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TCP

1446/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de agosto de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 1446/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1446/2026-S2 Sucre, 26 de agosto de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 56036-2023-113-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 41/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 62 a 71, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joaquín Álvaro Rondón en representación sin mandato de Wilfredo Chambi Calle contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental del citado departamento y Hernán Kiffer Aranda, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 48 a 52, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal iniciado a instancia suya por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves contra autor o autores, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012301990, acudió a los mecanismos de control previstos en el sistema de administración de justicia, sin obtener una respuesta efectiva. En ese contexto, pese a que solicitó a Hernán Kiffer Aranda, Fiscal de Materia -ahora codemandado-, que su persona como sus testigos sean remitidos a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, la situación de riesgo persistía; asimismo, a partir de las declaraciones de cuatro testigos presenciales y otras actuaciones investigativas, se logró identificar a Joaquín Salamanca Álvarez, Rosario Reyna Álvarez Barrientos, Brandy Salamanca Álvarez, Blanca Salamanca Álvarez, Samuel Portocarrero y Alejo Portocarrero, conforme se hizo constar en el Informe de 5 de mayo de 2023. En tales circunstancias, mediante memorial de 11 de ese mes y año, solicitó la ampliación de la investigación contra las personas identificadas, así como por la presunta comisión del delito de amenazas, denunciando amenazas de muerte, el uso de armas blancas y objetos contundentes, además de daños ocasionados a su inmueble, hechos que, según manifestó, generaban temor por su vida e integridad física, así como por las de su hijo menor de edad, su pareja, su cuñada y sus sobrinos, quienes residían en el mismo domicilio. No obstante, el Fiscal de Materia codemandado emitió providencias que -a su criterio-, resultaban ambiguas e insuficientes, particularmente la de 17 de mayo de 2023, que dispuso: "INFORME EL INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO" (sic) y "HECHO LO CUAL SE DISPONDRÁ LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA" (sic), sin ofrecer una respuesta clara a sus solicitudes. Ante ello, mediante memorial de 18 de mayo de 2023, acudió ante Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, denunciando la presunta negligencia fiscal y el riesgo para su vida y la de su familia; y, en la misma fecha, solicitó a William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -hoy codemandado- su intervención y supervisión de la investigación, señalando que se le habría indicado que debía esperar diez días hábiles para obtener respuesta. En su criterio, esta actuación evidenciaba una cadena de negligencia funcional, pues, pese a haber comunicado reiteradamente las amenazas de muerte y el temor por su vida y la de sus familiares, no se habrían adoptado oportunamente medidas de protección, mientras los presuntos agresores permanecían en libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, al debido proceso, a ser oído y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. "24" de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia se ordene:

  1. a)Que el Fiscal de Materia codemandado remita a la víctima y a los testigos a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; asimismo, amplié y dé continuidad a la investigación dentro del Código Único 201102012301990 contra Joaquín Salamanca Álvarez, Rosario Reyna Álvarez Barrientos, Brandy Salamanca Álvarez, Blanca Salamanca Álvarez, Samuel Portocarrero y Alejo Portocarrero, por los delitos de lesiones graves y leves y amenazas, en grado de autores;
  2. b)Que, el Juez demandado ejerza un correcto control jurisdiccional de la investigación; y,
  3. c)Que el Fiscal Departamental codemandado realice una adecuada supervisión del caso.

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Tribunal Constitucional Plurinacional26 de agosto de 20261446/2026-S2Fuente oficial