1454/2022-S1

La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente:

1. a)Prestó sus servicios en COSSMIL aproximadamente 37 años continuos y a efectos de su jubilación realizó sus trámites en la BBVA Previsión AFP S.A., instancia que en cumplimiento de la Ley de Pensiones -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010- emitió una declaración de prestación de pagos 218719 disponiendo un descuento para salud del 3% y con esa declaración el derecho habiente podrá iniciar su trámite de afiliación, en el marco del art. 60 de la Ley 065 el Ente de Gestor Social deberá otorgar cobertura de salud a partir del primer día del mes en el que suscribe la presente declaración; en ese entendido el 10 de julio del 2021 solicitó la afiliación como jubilada a COSSMIL; empero, no recibió respuesta conforme los parámetros previstos en la SCP 1068/2010-R; es decir, que su solicitud sea atendida de manera clara, precisa, completa y congruente;
2. b)COSSMIL en su informe refiere que respondió a su solicitud; empero, después de la notificación con la presente acción tutelar; hizo llegar una nota a su domicilio en la cual, manifiestan "...seguidamente según memorial de fecha 6 de julio de 2021 su persona solicita la afiliación del Seguro Social de la Corporación del Seguro como personal de servicio pasivo para continuar con las atenciones médicas ya que accedió a una pensión de jubilación y que Previsión AFP S.A. continuará aportando por concepto de salud a COSSMIL, sin embargo, no adjunta copia de memorándum de pase a la jubilación" (sic); aclaró que la BBVA Previsión AFP S.A. no aporta, la que aporta es la jubilada; toda vez, que se descuenta de su renta y sobre el memorándum de pase a la jubilación, la Ley de seguridad social en su art. 3 dispone "son sujetos a la seguridad social militar los miembros activos de las fuerzas armadas, los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes, los padres, hijos y menores que viven en su hogar y a sus extensas y los derechos habientes que los asegurados fallecidos..." (sic); de lo cual, se advierte que es una respuesta incompleta, los empleados de la entidad gestora de seguridad social son igualmente protegidos por el sistema integral de prestaciones; con esa respuesta pretenden que se deniegue la acción de amparo constitucional; sin embargo, hicieron las siguientes aclaraciones: primero, COSSMIL solicitó que se adjunte el memorándum de pase a la jubilación, creando una confusión, si bien la solicitante de tutela fue trabajadora de COSSMIL por 37 años, la aceptación de su jubilación es algo que no corresponde a este petitorio ya que no se dilucida las causas de la desvinculación o de la ruptura de la relación laboral, si COSSMIL considera que no aceptó su renuncia, que no aceptó su jubilación eso es algo que COSSMIL deberá ventilarlo ante la autoridad jurisdiccional competente que serán los juzgados laborales, solicitando informes a Recursos Humanos (RR.HH.) cuando no se está dentro de una relación laboral el cual concluyó, lo que pide es el seguro social no como trabajadora, sino como jubilada y las normas que regulan al seguro social a largo plazo;
3. c)De la documentación adjunta se advierte que COSSMIL otorga un memorándum el 29 de marzo del 2021 a través de la cual establece en atención a su nota de 19 del indicado mes y año, mediante la cual presentó renuncia voluntaria al cargo desempeñado, se le comunicó que la misma fue aceptada y se hará efectiva a partir de 4 de abril del referido año; según refiere la accionante ese memorándum fue representado señalando que no presentó renuncia, sino pase a la jubilación; de igual forma presentó nota el 6 de abril del mencionado año haciendo la misma observación y aclarando que nunca presentó renuncia y se encuentra en el marco de la Ley General del trabajo y no pertenece al sector de defensa;
4. d)Ahora COSSMIL solicita memorándum de pase de jubilación, lo cual es imposible su cumplimiento por su inexistencia, intentando denegar el seguro social a una persona de la tercera edad que prestó servicios durante 37 años continuos, evidenciando que COSSMIL no emitió una respuesta positiva o negativa pronta, precisa y clara acorde al art. 24 de la CPE respecto al derecho a la petición; asimismo citó la SCP 754/2018-S2 de 8 de noviembre en la cual se estableció que el derecho a la petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad; sino, una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición sin que se limite una consecuencia meramente formal y procedimental; solicitó que se emita una respuesta formal positiva o negativa; no, si faltaría requisitos que lo hagan y que digan se deniega porque le falta requisitos, se concede porque tiene razón, esta es la normativa; pero no, estamos en procedimiento y COSSMIL no tiene plazo, va ser un año de que una persona de la tercera edad se encuentre sin seguro social con un daño posiblemente irreparable, porque se está privando de sus tratamientos médicos; es decir, que también la parte demandada manifestará que se interpuso una anterior acción con el mismo objeto, causa contra los mismos demandados y precisamente que hubiera recaído ante sus autoridades; aclaró que en ese momento emitieron una resolución denegando por la improcedencia, por incumplimiento de los presupuestos de procedibilidad porque para la fecha de interposición de la primera acción de amparo constitucional en la que no se solicitó el derecho a la petición, sino el derecho a la seguridad social, los vocales dentro de los fundamentos y razonamientos lógico, jurídicos que obtuvieron, manifestaron que la falta de respuesta de COSSMIL no era considerada una respuesta negativa; en consecuencia no se podía conceder la tutela, porque no había un acto identificado, como no había un acto identificado se denegó la acción tutelar, a cuyo efecto se vieron obligados a presentar una nueva acción de amparo constitucional, precisamente para que COSSMIL cumpla y dé una respuesta motivada, fundamentada con el acto administrativo sea una resolución del comité, del gerente para activar el procedimiento fundamentado que se necesita y la base jurídica sobre la cual se va activar el circuito de la impugnación; empero; al no ser satisfecha de manera clara, precisa y completa esa nota, COSSMIL vulneró el art. 24 de la CPE.

Elmer Clavijo Rodríguez, Gerente de Seguros de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) a través de su representante legal, presentó informe escrito cursante de fs. 58 y vta. y en audiencia refirió lo siguiente:

1. 1)La impetrante de tutela alegó vulneración al derecho a la petición; sin embargo, pretende ingresar al fondo del asunto; lo cual, no corresponde; en tal sentido, se debe circunscribir a responder sobre su petición, el cual dio respuesta COSSMIL a través de nota de 7 de diciembre de 2021 conforme reconoció la propia peticionante de tutela, dicha respuesta fue notificada mediante cédula en su domicilio; toda vez, que se negó recepcionar en la oficina; y,
2. 2)El 14 de octubre del citado año COSSMIL fue notificado con una acción de amparo constitucional presentado por cinco personas, entre ellas la ahora solicitante de tutela, quién refirió que se trató de otro caso y que no era el derecho a la petición; lo cual, no es evidente en razón de que planteó los mismos argumentos de esta acción tutelar; empero, hizo una confusión de peticiones porque peticionaba por un lado del tema del carnet de seguros, el derecho a la petición como vulneración y el derecho a la filiación, entonces es claro, ante la confusión y al no redactar de forma adecuada su amparo constitucional anterior, fue denegada por la Sala Constitucional Primera mediante "Resolución 242/2021", en el cual exhortaron a COSSMIL proceda a responder; de lo cual, se colige que ya se emitió criterio respecto al derecho a la petición; por lo que, se emitió la nota 435/2021 de 7 de diciembre; y conforme a la "SCP 1057/2016-S3" respecto a la identidad de sujeto, objeto y causa se debe denegar la tutela, en razón que la accionante está haciendo un uso indiscriminado de la garantía constitucional, solicitando se deniegue la tutela al haberse emitido respuesta; y los demás argumentos de la impetrante de tutela debe dilucidarse en otras instancias.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 272/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 64 a 65 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos:

1. i)La peticionante de tutela señaló que el 10 de julio de 2021 presentó a COSSMIL una nota solicitando su afiliación y se le haga conocer, ya sea de forma positiva o negativa en el plazo de siete días y desde esa fecha hasta ahora la autoridad demandada no hizo conocer de manera oportuna la respuesta; sin embargo, de los antecedentes advirtieron que la autoridad demandada dio respuesta indicando que la ahora solicitante de tutela debe adjuntar el memorándum de pase de jubilación;
2. ii)La misma Sala Constitucional mediante Resolución 242/2021 de 3 de noviembre, en la parte resolutiva en el punto segundo recomendó a COSSMIL la atención prioritaria a las solicitudes hechas por la ahora accionante y otras personas, que en su momento interpusieron la acción de amparo constitucional, consiguientemente son las mismas personas entre ellas la ahora impetrante de tutela; quién señaló respecto al derecho a la petición; por lo que, no corresponde conceder la tutela solicitada;
3. iii)En ese contexto si bien el derecho a la petición previsto en el art. 24 de la CPE y los Tratados y Convenios Internacionales deben merecer una respuesta pronta y efectiva; sin embargo, la Sala Constitucional se pronunció en relación al derecho de petición.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas:

1. a)La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. b)Análisis del caso concreto.

A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas1; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario", de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos. Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. 1)Contenido esencial;
2. 2)Requisitos de procedencia;
3. 3)Legitimación activa;
4. 4)Legitimación pasiva; y,
5. 5)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la 0SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. i)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. ii)Formal4; es decir, que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. iii)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. iv)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
3. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. 1)La existencia de una petición oral o escrita;
2. 2)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. 3)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito".