Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1556/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad
Expediente: 57288-2023-115-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AL-018/2023 de 18 de julio, cursante de fs. 257 a 259 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eduardo Arze León contra Pablo Antezana Vargas y Delina Irma Zurita Herbas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; Jhazmany Juan Zenteno Valdez, Vivian Janeth Enríquez Monasterio y María Antonieta Tejada Medina, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de julio de 2023, cursante de fs. 162 a 165, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de prevaricato, fue privado de su libertad por un ciudadano particular, que luego llamó a un funcionario policial para ejecutar un mandamiento de condena en fotocopia simple que era nulo de pleno derecho y conducirlo al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba; pese a que, no fue notificado personalmente con el Auto de Vista REG/S.P.IV/SENT.55/14.04.2021 de 14 de abril, que resolvió la apelación restringida que formuló contra la Sentencia 27/2018 de 13 de julio, lo que imposibilitó pueda formalizar recurso de casación contra esa decisión; por ello, se encontraba indebidamente detenido.
Su vida estaba en riesgo por cuanto fungía como juez de sentencia y muchos privados de libertad del citado Centro Penitenciario lo conocían y le amenazaban por lo que, conforme la , el citado derecho merece protección a través de esta acción de defensa de forma inmediata sin exigir formalismo alguno.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad y a la vida digna; citando a ese efecto los arts. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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