1538/2022-S3

Posteriormente, el 1 de agosto de 2019, presentó incidente de nulidad de obrados, al evidenciar que en la Casilla de Gravámenes y Restricciones del Folio Real presentado por la adjudicataria del inmueble:

1. a)Se mantiene la Anotación Preventiva en favor de CAJA LOS ANDES S.A. por $us5 006,41.- (cinco mil seis 41/100 dólares estadounidenses) y una Hipoteca Judicial del BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A. por igual monto;
2. b)No se registró el acta de embargo del inmueble rematado, ya que, el Juez de la causa no dispuso dicho actuado judicial en su oportunidad;
3. c)El referido Juez, no cumplió con lo establecido por el art. 408 del Código Procesal Civil (CPC) para dar inicio a la ejecución coactiva; además, del requerimiento de informes y certificaciones sobre gravámenes e hipotecas, los que necesariamente debieron constar en el "expediente";
4. d)Se inobservó lo dispuesto por el art. 414 del CPC al no poner en conocimiento a los acreedores sobre la existencia del proceso y el posible remate del inmueble que sirvió de garantía de sus derechos de cobro respecto de sus acreencias; y,
5. e)Se vulneró el art. 414.II del CPC al rematarse el bien inmueble de sus padres, arrastrando una anotación preventiva y una hipoteca judicial registrados con anterioridad al procedimiento de remate.

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y respondiendo a las preguntas de los Vocales de la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , manifestó que:

1. 1)El proceso de ejecución coactiva comenzó el 2012;
2. 2)Su padre ingresó al referido proceso como garante solidario;
3. 3)En el Auto Intimatorio como en la Sentencia su padre figura como ejecutado;
4. 4)Su madre se apersonó al citado proceso por ser la esposa de su padre quien era garante solidario, sin oponer defensa alguna dentro de ese proceso;
5. 5)No cursa en antecedentes ninguna declaratoria de herederos respecto a su fallecido padre;
6. 6)Se siente perjudicado, porque desde el fallecimiento de su padre, nadie asumió su defensa para solucionar el problema de la deuda, además de seguir debiendo al BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.;
7. 7)Se hizo conocer ese perjuicio al Juez ahora coaccionado al momento de plantear el incidente de nulidad;
8. 8)En el incidente de nulidad se denunció por no haber seguido el procedimiento establecido para la fase de ejecución, lo que vulneró sus derechos, pero no hizo mención al perjuicio en detalle;
9. 9)Sus padres tenían conocimiento sobre el proceso coactivo, al ser notificados con la demanda;
10. 10)Tuvo conocimiento que en el proceso hubo retraso y retardación por la pérdida del cuaderno procesal;
11. 11)Su padre falleció el 2012;
12. 12)Al momento del fallecimiento de su padre se fijó audiencia del primer remate, la cual no se llevó a cabo;
13. 13)El 2012 sus padres se encontraban casados;
14. 14)A la fecha su madre sigue viva;
15. 15)Su progenitora no hizo conocer el fallecimiento de su padre, debido a que no tenía abogado, tampoco planteo excepción alguna, por cuya razón, recién el 2016 su persona hizo conocer ese aspecto al citado Juez;
16. 16)Su madre solo asumió defensa al inicio del proceso;
17. 17)Su persona vivió en la Republica del Brasil hasta el 2016 por un periodo de seis años;
18. 18)El incidente de nulidad se formuló el 2019, cuando verificó los datos que contenía el Folio Real que presentó la adjudicataria del inmueble de propiedad de sus padres;
19. 19)El segundo remate y su ejecución se efectuó el 2012; y,
20. 20)Desconoce en qué momento se suscribió la escritura pública en favor de la adjudicataria.

Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe presentado el 21 de abril de 2022, de fs. 1654 a 1655, manifestó que:

1. 1)El fundamento central de la presente acción de amparo constitucional está referido a la denuncia sobre la vulneración del derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y al derecho a la defensa, sin explicar de qué manera la resolución emitida vulneró dichos derechos;
2. 2)El Auto de Vista 331/2020 de 14 de agosto, cumple con la debida motivación y fundamentación; sin embargo, no siempre estará acorde a los intereses de las partes;
3. 3)Debe considerarse la prevalencia del derecho material sobre el formal, el que tiene su fundamento en el principio pro actione;
4. 4)A través de la acción de amparo constitucional no se resuelven hechos controvertidos, sino las omisiones, amenazas, restricciones o supresión a los derechos fundamentales;
5. 5)El Auto de Vista 331/2020 hizo prevalencia al principio de preclusión, el que no permite retrotraer etapas procesales ya consumadas; así como la normativa aplicable al caso; y,
6. 6)La Sala Constitucional no tiene facultad ni competencia para ingresar a analizar y valorar lo examinado por la jurisdicción ordinaria. Con base a estos criterios, solicitó se deniegue la tutela.

Edwin Flores Copa, Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 1657 a 1658, manifestó que:

1. i)En el señalamiento de la audiencia de amparo constitucional se identificó a la tercera interesada como "Andrea Soliz Lazarte" cuando lo correcto es Arminda Soliz Lazarte;
2. ii)Se omitió disponer la citación a la parte coactivante COMPAÑÍA IMPORTADORA AUTOMOTORES MATHIAS CSAPECK S.A.;
3. iii)El accionante es heredero forzoso de Jaime Paucara Quispe, quien era garante hipotecario y no garante solidario;
4. iv)En el memorial de incidente de nulidad, el accionante no acusó vulneración del derecho a la defensa y menos la suspensión del proceso ante el fallecimiento de su padre, y al no ser esos aspectos motivo de debate por parte de las autoridades hoy accionadas, debe dar lugar a la improcedencia de la acción tutelar interpuesta;
5. v)El argumento de anular obrados por inaplicación del art. 411 del actual Código Procesal Civil (CPC) que resulta irracional, debido a que el proceso de ejecución coactiva, se tramitó y concluyó con el anterior Código de Procedimiento Civil;
6. vi)El momento de la efectivización del embargo en los procesos tramitados por el Código de Procedimiento Civil abrogado, fue aclarada por la SC 314/2006 de 4 de abril, que estableció que:"... el acta de embargo es el acto en virtud del cual se materializa al embargo y la inscripción es una seguridad adicional que otorga la Ley y que no está establecida como requisito en el art. 523 del CPC y por tanto no constituye una condición contemplada ni exigida por dicha disposición" (sic);
7. vii)Las supuestas irregularidades procesales no pueden depender de las capacidades y la subjetiva oportunidad del accionante;
8. viii)El accionante no solo es hijo de su fallecido padre, sino también de su madre Paulina Claros de Paucara, quien tenía calidad de garante hipotecaria y demandada, la que ejerció actos de defensa de sus derechos sucesorios, a través de incidentes de nulidad y apelaciones;
9. ix)El accionante no expresó que particular derecho a la defensa se le vulneró para que adquiera relevancia constitucional, y,
10. x)El accionante, no puede al amparo del art. 1479 del CC, atribuirse derechos de una entidad financiera, al carecer de legitimación para reclamarlos. En virtud a esos argumentos, solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional o se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 212/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 1724 a 1731, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La acción de amparo constitucional fue presentado dentro del plazo de los seis meses que establecen los arts. 129 de la CPE y 55 del CPCo;
2. b)Jaime Paucara Quispe y Paulina Claros de Paucara, en su calidad de garantes hipotecarios, desde el inicio del proceso coactivo civil, conocieron los antecedentes del proceso, plantearon solicitudes de nulidad de obrados, así como el uso de los mecanismos de impugnación, lo que demuestra que los padres del accionante, en ningún momento fueron limitados para asumir una defensa real, material y técnica dentro del proceso de cobro de la deuda;
3. c)Los padres del accionante en su calidad de codemandados, nunca dejaron de tener una relación de esposos, razón por la cual, el accionante en su calidad de heredero, y Paulina Claros de Paucara como viuda, tendrían que hacer conocer oportunamente a la autoridad judicial el fallecimiento del coactivado Jaime Paucara Quispe ocurrido el 2012 y no esperar hasta 2016, además de poner en conocimiento las supuestas irregularidades procesales respecto a la existencia de gravámenes en el inmueble adjudicado y la falta de inscripción del acta de embargo para proceder a la ejecución del bien inmueble y no recién el 2019 a través de un incidente de nulidad;
4. d)No corresponde la aplicación del art. 411 del CPC, debido a que dicha norma adjetiva civil entró en vigencia en febrero de 2016, cuando ya los actos procesales denunciados se encontraban consolidados;
5. e)El Auto de Vista 331/2020 no vulneró el derecho al debido proceso, en consideración a los principios de transcendencia y convalidación; puesto que, el acta de embargo y las medidas previas al remate fueron realizadas antes del fallecimiento del coactivado Jaime Paucara Quispe; asimismo, por efecto del memorial presentado por el accionante de 28 de abril de 2016, con relación a la comunicación de fallecimiento de su padre, el Juez ahora coaccionado suspendió el proceso, para citar a los herederos, y mediante decreto de 18 de abril de 2017, se tuvo por apersonado al accionante, oportunidad que bien pudo hacer las denuncias correspondientes sobre las supuestas irregularidades de procedimiento, no haberlo hecho en esa ocasión, significa que ratificó dichos actos;
6. f)El Auto de Vista 331/2020 ingresó al análisis del Auto Interlocutorio 376/2019 con base el régimen de las nulidades procesales, con la finalidad de verificar la supuesta indefensión, identificando actos de preclusión, no siendo atendible el argumento de que una minuta sobre venta judicial e inscrita en la Oficina de DD.RR. con el objetivo de su oponibilidad contra terceros para que tenga una vigencia limitada, más aún, si dicho documento no fue presentado como prueba en la presente acción de amparo constitucional; y,
7. g)Cursa en antecedentes que el citado Juez por decreto de 23 de noviembre de 2018, ordenó el cumplimiento de los arts. 427. I del CPC y 479 del CC, y que por la Oficina de DD.RR. se proceda al levantamiento de los gravámenes registrados en los asientos B1 y B2 del Folio Real 2.01.0.99.0046404 en favor de la COMPAÑÍA IMPORTADORA DE AUTOMOTORES CSAPEK S.A., lo que demuestra que el accionante pretende a través de la presente acción invalidar actuados procesales y retrotraer etapas por una supuesta vulneración del derecho a la defensa, cuando de los antecedentes se denota lo contrario.