1455/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 297/2022 de 4 de julio y el Auto que resuelve el recurso de reposición de 6 de junio del "2021" -lo correcto es 2022-, emitido por la autoridad demandada, Edwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz;
2. b)Se renueve los actos y se señale audiencia de medidas provisionales con el apoyo del equipo especializado multidisciplinario, en el que se defina la situación jurídica y emocional de sus hijos menores de edad; y,
3. c)Se disponga que en ejecución de fallo se establezca la responsabilidad civil y penal del demandado, con la fijación de un monto indemnizable a favor de un hogar de niños de la ciudad de La Paz; y costas procesales a favor de la parte accionante.

Se dio lectura al informe escrito presentado por Edwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz, cursante a fs. 263 a 265, en el cual señala lo siguiente:

1. 1)A partir del 19 de noviembre del 2014, se encuentra el vigencia el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que establece regulaciones sobre los procesos familiares; y en cuanto a la desvinculación conyugal, prevé una estructura del procedimiento extraordinario, conforme a los mandatos constitucionales, con énfasis de la interpretación legal con enfoque de género y generacional. Así, uno de los efectos que produce el divorcio se relaciona con la situación de los hijos y la asistencia familiar; por ello, si la demanda de divorcio -que tiene como finalidad la disolución del vínculo conyugal- cumple con los requisitos previstos por ley, corresponde su admisión y su citación a la parte demandada para que se ponga a derecho y asuma defensa. En ese contexto, el accionante, el 20 de junio del 2022 presentó su demanda de divorcio judicial por la vía extraordinaria, incluyendo su pedido de la adopción de medidas provisionales; en cuyo mérito, en la misma fecha indicada, fue admitida y se corrió en traslado a su cónyuge Selena Úrsula Pérez Canaviri, quien presentó su contestación el 4 de julio de 2022. En mérito a las alegaciones efectuadas por las partes, así como la documentación presentada por las mismas y atendiendo al situación familiar delicada originada en la dual responsabilidad de ambos sujetos procesales, en previsión de los arts. 1 al 7, 32, 210-V, 212-I-III-IV, 216, 219 al 220, 271 al 273, todos del CFPF, prescindiendo de la audiencia al considerar que los asertos de ambas partes resultaban suficientes, de oficio, se dispuso las medidas provisionales mediante Auto Interlocutorio 297/2022 de 4 de julio, disponiendo la separación legal de los cónyuges "Lujan-Pérez", a partir del 4 de julio de 2022; la Guarda y Responsabilidad de los hijos habidos en el matrimonio, de seis y dos años de edad; respectivamente, a cargo de la progenitora biológica, fijando la asistencia familiar a favor de ambos menores, en la suma de Bs1000.- (mil bolivianos) mensual; asimismo, se ordenó que ambos cónyuges se otorguen garantías amplias y recíprocas garantías personales extensibles a sus familiares y terceros allegados, disponiéndose que se oficie ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Viacha; con fin de afianzar el vínculo con el padre se determinó que el derecho y deber de visita se ejerza los días sábado y domingo de cada semana y feriado, de 9 a 17 horas, previa coordinación antelada, respetuosa y armoniosa con la demandada; asimismo, se ordenó al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de El Alto y provincias la elaboración del estudio Bio-pisco-Social, inherente al grupo familiar "Lujan-Pérez" para considerase a tiempo de dictar sentencia; se dispuso que por Secretaria del Juzgado se levante inventario de los bienes gananciales que pudieran existir; y, finalmente se señaló audiencia de divorcio para el 4 de octubre de 2022;
2. 2)El demandante planteó recurso de reposición contra la decisión sobre las medidas provisionales; el mismo que fue rechazado por Auto de 6 de julio del 2022. Solo se demandó divorcio judicial y no así la suspensión o extinción de la autoridad de la madre, como pretende hacer creer en la acción de amparo constitucional;
3. 3)Tanto el demandante, a tiempo de presentar su demanda; como la demandada, al contestar la misma, reclamaron para sí la guarda y responsabilidad sobre sus hijos, lo que no implica la existencia de contra demanda o reconvención y menos que la misma hubiera sido admitida, precisamente porque nunca fue corrida en traslado, implicando su tácita desestimación por la errónea mención de la palabra reconvención en la suma del memorial de respuesta, puesto que en el contenido de dicho escrito no se advierte ninguna demanda reconvencional;
4. 4)Con relación a haberse prescindido de la audiencia, en situaciones como las que se hizo conocer referidos a la infidelidad de su esposa, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo familiar y compulsando los argumentos del memorial de respuesta a la demanda que contradicen las afirmaciones del demandante, hacen que su persona no deba emitir juicio de valor, tomando en cuenta la posibilidad de una reconciliación o en su caso la prosecución del proceso; por lo que, bajo su responsabilidad, se observó los arts. 7, 210, 21, 219 y 440.e) del CFPF. Con el fin de impresionar, el accionante en su ampulosa demanda, además de repetir literalmente su contenido se refiere al Auto 297/2022 de 4 de julio, siendo que dicha decisión no constituye una sentencia definitiva, puesto que se tratan de medidas provisionales; y, sobre la vulneraciones denunciadas, puntualiza que: 4.i) El art. 358 del CFPF fue cumplido de oficio; en consonancia, con lo determinado por los arts. 210.V, 219, 231, 232.a) y 271.II del CFPF; 4.ii) En ninguna parte del proceso de divorcio dio curso a la reconvención, porque nunca se corrió en traslado al demandante, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 270 del CFPF; 4.iii) No señaló audiencia de medidas provisionales, por los argumentos delicados esgrimidos y que afectan al núcleo familiar "Lujan-Pérez" y que necesariamente deben ser verificados con criterio y apoyo profesional técnico multidisciplinario gubernamental, según ha previsto, ordenando la[P1] elaboración del estudio biopsicosocial al SEDEGES El Alto y Provincias; y, 4.iv) Se dispuso las medidas provisionales después que el "actor" desconoció los alcances de la suscripción como sometimiento a la jurisdicción indígena originaria campesina en el Acta del 2 de mayo del 2022 y 4 de julio del mismo año ante las autoridades de la Comunidad Chuquiñuma Irpa Grande-provincia Ingavi del departamento de La Paz, que conocía de la crisis familiar "Luján-Pérez", en la que se determinó un distanciamiento por seis meses hasta el 1 de noviembre del 2022, sin perjuicio de que ambos esposos velen por la seguridad y bienestar de los hijos menores con dos visitas semanales a media semana y domingo sujeto a horario coordinado, más la asignación económica para la alimentación de ambos niños, con el trabajo agrícola de ambos cónyuges, evitando todo tipo de violencia; y que además el esposo y padre de los niños se comprometió a dotar de vivienda; de manera tal que el demandante no puede poner en duda la dirección domiciliaria de la demandada y a sus dos hijos, máximo si las medidas provisionales pueden ser asumidas de oficio, con o sin contestación, acorde a lo dispuesto por el art. 212 del CFPF, determinando la situación solo circunstancial mas no definitiva de los hijos, teniendo en cuenta su mejor cuidado e interés, siendo que el demandante por su trabajo como portero está impedido de dedicarles permanente atención a sus descendientes de corta edad cuando esta etapa de desarrollo está vinculado al cuidado maternal en esencia.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, por Resolución 132/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 270 a 273, denegó la tutela solicitada. Dicha determinación fue adoptada sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a que no se hubiera valorado una pericia psicológica efectuada a sus hijos, la misma no cursa en el expediente; es decir, no fue ofrecida en ningún momento a la autoridad judicial;
2. b)Con relación a que el Juez demandado hubiera adoptado su determinación en veintiséis minutos, éste aspecto carece de relevancia constitucional, ya que si bien existe un plazo para la emisión de autos interlocutorios referidos a medidas provisionales; empero, nada impide que se dé respuesta a ese requerimiento el mismo día de la presentación del memorial de respuesta. Tampoco es evidente que se haya dado curso a la tramitación de una demanda la reconvencional propiamente dicha, puesto que no se logró evidenciar ese extremo;
3. c)El acto principal de postulación lo constituye la demanda y su admisión; el hecho de que el ahora tercero interesado, en su memorial de 4 de julio del 2022, haya expresado los argumentos que considere pertinentes, no se establece en la norma que los mismos deban ser objeto de traslado a la pate demandante, ya que es la autoridad judicial, la que tiene la facultad de adoptar la convocatoria o no a las partes y la facultad de escuchar o no a los hijos, respecto de los cuales se adopta una situación jurídica. No se advierte que el Auto Interlocutorio 297/2022 de 4 de julio del 2022, constituya un elemento lesivo para el accionante y menos que importe un argumento lesivo para la seguridad y protección de los derechos de los hijos; al contrario, previo a emitir su decisión, el Juez ya contaba con los suficientes insumos para adoptar una determinación de tal naturaleza; por lo que, entiende que la facultad prevista en el art. 271 del CFPF ha sido materializada por la autoridad jurisdiccional. Si bien es cierto que el párrafo II de la indicada norma legal, establece que cuando sean solicitadas por las partes, la autoridad judicial puede escuchar a la parte contraria o en su caso puede también resolver de forma inmediata; y si es planteada en audiencia, resolver en el mismo acto; empero, en este caso, como se tiene dicho, ambas partes le dieron al Juez los suficientes insumos para adoptar la determinación de 4 de julio del 2022. Asimismo, la norma procesal familiar también establece que la decisión sobre medidas provisionales no genera estado, razón por la cual no es objeto de impugnación; por lo que, se puede solicitar su modificación si alguien considera que no está cumpliendo con su finalidad;
4. d)En cuanto a los informes que ya se estaría gestando a través de las instancias especializadas, que es la vía pertinente para que la autoridad judicial adopte la decisión, ya sea de mantener las medidas provisionales u adoptar otras, consideran que no pueden tomar conocimiento de informes que no han sido de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, puesto que de lo contrario o la adopción de una posición sobre la situación del accionante y de la hoy tercera interesada, implicaría constituirse en autoridad familiar revisora; y,
5. e)La determinación impugnada no ha generado restricción alguna de derechos del accionante ni la de sus hijos, siendo otro el mecanismo que debe adoptarse a objeto de que el accionante pueda obtener la modificación o revocación de las medidas inicialmente adoptadas.

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, principio de seguridad jurídica, imparcialidad y equidad, igualdad de las partes; la garantía del interés superior del niño y el derecho al acceso a la justicia con asistencia de personal especializado; toda vez que, el Juez demandado, dentro del proceso de divorcio que interpuso, al adoptar las medidas provisionales:

1. 1)En la emisión del Auto interlocutorio 297/2022 de 4 de julio, no fundamentó ni motivó la decisión asumida sobre la necesidad de convocar a la audiencia y escuchar a las partes y a sus hijos con la ayuda de un equipo multidisciplinario; y no explica las razones por las que adoptó dicha medidas sin tomar en cuenta la conducta de violencia e infidelidad de la madre de sus hijos, que le ha ocasionado a su hijo mayor un estado de afectación emocional conforme se da cuenta en el examen psicológico que le hizo practicar; adoptándose dicha determinación, sin conocerse siquiera el domicilio donde vivirían. Asimismo, se incurre en contradicción al aseverar que se trata de un proceso contradictorio; y, sin embargo, no se garantizó la contradicción entre las partes ni al apoyo de las entidades estatales de protección de menores, y por otra parte, se asevera que se debe aminorar las emergencias negativas; empero, no se escuchó a los menores ni se valoró la conducta de la madre. Si bien el Juez demando actuó con celeridad; empero, no lo hizo en beneficio de sus hijos, puesto que los vio como objeto, haciendo caso a la errada contestación a la demanda -extremo que niega en el Auto de reposición de 6 de julio de 2022- incongruentemente dando curso a todo lo que se le solicitó en la misma;
2. 2)No obstante que la demandada en su respuesta hace alusión a la reconvención no permitida dentro del proceso extraordinario de divorcio, el Juez demandado, al emitir el Decreto de 4 de julio del 2022, en lugar de rechazar la respuesta o cuando menos observar la misma y correr en traslado para hacer notar dicha circunstancia, no lo hizo; habiendo negado en el Auto que resolvió la reposición que hubiera dado curso a la reconvención; empero, de forma incongruente, concede todo lo solicitado por la parte demandada; y,
3. 3)No señaló audiencia para adoptar medidas provisionales y no le dio la oportunidad de ser oído ni de conocer la opinión de sus hijos a través del equipo multidisciplinario; habiendo decidido sobre el futuro de los menores en tan solo veintiséis minutos concediendo todo lo solicitado por la demandada; por lo que solicita:
4. i)Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 297/2022 de 4 de julio y el Auto que resuelve el recurso de reposición de 6 de junio del "2021" -lo correcto es 2022-, emitido por el demandado; Edwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz;
5. ii)Se renueve los actos y se señale audiencia de medidas provisionales con el apoyo del equipo especializado multidisciplinario, en el que se defina la situación jurídica y emocional de sus hijos menores de edad; y,
6. iii)Se disponga que en ejecución de fallo se establezca la responsabilidad civil y penal del demandado, con la fijación de un monto indemnizable a favor de un hogar de niños de la ciudad de La Paz, y costas procesales a favor de la parte accionante.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
2. b)La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. c)Interpretación a la luz del principio del interés superior del niño para determinar la guarda y custodia;
4. d)Sobre el principio de legalidad; y,
5. e)Análisis del caso concreto.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre5, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. a)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. b)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios:

1. 1)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas;
2. 2)La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 2.iv) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 2.v) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre9 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre10 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-11.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
5. d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
6. d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio12, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio13, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre14, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo15 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.