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TCP

1497/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1497/2025-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1497/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 56349-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 10/2023 de 23 de mayo, cursante de fs. 201 a 204 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adhemar Gustavo Zuna Calle, en representación sin mandato de Ana Isabel Merida Argote contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2023, cursante de fs. 185 a 192, la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70344817, seguido por el Ministerio Público, en su contra y otra; por la presunta comisión del delito de trata de personas y sustracción de menor o incapaz, desde el 12 de agosto de 2021; guarda detención preventiva en la Carceleta Provincial de Montero (CERPROM), del departamento de Santa Cruz.

Estando el proceso, ante el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, se llevó la audiencia de cesación a la detención preventiva, cuyo Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, mantuvo vigente los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núm. 1 con relación al trabajo y el 235 núm. 2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiéndose enervado el riesgo establecido en el art. 234 núm. 2 del citado código; sin embargo, en esta determinación no se valoró la documentación que cursaba en el expediente por lo que planteó recurso de apelación incidental.

Los argumentos expresados en su apelación, se encuentran vinculados a los riesgos procesales que quedaron latentes; es decir, los arts. 234 núm. 1 -trabajo- y 235 núm. 2 del CPP; empero, el Auto Interlocutorio, se pronunció sin fundamentación, motivación y valoración adecuada de la prueba, porque no se tuvo en cuenta que como imputada, siendo ama de casa, acreditó que su conviviente Elvis Willian Delgadillo genera Bs2 500 (dos mil quinientos bolivianos) por mes, dinero con el que se mantiene ella y sus hijos; sin embargo, ni el tribunal de instancia, tampoco el de alzada, ha valorado la documentación que presentó, como es su Número de Identificación Tributaria (NIT), su certificado de trabajo, prueba que enerva el riesgo del art. 234 núm. 1 del CPP; además, la determinación objeto de apelación exigió que para acreditar el trabajo de su conviviente, debería haber adjuntado el registro de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuando la investigada es ella y no él; sin considerar, que para acceder a la cesación de la detención preventiva, se debe enervar riesgos procesales, no aumentar requisitos que no fueron exigidos inicialmente.

Esa determinación, fue objeto de recurso de apelación, resuelto a través del Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2023, pronunciada por la Vocal demandada, sin que se hubiere revisado la ausencia de valoración con relación al riesgo previsto en el art. 234. núm. 1 del CPP, ni la prueba presentada, manteniéndose la determinación, que agravó más su situación cuando se hizo la exigencia del registro en la AFP.

En la señalada determinación, si bien se ha enervado el riesgo establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP, por haber acreditado que la testigo Maribel Mamani Morales ya declaró en el juicio; sin embargo, con relación a los otros riesgos, ratificó subsistentes los establecidos en el art. 234 núms. 1 y 2 del referido código, sin tener en cuenta que el tribunal de instancia, ya enervó el riesgo procesal del art. 234 núm. 2 del CPP, que ni siquiera fue apelado, fallando en forma contraria al art. 398 de la norma penal adjetiva; que establece que, el tribunal de alzada solo debe circunscribirse a los aspectos que son cuestionados en apelación, por lo que emitió un fallo ultra petita.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)La revocatoria del Auto de Vista 159/2023 de 4 de mayo; y,
  2. b)Se ordene a la autoridad demandada dictar un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado, conforme a los principios y garantías constitucionales.

I.2. Resolución y Audiencia de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 197 a 201, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. 1)En apelación -la cesación a la detención preventiva-, no se ha valorado, fundamentado y motivado correctamente las pruebas;
  2. 2)El Auto Interlocutorio emitido por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, dejó latente los riesgos procesales establecidos por los arts. 234 núm. 1 -en cuanto al trabajo- y 235 núm. 2 del CPP; en apelación de esa determinación, la Vocal demandada, enervó el riesgo de obstaculización -art. 235 núm. 2- y ratificó persistentes los del art. 234 núm. 1 y 2 de la referida norma penal adjetiva; el último que no fue objeto de apelación, decisión asumida en forma arbitraria, ultra petita e incongruente;
  3. 3)el Auto de Vista cuestionada, no se ha circunscrito a lo cuestionado, conforme establece el art. 398 del CPP, emitiéndose una determinación incongruente;
  4. 4)Con relación al art. 234 núm. 1 del referido código, se ha demostrado que es ama de casa, vinculándose a su cónyuge Elvis William Delgadillo, quién genera ingresos y la mantiene, habiendo adjuntado el original del NIT, el certificado de trabajo y la actividad vigente con documentos fiscales, cumpliendo lo solicitado por el tribunal de instancia;
  5. 5)En la decisión apelada, se dice que debe adjuntar el registro de la AFP, exigiéndole documentación complementaria en la audiencia de cesación, esa exigencia no estaba en la última audiencia, por lo que no era un requisito a enervar, aumentando el riesgo procesal; por ende, agravando su situación en lugar de mejorarla; y,
  6. 6)Por esa determinación arbitraria, guarda detención preventiva en el CERPROM, encontrándose dentro de los grupos vulnerables como son los privados de libertad.

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