Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1446/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad
Expediente: 56368-2023-113-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 059/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 294 a 296 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Javier Gonzales Herrera contra Karen Romero Ibánez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 188 a 190, el accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, emitió Resolución declarando improbada la demanda de asistencia familiar pese a conocer -mediante informe de Secretaría del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del citado departamento cursante a "fs. 279"- que desde el 29 de marzo de 2023, existía una demanda admitida de suspensión parcial de autoridad paterna y materna con fecha de juicio oral, así como múltiples informes psicosociales que evidenciaban que ambos padres eran agresores y que el retorno de los niños con ellos implicaba un peligro real e inminente.
Señaló que, se programó audiencia de juicio para el 5 de abril del mencionado año, y que el 10 del mismo mes y año, la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del referido departamento declaró probada en parte la demanda, disponiendo la suspensión parcial de la autoridad paterna y materna de Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca por diez y seis meses, respectivamente. Agregó que los menores no recibían asistencia familiar por más de dos años y vivían bajo la guarda de hecho de su abuela materna, persona de la tercera edad con recursos limitados, situación que se agravaba con la Resolución cuestionada. Aunque aún se encontraba dentro del plazo para apelar conforme al art. 443 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), afirmó que la apelación no era idónea por la demora que implicaba y el riesgo vital para los menores; por lo que, recurrió directamente a la acción de libertad, invocando el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al existir peligro para la vida de dos menores pertenecientes a un grupo vulnerable y sujetos a protección judicial.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
De la lectura del memorial de interposición de la acción de libertad se tiene que no se expresa de manera concreta la vulneración de derechos o garantías constitucionales y tampoco se identifica la norma constitucional lesionada; empero, de su lectura se puede extraer que se hubiera lesionado los derechos a la vida y al interés superior de dos menores.
I.1.3. Petitorio
El accionante solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:
- a)Se disponga la anulación de la Resolución 276/2023 de 4 de abril; y,
- b)Se falle declarando como probado el monto de asistencia familiar en favor de los menores.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 289 a 293, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante ratificó en su integridad la acción presentada y agregó lo siguiente:
- 1)La Resolución 276/2023 que declaró improbada la demanda de asistencia familiar, puso en riesgo la vida de los dos menores de catorce y quince años que viven con su abuela Dionicia Huanca de Carbajal, razón por la cual optó por presentar la acción tutelar pese a haberse notificado recién el 2 de junio de 2023 y encontrarse aún dentro del plazo de apelación previsto por el art. 443 del CFPF;
- 2)Sostuvo que, dada la tutela reforzada del derecho a la vida, la acción de libertad era procedente por la ineficacia e insuficiencia de los mecanismos ordinarios, y denunció que la Jueza demandada dictó un fallo incongruente e injusto al desconocer informes psicológicos y sociales cursantes a "fs. 215-226, 232-247 y 250-255", que recomendaban asistencia a la actual guardadora, medidas de protección a favor de los menores para evitar su exposición a los progenitores agresores y la consideración de la opinión de los adolescentes, quienes rechazaban retornar con sus padres;
- 3)La mencionada Resolución se basó indebidamente en un informe de la trabajadora social de Palca del departamento de La Paz, que mencionaba dificultades de seguimiento pese a que la prueba acreditaba que los menores estaban bajo la guarda de hecho de la abuela desde hace más de dos años sin recibir asistencia familiar alguna;
- 4)Afirmó que la Jueza demandada aplicó de manera incongruente la Resolución 199/2022 de 3 de agosto -confirmada por el Auto de Vista 444/2022 de 30 de noviembre- al interpretar que la reinserción familiar era inmediata y otorgaba legitimación activa a los progenitores, cuando ese fallo disponía una restitución gradual, progresiva y condicionada a terapia psicológica. Indicó que, además, la Sentencia de suspensión parcial de autoridad paterna y materna dictada en otro proceso -fundada en las causales del art. 43 incs. a) y b) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), por negligencia y conductas agresivas- establecía sanciones y restricciones de diez meses para el padre y seis para la madre, demostrando el grave riesgo para los menores; y,
- 5)Agregó que, constaban antecedentes de violencia, incluyendo expresiones del progenitor como "...yo a patadas lo arreglo todo..." (sic), y referencias a agresiones físicas previas. Finalmente, afirmó que la Jueza demandada omitió valorar el informe de Secretaría de "fs. 279" que acreditaba la existencia de una demanda de suspensión parcial de autoridad paterna y materna ya admitida con audiencia de juicio señalada, lo que hacía inviable la decisión asumida.
Ante las consultas realizadas por el Juez de garantías la parte accionante informó que los menores estaban bajo el cuidado de su abuela desde marzo de 2021 y explicó que la Resolución 276/2023 fue emitida después de la audiencia de 24 de enero de 2023, cuya acta cursaba a "fs. 210". Señaló que en dicha audiencia la Jueza demandada fue informada de la existencia de un proceso pendiente de suspensión parcial de autoridad paterna y materna, motivo por el cual solicitó un informe al Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo -se entiende de la Capital del departamento de La Paz-, que fue remitido a "fs. 279" el 29 de marzo de igual año, indicando que la demanda se encontraba admitida. Añadió que tomó conocimiento de la Resolución 276/2023, únicamente con la notificación, pese a haber insistido por meses para que se emitiera dicho fallo; asimismo, afirmó que la Sentencia dictada por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del referido departamento, no fue puesta en conocimiento de la Jueza demandada, a pesar que en su parte resolutiva se ordenaba remitirla al Juzgado Público de Familia Primero por haberse otorgado la guarda por diez meses, explicando que la parte demandada apeló esa Resolución.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Karen Romero Ibánez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 286 a 288, en el que refierió lo siguiente:
- i)La demanda de asistencia familiar fue presentada por Dionicia Huanca de Carbajal mediante memoriales de "fs. 13-16", subsanados a fs. "18-19 y 106", señalando que desde julio de 2020, sus nietos llegaron a su domicilio tras presuntas agresiones y contagio de COVID-19, motivando que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital de ese departamento, dictara la Resolución 73/2021 de 22 de marzo, disponiendo el acogimiento circunstancial; la demanda fue admitida por Auto de 22 de septiembre de 2022, corriéndose traslado a los progenitores, quienes respondieron negando los hechos y alegando que el acogimiento había excedido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 54 del CNNA, modificado por la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, así como en el art. 2.VI del Decreto Supremo (DS) 3960 de 26 de junio de similar año, que modifica el art. 56 del DS 2377 de 27 de mayo de 2015. La autoridad describió que existían múltiples informes psicológicos y sociales "fs. 134-141; fs. 182-188; fs. 215-255" que acreditaban que los menores se encontraban bajo el cuidado de la abuela, aunque ésta habría dificultado el seguimiento defensorial;
- ii)Asimismo, refirió que mediante Resolución 199/2022 el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la reinserción familiar de los menores con sus padres, decisión confirmada por Auto de Vista 444/2022 emitido por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Añadió que también cursaba en obrados la Resolución 441/2021 sobre infracción por violencia, confirmada por Auto de Vista 075/2022 de la Sala Civil Segunda del referido Tribunal, así como el informe de Secretaría de "fs. 279" que daba cuenta de un proceso paralelo de suspensión parcial de autoridad paterna y materna aún sin resolución definitiva. Con base en esos antecedentes, la autoridad sostuvo que no podía desconocer los efectos vigentes de la Resolución 199/2022 y, en consecuencia, mediante Resolución 276/2023 declaró improbada la demanda de asistencia familiar; y,
- iii)Finalmente, precisó que, conforme al Código de las Familias y del Proceso Familiar, la situación de menores y pensiones no causa estado y es susceptible de modificación en cualquier momento, subrayando que su determinación se basó estrictamente en el estado del proceso y en la inexistencia de una resolución firme dentro del trámite de suspensión parcial de autoridad paterna y materna.
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