1482/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1482/2022-S1 Sucre, 7 de diciembre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 45834-2022-92-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 262/2021 de 3 de diciembre, cursante de fs. 360 a 366 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Álvarez Daza contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Carmen Del Rio Quisbert Caba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 13 de octubre de 2021, cursantes de fs. 309 a 323 y 326 a 337, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso familiar extraordinario de comprobación de matrimonio y de unión libre, mediante la Sentencia 238/2018, el Juez Público Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada en parte la demanda presentada por Rocío Vásquez Loma, reconociendo la unión conyugal libre desde el 15 de abril de 2007 hasta el 6 de diciembre de 2016. Posteriormente, por la vía incidental se demandó la división y partición de bienes gananciales, emitiéndose la Resolución 646/2021 de 15 de diciembre, que declaró como bienes gananciales, un departamento ubicado en el edificio Pino Azul de la Zona Miraflores, un vehículo vagoneta marca Suzuki, una motocicleta marca Honda, una vivienda unifamiliar ubicada en Cochabamba una deuda adquirida del Banco Nacional de Bolivia por la suma de Bs760 778 48.- (setecientos sesenta mil setecientos setenta y ocho bolivianos 48/100), declarando improbada la demanda, respecto a dos lotes de terreno ubicados en la Urbanización Santa María, ex hacienda Chilajahuira, una deuda de $us60 000.- (sesenta mil dólares estadounidenses) contraída de Cosme Álvarez Daza, y una deuda de $us18 000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses) por concepto de anticresis suscrito con Indira Dalez de Maquera y por bienes muebles varios.

El peticionante de tutela alega la vulneración a su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria sin citar normativa constitucional al respecto. I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad del Auto de Vista 1671/2021 de 19 de marzo (siendo lo correcto 167/2021), emitiéndose una nueva resolución. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2021, según se tiene del acta cursante de fs. 352 a 359 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carmen Del Rio Quisbert Caba, no presento informe escrito, y tampoco se hizo presente a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación, conforme se pudo advertir en dicha audiencia cursante a fs. 352.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Cosme Álvarez Daza, apersonándose a audiencia sin abogado, señaló que fue notificado hace dos días y que está sin defensa puesto que no es parte del proceso, pero si se están afectando sus intereses.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente:

"...en 3 sillones La Paz, por un total de 15 000.- 1 Sillón Cochabamba por un valor de 5 000, compresoras por un valor de 2500, 2 autoclaves por un valor total de 10 000, 1 Rayos X, por un valor de 1500, 1 Radiovisiografo por un valor de 5000, 1 computador de radiovisiario por un valor de 1500, 2 Fisiodispenser por un valor de 5600, 1 contraángulo por un valor de 1200, 1 caja de instrumental por un valor de 1500 y 1 refrigerador por un valor de 300" (sic).

Por último se dispone la división de los bienes declarados gananciales así como de las cargas del matrimonio al 50% entre los ex conyuges y si no admitiere cómoda división se dispone su remate en ejecución de fallo; y, vi) En cuanto al departamento ubicado en la zona de Miraflores, calle Litoral 1254, Edif. Pino Azul, Piso 5, Departamento 5 B, registrado en las oficinas de DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0105693, se dispone que el ahora peticionante de tutela, restituya el 50% del valor del mismo, previo avaluó, a favor de Rocío Vásquez Loma; toda vez que, al presente se encontraría registrado a nombre de un tercero, sin perjuicio de salvar los derechos de la misma, para que los haga valer por la vía que corresponda, en cuanto se refiere a dicho bien, sea con las formalidades de ley (fs. 239 a 245 vta.).

II.3. Consta Auto de Vista 167/2021 de 19 de marzo, a través del cual se confirmó la Resolución 646/2020 de 15 de diciembre, con costas, en base a los siguientes fundamentos:

Respecto a la pertinencia de la Resolución de Segunda Instancia conforme señala en el Art. 385 del Código de Familias y del Proceso Familiar impone como carga insoslayable, la congruente relación de los puntos apelados con respecto de la determinación o acto direccional impugnado, debiendo ceñir circunscribir su análisis a los agravios acusados por su parte el Art. 17-11 de la Ley 025 que dispone: En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos la regla de congruencia señala la se sintetiza en el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el limite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble Instancia, se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante, la que se constituye en el thema decidendum que deviene de aquellos. Para la resolución de la presente causa este Tribunal considera de relevancia resaltar los siguientes aspectos:

Conforme señala el Art. 137-1 de la Ley 603: "... I. El matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código...", a partir de ello se tiene que en la vigencia de la relación matrimonial o la unión libre se forma la comunidad de gananciales que consiste conforme al Art. 176 de la Ley 603 en que: "...I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II Disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes..." Cuando el matrimonio como institución jurídica del derecho de las familias es disuelto, produce consecuencias jurídicas patrimoniales y extra patrimoniales, en cuanto a los afectos patrimoniales tenemos la división y partición de los bienes gananciales, o lo que el Código de las Familias y del Proceso Familiar, llama la terminación de la comunidad ganancial que se regula en el Art. 198 y siguientes del texto legal en mención, normativa que es aplicada en la presente determinación.

(...)

Bajo los extremos expuestos se pasa a absolver los agravios en que se sustenta la apelación:

1. Absolviendo al agravio identificado como 1. Como requisito de procedencia de la apelación el Art. 365-11 de la Ley 603 esta requiere que: "II. El recurso que se interponga debe estar debidamente fundamentado e indicar los agravios..." en el caso presente no advierte técnica argumentativa a partir del cual se pueda discernir y precisar agravios, limitándose el recurrente a referir que el departamento no es un bien ganancial, que el propietario es Cosme Álvarez Daza, que, con el dinero que le habría entregado, se realizó la cancelación de la hipoteca en la Mutual La Primera por la compra del vehículo Suzuki y la deuda al Circulo de Oficiales de Infantería, además de realizar una relación de hechos, sin establecer, ni precisar si respecto a cada aspecto alegado, ha sido probado, incumpliéndose así con lo dispuesto por el Art. 328 de la Ley 603, el aludido punto 1 declara como bien ganancial: 1-El departamento ubicado en la zona de Miraflores, calle Litoral, No. 1254, Edif. Pino Azul, Piso 5, Departamento 5 B, registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la matricula computarizada N. 201.0.99.0105693, adquirido mediante crédito hipotecario de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda La Primera", determinación que tiene como sustento en el CONSIDERANDO, punto 41 de la sentencia que: 4) Cursa a fs. 405-413, 481, 491-498, 600-606 y 761-762 de obrados Escritura Pública No. 067/2008, informe del Notario de Fe Pública Rodrigo Calcina Quisbert, extracto de préstamo, minuta, certificado treintañal, sobre Compra Venta de Inmueble y préstamo con garantía hipotecaria, suscrito entre la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda La Primera y los Sres. Edmundo Ronald Cuba Velasco en calidad de Cónyuge del Vendedor y Marco Antonio Álvarez Daza en calidad de Comprador y/o préstamo, de fecha 8 de febrero de 2008, sobre un departamento ubicado en la zona de Miraflores, calle Litoral No. 1254, Edif. Pino Azul, Piso 5, Departamento 5 B, una Baulera No. 5 en sótano y un parqueo No. 10 en Sótano, registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la matricula computarizada No 201.0.99 0105693, por el precio de Bs. 304.400- habiéndose hecho entrega a la suscripción de la minuta la suma de Bs. 54.400.- y el saldo de Bs 250.000- será cancelado con el préstamo que otorga LA PRIMERA, así como dicho préstamo habría cancelado en su integridad dentro de la vigencia de la unión libre, es decir en fecha 23 de septiembre de 2014 años, según Escritura Publica No. 5431/2014 (fs. 418-422 y extracto de fs. 492), consiguientemente el citado departamento habría sido adquirido dentro de la vigencia de la Unión Libre y tendría el carácter de bien ganancial, así como se habría cancelado el monto adeudado por la compradora de este bien dentro de la vigencia conyugal a partir de lo cual, se tiene en infundado el agravio.

2. Absolviendo el agravio identificado como 2., como en el anterior caso no se identifica el agravio, no se sustenta si los hechos alegados han sido probados y el medio de prueba que lo sustenta, no se precisa el perjuicio a reparar; se limita a señalar que, a la fecha, 6 de diciembre de 2016, periodo en el cual se declara la unión libre la deuda del Banco Nacional de Bolivia por la hipoteca de ese departamento era de Bs. 760.778, debiendo la demandante responder con la mitad de las deudas que pesan de ese bien inmueble, si bien hace referencia a un punto 4, no se establece si refiere a la parte que declara probada improbada la demanda, habida cuenta que ambos tienen un punto 4, de lo cual el agravio deviene en infundado.

3. Absolviendo los agravios identificados como 3., 4. y 5. no se advierte carga argumentativa que rechace o acepte la determinación asumida en relación a la Motocicleta Honda con placa de 4305, ni a la adquisición mediante crédito del BNB del vehículo Suzuki con placa 2985-FBN y tampoco de los créditos del Circulo de oficiales de Infantería, del BNB crédito hipotecario de vivienda ubicada en la ciudad de Cochabamba o la deuda contraída con Cosme Álvarez Daza; se limita a reiterar que serían deudas. Respecto al anticrético del departamento ubicado Zona Temporal por Sus. 18.000 respecto del cual se señala que no se le ha dado ningún valor, ello no resulta evidente, la Resolución impugnada refiere: ... suscrito por el demandado y la Sra. Indira Dalenz de Maquera, por cuanto el mismo no surte efectos respecto a terceros por no haberse acreditado su inscripción en las oficinas de derechos reales conforme señala el art. 1430 del Código Civil ello es correcto, además considérese que por disposición del Art. 491 del Código Civil este tipo de documentos debe hacerse mediante Documento Público (Escritura Pública), por lo cual los agravios devienen en infundados.

4. al agravio identificado como 6., no refiere como y con qué prueba hubiera acreditado que los bienes se encuentran en poder de la demandante, lo referido en audiencia de conciliación que no surtió efectos, por la naturaleza de ese acto procesal, no puede constituirse en constrictiva u obligatoria de las partes, ni el Juez, conforme al acta de fs. 225 (de fotocopias legalizadas) no se arribó a ninguna conciliación, por lo cual el agravio deviene es improcedente. De lo anteriormente expuesto se concluye que no se encuentra justificado ninguno de los agravios expuestos por los recurrentes por lo cual en aplicación a lo dispuesto por el Art. 386-1 inc. b) de la Ley 603 corresponde confirmar la resolución venida en apelación (fs. 286 a 289).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..." (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al Juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

a. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

b. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional.

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo6, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

"....qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas..."

....en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final..." (las negrillas nos pertenecen).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los Jueces o Tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020⁴-S17 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo9 moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: