1546/2022-S4

Subsanadas las mismas, se emitió el informe GAMLP/SMDE/IM/SIC 142/17 de 30 de agosto de 2017, suscrito por Velma Luvia Vargas Aspiazu, Sub Intendente Municipal, el cual debe ser analizado en dos sentidos; el primero como hecho probatorio y el segundo como sanción antelada sin oportunidad de contradicción, por las siguientes razones:

1. a)Conforme a lo establecido en la normativa vigente, la solicitud de licencia de funcionamiento de la actividad económica La Condesa, cumplió con todas las condiciones técnicas de control establecidas en las Leyes Municipales Autonómicas, respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas; y,
2. b)Recomendó poner a conocimiento de la Subalcaldía Centro, la distancia al Centro de enseñanza de Adultos y otros tipos de enseñanzas denominada "KUMON-APOYO PEDAGÓGICO", para que a través del Sub Alcalde se considere la emisión de licencia de funcionamiento de la actividad económica denominada "La Condesa", de acuerdo a lo establecido en los arts. 42 y 43 de las Leyes Municipales de Control al Expendio de Bebidas Alcohólicas, siendo esta última la causa principal que inició la pretensión legal postulada a la administración. Por su parte, el Sub Alcalde, sobre la base de lo informado y en atención a lo dispuesto en el art. 44.I de las Leyes Municipales Autonómicas GAML 049-087 de 13 de enero y 4 de septiembre de 2014 respectivamente, la Administración Municipal, emitió la Resolución Administrativa (RA) Macrodistrital 363/2017 de 26 de septiembre; por la que, se rechazó la solicitud de emisión de licencia de funcionamiento para la actividad económica "La Condesa".

En el recurso de revocatoria reclamó los siguientes puntos:

1. 1)El 10 de julio de 2018, se le hizo conocer la existencia de la RA Macrodistrital 363/2017, dándose por notificado con la misma, entonces desde el 26 de septiembre de 2017 al 10 de junio de 2018, transcurrieron doscientos ochenta y tres días de retraso en efectuar la notificación; es decir, fuera de los plazos que establece el procedimiento administrativo, en la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, en su art. 33, normativa en la que se determina que debió practicarse la notificación en el plazo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto hubiera sido dictado, siendo los plazos procesales obligatorios para ambas partes, no existiendo ningún medio de prueba que certifique su legal notificación, lo que conlleva a la vulneración del debido proceso administrativo, y el no cumplir con los mismos, deriva en la nulidad de acto administrativo. Tampoco se conoce una ejecutoria de la RA Macrodistrital 363/2017;
2. 2)No se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 33 de la Ley 2341, respecto a los plazos que dicta el procedimiento administrativo;
3. 3)El 26 de julio de 2018, fue notificado con el Auto de Suspensión de plazos 034/2017 en el proceso de solicitud de Licencia de Funcionamiento AER - EL 5411/2017; empero, nunca se le hizo saber mediante similar instrumento (auto de reinicio de plazos) para cuándo o a partir de cuándo se retomaba el curso del proceso; por lo que, supuso que nunca se dio esta figura y que el proceso continuaba en estado de interrupción y suspensión;
4. 4)En cuanto al Registro de la supuesta Unidad Educativa KUMÓN- Apoyo Pedagógico, manifestó que no es un centro educativo legalmente establecido, de acuerdo a la certificación expedida por el Ministerio de Educación que mediante Nota Cite NE/VESFP/DGESTTLA 0978/2017 de 10 de agosto, certificó que no existe ningún registro como centro de educación; ya que, sería aplicable el art. 6 de la Ley 259 (Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas); y,
5. 5)Señaló que el ente municipal emitió la Ordenanza 252/2017 promulgada el 20 de junio, que modificó y amplió el perímetro del área de programa "Sopocachi, hacia una zona segura" establecida el 2009, esta ampliación incluye el sector de la final Calle Capital Ravelo; es decir, el lugar de instalación de los ambientes de la actividad económica, ordenanza que no puede utilizarse de forma retroactiva en virtud a lo previsto en las dispones contenidas en el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), más aun tomando en cuenta que su solicitud de Licencia de Funcionamiento fue iniciada el 24 de mayo de 2017.

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia;

1. i)Se instruya a la Sub Alcaldía Centro, resuelva el recurso pendiente y atienda a las reclamaciones realizadas; y,
2. ii)Que en tanto se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios en sede judicial o administrativa, se emita la licencia de funcionamiento en el plazo de setenta y dos horas.

Fernando Henrry Valencia Aguilera, Sub Alcalde del Macro Distrito Centro y Velma Luvia Vargas Aspiazu, Intendente Municipal, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, mediante memorial de 27 de marzo de 2019, cursante de fs. 174 a 186 vta., a través de sus representantes, informaron lo siguiente:

1. a)Ante la solicitud del accionante, para la emisión de la licencia de funcionamiento, se realizaron dos inspecciones, en la primera se hicieron nueve observaciones que debían ser subsanadas, tal cual se desprende del Informe G.A.M.L.P./S.M.D.E/ I.M./S.I.C. 111/2017 de 10 de julio; y, en la segunda inspección, se verificó que se subsanaron todas las observaciones realizadas en cuanto a las condiciones técnicas de infraestructura y de seguridad para el funcionamiento de la actividad;
2. b)Durante la primera verificación se midió la distancia de la actividad económica con referencia a la otra actividad denominada "Kumon-Apoyo Pedagógico, misma que se encontraba a treinta y cinco metros lineales de la actividad del impetrante de tutela; la cual, cuenta con Licencia de Funcionamiento 163982 vigente hasta el 7 de febrero de 2019;
3. c)Si bien existe una nota emitida por el Ministerio de Educación que señaló que KUMÓN- Apoyo Pedagógico, no se encuentra registrado como Instituto Técnico Tecnológico; por tanto, no correspondería al Subsistema de Formación Superior; sin embargo, no deja de ser un centro de especialidades en la enseñanza; por lo que, por RA Macrodistrital 363/2017, se resolvió rechazar la solicitud de emisión de la Licencia de Funcionamiento para la actividad económica "La Condesa"; misma que, fue puesta en conocimiento del accionante con la sola entrega de una copia; puesto que, este tipo de trámites son remitidos al Sitr@m, siendo responsabilidad del interesado hacer el seguimiento en aplicación a la Ley Municipal Autonómica 049087-235 art. 45.II;
4. d)No se puede pretender a partir de una acción de amparo constitucional, negar el efecto normativo y de cumplimiento de normas municipales, que disponen y rigen sobre los administrados; y,
5. e)La acción de amparo constitucional no tutela ni resuelve aspectos relacionados a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Ley; para ello, la Ley del Tribunal Constitucional tiene previsto el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad.

Jhon Edwar Funes Ribert y Daniel Alejandro Flores Ayala, en audiencia manifestaron que:

1. 1)La Unidad Educativa aparentemente es inexistente;
2. 2)La administración omitió aplicar el principio de igualdad administrativa, porque al mismo tiempo se renovó la licencia a un local con las mismas similitudes y actividad económica denominada KATANAS; y,
3. 3)Existen tres condiciones, la técnica, la infraestructura y la seguridad; este último, que tiene que ver con las cámaras de seguridad.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 15/2019 de 28 de marzo, cursante de fs. 281 a 285 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el ente municipal acoja el derecho a la petición postulado por el accionante y atienda las dos reclamaciones realizadas hasta la fecha; la primera realizada ante el Sub Alcalde Centro, sobre la remisión de antecedentes que debía hacerse al Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y el segundo que la máxima autoridad edil para evitar subsecuentes acciones de amparo constitucional, deberá observar en la resolución del recurso jerárquico, la valoración correcta de los hechos, del derecho y de la prueba que se haya adjuntado de manera integral, a fin de que su resolución cumpla con la satisfacción del derecho a la petición de manera material conforme lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional Plurinacional; asimismo concedió la tutela cautelar solicitada, disponiendo que el ente municipal emita licencia de funcionamiento temporal en favor del impetrante de tutela hasta el pronunciamiento del recurso jerárquico; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El derecho procesal administrativo creó tres formas procesales de procedimiento i.a) Procedimiento administrativo general, al que acuden todos los niveles de estado, regido por la Ley 2341; en virtud a lo cual, la autoridad municipal cuenta con sus propias normas generales de procedimiento; i.b) Procedimiento trilateral, que es un derecho administrativo, un derecho sancionador y que debe tener un pronunciamiento; y, i.c) Procedimiento administrativo sancionatorio que puede descomponerse en un proceso administrativo sancionatorio externo o interno;
2. ii)El criterio de pronunciamiento, más allá del silencio administrativo, o que éste sea positivo o negativo, no será discutido acá, el criterio del pronunciamiento le genera una obligación a la administración y a la autoridad jurisdiccional, le hace la carga de pronunciarse respecto a toda solicitud que se le presente; y,
3. iii)De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el derecho a la petición puede descomponerse en dos partes, un derecho de petición formal y un derecho de petición material; en este último en el que, la administración debe procurar una respuesta no meramente formal, sino una que haga entender al administrado del porqué de su petición; lo que no se atendió, en los términos en que han sido postulados; es decir, que la administración tiene la obligación de pronunciarse ante cualquier tipo de solicitud realizada por el administrado;
4. iv)De obrados se establece la existencia de un procedimiento administrativo abierto como es el recurso de revocatoria; y que al mismo tiempo supone la resolución del mismo; y por ello, se supone la remisión de ese revocatorio a un jerárquico administrativo;
5. v)El recurso jerárquico administrativo fue remitido a la autoridad jerárquica el 15 de enero de 2018, y fue radicado en el despacho el 27 de marzo de 2019; lo que llama la atención es que, entre la remisión y la radicatoria del recurso transcurrió más de un año;
6. vi)Se puede advertir la existencia de dos recursos de revocatoria; uno de ellos, aparentemente respondió al administrado, haciéndole conocer del trámite de un recurso jerárquico administrativo; y el otro, que no tuvo ningún tipo de respuesta; sin embargo, ambos se encontrarían radicados ante la autoridad que hoy se encuentra conociendo el recurso jerárquico;
7. vii)Es administrativo; es decir, que se advierte que existe un acto administrativo que hace presumir que el ente municipal demandado cuenta con quince días para pronunciarse respecto al recurso jerárquico administrativo, que inhibiría la presente acción tutelar por la regla de subsidiariedad; empero, no se puede dejar de advertir también que la remisión del recurso mencionado, se realizó en enero de 2018 y fue radicada la causa el 27 de marzo de 2019, quedando claro que el accionante, respecto al derecho a la petición tiene la vía abierta ante la dilatada actividad del Gobierno Municipal para interponer el recurso de acción de amparo constitucional; y,
8. viii)Respecto a la medida cautelar solicitada, en sentido que le otorgue una licencia de funcionamiento provisional o temporal; en virtud de que, existiría un centro educativo a 100 m a la redonda; por la documentación adjunta se advierte que el centro educativo no se encontraría reconocido como tal en el Ministerio de Educación; y, segundo el peligro en la demora en la emisión de la licencia de funcionamiento provisional a la actividad económica estaría afectando al impetrante de tutela; debido a que, hasta la fecha soporta el pago por más de dos años y cuatro meses de alquileres, expensas y salarios al personal que tiene a su cargo, afectando el derecho al trabajo de sus dependientes en esa actividad económica; puesto que, la falta de pronunciamiento por parte de la entidad demandada afecta inminentemente la actividad económica y la actividad laboral.