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TCP

1529/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1529/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1529/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 60953-2024-122-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 189/23 de 1 de diciembre de 2023, cursante de fs. 274 vta. a 278, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pura Guzmán Justiniano contra Efraín Cruz Limachi y Miriam Rosell Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 19 de octubre de 2023, cursantes de fs. 163 a 184; y, 188 y vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ordinario de mejor derecho, reivindicación y desocupación seguido por Antonio Chávez Moza y Ricardo Gómez Collazos contra su exesposo Dagner Pantoja Pantoja sobre dos lotes de terrenos adquiridos en vigencia del matrimonio, el 5 de septiembre de 2019 y bajo un enfoque de género dada su condición de mujer, planteó incidente de nulidad de obrados por violación de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el entendido de que tanto actores como el demandado deliberadamente omitieron hacer conocer al juzgador su derecho propietario.

La Jueza Público Mixto, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia, y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, dictó el Auto Interlocutorio 99/2020 de 23 de diciembre, rechazando el incidente de nulidad de obrados en apenas un párrafo, aplicando criterios formalistas -como que no es necesario la inscripción del estado civil en los folios de propiedad en el caso de Dagner Pantoja Pantoja, cuando la verdad material, daba cuenta de documentación que acreditaba que este se encontraba casado- y no el enfoque de género, sin fundamentación y motivación, además de omitir pronunciarse sobre las vulneraciones al debido proceso y a su defensa denunciadas.

Ante lo cual, el 8 de marzo de 2021, en ejercicio de la garantía a la impugnación prevista en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; argumentando, los agravios infligidos por el Juez de grado y solicitando la anulación de la "injusta" decisión que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, con el fin de que se emita un nuevo pronunciamiento que disponga su integración al proceso, respetando sus garantías mínimas, para que en el caso de mantenerse la decisión se conceda el recurso de apelación alterna.

En dicho mérito, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 149/2023 de 16 de junio -objeto de esta acción de defensa- confirmaron un "inexistente" Auto de 23 de diciembre de 2022, incurriendo en:

  1. a)Violación al debido proceso sustantivo, al privarle del 50% de los inmuebles de su propiedad sin darle la oportunidad de ser previamente oída y vencida en juicio, configurándose un acto arbitrario de discriminación contra la mujer, contrario a los arts. 1 y 2 inc. c) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pues el pronunciamiento de alzada al confirmar un Auto inexistente, carece de razonabilidad, del valor justicia e igualdad;
  2. b)Vulneración al debido proceso adjetivo, en su elemento congruencia interna, al identificar como objeto de impugnación la Resolución de 23 de diciembre de 2022, cuando en aplicación del principio de verdad material la decisión judicial impugnada es el Auto Interlocutorio 99 de 23 de diciembre de 2020;
  3. c)Vulneración de la congruencia externa; toda vez que, al haber resuelto el recurso de reposición con alternativa de apelación, confirmando una resolución judicial inexistente y al no haber resuelto todas las cuestiones planteadas como agravios, lesionó el derecho al debido proceso adjetivo; puesto que, denunció agravios -entre otros- vinculados a los principios que rigen la materia de nulidades que no fueron resueltos; y,
  4. d)Al haber confirmado la Resolución de rechazo del incidente en nulidad, se vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa por convalidar resoluciones judiciales sin haber sido oída y escuchada en su condición de mujer, emitiéndose criterios absolutamente restrictivos y extremadamente formalistas al resolver el recurso de reposición bajo, alternativa de apelación, vulnera también el debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación razonable.

A partir de los hechos denunciados, se lesionó también su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente al recurso efectivo y a la justicia material por la omisión de aplicar el enfoque de género y diferenciado consagrado, no solamente por la Constitución sino también por la CEDAW a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y externa, tutela judicial efectiva, defensa y verdad material; citando al efecto, los arts. 8, 115.I y II, 117.I, 180.I y II de la CPE; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1 y 2 de la CEDAW.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. 1)Dejar sin efecto el Auto de Vista 149/2023, debiendo en consecuencia los demandados emitir una nueva resolución;
  2. 2)Dispongan la condenación de costas, así como la reparación integral por los daños ocasionados por fallos ostensiblemente arbitrarios; y,
  3. 3)Exhortar a los Vocales demandados la aplicación de criterios de protección reforzada contemplado en las Convenciones Internacionales Especializadas; asimismo den aplicación efectiva al "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género".

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 263 a 274 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que:

  1. i)La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dictó el Auto de Vista 149/2023 de 16 de junio, el cual confirmó un Auto inexistente de 23 de diciembre de 2022, e incurrió en los siguientes actos arbitrarios y omisiones, que se constituyeron en las causales de la acción de amparo: Falta de fundamentación, motivación, y congruencia en sujeción a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; omisión de realizar su labor fiscalizadora de oficio respecto a los actos del inferior y a las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la mujer; omisión de aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género; omisión de dar prevalencia al principio constitucional de verdad material frente a la verdad formal y omisión de realizar un control de convencionalidad a las decisiones judiciales que afectaban los derechos reforzados de la incidentista;
  2. ii)Se acusó la violación del debido proceso reforzado -Arts. 115 de la CPE y 8 de la CADH-, en la vertiente del debido proceso sustantivo, por la discriminación contra la mujer configurada al convalidar la privación arbitraria del 50% de la propiedad sin el goce pleno de derechos -art. 1-2.C de la CEDAW-. Las autoridades demandadas invisibilizaron los derechos de la mujer al afirmar que el proceso ordinario "no le afecta", a pesar de que la condenaba de facto a perder el 50% de su propiedad;
  3. iii)Se alegó la violación a la congruencia interna, toda vez que el Auto de Vista identificó y confirmó un Auto inexistente de 23 de diciembre de 2022 en lugar del correcto de 2020, lo que generó un desajuste lógico y cronológico con la presentación del recurso de apelación, quebrantando la logicidad y el debido proceso;
  4. iv)Se alegó la violación a la congruencia externa, donde se confirmó una resolución inexistente y no se resolvieron todos los agravios planteados en el recurso de reposición con alternativa de apelación;
  5. v)Se vulneraron las garantías mínimas del debido proceso y derecho a la defensa -arts. 8.2 de la CADH y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)-, al convalidar resoluciones judiciales sin que la accionante, como copropietaria, haya sido oída y juzgada previamente. Las autoridades aplicaron criterios restrictivos al indicar que la solicitante de tutela era una "persona ajena al proceso" y que debía hacer valer su derecho ganancial en otra vía; y,
  6. vi)Se violó el debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación por criterios restrictivos sobre la aparente cosa juzgada. Las autoridades justificaron su omisión fiscalizadora con argumentos formalistas al indicar que el proceso ya había concluido y la sentencia estaba ejecutoriada, incurriendo en denegación de justicia. I.2.2. Informe de los demandados Efraín Cruz Limachi y Mirian Rosell Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 226.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados Ricardo Marcelo Gómez del Granado, a través del informe cursante de fs. 232 a 234 vta., presentado por su representante y ampliándolo en audiencia, solicito se deniegue la tutela, con base en los siguientes fundamentos:

  1. a)La accionante no especificó la resolución que supuestamente vulneró sus derechos. Además, se dirigió la acción tutelar de forma genérica contra las autoridades judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, omitiendo la individualización precisa de las autoridades demandadas, lo cual contravino lo dispuesto en el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
  2. b)Se consideró que el enfoque generacional era prevalente en la ponderación de derechos respecto al alegado enfoque de género. Los demandantes originales, por su condición de personas nonagenarias -nacidos en 1932 y 1926-, se vieron privados del derecho a una vejez digna, conforme al art. 67.I de la CPE y la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-;
  3. c)Los actos de la incidentista -ahora accionante- respecto a los supuestos derechos gananciales se calificaron como "Maltrato" que provocó daño a la integridad física, psíquica y moral de los demandantes originales, vulnerando sus derechos humanos y libertades fundamentales. Estos actores originales fallecieron durante la substanciación de la demanda ordinaria de la que emergió la presente acción, impidiéndose el ejercicio pleno de su derecho a la vejez. Se sostuvo que la protección de la condición de mujer no podía ampararse ante el perjuicio evidente a los derechos de vejez de las víctimas;
  4. d)Los derechos de las personas de la tercera edad invocados se encontraron garantizados por el art. 67.I de la CPE, la Ley 369, y la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, integrando el bloque de constitucionalidad según el art. 410 de la CPE;
  5. e)El incidente de nulidad por indefensión, presentado por la accionante, versó sobre un inmueble adjudicado en 2011 y un segundo adquirido en 2012 por el demandado, confundiendo las propiedades. Se alegó que la demanda de nulidad recayó sobre una propiedad emergente de un proceso ilegal de adjudicación municipal, y no sobre una compra. Al momento de la adjudicación y la adquisición, el demandado ya se encontraba divorciado, lo cual constaba en el proceso a través de certificados del Servicio General de Identificación Persona (SEGIP) y fotocopia de cédula de identidad. Además, se evidenció que la accionante conoció del proceso desde su inicio -abril de 2018-, pues el demandado fue citado en el domicilio donde ella también vivía, sin haber reclamado de forma oportuna; y,
  6. f)El incidente de nulidad fue rechazado por Auto Definitivo de 23 de diciembre de 2020. La accionante interpuso recurso de reposición en lugar del recurso de apelación en el efecto devolutivo que correspondía. Posteriormente, el recurso de apelación fue resuelto por Auto de Vista 149/2023, que confirmó el Auto Definitivo. Ricardo Gómez Collazos, Antonio Chávez Moza, Ana Silvia Gómez del Granado, Paola Andrea Gómez Leyton, Pamela Linie Leyton y Dagner Pantoja Pantoja, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 222 a 225. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 189/2023 de 1 de diciembre, cursante de fs. 274 vta., a 278, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 149/2023 de 16 de junio, dictado por los Vocales demandados, sin costas por ser excusable, determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos:
  7. 1)Se señaló que, conforme al art. 192 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF), en relación a la disposición de los bienes comunes en su romano dos señala que los actos de disposición como enajenar, hipotecar, grabar, dejar en prenda, mutuo, usufructo y uso, comodato, anticresis entre otros, de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a demanda de la o el otro cónyuge, salvo que esta o este prefiera reivindicar a título exclusivo la parte que le corresponde en el bien dispuesto;
  8. 2)Se determinó que la Jueza de primera instancia, al admitir la demanda del proceso principal, debió verificar todos los antecedentes relativos al bien inmueble y verificar si el mismo pertenecía única y exclusivamente al hoy demandado dentro del proceso principal;
  9. 3)Se constató que el registro de propiedad procedía del 3 de enero de 2012, primeras nupcias del 1 de mayo de 1964, lo que quiere decir que el ciudadano se encontraba ya con un vínculo matrimonial en ese momento, lo que acreditó indubitablemente que el bien era de naturaleza ganancial y pertenecía a la comunidad ganancial;
  10. 4)Se estableció que el hecho de que el bien inmueble no hubiese sufrido una división y participación como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial no significaba que la ganancialidad desapareciera, pudiendo ser demandada en cualquier tiempo;
  11. 5)Al incidentar la nulidad por la falta de citación, se vulneró el derecho a la defensa y el derecho a la propiedad de la accionante;
  12. 6)Se destacó que la jurisprudencia constitucional ha sido taxativa al respecto, señalando la posibilidad de interponer un incidente de nulidad en ejecución de sentencia, aun cuando esta estuviera ejecutoriada, si se evidenciaba la vulneración de derechos y garantías constitucionales;
  13. 7)Se hizo referencia a la , que reconoce la posibilidad de dejar sin efecto la denominada cosa juzgada aparente, aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales o derechos humanos;
  14. 8)Se sostuvo que los vocales demandados no consideraron la vasta jurisprudencia constitucional y evadieron pronunciarse respecto a la pretensión de la accionante sobre la titularidad del inmueble; y,
  15. 9)Se afirmó que debe quedar plenamente establecido que es posible el planteamiento de un incidente de nulidad en ejecución de sentencia, cuando se busca le reparación de un proceso ilegal por la vulneración de derechos y garantías, como ocurre en el presente caso, que no es otra cosa que la vulneración del derecho a la defensa y del derecho a la propiedad, entendiendo que este, a partir de su registro, es oponible a terceros y nadie puede ser sancionado sin haber sido oído, juzgado y vencido en un juicio, lo que no quiere decir que el juez este revisando su propia actuación como dice la doctrina, "los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías deben reputarse como inexistentes". I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

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Tribunal Constitucional Plurinacional20 de noviembre de 20251529/2025-S3Fuente oficial