frente de 10 m y fondo de 30 m, además de ordenar a la Oficina de DD.RR. procedieron a la inscripción de la Escritura Pública 662/2018, por lo que el registro fue realizado a través de una orden judicial;
3. 3)La ahora accionada presentó una demanda de medida preparatoria registrado con el NUREJ 40118776, que fue verificada; denotando que la nombrada tiene posesión pacifica sobre el bien inmueble, acreditando con el comprobante de pago de tasas por los servicios básicos desde la gestión 2019, 2020 y 2021 de forma correlativa; empero, en esas facturas no se consigna el número del lote, manzano y otras características; también adjuntó comprobantes del pago de impuestos desde la gestión 2019, además de la constancia de conexión del servicio de alcantarillado, los cuales confirman que tendría posesión pacifica anterior a las supuestas medidas de hecho;
4. 4)No obstante, no cumplió con la carga probatoria de acreditar las medidas de hecho, toda vez que no se identificó de manera clara el lugar donde se hubiera producido las medidas de hecho o que la accionada hubiera ingresado de manera violenta, haciéndose justicia con mano propia; y,
5. 5)Aparte de lo anterior, el caso estaría comprendido en el marco de las auto restricciones, establecidas en la SCP 0248/2021-S2 de 22 de junio, referido a la existencia de hechos controvertidos, los cuales no pueden ser solucionados en la justicia constitucional, debiendo ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria; considerando que, ambas partes presentaron sus títulos de propiedad que acreditan como dueños del lote de terreno, existiendo en consecuencia una disputa o controversia sobre el derecho de propiedad.