1561/2022-S2

El 28 de julio de 2021, David Zurita, personal de la ABT, mediante Informe Técnico TEC-ABT-DDSC-1923-2021, con relación a la inspección realizada en el predio de CENVICRUZ, sobre asentamiento ilegal de particulares, determinó:

1. a)El desmonte de aproximadamente 5 ha, sin autorización;
2. b)La verificación del área desmontada en ese predio;
3. c)Que según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el predio corresponde a CENVICRUZ; por tanto, Esteban Condo Gutiérrez sería el supuesto infractor de desmonte ilegal; y,
4. d)Sugerir a la parte jurídica realizar el proceso administrativo sancionador por el supuesto desmonte.

La parte accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)Acreditó el derecho propietario del predio CENVICRUZ, consistente en el Titulo Ejecutorial PPD-NAL-187484, registrado en la Oficina de DD.RR. con matrícula computarizada 7.01.5.01.0005508, que cuenta con una extensión superficial de "401.04029" ha, documento que genera el derecho de oponibilidad frente a terceros;
2. 2)En cuanto al principio de subsidiariedad, este es superado al tratarse de un avasallamiento a la propiedad del Estado, que merece atención prioritaria, además de cumplir con la carga probatoria; asimismo, se adjuntó el Informe Técnico TEC-ABT-DDSC-1923-2021 de 28 de julio, elaborado por el personal de apoyo técnico de la Unidad de Fiscalización y Control de la Dirección Departamental de Santa Cruz de la ABT, que atendió la denuncia por desmonte ilegal en el inmueble del indicado Centro, demostrando la ocupación ilegal del mismo por el hoy demandado;
3. 3)El 25 de junio de 2021 se informó sobre el ingreso de personas al bien inmueble de CENVICRUZ, e inmediatamente instruyeron al personal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, proceda a verificar esa denuncia, efectuándose la inspección el 28 de igual mes y año, mediante un dron. Así, el 29 de junio de igual año, recibido el informe se denunció vía telefónica ante la citada Unidad de Fiscalización, ratificada en forma escrita el 30 del indicado mes y año, el desmonte ilegal, corte, aserrado, de extracción de especies maderables ilegales efectuadas, avasallamiento y otros, dentro del referido predio;
4. 4)El 1 de julio de igual año, mediante "...comunicación interna del Servicio Departamental de Santa Cruz (...), ponen en conocimiento de la Dirección de asuntos contenciosos..." (sic), y se remitió la denuncia presentada ante la ABT, referente al desmonte ilegal y avasallamiento en el indicado predio;
5. 5)El 12 de julio del mencionado año, junto a personal de la ABT se trasladaron al predio avasallado, donde se realizó la inspección, de la cual se evidenció que personas particulares se encontraban al interior del mismo, habiendo realizado asentamientos con casas y cultivos que no eran recientes; de igual forma, de la inspección efectuada el 28 del indicado mes y año, y del Informe Técnico TEC-ABT-DDSC-1923-2021 se acreditó el desmonte de aproximadamente 5 ha sin autorización. Asimismo, se tiene la posición del INRA sobre el predio CENVICRUZ, habiendo identificado al ahora demandado Esteban Condo Gutiérrez, como el supuesto infractor del desmonte ilegal y avasallamiento;
6. 6)La SCP 0103/2017-S3 de 24 de febrero, determinó que por regla general, las autoridades llamadas a salvaguardar a los ciudadanos de vías o medidas de hecho son las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y la justicia indígena originaria campesina; salvo que se demuestre la necesidad de acudir a la tutela inmediata a la justicia constitucional, ante la vulneración de ese derecho por un particular, con el fin de restablecer el patrimonio y bienes del Estado, que son de propiedad del pueblo boliviano, de conformidad con el art. 339.II de la CPE, cuya característica es inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no pudiendo utilizarse para provecho particular; y,
7. 7)Conforme la jurisprudencia señalada la acción de amparo constitucional es la vía idónea cuando existen daños irreparables al patrimonio del Estado, que pueden producirse si no se concede la tutela de manera inmediata.

Luis Roberto Flores Orellana, Director Departamental de Santa Cruz de la ABT, presentó memoriales de 11 y 16 de agosto de 2022, cursantes de fs. 98 a 101 y 313 a 314; manifestando que:

1. i)La denuncia formulada por Fernando Gonzalo Monroy Moreno, Director de CENVICRUZ, del Gobierno Autónomo de ese departamento, ubicado en el cantón Espejos del municipio de El Torno, provincia Andrés Ibáñez del mencionado departamento, por desmonte ilegal, corte, aserrado y extracción de especies maderables ilegales, avasallamiento y otros, fue presentada ante el Director Ejecutivo Nacional de la ABT, siendo derivada ante su Dirección;
2. ii)Radicada la denuncia en la Dirección a su cargo, de acuerdo al Informe Técnico TEC-ABT-DDSC-1923-2021, la Unidad de Fiscalización y Control, programó una inspección in situ al lugar de los hechos "...para el 12 de julio de 2021..." (sic);
3. iii)En la inspección señalada, conjuntamente con los denunciantes, ingresaron al predio de CENVICRUZ, luego del recorrido y toma de datos como ser: fotografías, coordenadas y otros, evidenciaron el desmonte de 5 ha aproximadamente, realizado en forma manual, identificándose como supuesto responsable a Esteban Condo Gutiérrez; asimismo, se observó el asentamiento de tres a cuatro años de antigüedad, con plantaciones de cítricos, café y otros, por lo que sugirió iniciar proceso administrativo sancionador por la infracción administrativa grave de desmonte ilegal contra el ahora demandado;
4. iv)Mediante Auto Administrativo AD-ABT-DDSC-PAS-125-2021, se resolvió iniciar el proceso administrativo sancionador contra el hoy demandado y de CENVICRUZ, representado por Fernando Gonzalo Monroy Moreno, por la comisión de la infracción administrativa grave de desmonte ilegal dentro del predio denominado "ESPEJOS", por la superficie desmontada de "4,71" ha sin autorización; abriendo el periodo de prueba de quince días hábiles administrativos, para que los sumariados asuman defensa y presenten las pruebas de descargo, siendo notificados con dicho Auto Administrativo el 23 y 29 de septiembre de 2021;
5. v)Contra el Auto de inicio de proceso administrativo sancionador, el Director de CENVICRUZ planteó recurso de revocatoria el 4 de octubre del indicado año ante el Director Ejecutivo de la ABT -cuando debió dirigir el mismo ante el Director Departamental de Santa Cruz de esa entidad-. Admitido el recurso, mediante Auto Administrativo AD-ABT-DDSC-PAS-006-2022 de 9 de febrero, se confirmó en todas sus partes el Auto Administrativo AD-ABT-DDSC-PAS-125-2021, y por Auto Administrativo AD-DDSC-ABT-005-2022 de 21 de febrero, se clausuró el periodo de prueba, instruyéndose realizar el Dictamen Técnico Legal para emitir resolución administrativa, previa valoración y análisis de pruebas de cargo y descargo; pendiente de resolución; y,
6. vi)Asimismo, hizo notar que la entidad que representa no tiene jurisdicción ni competencia para admitir, conocer, tramitar o resolver denuncias de avasallamiento de predios agrarios, motivo por el que no se emitió opinión o criterio jurídico alguno con relación a la vulneración de los derechos y garantías establecidos en el art. 339.II de la CPE, con relación al predio de CENVICRUZ.

Por memorial complementario a su informe, indicó que:

1. a)La Ley 2887 que creó el CENVICRUZ, en su art. 2 establece que: "'El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno se hará cargo entre otros de la asignación de recursos humanos calificados (Guardias de seguridad) para velar por la seguridad en el perímetro de las instalaciones...'" (sic), por lo que consideró que el Director de CENVICRUZ, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ante la invasión o avasallamiento del predio de propiedad del referido Centro, debió hacer conocer esos hechos y solicitar apoyo a los Ministerios de Hacienda y de Gobierno;
2. b)Con relación al avasallamiento e invasión del inmueble de referencia, correspondía acudir a las autoridades jurisdiccionales; es decir, al Ministerio Público en materia penal o al juzgado agroambiental para hacer valer sus derechos, conforme el procedimiento previsto en la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, como determinó la SCP 0047/2015 de 3 de febrero, lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, que modificó la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y su decreto reglamentario; y,
3. c)En consecuencia, a la Dirección Departamental de Santa Cruz de la ABT, no le corresponde emitir pronunciamiento respecto al avasallamiento del predio.

En audiencia por intermedio de su abogado, agregó que:

1. 1)La ABT recibió la denuncia presentada por el Director de CENVICRUZ y le dio el trámite establecido por ley respecto al desmonte y aprovechamiento ilegal, de acuerdo a sus competencias. Así también, de forma errónea dicha denuncia fue planteada también por avasallamiento, que no es de competencia de la ABT, cuando debió acudir a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, como es el Ministerio Público o el Juzgado Agroambiental;
2. 2)Realizó inspección al predio supuestamente avasallado, donde verificó que existía un asentamiento de tres a cuatro años aproximadamente; por lo que, el mismo no es reciente como indicó el denunciante. Concurren hechos controvertidos que deberían ser analizados en un proceso ante un juez agroambiental o en su caso en la vía penal por el ingreso señalado de más de tres años de antigüedad, no observando que el mismo haya sido a la fuerza, con violencia o intimidación en las personas o cosas; y,
3. 3)El proceso por desmonte ilegal y otros, sigue su curso legal, estando en su fase final.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 79 de 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 318 a 320 vta., denegó la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)La presente acción de defensa es un mecanismo de tutela de derechos y garantías constitucionales, de naturaleza extraordinaria y sumarísima, no actúa de forma invasiva con otras jurisdicciones; es decir, no realiza la interpretación de la legalidad ordinaria, ni la valoración de la prueba, que le corresponde a la jurisdicción ordinaria;
2. ii)En el caso concreto se denunció la vulneración del derecho a la propiedad establecido en el art. 56 de la CPE y conforme lo demandado, el predio de CENVICRUZ ubicado en el municipio de El Torno, bajo tuición del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, de propiedad de una institución de carácter gubernamental, habría sido avasallada por personas particulares ajenas a ese predio, de manera violenta;
3. iii)La parte accionante refirió que una de las características de la acción de amparo constitucional, es el principio de inmediatez establecido en el art. 55.I del CPCo; es decir, el plazo para interponer la acción constitucional, que es de seis meses, computable desde la vulneración alegada, identificando como el hecho violatorio de derechos, el Auto de apertura de proceso administrativo sancionador, notificado el 29 de septiembre de 2021, habiendo presentado la acción de defensa el 4 de octubre de 2021, considerando que se encuentra dentro de plazo;
4. iv)Ese Tribunal -de garantías- verificó la acción de defensa interpuesta y por Auto 11 de 5 de igual mes y año, declaró su improcedencia, ante el cumplimiento del principio de subsidiariedad; esa determinación fue impugnada, mereciendo el AC 12/2022-RCA de 18 de enero, que ordenó su admisión, disponiendo sea considerada en audiencia, a efectos de verificar los extremos de la demanda;
5. v)La problemática de esta acción de defensa, es el avasallamiento del predio de CENVICRUZ, hecho cometido supuestamente por Esteban Condo Gutiérrez, quien habría ingresado de manera ilegal a esa propiedad, procediendo al desmonte ilegal de especies maderables; en consecuencia, el Tribunal de garantías efectuó el análisis de la problemática con el fin de establecer si se dieron vías de hecho o no para entrar al análisis de fondo, conforme a la excepción del principio de subsidiariedad. En cumplimiento del precitado Auto Constitucional, se analizaron de manera detenida los elementos insertos en el cuaderno procesal constitucional, teniendo el informe de la ABT, que demostró la acción de desmonte ilegal perpetrada presuntamente por el ahora demandado; en dicho informe se mencionó que no es de reciente data, sino de cuatro a cinco años atrás; que existirían asentamientos humanos con el mismo tiempo y que dio inicio a un proceso administrativo para determinar la sanción a los presuntos autores del hecho denunciado, proceso que no concluyó porque se tienen interpuestos diversos actos impugnatorios;
6. vi)Tampoco se acreditó quién cometió el presunto delito de avasallamiento, como identificó la parte denunciante -CENVICRUZ-, citando la nota de 14 de agosto de 2021, que remitió el Director del indicado Centro al abogado de esa institución, refiriendo que tomen las acciones legales inmediatas, que adjuntó copia y certificado alodial actualizado, y demás documentos del predio, esperando que a la brevedad posible por la gravedad, esa solicitud sea atendida;
7. vii)No se demostraron actos violentos, ni medidas de hecho como refirió el denunciante; y, para ingresar al fondo de la problemática, se tiene que cumplir con el principio de subsidiariedad conforme el art. 54 del CPCo; es decir, se deben agotar las vías ordinarias. De igual forma, la parte accionante denunció el avasallamiento de su predio y es coincidente con el informe de la ABT en sentido que existen procedimientos para verificar el desmonte ilegal;
8. viii)Para precisar si se cometieron actos delictivos o no respecto al presunto delito de avasallamiento, conforme el art. 351 bis del Código Penal (CP), este debe ser resuelto por autoridades competentes en el área que corresponda; asimismo, se tiene la vía agroambiental al tratarse de un predio rural, donde la parte accionante pudo hacer prevalecer su derecho, entendiendo que opera la subsidiariedad; y,
9. ix)No se demostraron las vías de hecho denunciadas por las que pueda verificarse la excepción a la subsidiariedad, además ese Tribunal de garantías observó que la parte actora debe acudir ante las autoridades llamadas por ley, a efectos de establecer la existencia de delitos o no, como el de avasallamiento; en esa razón no se ingresó al fondo de la problemática planteada, habiendo otras instancias para verificar el acervo probatorio; motivos por los cuales se denegó la tutela solicitada.