Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1527/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58718-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 177/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 165 a 169 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Karina Andrade Ledezma contra Armando Herrera Huarachi, Juez Octavo de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 y 28 de agosto de 2023, cursantes de fs. 66 a 75; y, 83 a 89 vta., respectivamente la accionante expresa lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204050776, iniciado a querella del Banco PYME Ecofuturo S.A., sucursal El Alto, seguido en contra del accionante por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos en los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), mediante Resolución 127/2023 de 11 de mayo, se dispuso la apertura del juicio oral. En ese contexto, la audiencia fue señalada para el 22 de junio de 2023, oportunidad en la que presentó las pruebas de descargo y respondió a la acusación particular, mereciendo como resultado el Decreto de 23 de junio del mismo año, por el cual la autoridad judicial determinó estar a los datos del proceso.
Contra dicho proveído interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2023, por el que el Juez Octavo de Sentencia en lo Penal rechazó la impugnación, argumentando que las pruebas de descargo fueron presentadas fuera del plazo establecido por el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, sostuvo que, si bien el art. 401 del mismo cuerpo normativo prevé el recurso de reposición, en el caso concreto no se evidenció error que justifique su tramitación, añadiendo que contra la resolución emitida no procedía recurso ulterior.
La autoridad demandada incurrió en supresión de sus derechos y garantías a través de dos actos ilegales, identificando a los mismos como el Decreto de 23 de junio de 2023, por el que no se admitió ni se emitió pronunciamiento en relación a la prueba documental, testifical y material presentada el 23 de julio de 2023; y, el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2023, por el que la autoridad demandada, rechazó el recurso de reposición planteado contra el proveído de 23 de julio de 2023, al considerar que la prueba de descargo, fue presentada fuera de plazo.
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