1518/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Se ordene su libertad de manera inmediata; y,
2. b)Se señale día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares.

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en su acción de libertad, y ampliándolos señaló que:

1. 1)Conforme el estado en el que se encontraba el proceso -etapa de juicio-, el Ministerio Público pidió la aplicación del procedimiento abreviado habiendo emitido al efecto requerimiento conclusivo el 8 de octubre de 2021, al cual los Jueces demandados determinaron dar curso al dictar la respectiva Sentencia condenatoria en la que se estableció una pena privativa de libertad de cinco años para el solicitante de tutela;
2. 2)La víctima nunca se apersonó al proceso y tampoco presentó acusación alguna; en ese sentido, una vez dictada la Sentencia, el Ministerio Público señaló que no presentaría apelación en el caso de autos, por tanto dicha resolución debió ejecutoriarse; empero, el Tribunal de la causa dispuso que previo a cualquier ejecutoria, se debe notificar con el actuado mencionado a la afectada, en el entendido de respetar su derecho a la impugnación;
3. 3)Por "...ACTA DE ENTREGA EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL..." (sic) de 21 de septiembre del año indicado, se evidenció la entrega de todos los bienes sustraídos a la prenombrada, acción que se constituiría en una reparación del daño causado y la razón por la cual ella nunca se hubiese apersonado al proceso; y,
4. 4)Se señaló fecha de audiencia de consideración de su situación jurídica para el 15 de octubre del citado año; sin embargo, ese acto procesal, por decisión de las autoridades demandadas fue suspendido y postergado para el 22 del mismo mes y año, con el argumento que en el legajo procesal no se encontraba aparejada la notificación a la víctima. I.2.2. Informe de los demandados

Claudio Tórrez Fernández, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta y Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 19 de octubre de 2021, cursante a fs. 18 y vta., manifestaron que:

1. i)Se concedió al accionante la cesación de su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 116/2019, en el cual se adoptaron medidas sustitutivas; empero, hasta la fecha dicha concesión no hubiera sido cumplida por situaciones atribuibles al prenombrado, toda vez que no contaría con documentos tales como la cédula de identidad y el certificado de nacimiento;
2. ii)Se emitió la Sentencia 010/2021 como consecuencia de un procedimiento abreviado, la cual estableció una pena privativa de libertad de cinco años por el delito de robo; dicha Resolución fue emitida en diez días; empero, no obstante a la renuncia de la apelación restringida por parte del Ministerio Público y el peticionante de tutela "...este tribunal tiene la ineludible obligación de notificar a la víctima, para otorgarle el derecho a la impugnación..." (sic); y,
3. iii)Con relación a la suspensión de la audiencia referida, aquello se dio en torno a un error involuntario, toda vez que, hubo un doble señalamiento del citado acto procesal; por lo que, subsanado dicho aspecto programó nueva fecha para el 22 del mismo mes y año.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 36 a 39, concedió la tutela solicitada, disponiendo "...que en el plazo de 24 horas de notificado con esta disposición, las Autoridades accionadas señalen día y hora para resolver la solicitud de modificación de medidas cautelares de carácter personal impetrada por el imputado..." (sic), con base a los siguientes fundamentos:

1. a)Si bien fue cierto que el Tribunal a quo suspendió la audiencia del 15 de octubre del mismo año, debido a que no cursaba en el legajo procesal notificación a la víctima, en mérito a lo establecido por la Ley Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se debió señalar nueva fecha para dicho verificativo dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas;
2. b)De acuerdo a los antecedentes de las diligencias realizadas, se evidenció que "...la víctima habría sido notificada en fecha 13 de octubre de 2021 a horas 12:38 p.m., de acuerdo a la diligencia de notificación que cursa en el cuaderno de juicio (ver fs. 28)..." (sic); y,
3. c)Respecto a la falta de o el incumplimiento de alguna formalidad relacionada con la misma diligencia, tomó en cuenta el entendimiento desarrollado por la SCP "258/2018-S2", por lo tanto conforme se señaló en el presente caso "...las partes especialmente el Ministerio P[ú]blico y la V[í]ctima querellante han sido debidamente notificadas y su inasistencia no es causal para suspender la audiencia..." (sic); empero, de haber suspendido el citado acto procesal correspondía que se fije nueva fecha dentro de un plazo prudente, al no hacerlo el actuar de los Jueces ahora demandados no fue conforme a derecho y estuvo alejado de los lineamientos jurisprudenciales. II. CONCLUSIONES