Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1526/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA
Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Libertad
Expediente: 78523-2025-158-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 31/2025 de 25 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dayana Reynal Yucra en representación sin mandato de AA, Diocelin Reynal Yucra, Jenny Reynal, Martina Yucra y Víctor Collao, contra Marco Antonio Gómez Ticona y Paola Wilma García Alcon, Fiscales de Materia; Miguel Ángel Apaza Mamani, Funcionario Policial; Andy Márquez Segovia, Dania Chura Subieta; y, Naldo Quisbert.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 24 de octubre de 2025, cursantes de fs. 1 a 3, los accionantes a través de su representante sin mandato, señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Al promediar las 12:30 del 24 de octubre de 2025, en la zona de Secuasi del municipio de Chulumani de la Provincia Sud Yugas del departamento de La Paz, una turba de personas a la cabeza de Andy Márquez Segovia, Dania Chura Zubieta y Naldo Quisbert, ingresaron abruptamente a "patadas y puñetes" al domicilio de Diocelin Reynal Yucra, Jheny Reynal, Jheremy Huayhua, Martina Yucra y Víctor Collao, lanzando dinamitas, rompiendo candados y cortando las mallas.
No obstante, con el objetivo de no ser identificados sustrajeron sus celulares, y destrozaron las cámaras de seguridad, para posteriormente quemar todas las pertenencias del "dormitorio y cocina", así como, amarrando a los accionantes de manos y pies, manifestando el demandado Andy Marquez Segovia que, "...ya sea a la buena o a la mala este lote queremos nosotros, como pueden tener ustedes tan grande terreno, si no se van aquí van a morir toda la familia, a nosotros no nos importa que tenga terrenos legales aquí manda la fuerza, tenemos policías y fiscales que son nuestros amigos que no van a hacer nada..." (sic); reteniéndoles de manera ilegal y arbitraria, sin considerar que entre los maniatados, se encontraban un menor y dos adultos mayores. Ante semejantes hechos, la parte accionante acudió ante el Ministerio Público y la Policía de Chulumani, quienes se rehusaron a socorrer y rescatar a las personas retenidas, lo que demuestra una inacción de actos investigativos y preliminares.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la vulneración al derecho a la libertad y locomoción, citando al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto San José de Costa Rica-.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene:
- a)A los demandados el cese de la detención ilegal del menor de edad y adultos mayores;
- b)Al Ministerio Público realizar las actuaciones preliminares en contra de los prenombrados; y,
- c)Al Comandante de la Policía Nacional y departamental de La Paz, el rescate del menor de edad AA y adultos mayores.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia el 25 de octubre de 2025, según el acta de audiencia cursante de fs. 18 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes, a través de su abogado, se ratificaron en el contenido de su acción de tutelar y ampliándola manifestaron que:
- 1)Dentro del problema jurídico se encuentran involucrados derechos de un menor y personas adultas mayores, el Juez de garantías puede ingresar al fondo de la problemática planteada;
- 2)Lo que se busca con la acción constitucional es la protección del derecho a la vida de los accionantes, producto de la inacción de las autoridades demandadas, y lo obrado por los codemandados por las agresiones propiciadas;
- 3)Se afectó el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, debido a que fueron retenidos, desde el mediodía -del 24 de octubre de 2025- hasta las cinco de la tarde, inclusive en presencia del funcionario policial codemandado;
- 4)Naldo Quisbert, supuestamente secretario general de los dirigentes transportistas de Chulumani, acompañado de un grupo de personas, conforme se evidencia de las imágenes y videos presentados en calidad de prueba, indicando a los medios de prensa que, "...Hemos tomado los predios de Sikwasi..." (sic); dichos terrenos son de propiedad de los accionantes, tienen folios reales; sin embargo, los demandados ingresaron en "manada" lanzaron gases lacrimógenos, ingresaron dinamitas y empezaron a golpear, amarrar -se entiende a los accionantes- y se agarraron el predio;
- 5)La autotutela no existe, si una propiedad se encuentra en disputa, debe acudirse a la autoridad competente, sea civil o agroambiental, empero no ingresar a la fuerza;
- 6)De lo acontecido, se identificó a Andy Márquez como "cabecilla" de más de cien personas, acompañado también de su esposa Dania Chura, resaltando que el prenombrado tiene antecedentes por avasallamiento, siendo la forma de obrar en contra de los accionantes su "modus operandi"; en virtud a la cantidad de personas se produjo una "pelea" desproporcionada, sin respetar la existencia de mujeres, menores de edad y adultos mayores, los agreden a tal punto de "casi técnicamente lo matan a la adulta mayor" y los encierran en un cuarto;
- 7)Aproximadamente a horas 15:00 -se corrige e indica a las 13:00 horas al mediodía-, Dayana Reynal Yucra, logró escapar; posterior a ello, los demandados conjuntamente con las demás personas, proceden a romper las cámaras de seguridad;
- 8)Luego de su fuga, la prenombrada, acudió en primera instancia ante el funcionario policial; producto de su inacción se apersonó al Ministerio Público, ante los codemandados, Paola García y Marco Antonio Gómez Ticona, gritando; asimismo, presentó un video donde se puede apreciar que la accionante se encuentra llorando implorando que se haga algo sobre lo ocurrido;
- 9)Si bien el peligro al derecho a la vida ha cesado, no se puede obviar que los demandados han amenazado el derecho de los accionantes adultos mayores y niños;
- 10)Resulta un delito ingresar a un predio de manera en que lo hicieron los demandados, incumpliendo los fiscales codemandados, el art. 225 de la CPE, debido a que el Ministerio Público persigue los delitos de acción pública; quizá no tomaron conocimiento del hecho de manera formal; empero, la accionante acudió de manera desesperada en busca de ayuda, debido a que estos ilícitos representan amenaza al derecho a la vida, variables que deben considerarse para la presente acción de tutela;
- 11)Se puso en peligro el derecho a la libertad, porque más allá de la denuncia penal, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA) intervino y rescató al niño que se encontraba secuestrado, dejando a su suerte a las demás personas, hecho que no puede ser ignorado, al haber corrido materialmente un riesgo la vida del menor, aspecto que debe evaluarse bajo la teoría constitucional de la acción de libertad innovativa, con el objetivo de que las conductas denunciadas no vuelvan a repetirse; y,
- 12)Se debió observar el principio "favor debilis", debido a que los Fiscales debieron generar mecanismos idóneos correspondientes, por la existencia de adultos mayores y menores, asimismo, cuando la policía ingresó debió llamar refuerzos y realizar las acciones útiles y pertinentes; por lo que, ante estas falencias solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia: se establezca responsabilidades por la omisión que generaron, se disponga sea active la debida diligencia tanto por el Ministerio Público como la Policía Boliviana, a efectos de que se establezca la responsabilidad de los involucrados que avasallaron y secuestraron a los accionantes; los codemandados, Naldo Quisbert, Dayana Chura Subieta y Andy Márquez Segovia abandonen los predios avasallados y se entreguen a las autoridades; se disponga terapia psicológica, para los adultos mayores, menores de edad y mujeres afectados; y, se dé un tratamiento más ágil, a las solicitudes de atención por parte del médico forense, puesto que se encuentran sufriendo.
En respuesta a las consultas efectuadas por el Juez de garantías, la parte accionante, refirió que:
- i)Que los Fiscales demandados, se apersonen inmediatamente al lugar de los hechos, porque habían personas de la tercera edad que estaban siendo golpeadas y les estaban intentando matar; sin embargo, le cerraron la puerta en la cara; y,
- ii)El motivo de la solicitud de auxilio, fue para que rescaten a su hermana, debido a que fue amarrada conjuntamente a su hijo AA, y cuando vino la Policía después de mucho tiempo a raíz de que se trataba de "millones" de personas, les dejaron pasar; empero, no a sus hermanas, que fue lo que le solicitó a los funcionarios policiales que intervinieron, puesto que estaban siendo agredidas; sin embargo, no hicieron nada, y ese es el motivo de la acción de libertad, inclusive el efectivo policial que se rehusó a subir dijo "...¿quién me va a pagar si hay arriba me matan?..." (sic).
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Paola Willma García Alcon, Fiscal de Materia, en audiencia informó que:
- a)Su persona carece de legitimación pasiva en la acción de tutela impetrada, en virtud a que no se tiene registro en el sistema JL1, ni en el asiento de Chulumani sobre la existencia de una retención o privación de menores o personas mayores, conforme lo denuncia la parte accionante; y si bien se tuvo conocimiento verbal por parte de los funcionarios policiales de Chulumani, sobre la existencia de manifestaciones, afirma que tales extremos no estaban relacionadas con los hechos expuestos en la presente acción de libertad; además de acuerdo al art. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, no puede intervenir sin haber tomado conocimiento de un hecho punible o en flagrancia; y,
- b)De acuerdo a la jurisprudencia contenida en los fallos constitucionales "691-2001-9" y "817-2001-R", la acción de libertad debe ser dirigida contra la persona o autoridad que generó el acto ilegal, por lo que su autoridad, al no tener conocimiento alguno acerca de una retención o privación indebida, no corresponde que sea demandado; motivo por el cual, solicitó se deniegue la tutela en su contra.
Marco Antonio Gómez Ticona, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que:
- 1)La acción de libertad, tiene cuatro presupuestos para su activación; tanto el contenido del memorial de la acción tutelar, como la intervención de su abogado patrocinante en audiencia, reflejan que hubieren intervenido en lo esencial de la lesión acusada; sobre el particular, el Ministerio Público no efectuó actos de retención o privación de libertad respecto a los accionantes, puesto que, ello es lo que estuvieren sugiriendo los impetrantes de tutela;
- 2)En lo que respecta a que el Ministerio Público hubiere tomado conocimiento de los actos ocurridos génesis de la acción de tutela, en atención al principio de verdad material contenido en el art. 180 de la CPE, se encuentra en sala virtual el representante de la DNA, quien intervino en el acta de rescate, resaltando aquello con la finalidad de que el Juez de garantías cuente con mayores elementos; y,
- 3)Con relación a la inactividad del Ministerio Público, corresponde remitirse a las personas que intervinieron en el origen de la causa constitucional, como ser el funcionario policial del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y el psicólogo de la DNA, así como la trabajadora social que hubiere acudido al lugar del hecho, quienes habrían advertido la inexistencia de personas restringidas de libertad; además, refiere que se encuentran elaborando informes sobre lo acontecido y que darán cuenta de la posible existencia de hechos delictivos; por lo que, solicitó se pueda dar lugar a la intervención del personal de la DNA y SLIM.
Ante las consultas efectuadas por el Juez de garantías, los demandados señalaron que:
- i)Tomaron conocimiento del hecho a través del personal de la DNA y el funcionario policial, quienes indicaron haber procedido a un rescate; empero, no refirieron la existencia de alguna persona privada de libertad;
- ii)Aguardaron que la policía remita el informe correspondiente para el inicio de las acciones legales, debido a que con esos datos prosigue la investigación penal; y,
- iii)El día de los hechos se encontraba de turno la Fiscal de Materia codemandada Paola Willma García Alcon.
Miguel Ángel Apaza Mamani, funcionario policial, a través de su representante en audiencia manifestó que:
- a)A horas 12:00 del 24 de octubre de 2025, recibió una llamada de Dayana Reynal Yucra, quien le hizo conocer que dentro de su propiedad habían ingresado personas que estaban generando conflictos y que se encontraban menores que necesitaban ser rescatados; producto de aquello, de manera inmediata el funcionario policial hace conocer a la DNA y SLIM de Chulumani, para constituirse al lugar del hecho;
- b)Situados en la referida zona, evidenció la existencia de dos grupos de personas que se encontraban agrediéndose; asimismo, toman conocimiento de la existencia de dos menores de edad en medio de la trifulca; por lo que, conjuntamente el personal de DNA y SLIM los trasladaron a sus instalaciones;
- c)Causa extrañeza que se mencione la existencia de personas adultas mayores, debido a que al momento de la intervención, ese hecho no fue mencionado; porque de ser así, también hubieran sido trasladadas;
- d)A momento de que se constituye el funcionario policial y el equipo multidisciplinario en el lugar, se les manifestó que la problemática suscitada era de "Dayana Bernal", con un sindicato de transporte de Chulumani, por la titularidad de un predio; por lo que, el efectivo policial, le indicó que no tenía la capacidad de decidir quién era propietario, y que acudieran a las instancias correspondientes; y procedió a apaciguar la situación;
- e)A través de las imágenes, remitidas a la Secretaría del Juez de garantías vía WhatsApp, se puede apreciar que el funcionario policial, actuó con diligencia en el marco de sus competencias; por lo que, la inacción referida por los accionantes, no es evidente;
- f)La presente acción de tutela, no es un medio idóneo para que el Juez de garantías actúe como Fiscal de Materia, debido a que se está tratando de utilizar la justicia constitucional como subsidiaria, hecho contrario al entendimiento vertido en la SC "160/2005-R", que estableció la improcedencia de la acción de libertad cuando no se activaron los mecanismos idóneos al efecto;
- g)De acuerdo a lo señalado por el abogado de los accionantes en audiencia, supuestamente hubo un avasallamiento, amenazas y lesiones, que son hechos que no pueden ser dilucidados en una acción de libertad, más aún cuando no se ha demostrado de manera clara, precisa y objetiva de qué el Juez de garantías tiene competencia para conocer esos hechos; resaltando que dentro de las acciones de tutela, la carga de la prueba le corresponde al accionante, conforme la SCP "1512/2012", y en la presente acción de tutela, únicamente se mencionó que el efectivo policial no hubiere hecho acción alguna, sin tomar en cuenta todo lo ya referido sobre su participación en el problema origen del proceso constitucional;
- h)El petitorio de los impetrantes de tutela no se encuentra vinculado a los principios fundamentales que resguarda la acción de libertad, puesto que se solicitó al Juez de garantías, que las personas demandadas abandonen el predio de Dayana Reynal Yucra, así como se inicien las acciones ante el Ministerio Público, que se realicen análisis psicológicos, que la policía intervenga, que no son competencia del Juez de garantías, debiendo los interesados acudir a las instancias llamadas por ley;
- i)No se cumplió con la legitimación pasiva, debido a que los accionantes no identificaron de qué manera el funcionario policial vulneró los cuatro pilares fundamentales de la acción de libertad; es decir, cómo puso en riesgo la vida de los impetrantes de tutela, restringió su libertad, les hubiese perseguido o les estaría procesando ilegalmente; por lo que no se advierte argumentó valido alguno; y,
- j)No resulta adecuado interponer una acción innovativa y meter todos los hechos que le conviene para sustentarla; por lo que, finalizó solicitando se deniegue la tutela.
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