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TCP

1468/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1468/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1468/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad

Expediente: 56801-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 121 de 5 de julio de 2023, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María del Carmen Arista Diaz en representación sin mandato de María Rene Álvarez Camacho, Gloria Fátima Camacho de Álvarez y Gabriel René Álvarez Rojas contra Oliver David Fuentes Gómez y "...SUPUESTOS POLICIAS DEL GRUPO 'ICIA'..." (sic).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 2 a 7, los accionantes a través de su representante expresaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 29 de junio de 2023, el funcionario policial demandado y otros no identificados pertenecientes a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se trasladaron desde Santa Cruz de la Sierra a San Ignacio de Velasco, ambos del departamento de Santa Cruz, a objeto de realizar una acción directa, habiéndoles interceptado en el mercado de San Ignacio de Velasco y con amenazas y apuntando un arma de grueso calibre a Gloria Fátima Camacho de Álvarez, sin identificarse previamente, ni mostrar un requerimiento fiscal que autorice la requisa, procedieron a realizar una requisa del vehículo que conducía la prenombrada, con el argumento que estaban realizado un operativo de verificación de automóviles robados, a lo cual la aludida ni Gabriel René Álvarez Rojas opusieron resistencia.

Pese a que exhibieron el certificado de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) fueron trasladados al Módulo Policial de San Ignacio de Velasco; empero, cuando llegaron a dichas instalaciones otro funcionario policial les ordenó seguirles, momento en el que Gabriel René Álvarez Rojas, al suponer que se trataba de un secuestro, saltó del vehículo siendo auxiliado por los transeúntes, continuando los dos motorizados su recorrido hacia Santa Cruz de la Sierra.

Ante esa situación sus familiares trasladaron a Gabriel René Álvarez Rojas a un centro médico para su revisión, para en forma posterior trasladarse a un Módulo Policial para sentar la denuncia, empero no fueron atendidos. Finalmente refieren que les causa extrañeza todos los actos acaecidos, pues sucedieron después que María Rene Álvarez Camacho en su calidad de Diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional interpelara a Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, por lo que, denuncian que son objeto de una persecución ilegal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, citando al efecto los arts. I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre (DADH); 4, 5 y 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de "Belem do Para"-; 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad; y, 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, ordenándose que:

  1. a)Cese las persecuciones ilegales ejercidas en su contra, garantizándose la libertad personal e integridad física, además de dejarse sin efecto las acciones ilegales iniciadas en su contra;
  2. b)La Policía Boliviana se capacite en derechos humanos; y,
  3. c)Se establezca la responsabilidad civil, penal y disciplinaria contra los demandados, debiéndose remitir antecedentes al Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

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