Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1514/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56746-2023-114-AL Departamento: Oruro
En revisión de la Resolución 40/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 59 a 61 vta., dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Marco Ríos Mallcu contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 39 a 44 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas se encuentra detenido preventivamente en el centro penitenciario San Pedro de Oruro. En busca de su libertad, solicitó cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la capital, instancia que mediante diversas audiencias y resoluciones -Autos Interlocutorios 6/2023, 47/2023, 101/2023, 138/2023 y 157/2023- mantuvo la medida extrema basándose en observaciones al riesgo procesal de trabajo previsto por el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En audiencia de cesación de medidas cautelares celebrada el 26 de enero de 2023, presentó un contrato de trabajo a futuro, NIT, Padrón Municipal y facturas de la empresa de seguridad "SSVP", documentos que fueron observados por los jueces de primera instancia respecto al sueldo, la vigencia y la falta de aclaración sobre oficios anteriores. Posteriormente, el 16 de febrero del mismo año, tras subsanar el contrato y aclarar su situación laboral previa, la autoridad jurisdiccional introdujo una nueva exigencia, como es la presentación de antecedentes penales de la empresa empleadora. El 12 de abril del mismo año, pese a presentar la constitución de la empresa y sus propios antecedentes penales negativos, los jueces realizaron nuevas observaciones subjetivas sobre la actualización del padrón municipal y talonarios. Finalmente, el 25 de mayo, tras presentar antecedentes penales y policiales del Gerente Propietario de la empresa -ante la imposibilidad legal de obtener antecedentes de una persona jurídica-, el Tribunal omitió valorar integralmente la prueba y se negó a pronunciarse sobre la cesación, disponiendo que la documentación sea considerada en una futura solicitud.
Frente a esta determinación, planteó recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 209/2023-SP1 de 14 de junio, emitido por José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quien declaró improcedente el recurso agravando su situación jurídica, bajo el fundamento de que el contrato laboral pretendía "sorprender" a los operadores de justicia por tener una fecha de inicio -11 de enero de 2023- en la que el imputado ya estaba detenido, sin considerar que se trataba de un contrato a futuro.
De esta manera acude a la justicia constitucional denunciando la vulneración de su derecho a la libertad y el debido proceso, sometiéndolo a una pena anticipada, aludiendo que, el Auto de Vista 209/2023-SP1 es:
- a)Arbitrario y carece de fundamentación, motivación y congruencia, al no haberse pronunciado respecto a los puntos apelados conforme al art. 398 del CPP; y,
- b)No ha valorado de forma integral la totalidad de la prueba presentada, conforme a lo estipulado en el art. 173 del CPP, omitiendo explicar por qué la documentación presentada no era válida; no efectúa una valoración integral de todos los antecedentes que motivan al proceso penal y los elementos probatorios ofrecidos, solo realiza una valoración subjetiva, sin fundamento ni motivación alguna, rechaza su petición no obstante de haber presentado prueba idónea y objetiva emitida por autoridades competentes de que su persona una vez que recupere la libertad trabajará en la empresa de seguridad y vigilancia privada "SSVP" como encargado del área de limpieza; considera que estas determinaciones agravan su situación jurídica haciendo que cumpla una pena anticipada, lo que constituye un procesamiento indebido y la vulneración de su derecho a la libertad.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y pro homine, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 115, 116.I, 125, 178.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga:
- 1)El restablecimiento inmediato del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado al derecho a la libertad; y
- 2)La nulidad del Auto de Vista 209/2023-SP1 de 14 de junio, emitido por el Vocal accionado, quien deberá pronunciar nueva resolución, en el plazo de veinticuatro horas, realizando una valoración objetiva y razonable de los medios probatorios para dar por acreditado el componente trabajo, de manera que la detención preventiva no se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada y no así una medida excepcional de última ratio.
Mostrando 17 de 83 parrafos.