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TCP

1493/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1493/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1493/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 56397-2023-113-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 07/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 61 vta. a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Everson Gonzales Poquechoque y Pablo Gilbert Martínez Rosas en representación sin mandato de Orlando Ismael Zabala Jancko y Alejandro Zabala Jancko contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de junio de 2023, cursante de fs. 1 a 8, los accionantes a través de su representante, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado de minerales y asociación delictuosa; en audiencia de medidas cautelares, se ordenó su detención preventiva por la concurrencia entre otros del riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234 núm. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, a cumplirse en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; el fundamento para acreditar el riesgo procesal se basó en la presentación de la documental proveniente del sistema informático Justicia Libre (JL1) del Ministerio Público, en el cual constaban denuncias y procesos aperturados en su contra en calidad de denunciados; por ello, se consideró vigente el referido riesgo procesal.

Posteriormente, se apersonaron ante el Juzgado Publico Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Betanzos del departamento de Potosí, solicitando la cesación a la detención preventiva de conformidad con el art. 239 núm. 1 del CPP; y, en consecuencia, fijó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva a considerarse el 15 de mayo de 2023, presentaron nuevos elementos de prueba consistentes en el Certificado de Antecedentes Policiales, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) informe del Sistema Judicial del Consejo de la Magistratura; de dichos documentos se evidenció que no existían antecedentes policiales, no contaban con sentencia condenatoria ejecutoriada y solo se registraban dos procesos.

Asimismo, se presentó las , y , las cuales refieren que eran vinculantes al caso por resguardar la garantía constitucional de presunción de inocencia; dichos fallos establecieron que una denuncia no era suficiente para demostrar actividad delictiva reiterada, siendo necesario que el proceso penal concluyera con una sentencia condenatoria ejecutoriada que acreditara la existencia del delito; lo contrario implicaba aplicar un criterio subjetivo respecto al riesgo procesal de peligro de fuga previsto en el art. 234 núm. 6 del CPP.

Después de la valoración correspondiente se determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, de conformidad con el art. 251 del CPP, interpusieron apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a cargo de la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 29 de mayo de 2023, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental, y declaró parcialmente procedente sólo en lo que refiere a enervar el art. 234 núm. 4 del CPP y mantener vigente los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núm. 6 y 235 núm. 1 del referido código, por lo que la autoridad jurisdiccional de alzada, al igual que el Juez a quo, mantuvo la concurrencia de los riesgos procesales señalados; se resolvió de manera ilegal, sin la debida fundamentación y motivación, sin considerar los fundamentos jurisprudenciales vinculantes aplicables al acto procesal, disponiéndose en consecuencia la continuidad sus detenciones preventivas.

La , estableció que la identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional se realizaba mediante un examen integral de la línea jurisprudencial, de esa comparación resultaba el precedente constitucional vigente; asimismo, se señaló que la jurisprudencia constitucional, por su carácter evolutivo, se modulaba en el tiempo, ya sea ampliando o restringiendo sus alcances.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 16.IV, 23.I, 115.II, 117.I y 118.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 9 núm.1, 10, 11, 12 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 núm. 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

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