Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1496/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56342-2023-113-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Sandoval Ayala en representación sin mandato de Wilson Delgadillo Correa contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de junio de 2023, cursante de fs. 271 a 280 vta., el accionante expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2019, fue sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -por presuntas agresiones físicas que nunca ocurrieron-, a raíz de una denuncia presentada por Hilda Blas Espinoza, quien era su pareja y al momento de interposición de esta acción tutelar residía en el país de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sin embargo debido a un mal asesoramiento de su anterior defensa técnica, concluyó el proceso mediante la aceptación de un procedimiento abreviado, motivo por lo cual, el 6 de marzo de 2020 fue condenado a la pena de tres años de privación de libertad. Empero, considerando que no tenía antecedentes penales, en ese mismo acto el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, dispuso la suspensión condicional de la pena, estableciendo condiciones que debía cumplir durante el plazo de un año.
El cumplimiento de estas condiciones inició el 26 de agosto de 2020 hasta el 24 de diciembre de 2020, pero debido a que se contagió de COVID-19, tal extremo le impidió cumplir temporalmente con algunas de esas obligaciones. Por esa razón, el 25 de agosto de 2021 justificó el incumplimiento, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, tras lo cual continuó cumpliendo las condiciones, desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021. Debido a que su anterior abogado no presentó el certificado domiciliario policial, a pesar que se lo había entregado, la autoridad ahora accionada, consideró esa omisión como un incumplimiento de las medidas impuestas, determinando por Auto Interlocutorio de 20 de septiembre de 2022, la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, Resolución que fue confirmada por Auto de Vista de 2 de diciembre del mismo año, a pesar que, sí realizó sus presentaciones periódicas conforme se le ordenó.
Posteriormente, considerando que la pena impuesta era de tres años de prisión, por memorial de 17 -siendo lo correcto es 18- de abril de 2023, solicitó audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley 348 de 9 de marzo de 2013, al ser esta una norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la norma ordinaria y que constituye un instituto jurídico diferente a la suspensión condicional de la pena. Empero, la autoridad demandada, mediante simple proveído de 18 de abril de 2023, negó la solicitud, argumentando que existía cosa juzgada debido a que, ya fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena el "26 de junio de 2020" (sic), Resolución que fue consentida, por el condenado y no fue objetado ni impugnado y habiéndose revocado este beneficio penal por incumplimiento de su parte, "...ya no corresponde otorgarle otro beneficio sino imponerle el cumplimiento de la pena que ha merecido..." (sic.).
Este razonamiento que resulta incorrecto, porque el legislador no ha establecido prohibición alguna, para que, habiéndose concedido una suspensión condicional de la pena, no puedan aplicarse sanciones alternativas previstas en una ley especial como la Ley 348, en insistencia, solicitó nuevamente se señale audiencia para considerar las sanciones alternativas, pero recibió como respuesta, la providencia que indicaba: "...estese a proveído de 11 de mayo de 2023" (sic), contra la cual interpuso recurso de reposición, empero recibió un segundo proveído de 19 de igual mes y año indicando que había precluido su derecho a impugnar el proveído anterior de 18 de abril. Ante ello, el 31 de mayo de 2023 presentó un nuevo memorial planteando la corrección del error; sin embargo, únicamente se le respondió "estese a los datos del proceso", dejándolo en completa indefensión.
Como consecuencia de esta falta de respuesta fundamentada y oportuna, se ejecutó un mandamiento de condena, originando su privación de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de Arani de Cochabamba, situación que hace viable la presente acción tutelar, debido a que, a pesar de que no cuenta con antecedentes penales, corresponde que la autoridad accionada considere la aplicación del art. 76 de la Ley 348, en observancia del principio de prevalencia de la ley especial sobre la ley general.
La negativa de la autoridad accionada vulnera este principio, pues no existe norma que prohíba la aplicación de sanciones alternativas, después de haberse otorgado suspensión condicional de la pena.
Ello debe analizarse en atención al art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) y conforme al desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, en particular el Voto Disidente de la , que textualmente dice: "...la aplicación de la suspensión condicional de la pena, no impide que posteriormente la autoridad jurisdiccional imponga alguna de las salidas alternativas establecidas en la Ley 348, como medida previa para la aplicación de esta última...". (sic.).
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, -al omitir aplicar la ley especial sobre la ley general-, a la motivación y a la libertad y a los principios de legalidad, a la inobservancia de la interpretación más favorable en favor del imputado, principio pro homine, citando al efecto los arts. 14. IV, 22, 115.II, 116.I, 125, 180 de la CPE, y el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga:
- a)Se deje sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023, disponiendo que la autoridad accionada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, señalando día y hora de audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, conforme al razonamiento desarrollado por la , citada y analizada en el presente recurso; y,
- b)En ejecución de sentencia se determine el resarcimiento de daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 28 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 310 a 315 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándolo señalo que:
- 1)Respecto al agotamiento de los medios impugnatorios, la , establece que, en el marco del principio de subsidiariedad que rige las acciones tutelares, deben agotarse únicamente aquellos recursos idóneos es decir, los que tengan la capacidad real de reparar el derecho restringido;
- 2)En el presente caso, solicitó la aplicación del art. 76 de la Ley 348, cuya respuesta fue el proveído de 18 de abril de 2023, en el que de manera arbitraria se señaló que, habiéndose beneficiado previamente con la suspensión condicional de la pena, no correspondía la aplicación de sanciones alternativas. Tal conclusión es manifiestamente errónea, pues la citada ley constituye normativa especial y las sanciones alternativas son un instituto jurídico distinto;
- 3)Por memorial de 9 de mayo de 2023 solicito la aplicación de la ley especial, pero el proveído de 11 de mayo de 2023 simplemente dispuso "estese al proveído de 18 de abril de 2023", sin motivación alguna. Ante esta respuesta defectuosa, interpuso recurso de reposición, pero la autoridad demandada afirmó que habría "precluido" su derecho a impugnar el proveído de 18 de abril del señalado año, ignorando que la reposición se dirigía únicamente contra el acto de 11 de mayo. En consecuencia, no puede denegarse la tutela por supuesta falta de reposición, ya que ello no era exigible conforme al principio de subsidiariedad aplicable en las acciones tutelares;
- 4)La Ley 348 es normativa especial y prevalente sobre la normativa penal general, lo que se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente en la , que desarrolla la naturaleza de las sanciones alternativas y su carácter independiente; y,
- 5)Bajo los argumentos descritos, se solicita que se conceda la tutela, dejando sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
José Luis Fonseca Zubieta, Juez del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, por informe de 28 de junio de 2025, cursante a fs. 308 y vta., señaló que:
- i)El accionante fue reconocido culpable por la comisión del delitos de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP), mediante Sentencia Condenatoria 06/2020 de 6 de marzo de 2020, esta sentencia quedó ejecutoriada mediante Auto de 26 de junio de 2020, sin que la defensa la hubiera impugnado; en consecuencia, adquirió autoridad de cosa juzgada, no pudiendo ser modificad;
- ii)En ese marco, se concedió al condenado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, beneficio que debía ser cumplido estrictamente, pues fue otorgado con su consentimiento y dentro del marco legal vigente;
- iii)Ante el incumplimiento de las condiciones impuestas, se emitió el Auto de Revocatoria de 20 de septiembre de 2022, disponiendo la ejecución del mandamiento de condena, resolución confirmada posteriormente por Auto de Vista de 2 de diciembre de 2022;
- iv)La defensa, después de tres años y tres meses desde la emisión de la sentencia condenatoria, pretende ahora modificarla solicitando la aplicación de sanciones alternativas en lugar de la suspensión condicional de la pena. Tal petición, además de extemporánea, es éticamente cuestionable y jurídicamente improcedente;
- v)Respecto a la procedencia de las sanciones alternativas, debe señalarse que su presupuesto esencial es la existencia de una sentencia condenatoria primigenia que imponga una pena no mayor a tres años. Sin embargo, el abogado defensor pretende aplicarlas no respecto de la sentencia, sino contra el Auto Interlocutorio Definitivo de Revocatoria de 20 de septiembre de 2022, lo cual resulta incorrecto e improcedente;
- vi)Mediante el proveído de 18 de abril de 2023 -debidamente fundamentado- se comunicó al condenado que su derecho a solicitar sanciones alternativas había precluido; y,
- vii)La presente acción de libertad es improcedente, pues no es el medio idóneo para modificar una sentencia condenatoria ejecutoriada ni para dejar sin efecto un mandamiento de condena legalmente ejecutado y por lo que, se solicita denegar la tutela, por carecer la solicitud de relevancia constitucional. I.2.3. Resolución
La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:
- a)El accionante no agotó los recursos ordinarios establecidos en la ley;
- b)Existieron actos procesales posteriores consentidos mediante los cuales el accionante intentó cuestionar el proveído de 18 de abril de 2023;
- c)El proveído cuestionado no dispuso la privación de libertad, por lo que no correspondía activar la acción de libertad;
- d)Mediante la revisión de antecedentes y la certificación del Director del Recinto Penitenciario, se verificó que, el accionante estaba privado de libertad por ejecución de un mandamiento de condena emitido el 6 de enero de 2023 extendido el 13 de febrero de 2023, en virtud al cumplimiento de la Sentencia de 6 de marzo de 2020, ejecutoriada el 26 de junio del citado año, habiéndose revocado el beneficio de la suspensión condicional de la pena por Auto de 2 de diciembre de 2022, por tanto, la privación de libertad era legal y no arbitraria, impidiendo la activación de los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
- e)El accionante se sometió voluntariamente al procedimiento abreviado, admitió los hechos y aceptó la suspensión condicional de la pena, al incumplir sus obligaciones, se revocó adecuadamente el beneficio, cumpliendo su condena ya un mes y diecinueve días la condena, lo que resalta que no existe ningún "indebido procesamiento" ni privación ilegal, lo que hace inviable aplicar los presupuestos del art. 47 inc. 3) y 4) del COCo;
- f)La defensa citó distintas sentencias constitucionales, pero sin identificar el precedente vinculante aplicable, considerando que la jurisprudencia invocada no correspondía a los hechos del caso ni justificaba omitir el principio de subsidiariedad;
- g)El reclamo sobre falta de motivación no era atendible por esta vía;
- h)Respecto a la denuncia de falta de fundamentación del proveído del 18 de abril de 2023, la acción de libertad no es una vía supletoria para reparar descuidos procesales;
- i)Existen recursos ordinarios disponibles, como reposición o apelación, que no fueron utilizados de manera correcta ni oportuna;
- j)La acción constitucional no puede emplearse para corregir errores de la defensa ni para reabrir resoluciones ejecutoriadas;
- k)Las solicitudes del accionante sí fueron atendidas, pues se verificó que la petición de 17 de abril de 2023 fue respondida mediante el proveído de 18 de abril de 2023, existieron otras solicitudes similares posteriores que también fueron atendidas, por lo que no corresponde aplicar la acción de libertad por pronto despacho; y,
- l)No se acreditó privación indebida de libertad ni se cumplió el principio de subsidiariedad y siendo que esta no es la vía idónea para cuestionar resoluciones ejecutoriadas ni para solicitar sanciones alternativas de la Ley 348 esta causa no presenta relevancia constitucional para habilitar la intervención del control tutelar.
Mediante vía de complementación, el abogado del accionante solicitó la enmienda de la resolución, señalando que -a su criterio- no habría existido dejadez dentro del proceso que la parte accionante promovió la presente acción de libertad sin haber interpuesto el recurso de reposición en la causa principal, porque así lo habría advertido el Tribunal Constitucional en la .
Ante dicha solicitud, la Jueza de garantías manifestó que no existe nada que aclarar ni corregir, toda vez que la decisión asumida tiene la base jurídica suficiente, principalmente respecto al análisis del principio de subsidiariedad. Señaló que la parte accionante no activó oportunamente el recurso de reposición, existiendo además actos posteriores que convalidaron el proveído de 18 de abril de 2023. Asimismo, la autoridad indicó que el accionante no identificó los aspectos fácticos que permitan aplicar la jurisprudencia invocada al caso concreto, lo cual impide considerarla como precedente vinculante. En consecuencia, señaló que ello no implica desconocimiento de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino que por el contrario, subsisten plenamente las determinaciones asumidas en la resolución cuestionada.
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