1532/2022-S3

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 300 de 15 de octubre de 2021; y,
2. b)Como resultado de lo anterior, se disponga de manera inmediata su libertad y se apliquen "MEDIDAS PERSONALES", conforme al art. 231 bis del CPP incorporado por el art. 11 de la Ley 1173, las cuales ya fueron impuestas por el Juez de la causa en el Auto Interlocutorio de 20 de julio de 2021.

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:

1. 1)El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, en ningún momento fundamentó como agravio la concurrencia del art. 234.2 del CPP; empero, la "juez" -siendo lo correcto la Vocal- dispuso que no desvirtuó el art. 234.1 con relación al numeral 2 del indicado Código;
2. 2)Toda la documentación presentada a objeto de desvirtuar la concurrencia de los peligros procesales, fue adquirida mediante requerimientos fiscales; extremo que no fue valorado por la Vocal ahora accionada;
3. 3)Además de la documentación señalada en el memorial de acción de libertad, presentó certificaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) y de Tránsito a efectos de desvirtuar el art. 234.7 del CPP;
4. 4)Con relación a que podría amenazar a la víctima, peritos o denunciante, presentó un certificado de permanencia y de conducta emitido por el Sargento Segundo Freddy Quispe Huaranca;
5. 5)Asimismo, adjuntó un certificado de la comunidad de Puerto Céspedes, en el que se establece que vive en ese lugar; y al respecto, se debe tener presente que la Norma Suprema reconoce a las autoridades originarias campesinas, y si bien no tendrá un registro de bien inmueble en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), pero ello se debe a las circunstancias de su diario vivir en su hábitat natural, haciendo mención además a que se encuentra arraigado y presentó una garantía económica de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos) depositada en el Tesoro judicial y el mandamiento de libertad de 26 de julio de 2021;
6. 6)Estuvo con detención preventiva durante cuarenta y un días, y el plazo que se tenía fijado eran de cuarenta y cinco días; empero, ni la Fiscalía ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del citado Gobierno Municipal pidieron que ese término se amplíe; y,
7. 7)La Vocal hoy accionada vulneró sus derechos porque determinó ampliar su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento.

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 23 de octubre de 2021, cursante de fs. 66 a 74, manifestó que:

1. i)El control de legalidad ordinaria; es decir, la aplicación de la ley respecto a una materia específica, que en el presente caso sería penal, es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal; por lo que la jurisdicción constitucional no puede cumplir con esa labor a menos que la vulneración del derecho a la libertad invocada sea groseramente contraria a la Ley y a la Constitución Política del Estado, lo cual no sucede en el presente caso;
2. ii)Al respecto, se debe considerar la SCP 0659/2012 de 2 de agosto, que hace mención a la interpretación de la legalidad ordinaria y el deber del accionante de precisar la forma en la que los hechos alegados vulneraron sus derechos fundamentales y las reglas de aplicación que fueron obviados por las autoridades accionadas;
3. iii)El accionante cuestiona el Auto de Vista 300 de 15 de octubre de 2021, sin señalar las razones del porqué la labor interpretativa resulta insuficientemente motivada, arbitraria e incongruente, limitándose a realizar una simple relación de antecedentes y alegando aspectos que no coinciden con los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista citado precedentemente, para finalizar solicitando que se conceda la tutela y se ordene la nulidad del indicado Auto de Vista, sin tomar en cuenta que la labor interpretativa y la decisión de atender una apelación de medidas cautelares es una atribución de los jueces y tribunales ordinarios en materia Penal; separación básica y natural que el abogado del accionante no puede diferenciar; por lo que no corresponde ingresar al fondo de la acción de libertad;
4. iv)El Auto de Vista 300 de 15 de octubre de igual año ahora impugnado cumple con los requisitos exigidos por los arts. 124, 171 y 173 del CPP, debiéndose considerar que el Representante del "SLIM" -siendo lo correcto la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas del citado departamento- observó entre los peligros procesales, el elemento de domicilio porque no se demostró un derecho propietario, sobre el art. 234.7 del citado Código, el Juez de la causa indicó que el accionante no presentó su REJAP y por ello se podría inferir que no tiene otras denuncias, o sea, de manera subjetiva señaló tal aspecto; asimismo, no se habría adjuntado un informe psicológico que demuestre su comportamiento ante la sociedad o víctima; aspecto que no se cumplió a cabalidad; respecto al art. 235.2 del referido Código, el imputado -accionante- no presentó ningún tipo de documentación que demuestre que no influenció en el proceso;
5. v)Por su parte, el abogado del accionante indicó que el nombrado cumplió con el plazo de cuarenta y cinco días de detención preventiva, y que por ello, el Juez de la causa después de un análisis de toda la documentación presentada dispuso su libertad y determinó librar mandamiento de libertad a favor de su persona, habiendo cumplido una serie de medidas, entre ellas, el arraigo, detención domiciliaria y una fianza económica, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del citado Gobierno Autónomo Municipal no explicó claramente cada uno de los agravios;
6. vi)Con base a lo anterior, el Juez de la causa expresó respecto al domicilio que se comprobó la habitualidad y residencia, verificando que el inmueble es propiedad de su concubina María Anastasia Luca Ruiz, el mismo que no cuenta con título de derecho propietario por ser un terreno ubicado en área comunal, y al respecto, ese domicilio no se reconoció porque la víctima vive en ese lugar; por lo que el accionante sería un peligro para la menor de edad; por otra parte, del Acta de verificación de domicilio real 02/2021 de 13 de julio , no se observan las firmas de los dueños de otro inmueble que sería de los padres del accionante; por lo que el mismo no se tiene por acreditado, agregando además que con relación al contrato privado de Tolerado, Adán López Céspedes y Adán López Méndez -accionante- firman esa documentación y no así la madre del nombrado, quien también vive en ese domicilio; finalmente, sobre este punto, tampoco se demostró el vínculo del accionante con los dueños del inmueble, "...es decir que no hay certificados de nacimientos..." (sic) y, la propiedad no tiene número de manzano; requisito que es necesario para ubicarlo; determinando en consecuencia la concurrencia del art. 234.1 y 2 del CPP;
7. vii)Con relación al art. 234.7 del indicado Código, el Juez de la causa consideró la concurrencia del peligro para la víctima porque el imputado -accionante- es padre de la víctima; por lo que aplicó la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, la cual establece la protección reforzada de la que goza la menor de edad;
8. viii)En cuanto al art. 234.7 del citado Código, el Juez de la causa consideró que los certificados de antecedentes policiales, de permanencia y de buena conducta, entre otros, desvirtuaron el referido peligro procesal, pero en ese punto, el citado Juez incurrió en incongruencia porque el referido Juez consideró al accionante como un peligro para la víctima considerando la referida SCP 0001/2019-S2 al tratarse de una menor de edad;
9. ix)Se debe tener presente la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo que hace mención a la protección a la víctima en casos de violencia en razón de género; por lo que se tiene la obligación de actuar con la debida diligencia;
10. x)Con relación al art. 235.2 del referido Código, el Juez de la causa manifestó que si bien el Ministerio Público indicó que el accionante puede influir sobre la víctima o testigos, es evidente que la víctima está identificada, motivo por el cual se puede tomar medidas para resguardarla, y ante ello, consideró que "...el Juez ha concedido la aplicación del artículo 231 Bis del C.P.P. con una motivación y fundamentación sesgada, falta de congruencia, falta de lealtad procesal, porque impone en la resolución de fecha 16 de junio del 2.021 las circunstancias objetivas del peligro de fuga con relación al Art. 234 numerales 1), 2) y 7) del C.P.P. Ahora con documentación que no vinculan además de que no son nuevos elementos que demuestran que no concurren los riesgos procesales con el fin de darle la libertad..." (sic);
11. xi)Por lo mencionado, se advierte que el Juez de la causa no consideró la debida diligencia y no juzgó con perspectiva de género con la que tiene que tratar toda autoridad este tipo de casos;
12. xii)Por otra parte, en cuanto al art. 239.2 del indicado Código, sobre el vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención, la defensa del accionante precisó que el mismo obtuvo su libertad cinco días antes de que se cumpla el término fijado y que el Ministerio Público no apeló; y al respecto, la SCP "582/2020" establece que la cesación a la detención preventiva no opera ipso facto con el simple cumplimiento del plazo, sino que deben enervarse los riesgos procesales, los cuales dieron origen a la detención preventiva; es decir, debe desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización;
13. xiii)Asimismo, el Juez de la causa no cumplió con las exigencias de los arts. 171, 172 y 173 del citado Código con relación a la valoración de la prueba, y además, incumplió el art. 235 Ter de dicho Código, que establece que la autoridad jurisdiccional escuchará el debate, realizará un análisis integral de los antecedentes para poder dar respuesta a las partes;
14. xiv)Finalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia, al ser parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos debe cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a los derechos, los cuales en el caso de los menores de edad, tienen un carácter reforzado; y,
15. xv)Por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela.

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2021 de 23 de octubre, cursante de fs. 78 a 81, denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos:

1. a)De lo manifestado por las partes procesales, en cuanto al peligro hacia la víctima inserto en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP, el razonamiento de la Vocal ahora accionada cumplió con los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional; es decir, efectuó una debida fundamentación y motivación al señalar que existían riesgos procesales que permiten sostener la necesidad de mantener la detención preventiva contra el accionante, de tal manera que no incurrió en un acto ilegal; puesto que además las autoridades tienen la obligación de brindar una protección preferente a las niñas, niños y adolescentes, lo cual concuerda con los arts. 60 de la CPE y 3.1 de la Convención sobre Derechos del Niño;
2. b)El hecho de haber considerado que los elementos de prueba propuestos en primera instancia por el accionante para enervar el peligro para la víctima por su situación de vulnerabilidad o desventaja respecto al accionante no eran suficientes para desvirtuar dicho riesgo, no resulta una posición extrema que hubiera vulnerado los derechos del accionante, en el entendido de que este debe demostrar con elementos de convicción suficientes que ya no se configura un peligro para la víctima; respecto al peligro procesal señalado en el art. 234.7 del CPP, la facultad jurisdiccional de los administradores de justicia no puede ser limitada a parámetros que no siempre se ajustan a supuestos preestablecidos, más al contrario cada caso contiene sus propias circunstancias procesales que deben ser valoradas por el Juez contralor de garantías, así en el análisis de la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del citado Código, debe observarse toda la prueba presentada por las partes de manera integral y no limitarse a la prueba presentada, debiendo cumplirse las observaciones de la Vocal hoy accionada, sin soslayar los principios que rigen en el instituto de las medidas cautelares de carácter personal a efectos de que la determinación asumida garantice el debido proceso;
3. c)En cuanto al riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del referido Código, los argumentos de la Vocal ahora accionada no resultan vulneratorios al haber considerado que el accionante no presentó ninguna documentación para desvirtuar el riesgo de obstaculización;
4. d)Bajo ese análisis, se puede indicar que la Vocal hoy accionada emitió razonamientos conducentes a justificar su decisión, explicando con claridad porqué considera subsistentes los riesgos procesales de referencia con la probanza producida, ajustando su actuación a los antecedentes apelados y explicando la razonabilidad de su decisión, sin que de dicha tarea se observe omisión valorativa o razonabilidad ligada a la fundamentación y motivación extrañada por el accionante; y,
5. e)Por ello, se concluye que el Auto de Vista 300 de 15 de octubre de 2021 hoy impugnado, contiene la suficiente fundamentación y motivación, enmarcándose dentro de la sana crítica, no existiendo vulneración alguna a los derechos invocados en la presente acción de defensa.

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: "El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes'" (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional Sobre la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, precisó que: "Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: '...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. a)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. b)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente"' (las negrillas nos corresponden). III.3. Análisis del caso concreto El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso -se entiende en sus elementos de fundamentación, motivación y a la valoración de la prueba-, a la "verdad material", a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la tutela judicial efectiva, así como a los principios de honestidad y probidad; puesto que la Vocal hoy accionada, mediante Auto de Vista 300 de 15 de octubre de 2021, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 20 de julio de igual año, que dispuso la cesación de su detención preventiva manteniendo la concurrencia de los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP dado que reiteró los argumentos del representante de la citada Defensoría y omitió realizar una correcta valoración de la prueba presentada; determinando de manera abusiva su inmediata aprehensión y sin establecer el tiempo de su detención preventiva.