Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1528/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58846-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 056/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 221 a 230, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Esperanza Aguilar Usnayo contra Iván Wilfredo Villa Bernal, Edgar Veizaga Montaño, ex y Director de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 1, 7 y 15 de septiembre de 2023; y, 5 de julio de mismo año, cursantes de fs. 139 a 149 vta., 152 a 154, 160 y vta.; y, 191 a 192 vta., respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A partir de 2 de mayo de 2017 ejercía como Maestra de Escolaridad Primaria en el Centro de Educación Alternativa "Nuestra Señora de la Merced" prestando sus servicios de manera adecuada y sin ningún problema hasta que la Directora del mencionado centro de educación empezó a hostigarla, obligándole a dar la instrucción de la materia de costos y cálculo, que corresponde a una carrera técnica para la cual no se encontraba capacitada, pese a ello, aclarando que no consintió ni acepto el cambio de materias que se le asigno, y ante la ausencia de alumnado desarrollo sus funciones de la mejor manera; sin embargo, con argumentos falsos y con la finalidad de lograr su destitución la acusaron de faltar a su puesto de trabajo, de incumplir sus obligaciones y de cobrar su sueldo sin trabajar.
En tal sentido, el 24 de junio de 2022 a través del Auto de inicio de Proceso Sumario Disciplinario se le notificó con el proceso administrativo interno por el presunto incumplimiento de deberes y funciones tipificadas como faltas graves y muy graves, que concluyó con la emisión de la Resolución 001/2022 de 2 de septiembre, que declaró probadas las faltas referentes a la reincidencia en faltas leves, abandono del lugar de funciones y el cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios, tipificadas en los arts. 10 incs. a), h); y, 11 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993.
Contra la referida determinación, interpuso recurso de apelación, misma que fue confirmada por la Resolución 049/2022 de 27 de diciembre, emitida por Iván Wilfredo Villa Bernal en su condición de Director Departamental de Educación de Cochabamba, siendo esa la última resolución, no existiendo recurso ulterior.
A partir de lo señalado, consideró que las autoridades demandadas lesionaron sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia, valoración razonable de la prueba y las garantías de la in dubio pro operario, la aplicación objetiva de la ley, la non bis in ídem, así como la taxatividad y reserva de la ley.
Respecto a la inamovilidad laboral, considera que al haberse dispuesto ilegalmente su destitución no se consideró su condición de madre de dos menores de edad con discapacidad y por ende su derecho al trabajo también se vio afectado.
Señaló que se lesionó su derecho a la vida y a la salud, toda vez que al ser destituida se le corto el acceso a su seguro de salud debido a que no cuenta con los recursos económicos para solventar el mencionado servicio de salud que requieren sus hijos por su grave estado de salud.
Con relación a la vulneración de su derecho a un Juez Natural como elemento del debido proceso, refirió que el auto de inicio del proceso disciplinario de 24 de junio de 2022 fue emitido por los servidores públicos Norka Aramayo Lazarte como supuesta Presidenta del Tribunal, Jahel Suarez Montaño como Secretario y David Mamani Tangara como Vocal, sin haber acreditado designación alguna en cumplimiento del art. 18 de la RS 212414; toda vez que el capítulo quinto de la referida Resolución, establece dos tipos de tribunales, uno nacional y otro departamental, siendo que de conformidad a su art. 18 el tribunal departamental debe de ser designado por el Director Departamental de Educación de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del Área correspondiente.
Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba, considera que la lesión se produjo cuando se determinó su destitución a pesar de que no se aportó ningún elemento de prueba durante el periodo probatorio dispuesto dentro del proceso disciplinario, presumiendo de su culpabilidad, basándose en indicios, lo cual está íntimamente ligado a una falta de fundamentación en la resolución por la simple razón de que no existen elementos de convicción a ser valorados en su contra, recayendo ello en una falta de objetividad, incongruencia y ausencia de valoración razonable de la prueba.
Manifestó que su destitución emergente del proceso disciplinario seguido en su contra, fue sustentado sin la existencia de elementos probatorios, lo cual hizo que se vulnere las garantías del in dubio pro operario y de la aplicación objetiva de la ley; finalmente, a lo largo de su acción sostuvo que la tipificación realizada en la Resolución que resolvió su destitución, no se enmarco dentro de las faltas muy graves, graves y leves, existiendo una doble sanción habiéndose quebrantado la garantía del non bis in ídem así como la taxatividad y reserva de la ley, siendo totalmente falso que se ausento de su puesto de trabajo, que incumplió sus obligaciones y que cobro su sueldo sin trabajar.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba; y, las garantías de la in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, la non bis in ídem, la taxatividad y reserva de la ley; sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:
- a)La nulidad de las Resoluciones 001/2022 y 049/2022, debiendo el Tribunal Disciplinario dictar una nueva resolución, sea determinando su incompetencia por no tener designación expresa o exonerándose de toda falta por no haberse aportado en su contra ninguna prueba durante el periodo probatorio;
- b)La reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duro su ilegal destitución, al haber sido ilegal la determinación; y,
- c)La reposición de todos sus derechos inherentes al trabajo y a la salud, tanto de su persona como de sus hijos con capacidades diferentes así como la prohibición de acoso laboral y represalias en su contra.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 220 vta., se produjeron los siguientes actuados:
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