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TCP

1525/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1525/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1525/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 78098-2025-157-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 264/25 de 17 de septiembre de 2025, cursante de fs. 125 a 126, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Munzón Herrera en representación sin mandato de AA contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comerciales de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz; Percy Rodrigo Morales Gonzales, Funcionario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Reyna Fernández Villca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2025, cursante a fs. 1 y 109 a 114, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal FELCV.LG 815/2022, se tramitó un procedimiento abreviado y se pronunció la Sentencia 127/2022, en la que se condenó a tres años de privación de libertad por el delito de violencia familiar o doméstica, con sanciones alternativas a Reyna Fernández Villca, madre de AA, niña víctima de violencia.

En la tramitación de dicho proceso penal, el Juez Público Familia, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Guardia -autoridad demandada­ cometió las siguientes omisiones ilegales:

  1. a)Dejo de remitir la sentencia condenatoria ejecutoriada como antecedentes al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) ni para los casos de Certificación de No Violencia (CENVI);
  2. b)Omitió disponer el control del cumplimiento de las sanciones ante el Juez de Ejecución Penal de Santa Cruz; e) Descuido remitir las medidas de protección (suspensión de guarda y custodia)·, al Juez de Familia especializado, incumpliendo con el mandato del art. 389 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, d) No señaló audiencia para resolver el incumplimiento de sanciones alternativas.

Interpone también la acción tutelar contra el funcionario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNNA) de La Guardia, quién el 22 de febrero de 2024, elaboró un acta de entrega formal de la niña, quien también es su hija, con reintegración al domicilio materno, pese a que existe la Sentencia condenatoria 127/2022, que dispuso la suspensión de la guarda y custodia de la progenitora, incurriendo en una actuación unilateral, improcedente y sin competencia jurisdiccional, revictimizándola y vulnerando su interés superior; más aún cuando el demandado como funcionario fue el defensor de la niña víctima en el proceso penal FELCV-LG 815/2022, quien conocía las medidas de protección vigentes.

A través de memoriales de 8 y 9 de septiembre de 2025, presentados ante la DNNA la Guardia, denunció la vulneración de los derechos de su hija, quién fue trasladada ilegalmente Potosí por su madre Reyna Fernández Villca, quién como persona particular también es accionada en esta acción tutelar, debiendo ser reintegrada la niña a la Unidad Educativa de la Guardia.

La , ha ordenado a los jueces ordinarios actuar con debida diligencia reforzada y tramitar con celeridad la modificación de la guarda, en toda solicitud que involucre menores de edad, exhortando a las Defensorías a cumplir sus deberes legales con celeridad, eficacia y eficiencia, lo que en su caso no se dio cumplimiento.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos de su hija la niña AA, respecto a la cual se afectaría su vida, integridad, seguridad y dignidad, citando al efecto los arts. 58, 59, 60, 61, 180.I, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CON); y, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, con relación al Juez demandado, se disponga:

  1. 1)Remita inmediatamente la Sentencia 127/2022 y sanciones alterativas al REJAP y CENVI Santa Cruz;
  2. 2)Se oficie al Juez de Ejecución Penal para control de cumplimiento;
  3. 3)Se remita las medidas de protección al Juez de Familia que sea especializado; y,
  4. 4)Señale audiencia para resolver el incumplimiento de sanciones alternativas.

Con referencia al funcionario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Guardia, solicitó:

  1. i)Se lo exhorte a cumplir con sus deberes de seguimiento psicosocial, informe periódico y coordinación institucional;
  2. ii)Se ponga en conocimiento del Ministerio Público la actuación de dicho funcionario de la DNNA, por el incumplimiento del deber de protección a las mujeres en situación de violencia; y,
  3. iii)A través de la DNNA, la niña AA sea presentada al Juez de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de La Guardia, para su reintegro a la Unidad Educativa y entorno seguro.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de septiembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 125, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a} El presente caso trata de una niña que actualmente cuenta con diez años de edad, en situación de violencia conforme a un proceso que se recibió el 15 de octubre de 2022, habiéndose tramitado un procedimiento abreviado, en el que existe mandamiento de condena y ejecución de sentencia; empero no fue informada como víctima sobre la remisión del caso al Juez de Ejecución Penal; b) En las sanciones alternativas se suspendió temporalmente el régimen de visita, guarda, custodia o convivencia de la víctima, no habiéndose remitido el caso al Juez especializado; es decir, el Juez de la Niñez y Adolescencia; e) Con relación a la actuación de la autoridad administrativa, hay una entrega formal de la niña con reintegración al domicilio materno, siendo irregular porque la madre tiene sentencia ejecutoriada por violencia contra la niña, en consecuencia la única autoridad que podría haber establecido que se cumplió con las medidas provisionales y sanciones alternativas, era la autoridad de control jurisdiccional que dictó la sentencia de condena, no pudiendo dirimir la guarda la Defensoría;

  1. d)La madre -demandada.- retiene ilegalmente a la niña, debiendo conducirla inmediatamente a la Defensoría, para que esa entidad haga conocer al Juzgado de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de la Guardia, con ficha de coordinación, para que se reintegre a su Unidad Educativa;
  2. e)Debe señalarse de manera inmediata audiencia para resolver el incumplimiento de las sanciones alternativas y se disponga contra la condenada lo que en derecho corresponda;
  3. f)Debe remitirse antecedentes al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal correspondiente contra el funcionario de la DNNA que suscribió el acta de entrega; y,
  4. g)La guarda legal debe ser resuelta por la autoridad competente, que es el Juez que conoce el divorcio, cuyo trámite está en curso.
I.2.2. Informe de los demandados

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comerciales de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, en audiencia presentó informe oral, manifestado que:

  1. 1)Del cuaderno procesal enviado de manera digital a conocimiento del Juez de garantías constitucionales, se evidencia que el 14 de febrero de 2023, se remitió antecedentes a conocimiento de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales, conforme consta por el sello de recepción del Consejo de la Magistratura;
  2. 2)Es falso y de mala fe que no se hubiere remitido antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal de turno de la Capital; por el contrario, cursa oficio de remisión de 10 de noviembre de 2022, habiendo llegado a conocimiento del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital;
  3. 3)En la audiencia tutelar se solicitó señalamiento de audiencia y se resuelva la revocatoria de sanciones alternativas, por incumplimiento; empero, las sanciones fueron impuestas el 2022, por un periodo de prueba de cumplimiento de un año; es decir, hasta noviembre de 2023;
  4. 4)Al haberse remitido los antecedentes procesales al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital, esa es la autoridad que tiene el deber de determinar el cumplimiento o el incumplimiento de sanciones alternativas, quién a través de su equipo multidisciplinario, podrá constituirse y verificar si las sanciones han sido o no cumplidas, para que sea la autoridad judicial que determine lo que corresponda;
  5. 5)Solicitó se valore y se compulse las pruebas, denegándose la tutela solicitada, al no existir un incumplimiento en el deber de aduar con debida diligencia; y,
  6. 6)Por falacia, temeridad y mala fe, finalizó solicitando se multe a la parte accionante como a su abogado.

El abogado de Reyna Fernández Villca, persona particular demandada, en audiencia manifestó que:

  1. i)Fue condenada el 16 de octubre de 2022, a tres años de reclusión, imponiéndole sanciones alternativas;
  2. ii)El proceso se encuentra en el Juzgado de Ejecución Cuarto de la Capital, al que la parte accionante el 28 de noviembre de 2023, presentó un memorial, denunciando un incumplimiento de sanciones alternativas; en cuanto a multa, trabajo comunitario y otros; es decir, tenía pleno conocimiento de que el proceso se encontraba remitido ante esa autoridad, a quién corresponde determinar si se dio el incumplimiento o no;
  3. iii)Ante dicho Juzgado de Ejecución, presentó documentación en cuanto a informe psicológico, multa y trabajo comunitario, correspondiendo a esa autoridad determinar si hubo el incumplimiento alegado;
  4. iv)La Sentencia es de 16 de octubre de 2022, habiendo pasado más de un año, que era el tiempo de prueba, cuando se suscribió el acta de entrega de la niña, que fue efectuada el 22 de febrero de 2024;
  5. v)En el acta de entrega se hizo mención a lo que sucedió; AA fue entregada a Lineth Monzón Herrera (tía y hermana del accionante), quién la llevo a Potosí donde se cometió el delito de violencia familiar o doméstica, actualmente en proceso de investigación, quedándose con la madre de Reyna Fernández (abuela materna), persona de la tercera edad que fue quién solicitó la reinserción familiar, haciéndose entrega de la niña a través de la Defensoría, porque la misma lloraba por su mamá; por lo que se veló por el interés superior de la niña; y,
  6. vi)El Juzgado de Sentencia de la Guardia, es la instancia en la que se debe hacer conocer esta situación, para que mediante su equipo interdisciplinario se haga las valoraciones psicológicas y se determine si corresponde o no mantener con la madre a la niña.

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