Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1504/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56529-2023-114-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 32/2023 de 9 de mayo, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro en representación sin mandato de Ronald Torrez contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público, contra el accionante, por el delito de estupro; el 15 de diciembre de 2022, en audiencia de salida alternativa, de procedimiento abreviado, fue sentenciado a tres años de pena privativa de libertad, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz; sentencia que, quedó ejecutoriada el mismo día; por lo que, el 19 de diciembre de igual año, solicitó señalamiento de audiencia para la consideración de la suspensión condicional de la pena, señalándose una primera audiencia para el 29 de diciembre del citado año a horas 9:20; sin embargo, el acto procesal no se desarrolló debido a la ausencia del abogado de la defensa.
Posteriormente, se dispuso nueva comparecencia para el 10 de enero de 2023, que tampoco se concretó a requerimiento del Ministerio Público, bajo el argumento de la necesidad en precisar el domicilio real de los familiares de la víctima, pese a que la representación ésta, correspondió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); el 16 de enero de igual año, se instaló la audiencia reprogramada; no obstante, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, invocando los arts. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), volvió a diferirla para el 24 de enero; disponiendo además, la notificación de la menor mediante exhorto suplicatorio. Llegado el 24 de enero, el acto no se realizó nuevamente, atribuyéndose la postergación a la falta de vale para sacar fotocopias del exhorto, por ende a la no notificación de los familiares, y la ausencia del Ministerio Público y la DNA; el verificativo fue fijado para el 31 de enero, fecha en la cual volvió a suspenderse por la inasistencia reiterada de las citadas instituciones y por la falta de gestión respecto al exhorto; posteriormente, el 7 de febrero de 2023, se cumple con la emisión de la orden instruida, dirigida a la ciudad de Cochabamba y, posteriormente; el 9 de febrero, la audiencia volvió a suspenderse por la incomparecencia de la DNA y de la familiar -Paola Bautista Grimaldi-, además de no existir respuesta al exhorto; como consecuencia ello, se fijó nueva fecha para el 16 de febrero, día en el que tampoco se contaba con respuesta de la víctima, lo que derivó en una nueva suspensión.
El 27 de febrero de 2023; la audiencia volvió a diferirse, por la falta de devolución del exhorto y problemas de conexión con la defensa; el 30 de marzo por incumplimiento de formalidades; y el 5 de abril, por la ausencia de la familiar de la víctima y la falta de devolución del exhorto; asimismo señaló que el 13 de abril de ese año, se recepcionó la orden instruida y el 17 de ese mes, se emitió un informe que evidenció la imposibilidad de ubicar el domicilio de los familiares; en ese contexto, el 18 de abril de 2023, luego de instalar la audiencia, el Juez demandado, volvió a retrasar su desarrollo debido a la inasistencia del Ministerio Público y a fallas técnicas en la conexión, fijándose nueva audiencia para el 3 de mayo de 2023; sin embargo, ese día el acto fue nuevamente suspendido por la falta de notificación a la víctima y la negativa del Juez de la causa de ordenar que este acto procesal sea practicado mediante el sistema HERMES.
Concluyó resaltando, que desde la primera programación de audiencia -29 de diciembre de 2022-, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron más de cuatro meses durante los cuales, si bien se dispusieron múltiples señalamientos de audiencia, ninguna llegó a materializarse por diversas causas, lo que conllevó a que el accionante permaneciera privado de su libertad.
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