Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1480/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56041-2023-113-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 25/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 111 a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas en representación sin mandato de Sonia Choque Callizaya contra Waldo Cotjiri Ibarra, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Partido del Trabajo y Seguridad Social; de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2023, cursante a fs. 44 y 46 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Inició un proceso penal contra Vidal Cáceres Mamani por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el cual concluyó con la Sentencia 019/2022 de 29 de abril. Dicha Sentencia fue apelada y posteriormente confirmada mediante Auto de Vista 110/2022 de 17 de octubre. Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió el ; por el cual, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el condenado, quedando firme la decisión judicial.
Recibidas las actuaciones procesales, el Juez -demandado- emitió mandamiento de condena el 19 de mayo de 2023, encomendando de manera expresa su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro. Empero, el mencionado Director no tenía conocimiento de su existencia debido a la inacción del prenombrado Juez; por lo que, hasta la formulación de esta acción tutelar, no se procedió a su ejecución; en consecuencia, su vida e integridad se encuentran en peligro, toda vez que su agresor, pese a contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia física, continúa en libertad, con la posibilidad latente de volver a agredirla; existiendo además una asimetría objetiva, debido a que mientras el condenado ejerce plenamente su libertad ambulatoria como si no existiera sanción alguna en su contra, pese a contar con un mandamiento de condena, ella debe cuidarse en todo momento y orar para no volver a ser agredida. Es obligación del Juez disponer la ejecución inmediata del mandamiento de condena, de manera pronta y diligente; toda vez que, ello se encuentre directamente vinculado al cumplimiento efectivo de la sanción penal y a la protección reforzada de la mujer en situación de violencia; más aún, cuando el órgano judicial tiene conocimiento de que las medidas cautelares impuestas previamente han perdido su razón de ser ante la existencia de una condena ejecutoriada; por lo que, no existirían mecanismos reales para su protección, quedando ésta en un estado de absoluta indefensión, limitándose únicamente a esperar no ser nuevamente agredida.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a vivir una vida libre de violencia; a la integridad física, psicológica y sexual; citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga:
- a)En el orden de protección del derecho a la vida de una mujer;
- b)La remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, para su inmediata ejecución.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia el 31 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 108 a 110, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo señaló que:
- 1)Conforme a la , la jurisdicción constitucional ha reconocido el derecho a vivir una vida libre de violencia, en consecuencia, la acción de libertad constituye el medio idóneo para su protección cuando se encuentran en peligro la vida, la integridad física y la integridad psicológica de la persona afectada;
- 2)Aún en el supuesto de que se hubiera producido un error en la vía constitucional escogida, la jurisprudencia constitucional es uniforme al señalar que, tratándose de mujeres en situación de violencia, la autoridad judicial se encuentra obligada a reconducir la acción hacia el mecanismo constitucional correspondiente; en consecuencia, por cualquiera de estas vías, la presente acción amerita un pronunciamiento de fondo;
- 3)En el caso en concreto, el Juez ahora demandado libró el mandamiento de condena, encomendando de manera expresa su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, a fin de que proceda a su estricto cumplimiento; sin embargo, dicho mandamiento nunca fue remitido a la autoridad encargada de su ejecución, generándose una inejecución material de la sentencia condenatoria; y,
- 4)Dentro del proceso penal ni siquiera se dispusieron medidas de protección en favor de la víctima, pese a encontrarse ésta en un estado de violencia latente, situación que agrava el riesgo a sus derechos fundamentales y evidencia una insuficiente tutela judicial efectiva.
I.2.2. Informe de la demandada
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