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TCP

1488/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de agosto de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1488/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1488/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 61741-2024-124-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 14/2023 de 7 de diciembre, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Antonio Iznaga Palacios en representación sin mandato de Cristian Antonio Iznaga Rodríguez contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General del Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2023, cursante de fs. 12 a 13, sin alegar derecho alguno denunció que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fue condenado mediante Sentencia 02/2022 de 25 de enero, a una pena privativa de libertad de diez años a cumplirse en el Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz; no obstante, el Director ahora accionado mediante Resolución Administrativa (RA) 037/2023 de 20 de marzo, bajo el argumento que fuese agresivo, violento y que constantemente intentaría darse a la fuga, fue trasladado al Centro Penitenciario de El Abra del departamento de Cochabamba, cuando la Sentencia ejecutoriada le impone cumplir la pena en el distrito judicial de La Paz y la misma no puede ser modificada por un funcionario administrativo. En tal sentido, solicitó se deje sin efecto la RA 037/2023 y se ordene su traslado inmediato al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, siendo que el proceso se encuentra en instancia del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de ese departamento. En audiencia señaló que el traslado debía ser comunicado al Juez de Ejecución Penal, lo cual nunca ocurrió; por cuanto, solo se le informó al Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, luego de setenta y dos horas; por lo que, no fue aceptado ni rechazado -el traslado- por la autoridad competente. La autoridad administrativa no consideró que su núcleo familiar reside en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y fue emitida sin haberlo oído ni notificado.

El Director hoy accionado, en audiencia de garantías, manifestó que, respecto al traslado administrativo efectuado, éste se ampara en el art. 4 de la Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, en el marco preventivo. Antes de acudir con su reclamo vía acción de libertad, el accionante debió agotar la vía ordinaria; por cuanto, se están deliberando aspectos que no fueron consultados al Juez. Por otro lado, existiría un trabajo de inteligencia de seguridad interna y externa que emitieron informes taxativos respecto al privado de libertad. Finalmente, el prenombrado no señala qué derechos se le hubiesen vulnerado. Por lo que, pidió se deniegue la tutela.

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