1558/2022-S2

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)El cese inmediato de "...TODO ACTO LESIVO A LOS DERECHOS E INTERESES (...) como ser..." (sic) la obstrucción de la construcción del emisario principal de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Tiquipaya y de la PTAR; y,
2. b)El retiro inminente de personas que impiden tal construcción, sea con determinación de indicios de responsabilidad civil estimando el monto a indemnizar por daños y perjuicios causados al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba; o, penal remitiendo antecedentes al Ministerio Público.

Los peticionantes de tutela ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando que:

1. 1)Los proyectos en cuestión fueron aprobados por un 98% de la población por distintas manifestaciones incluyendo un cabildo. Sin embargo, los dirigentes de Bruno Moqo desinformaron a su población afirmando que la implementación de la PTAR provocará malos olores, afectará su salud y otros extremos que no condicen con las obras que se proyectaron previendo tales aspectos; y,
2. 2)Los proyectos cumplieron las normas, en tal mérito se suscribieron convenios con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, obteniéndose el financiamiento que corre el riesgo de perderse según se informó a los miembros de la OTB Bruno Moqo y a sus representantes. Además se explicó que la tecnología empleada es de última generación y entre otras virtudes de las obras, se encuentra la contención de olores y el tratamiento de aguas.

Marina Esther Rojas Mérida, Elías Serrano Estrada, Héctor Escalera Estrada y Simón Serrano Estrada, a través de su abogado en audiencia, señalaron que:

1. i)Es evidente que los derechos invocados como lesionados son tutelables; sin embargo, a la vez debía tomarse en cuenta que los proyectos también afectaban los mismos derechos en relación a la población de la comunidad Bruno Moqo;
2. ii)En tal sentido, no están contra las obras; sino que, protegen su interés y derechos frente a los gases tóxicos que pudieran emanar de la PTAR y los riesgos que representa la construcción de ésta en Bruno Moqo;
3. iii)En la acción popular no se identificó de forma clara el acto u omisión en que hubieran incurrido y que habría causado la lesión de derechos alegada. Asimismo, la exposición resultó genérica sin aclarar al menos si los derechos invocados son colectivos o difusos;
4. iv)Afirmaron que existe una falta de información, pues primero se les solicitó aceptar la construcción para brindarles luego la información;
5. v)Se defienden los derechos de los beneficiados con la construcción de la EBAR que conducirá los líquidos residuales hasta la citada Planta de Tratamiento que se encuentra en medio de las poblaciones de Bruno Moqo y Cuatro Esquinas. Si bien dicha Planta es terreno que corresponde al municipio de Tiquipaya; sin embargo, se encuentra dentro del radio urbano de las referidas comunidades y en sus proximidades se encuentra un colegio, un hogar de niños y viviendas que serían afectados;
6. vi)No se oponen a la construcción de la aludida Planta; pero requerían su reubicación fuera del radio urbano y no afecte los lugares mencionados;
7. vii)La generación de gases tóxicos nocivos para la población son extremos que fueron analizados e informados por análisis e informes técnicos propios que obtuvieron y que coinciden con información existente en internet;
8. viii)Se les estaría obligando a vivir cerca de la PTAR y en caso de derivar tal situación en daños a la salud y vida de la población del lugar, nadie se haría responsable. Adjuntaron un plano del sector que permitía verificar las colindancias de dicho terreno; y, pidieron que se tutele también su derecho a la vida como bien mayor;
9. ix)Solicitaron información a través de tres notas, de 14 de junio y 9 de diciembre de 2021; y, 2 de junio de 2022; además, hicieron conocer un Voto Resolutivo; no obstante, nunca se les proporcionó lo requerido ni se les brindó documentación alguna o informe científico que sustente que no se afectaría la vida;
10. x)Si bien la población de Tiquipaya se beneficiaba con el proyecto en cuestión; empero, no era una situación igualitaria, pues la planta purificadora se encuentra cerca de Bruno Moqo y Cuatro Esquinas;
11. xi)En el caso no se explicó si se trataba de un derecho colectivo o difuso, y siendo que existía un derecho difuso no podía sobreponerse a su derecho a la vida relacionada con la ubicación de la indicada Planta de Tratamiento. En tal contexto no debía perderse de vista que tenían derecho a la información y al desarrollo equitativo y medioambiental. Consecuentemente, al ingresar al análisis de fondo de la acción tutelar, se podrían afectar también los derechos a la vida, a la salubridad y al medio ambiente de la población de la zona aledaña a la citada Planta de Tratamiento; y,
12. xii)Por tales razones solicitaron se deniegue la tutela y se ordene al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas que reubique la obra para evitar la afectación; y, al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya de departamento de Cochabamba que cese la hostilidad y canalice el uso de terrenos fuera del radio urbano para la obra.

Juan Carlos Lara Torrico, Responsable del PROSARC del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en audiencia señaló que:

1. a)Los proyectos en cuestión eran de vital importancia no solo para el municipio sino también para el eje de conurbación de toda Cochabamba al permitir la descontaminación del Río Rocha;
2. b)Los técnicos de la "UCP PAAP - PROSARC" (sic) junto al citado Ministerio, participaron en todos los procesos de socialización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba desde el 2019 a 2021 y parte del 2022. Las autoridades municipales y dirigentes de las OTB que componen el municipio apoyaron en un 90% el proyecto "Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tiquipaya"; excepto los dirigentes de las OTB Bruno Moqo y Cuatro Esquinas del Distrito 6;
3. c)El municipio cuenta con el derecho propietario sobre los terrenos adquiridos para el emplazamiento de la referida Planta de Tratamiento, derecho debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.); asimismo, se entregó "...la documentación del proyecto" a los representantes del Distrito y las OTB, incluído Bruno Moqo;
4. d)La posición de esta última comunidad fue cerrada pese a que se presentaron en los procesos de socialización del proyecto acompañados de sus propios técnicos que no tuvieron ninguna observación;
5. e)Existen algunos dirigentes de la aludida Comunidad que "con malas intenciones" desinforman a las bases afirmando que llegará a la Planta de Tratamiento mazamorra con agua que dañará a toda la población. También se malinforma refiriendo que la construcción de la PTAR será únicamente para diez años y luego la Comunidad quedará inundada con aguas residuales;
6. f)Existieron amenazas de agresión física y quema de vehículos tanto del señalado Ministerio como de servidores municipales y otros;
7. g)"Se ha notado la participación del municipio de Tiquipaya (...) sin embargo no se cuenta con una resolución del conflicto..." (sic [las negrillas y el subrayado son nuestros]). En tal mérito, se ha solicitado de forma reiterada -mediante notas- al citado Gobierno Municipal que cumpla la cláusula séptima parte segunda del Convenio 62, pues su incumplimiento activa la siguiente cláusula y ciertamente "...los conflictos sociales ponen en riesgo la conclusión del convenio toda vez que los plazos contenidos en el mismo están próximos a vencerse..." (sic [las negrillas son nuestras]);
8. h)La Planta de Tratamiento está proyectada y se encuentra en proceso de licitación en observancia a "últimos estándares"; por lo que -afirman- no era correcto alegar la existencia de gases y olores susceptibles de afectar a la población. Al contrario, se tenía previsto de forma técnica el quemado de gases, la desodorización, la desinfección, la radiación ultravioleta, entre otros, con la finalidad de obtener agua reutilizable;
9. i)Los Convenios 59 y 62 suscritos con la referida entidad municipal, determinan en sus cláusulas que son obligaciones del mencionado Gobierno Municipal -entre otras- garantizar las áreas de emplazamiento a objeto de la ejecución pacífica, continuada y oportuna del proyecto; y la aceptación y aprobación social del proyecto; así como solucionar de manera oportuna los problemas de orden técnico social; y,
10. j)Los dirigentes de la comunidad hoy demandados con intenciones personales "malas" desinforman a sus bases para después organizar las amenazas, agresiones y conflictos sociales que vienen perjudicando la ejecución de los programas con el riesgo de perder más de Bs118 000 000.- (ciento dieciocho millones de bolivianos) de financiamiento. Razones por las que pidieron se tomen en cuenta estos aspectos consideren a tiempo de resolver la presente acción tutelar.

Juan Pahuasi Argote, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, por memorial de 8 de julio de 2022, que cursa de fs. 1452 a 1458 vta., y en audiencia alegó que:

1. 1)En la actualidad "en el lugar" eran perceptibles los olores nauseabundos e insoportables provenientes de las aguas residuales cuya contaminación se pretendía eliminar; situación que, en época de lluvia se agravaba inclusive con el rebalse de los alcantarillados;
2. 2)En el proceso de socialización, si bien se contó con la participación de los ahora demandados dirigentes de Bruno Moqo; sin embargo, se opusieron a firmar las actas y "convenio";
3. 3)La reubicación pretendida era inviable, pues donde se encuentra actualmente respondía a temas técnicos, requiriéndose un terreno en declive;
4. 4)El terreno es de propiedad del referido Gobierno Municipal, no así de las OTB Bruno Moqo ni Cuatro Esquinas; asimismo, puede advertirse que se ubica en Collpapampa y no en la zona de los ahora demandados;
5. 5)Conforme a los Informes de la CGE, K2/AP06/M11/E1 (PS1/17) y K2/GP21/L19-G1, si bien el municipio de Tiquipaya no colinda con el Río Rocha; empero, las aguas de esa jurisdicción desembocan en el mismo. Consecuentemente, se recomendó que dicha entidad municipal asuma la responsabilidad de establecer procedimientos, regulaciones técnicas y administrativas requeridas para el tratamiento de sus aguas residuales; y,
6. 6)Los ahora demandados, se organizaron ilícitamente para impedir la prosecución del trabajo, generando agresiones físicas contra los trabajadores de la empresa constructora, daños a sus equipos y maquinaria, bloqueos en el puente del Río Tolavi -el 16 de junio de 2022-, amenazas, vigilias continuas en predios y vía pública; e impedimentos a través de irrupciones abruptas en reuniones de socialización sobre los beneficios y alcances de los proyectos. En tal mérito, al poner en riesgo el proyecto se amenazan también los derechos invocados en la acción popular; por lo que, solicita se conceda la tutela.

La Asociación Accidental CES-LWB-DAVIU "LANDAN WATER BOLIVIA" en audiencia alegó que:

1. i)Se tiene un estudio y diseño conceptual así como los documentos técnicos para socializar los proyectos conforme a las normas. Con relación a la EBAR, adicionalmente cuentan con garantías respecto a las aguas residuales con tecnología moderna. En tal sentido se agotaron todos los medios a efectos de lograr comunicarse con los representantes de las OTB, incluyendo Bruno Moqo, existiendo en tal sentido hasta un video sobre el tratamiento de las aguas residuales. La información igualmente se encuentra en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), resultando posible descargarla para conocerla, pues es de dominio público;
2. ii)El terreno donde se emplazará la PTAR no se encontraba en Bruno Moqo; sino en Collpapampa Sud y es de propiedad del municipio. Con relación a la EBAR faltaba solo un tramo para culminar su ejecución, justamente el que pasaba por Bruno Moqo; sin embargo, en la zona se impedían los trabajos, incluso perjudicando a la propia empresa que debía responder;
3. iii)El proyecto fue aceptado por un 98% de la población beneficiaria, siendo el 2% de pobladores representados por los ahora demandados, quienes rechazaron el proyecto, pese a que también serán beneficiados con las aguas tratadas;
4. iv)Toda la población del municipio de Tiquipaya que aprobó el proyecto se encontraba preocupada frente a la paralización de las obras provocada por los ahora demandados que ponía en riesgo la inversión del Estado, el municipio y la cooperación francesa; y,
5. v)El proyecto no implica ningún riesgo a la vida humana, al contrario permitía reutilizar el agua luego de su tratamiento de desinfección. La planta era la primera de su tipo a construirse en Bolivia con tecnología moderna y proporcionaría agua para el sector agrícola como también para el consumo humano, mitigando los problemas producidos por la contaminación.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 001/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 3700 a 3711 vta., concedió la tutela impetrada ordenando:

1. a)El cese inmediato de todo acto de obstrucción en la construcción del Emisario Principal y EBAR destinado como red principal de la PTAR a efecto de materializar dicha Planta, debiendo dejar libre de cualquier impedimento la prosecución de la obra;
2. b)Que los demandados retiren a las personas que se encuentren en los predios de emplazamiento del proyecto y en lugares aledaños; y,
3. c)Se prohíbe cualquier acción tendiente a obstaculizar los trabajos y el normal desarrollo del proyecto, con la advertencia de emplear el uso de la fuerza pública en caso de desobediencia, sea con auxilio de la Policía Boliviana. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:
4. 1)De la revisión de los documentos proporcionados por las partes, se advirtió la existencia de un proyecto público que tenía por actores al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del citado departamento. Dicho proyecto involucraba el uso de recursos también de carácter público. Se advirtió que en la fase inicial del PROSARC se realizó la socialización, siendo de conocimiento de toda la población de Tiquipaya que en su 98% lo aprobó, salvo por la zona de Bruno Moqo, que representando un 2% de la población rechazó el proyecto;
5. 2)Asimismo, se evidenció que se produjo un conflicto social originado en medidas de hecho asumidas por los hoy demandados con violencia y amenazas para oponerse a la prosecución del mencionado proyecto. También se tiene que el 16 de junio de 2022, comunarios de la OTB Bruno Moqo bloquearon el puente del Río Tolavi y entre otros actos más produjeron daños materiales a la zona de construcción, provocando así la paralización del trabajo y la ratificación de la población de Tiquipaya respecto al apoyo para la culminación de las obras; por lo que, "...también se advierte peligro de confrontación con el resto de la población..." (sic [las negrillas fueron añadidas]) al ponerse en riesgo el financiamiento del proyecto por incumplimiento de plazos;
6. 3)La obra resultaba benéfica para la población en general, no únicamente para el municipio de Tiquipaya, pues su ejecución tenía por resultado la descontaminación del Río Rocha; por lo que, las medidas de hecho y las acciones de los hoy demandados resultó contraria a los derechos invocados de la población en general del referido municipio; además, sin que tales medidas fueran desvirtuadas;
7. 4)Al encontrarse la Planta de Tratamiento en fase de licitación para su construcción, la afirmación de los demandados respecto a la posible emisión de gases no encontraba sustento; adicionalmente, no se advirtió la existencia de ningún elemento aportado por los demandados que pudiera respaldar tal extremo. Tampoco se advirtió que la unidad educativa y el centro de acogida referidos por los demandados, estuvieran cerca del lugar de construcción de la PTAR conforme al plano georreferenciado propuesto. En cambio, el beneficio que el proyecto conllevaba para la población fue objetivamente demostrado de acuerdo a la documentación presentada por los ahora terceros interesados;
8. 5)Si bien la parte demandada refirió que con su proceder pretendía proteger los derechos individuales de los pobladores de Bruno Moqo; sin embargo, conforme a la documentación que presentaron, se tenía que eran conscientes de la contaminación medio ambiental de su zona, emergente del Río Angela Mayu. Contaminación -valga la redundancia- que afectaba el consumo de agua, los alimentos y la producción agrícola de las zonas aledañas entre las cuales estaba Bruno Moqo; y,
9. 6)Se acreditó la grave amenaza vinculada a la lesión de derechos invocados en la presente acción popular con un efecto expansivo e indeterminado para la población beneficiaria; por lo que, correspondía la concesión de la tutela.