1552/2022-S4

Acreditando su condición de heredera de varias acciones y derechos en la proporción del 50% de diferentes medidas sobre los lotes de terreno ubicados en la Urbanización Virgen de Guadalupe, en los manzanos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M y N, ubicada en la localidad de Caraparí de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, registrados en Derechos Reales (DD.RR.) bajo las matrículas computarizadas madres 6.04.2.01.0000027 y 6.04.2.01.00000278, ambas vigentes; por lo que, por memorial de cuarto requerimiento, presentado el 25 de enero de 2022, solicitó a la autoridad Edil ahora demandada:

1. a)Fotocopia legalizada de los pagos de impuestos correspondientes a 2020 a nombre de su fallecido padre René Manuel Cuellar Castellanos; y,
2. b)Certificación del pago de impuestos de 2020 de todos los inmuebles registrados a nombre de su difunto progenitor, donde conste el detalle de inmueble, superficie, ubicación y base imponible.

Asimismo, en la indicada fecha, mediante nueve escritos, impetró también al hoy demandado, individualizando las respectivas matrículas computarizadas sobre cada inmueble:

1. 1)Que la Unidad de Catastro Urbano de dicho ente municipal proceda el registro del lote de terreno en acción y derecho del 50% a su nombre; y,
2. 2)Planos de ubicación y certificación catastral.

Ermas Pérez Villalba, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, a través de sus representantes legales mediante informe escrito de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 153 a 156, ratificado en audiencia, expresó lo siguiente:

1. i)La audiencia de la acción tutelar fue programada antes de que se cumplieran las veinte cuatro exigidas para la realización de la audiencia, dejándolo en absoluto estado de indefensión, siendo que adicionalmente a ello, los supuestos hechos lesivos se produjeron en un lugar diferente, donde existen jueces competentes como los es el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Caraparí del departamento de Tarija;
2. ii)Las solicitudes formuladas por la accionantes el 25 de enero de 2022, referidas al registro de cada uno de los nueve lotes de terreno a su nombre en calidad de copropietaria de su difunto padre por sucesión, al tratarse de asuntos netamente administrativos que no pueden ser atendidos en dos o tres días, fueron remitidos para su respectivo tratamiento a la Secretaría Municipal Administrativa Financiar en su Unidad de Gestión Territorial y Unidad de Recaudaciones, respectivamente, a efectos de contar con los criterios técnicos necesarios; información que una vez proporcionada, fue enviada a la Dirección Jurídica del ente municipal para el correspondiente análisis legal de la documentación adjunta; ii) Durante el 2022, la impetrante de tutela solicitó de manera reiterada información respecto a los indicados predios, habiéndosele respondido oportunamente, siendo recibidos personalmente por aquella el 11 de enero de 2022, el Cite GAMC/EPV 0027/2022, en la que se le proporcionó respuesta a su solicitud de tercer requerimiento; por lo que, la accionante no pude aducir que no se le contestó a sus peticiones;
3. iii)De conformidad al Informe Técnico UDC Y OT/MGRT /2022 de 4 de febrero, elaborado por la Responsable de la Unidad de Desarrollo Urbano, Catastro y Ordenamiento Territorial, los escritos presentados por la impetrante de tutela, se recepcionaron en la Unidad de Catastro de la entidad edil, siguiendo su curso hasta la emisión de la respuesta, a excepción del memorial de 25 de enero de 2022, que se encuentra pendiente en la Dirección Jurídica para Informe Legal;
4. iv)Según Informe Técnico UR 01/2022 de 4 de febrero, emitido por la encargada de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, para la emisión de lo solicitado por la accionantes, la petición debe ser realizada por los copropietarios, dado que el derecho propietario de los inmuebles registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, signado bajo la identificación OMC 00000649, pertenece de forma indivisa a dos personas, siendo que los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de los inmuebles, sino un derecho propietario sobre todas y cada una de las partes de los mismo en determinada proporción; es decir, sobre una alícuota parte;
5. v)Cesario Cuellar Castellanos, presentó nota el 1 de febrero de 2022, haciendo conocer al ente municipal que es copropietario de los inmuebles, solicitando a su vez, no se dé respuesta a la impetrante hasta que se efectúe la división y partición de los lotes; situación que impide a la entidad edil emitir cualquier providencia o informe que ponga en riesgo el derecho propietario de terceros, mediante una venta de terrenos cuya división y partición de herederos se encuentre pendiente;
6. vi)Si bien el derecho a la petición se le hubiese vulnerado ante la falta de respuesta formal y pronta, como se tiene señalado, la primera petición fue atendida oportunamente; empero, la segunda solicitud por su importancia se halla en pleno proceso de elaboración desde el punto de vista técnico y legal, demostrándose la incorrecta apreciación de la accionante respecto al contenido esencial del derecho reclamado, que no se circunscribe únicamente a la tención favorable de lo impetrado;
7. vii)La acción de amparo constitucional se rige por los principios de inmediatez y subsidiariedad, siendo que el primero posee una doble dimensión, consistiendo la primera en la activación inmediata de dicha vía; y, la segunda que depende de que su interposición se realice en un plazo razonable de seis meses establecido por la Ley Fundamental, computable desde la comisión del hecho lesivo o de notificada la última decisión judicial o administrativa. En el caso particular, al haberse respondido a la peticionante en encontrándose en etapa de elaboración las nuevas solicitudes formuladas, no existe lesión del derecho de petición, resultando que se precisa el tiempo técnicamente necesario para la emisión de respuesta;
8. viii)Por todo lo manifestado, no se incurrió en ninguna vulneración al derecho reclamado, habiéndose únicamente tomado el tiempo necesario para atender las nueve peticiones y no una, siendo que en estas además, se entremezclan derechos sucesorios que no han sido objeto de división y partición de los copropietarios, donde existen posibles herederos, por lo que resulta un asunto delicado a tiempo de que el ente municipal emita pronunciamiento. Consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Primera de Entre Ríos del departamento de Tarija, mediante Resolución 02/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 160 a 164, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Con referencia a la competencia de la autoridad constitucional, cuestionada por el demandado, es preciso señalar que la -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018- que crea las Salas Constitucionales, en su art. 3 establece que la competencia de las mismas se extiende a 20 km de las ciudades capitales, siendo que la segunda parte del indicado artículo, dispone que para los municipios que no se encuentran dentro de ese radio, se amplía la competencia a cualquier juzgado público mixto de la jurisdicción departamental; en tal sentido, el municipio de Caraparí se halla distante de la capital del departamento de Tarija; es decir, a 20 km, lo que habilita al juzgado observado a atender acciones de defensa; aspecto que fue aplicado y advertido al momento de admitir la demanda tutelar;
2. b)En cuanto al tercero interesado, mencionado también por el demandado, debe manifestarse que el derecho a la petición, denunciado como vulnerado, constituye un derecho subjetivo que no afecta derechos de terceros, siendo que la accionante únicamente pretende recibir una respuesta, sea positiva o negativa a sus solicitudes;
3. c)Si bien el art. 24 de la CPE, establece que toda persona que formule una petición tiene derecho a recibir una repuesta formal y pronta, la jurisprudencia constitucional, determinó que cuando existen plazos previstos por ley a dicho efecto, estos deben ser cumplidos; así, en el presente caso, las peticiones formuladas por la accionante ante el ente municipal, se vinculan a trámites administrativos que deben ejecutarse en el marco de la normativa legal vigente y conforme determina la Ley de Procedimiento Administrativo, cuyo art. 71.I.g) concordante con el art. 17 de su Reglamento, prevé un término de veinte días para que, en caso de haber transcurrido más de veinte días, se activen los recursos de revocatoria y jerárquico, quedando expedita con posterioridad la vía tutelar, ya que se aplicaría el silencia administrativo que otorga al administrado un garantía constitucional, pues su peticiones no quedan en la incertidumbre de manera indefinida;
4. d)Del análisis de la prueba aportada por las partes, se evidencia que del 25 de enero al 4 de febrero de 2022, transcurrieron 8 días hábiles, encontrándose en consecuencia aún vigente el plazo de veinte días antes señalado; máxime si se considera que la peticionante de tutela, puede activar los recursos de revocatoria y jerárquico en caso de que no se emitiera respuesta, aplicando en tal circunstancia, el silencio administrativo; y,
5. e)En el marco normativo del art. 129.I de la Norma Suprema, la acción de amparo constitucional, a la luz del principio de subsidiariedad, es procedente cuando no existan otros medios o recursos legales para la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, siendo que en el contexto de los argumentos expuestos precedentemente, la presente demanda deviene en improcedente, debido a que existen otro medios legales que la impetrante de tutela puede activar a efectos de reclamar los derechos alegados.

II.1. Por escrito presentado por la accionante el 30 de septiembre de 2021, bajo el rótulo "3ER REQUERIMIENTO", acreditando ser la heredera de su difunto padre René Manuel Cuellar Castellanos, manifestó al hoy demandado que, por nota presentada el 20 de agosto de 2021, impetró:

1. 1)Copia de los planos (urbanización y otros) a nombre del fallecido; y,
2. 2)Certificación de los registros de pago de impuestos de todos los inmuebles registrados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT); información que le fue proporcionada de manera imprecisa e incompleta; por lo que, por memorial de 26 de septiembre del indicado año, formuló un segundo requerimiento, impetrando se le informe:
3. i)Si existe otra Urbanización denominada Carmelita u otros inmuebles si existieran, plano e impuestos de los mismos u otros inmuebles registrados; y,
4. ii)Detalle del inmueble registrado en el RUAT, superficie, ubicación, base imponible, etc.; datos necesarios para el pago de impuestos sucesorios, siendo que, ante esta nueva solicitud, el ente municipal le exigió la presentación de folio real de los inmuebles. En tal sentido, mediante el documento analizado (3ER REQUERIMIENTO), impetró a) Cumplimiento de la nota de 16 de septiembre de 2021;
5. b)Fotocopia legalizada de los pagos de impuestos de todos los inmuebles por la gestión 2020 a nombre de su difunta padre o Certificación de pago de impuestos de la indicada gestión de los inmuebles, detallándose número de inmueble registrado en el RUAT, superficie, ubicación, base imponible, etc.; y,
6. c)Se paralice cualquier transferencia que se pretenda realizar a nombre de su causante, fallecido el 31 de mayo de 2021 (fs. 114 a 135)

II.3. El 25 de enero de 2022, la ahora accionante, formuló ante el hoy demandado un "4TO REQUERIMIENTO", manifestando que ante su última solicitud, solamente le fueron entregadas copias de los planos de las dos urbanizaciones y que no le proporcionaron Certificación de los registro de pago de impuestos de todos los inmuebles registrados en el RUAT a nombre René Manuel Cuellar Castellanos y otro, donde conste superficie, ubicación, base imponible, etc.; consecuentemente, reiteraba su petición por cuarta vez, al amparo del art. 24 de la CPE, impetrando lo siguiente:

1. a)Fotocopia legalizada de los pagos de impuestos correspondientes a 2020, de todos los inmuebles a nombre de René Manuel Cuellar Castellanos; y,
2. b)Certificación de pago de impuestos de 2020 a nombre de René Manuel Cuellar Castellanos y otro de los inmuebles, detallando número de inmueble registrado en el RUAT, superficie, ubicación, base imponible, etc., señalando a dicho efecto como domicilio virtual la dirección de correo electrónico norjarsun@hotmail.com y a efectos de notificaciones, el celular 76811276 (fs. 8 y vta.).

II.4. Por memoriales presentados el 25 de enero de 2021, Mary Carmen Cuellar Balderas, adjuntando Escritura Pública 0205/2021 que acredita su derecho propietario de bienes adquiridos por herencia, así como Folios Reales que reconocen como propietarios a su persona y Cesáreo Cuellar Castellanos, solicitó:

1. 1)Registro de los lotes de 11 del manzano K; 9 del manzano E; 14 del manzano J; manzano L; manzano B; manzano J; manzano D; manzano A; y, manzano K; todos ubicados en la Urbanización Virgen de Guadalupe; y,
2. 2)Plano de ubicación y certificado catastral (fs. 56, 62, 66, 70, 74, 78, 81, 85 y 89)

Sobre la naturaleza del derecho a la petición, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que: "La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen, las autoridades vulneran el derecho de petición cuando:

1. a)La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario;
2. b)Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación;
3. c)Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y,
4. d)La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado" (las negrillas nos pertenecen).

Por su parte, la SCP 0085/2012 de 16 de abril, precisando el contenido dogmático del derecho a la petición consagrado en el art. 24 de la Norma Suprema, al influjo de la teoría del Dritwinkung o de la eficacia horizontal de los derechos, sostuvo que: "...el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho...", señalando además que "...considerando que uno de los elementos del contenido esencial del derecho de petición es la obtención de respuesta, en el ámbito de la eficacia horizontal del derecho de petición, debe resaltarse que el fundamento de este elemento, precisamente es la certidumbre, por tanto, en virtud a un análisis sociológico con relevancia jurídica, inequívocamente este aspecto en una perspectiva horizontal y vertical, constituye el mecanismo de consolidación de la tan ansiada paz social, que en el marco del art. 10 de la CPE, es un fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia..." (el resaltado nos corresponde); entendimiento a partir del cual, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, identificó que el contenido esencial del derecho a la petición, se encuentra integrado por los siguientes elementos: "1) La petición de manera individual o colectiva, verbal o escrita;

1. 2)La obtención de respuesta, sea esta favorable o desfavorable;
2. 3)La prontitud y oportunidad de la respuesta; y
3. 4)La respuesta en el fondo de la petición"; componentes que ya fueron determinados mediante las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R" (las negrillas son nuestras).