1495/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga:

1. a)Se dejen sin efecto las Vistas de Cargo 291729000271, 291729000269, 291829000080, 291829000106 y 291929000208 y sus respectivas Resoluciones de Facilidades de Pago 201729000513, 201729000571, 201829000121, 201829000149 y 201929000363, las cuales contienen adeudos que asciende a Bs4 919 033.- (cuatro millones novecientos diecinueve mil treinta y tres bolivianos);
2. b)La repetición y restitución de los pagos indebidamente efectuados por COVAS S.R.L., dentro de las Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago 201729000513, 201729000571, 201829000121, 201829000149, 201929000363, 20182900068 y 201929000634, debido a que los montos erogados han sido efectivamente pagados por la empresa, en vulneración a los derechos como contribuyentes;
3. c)Se calculen y determinen los accesorios, a efectos de la repetición y/o devolución a favor de COVAS S.R.L., respecto del monto efectivamente pagado a la fecha, dentro de los planes de facilidades de pago detallados previamente; y,
4. d)La emisión de Resoluciones Determinativas en las cuales se disponga la inexistencia de adeudo tributario, por no haber considerado la realidad económica y haber vulnerado el principio de capacidad contributiva por las Órdenes de Facilidades de Pago 17293400456 (Resolución Administrativa 201829000068), 19293400583 (Resolución Administrativa 201929000634), 17293400356 (Resolución Administrativa 201729000513) y 19293400358 (Resolución Administrativa 201929000363), correspondientes a las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; y por ende se archiven obrados.

Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente GRACO La Paz del SIN, presento informe escrito cursante de fs. 382 a 388; y, en el desarrollo de la audiencia, manifestó lo siguiente:

1. 1)De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que COVAS S.R.L., interpuso acción de amparo constitucional el 15 de enero de 2020, dirigiendo la acción en contra de la Gerencia GRACO La Paz del SIN -ahora también demandados- solicitando en ese entonces que se dejen sin efecto las Vistas de Cargo 291829000080, 291729000271, 291829000106, 291729000269 y 291929000208, así como las Resoluciones de Facilidades de Pago 201729000571, 201729000513, 201829000068, 201829000121, 201829000149, 201929000363 y 201929000634; por otro lado, se ordene la repetición y restitución de los pagos indebidamente efectuados por COVAS S.R.L., dentro de las Resoluciones Administrativas de Facilidades de pago; y finalmente se ordene a la Administración Tributaria proceda a la emisión de Resoluciones Determinativas, en las cuales se disponga la inexistencia de adeudos tributarios correspondientes a las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y se archiven obrados; pretensiones también ahora solicitadas, habiéndose resuelto dicha acción por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante SCP 686/2020-S2 de 19 de noviembre, que revocó en parte la Resolución 012/2020, denegando la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia la continuidad del pago de las facilidades de pago voluntariamente acogidas por el contribuyente COVAS S.R.L.; sin embargo, posteriormente con los mismos argumentos e igual petitorio planteó la presente acción de amparo constitucional el 22 de junio de 2021, pretendiendo nuevamente se realice una valoración sobre el mismo tema ya dilucidado, es decir, las dos acciones de amparo constitucional tienen exactamente la misma estructura argumentativa y errores de apreciación normativa; y,
2. 2)En este caso, la empresa accionante está buscando contrariar los alcances de la SCP 0686/2020-S2, pretensión que resulta inadmisible, puesto que el TCP ya dilucidó la problemática planteada, es decir, existe cosa juzgada constitucional, por lo que la empresa peticionante de tutela no puede pretender que se vuelva a realizar un pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico planteado; advirtiendo en conclusión la existencia de identidad de objeto, sujeto y causa; por ello, corresponde denegar la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 238/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 422 a 432 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente:

1. i)Anular y dejar sin efecto las Vistas de Cargo 29172900271, 291729000269, 291829000080, 291829000106 y 291929000208, debiendo la Administración Tributaria reiniciar el proceso de fiscalización para cada periodo; y, por consiguiente dejar sin efecto las respectivas Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago, otorgadas por el SIN en virtud a las Vistas de Cargo antes citadas;
2. ii)Al haberse confirmado y demostrado la vulneración a los principios de no confiscatoriedad, capacidad contributiva y realidad económica incurrida por el SIN al momento de la determinación de adeudos tributarios, los cuales han sido plasmados en las facilidades de pago obtenidas por la parte accionante, se deja sin efecto la determinación de la deuda tributaria y en consecuencia, extintas las obligaciones contenidas en las Resoluciones de Pago 201929000634, 201929000363, 201829000149, 201829000121, 201829000068, 201729000571 y 201729000513; y,
3. iii)Se emita Resolución Administrativa por parte del SIN que disponga la inexistencia de adeudos tributarios originados en los hechos contenidos en las Vistas de Cargo 29172900271, 291729000269, 291829000080, 291829000106 y 291929000208 y en las Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago 201729000513, 201729000571, 20189000068, 201829000121, 201829000149, 201929000363 y 201929000634, las cuales fueron determinados en vulneración a principios constitucionales del contribuyente.

Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. a)El Representante Legal de la empresa accionante refiere que las Vistas de Cargo y las Resoluciones de Facilidades de pago son ilegales y lesivas a los derechos y garantías constitucionales de la Empresa a la cual representa, porque en el proceso de determinación efectuado por la Administración Tributaria, se ha vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, así como los principios de no confiscatoriedad, realidad económica y capacidad contributiva, aspecto que se puede evidenciar en la medida que se aplica una interpretación literal de las normas invocadas y como consecuencia de haber arribado a conformar una pretensión en función a una base cierta, que carece de los elementos necesarios para la aplicación del referido método;
2. b)Las resoluciones de facilidades de pago, implican la materialización de una sanción de tipo tributario, las mismas deben cumplir con los estándares del debido proceso, es decir debe existir una adecuada fundamentación y correcta valoración de las pruebas, así como de un estricto apego a los principios tributarios constitucionales, toda vez que este tipo de resoluciones, bajo ningún criterio pueden ser reducidas en meras formalidades para la materialización y eficacia de una responsabilidad tributaria, existiendo falta de fundamentación en las resoluciones de facilidades de pago;
3. c)La labor de la justicia constitucional no se limita a dejar desapercibidas posibles arbitrariedades en la interpretación de la legalidad ordinaria, correspondiendo a la misma, ejercer el control de constitucionalidad, pues el fin último es la defensa de la Constitución Política del Estado y precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este sentido, el art. 43 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece dos métodos de determinación de la base imponible, sobre base cierta y sobre base presunta, estableciendo con claridad las condiciones de la determinación, al respecto la autoridad demandada no realizó una adecuada fundamentación y explicación del porqué se determinó la base imponible sobre la base cierta, cuando es la misma autoridad quien reconoce que no contaba con toda la documentación que le permita realizar la determinación sobre base cierta y de forma indubitable;
4. d)En cuanto a la vulneración de los principios de no confiscatoriedad, realidad económica y capacidad contributiva, se tiene que el respeto y cumplimiento de estos requisitos, están ligados a la estructura del debido proceso y su vigencia exige que las autoridades jurisdiccionales y administrativas, garanticen una justicia amplia en cuanto a las garantías para que el inculpado pueda asumir defensa. Si bien el contribuyente se halla obligado a la declaración de los hechos económicos resultado de su operación, estos no reflejan necesariamente la realidad económica y mucho menos su capacidad contributiva, aspecto que pone en riego su propiedad privada; es por ello, que no puede dejarse de lado los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación;
5. e)Respecto a los actos consentidos, se debe tomar en cuenta que para que exista un acto consentido debe haber una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos. De la documentación aparejada, más allá de las declaraciones juradas, así como de la obtención de la solicitud de planes de facilidades de pago, éstas devienen como resultado del proceso de fiscalización y verificación iniciado por la Administración Tributaria, así como de las eventuales sanciones a ser aplicadas en caso de no allanarse las determinaciones tributarias, las cuales también se hallan plasmadas en el acto administrativo que reitera el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en la nota de 24 de agosto de 2021, emitida por la entidad demandada, más aún cuando dichas determinaciones no se adecuan a los procedimientos tributarios previstos en la normativa, aspecto que de forma objetiva influye en la verdadera manifestación de la empresa impetrante de tutela; y,
6. f)Considerando las subreglas que determinan la existencia de un acto consentido, es preciso que se configuren los siguientes elementos:
7. 1)Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del demandante de tutela, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados;
8. 2)Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas a su voluntad; y,
9. 3)Que haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos. En el presente caso, no se han configurado los elementos que hacen que un acto sea considerado consentido, dadas las vulneraciones al orden constitucional por parte de la Administración Tributaria.

II.9. Se tiene la SCP 0686/2020-S2 de 19 de noviembre, que resolvió REVOCAR en parte la Resolución 012/2020 de 20 de enero, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, denegó la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Se evidencia en antecedentes que COVAS S.R.L., solicitó facilidades de pago para cancelar la obligación tributaria, de manera que la Administración Tributaria, en deferencia a ese pedido, pronunció las correspondientes Resoluciones Administrativas (RA) de Facilidades de Pago, donde el indicado contribuyente endosó las primeras cuotas de los referidos planes de pago, así por ejemplo de las RA de Facilidades de Pago 201729000513 y 201729000571 se cancelaron veintitrés cuotas; de la RA 201829000121 se pagó diecisiete cuotas; de la RA 201829000149 se erogó dieciséis cuotas; de la RA 201929000363 se amortizó cuatro cuotas; y finalmente, de la RA 1201929000634 se canceló la primera cuota;
2. ii)"En ese sentido se operó un consentimiento expreso, libre y voluntario por parte de la empresa accionante; toda vez que, al haber pedido y sometido a un plan de facilidades de pago, reconoció la obligación tributaria de cancelar, a pesar de las presuntas irregularidades en la valoración efectiva de la prueba y falta de fundamentación y motivación que acusa en la acción de amparo constitucional, por cuanto el hecho de obtener una autorización para el pago en cuotas y ajustarse al mismo, denota la clara intención de pagar todo el adeudo, dejando de lado las reclamaciones que se hubiera realizado en el proceso de fiscalización o verificación que le inició el SIN; es decir, que con la concesión de dichas facilidades a pedido suyo, motivó la inviabilidad para la apertura de tutela, por consentir libre y voluntariamente lo que hoy reclama -reconociendo el adeudo tributario- al haber solicitado un plan de pago y someterse a él, lo que configura la causal de improcedencia establecida en el art. 53.2 del CPCo, al operarse el consentimiento por parte de COVAS S.R.L., respecto de los extremos que impugna en su demanda (sic)"; y,
3. iii)"Sobre el particular la empresa accionante alega que no existe una manifestación libre y espontánea, sino que dicha aceptación de pago fue obligatorio y bajo presión, creyendo que el monto del tributo omitido continúe incrementando por decisión unilateral y arbitraria de la Administración Tributaria; empero, no adjunta prueba alguna o documentación que acredite que fue obligado y presionado para pedir y acogerse al plan de pagos; asimismo, tampoco justifica de qué manera se vulneraría sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la emisión de las Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago que solo lo invoca" (sic) (fs. 298 a 320).