1566/2022-S2

Contra dicha determinación, los prenombrados formularon recurso de casación; dando lugar a que, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, pronuncien el Auto Supremo 37/2021 de 25 de enero, determinando de forma ilegal casar el fallo recurrido; y en consecuencia, declararon la prescripción de la deuda, sin considerar que:

1. a)El contrato de préstamo suscrito por los ahora terceros interesados y el BBA S.A., al ser cedido el crédito a una entidad estatal -BCB- e ingresado a sus activos de la entidad, se constituyó en parte de su patrimonio, cuyos recursos a ser recuperados favorecerán íntegramente al Estado boliviano, resultando en una deuda pública, que conforme determina al art. 1 de la Ley del Banco Central de Bolivia -Ley 1670 de 31 de octubre de 1995-, es una institución de derecho público de carácter autárquico; y,
2. b)No era aplicable el instituto de la prescripción; debido que, los arts. 324 y 339.II de la Norma Suprema, prevén que no prescribe la deuda contra el Estado, por tratarse de su patrimonio, cuya deuda fue registrada en el balance general como activo del BCB, pasando a formar parte del patrimonio del ente emisor, debiendo aplicar el principio de supremacía constitucional en el marco del art. 410.I de la CPE.

La entidad accionante por medio de sus representantes, ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo expresó que:

1. 1)El Auto Supremo 37/2021⁵, no menciona al art. 339.II de la CPE, respecto de la calidad patrimonial de bienes del Estado, refiriéndose únicamente al daño económico al Estado previsto por el art. 324 de la Norma Suprema; por cuanto, la fundamentación no solo implica el sometimiento del proceso a una norma determinada, sino también a la Ley Fundamental, en el marco de la jerarquía normativa prevista en el art. 410.I de la CPE y el desarrollo jurisprudencial contenido en la SCP "2221/2012", así como, la previsión del art. 1502.7 del Código Civil (CC); la cual, señala que no corre en los demás casos establecidos por ley, cuyo previsión debe entenderse en el sentido amplio, comprendida la ley en su sentido material y no formal, así se da a entender también a normas previstas en la Constitución Política del Estado, bajo cuyo art. 339.II, no se aplica la prescripción, posibilidad no observada por el fallo ahora cuestionado, incurriendo en una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, al desconocer una interpretación gramatical y literal, sin considerar las excepciones de la prescripción; y,
2. 2)Según la SCP 0014/2018-S3 de 2 de marzo, cuando las obligaciones se vinculan con el patrimonio del Estado son imprescriptibles; por lo que, los créditos que tiene el Estado también constituyen bienes, no pudiendo mantenerse la naturaleza privada para sostener su prescripción de la relación obligatoria como concluyó el fallo de casación, pese a que se haya cedido el crédito, resultando en la transgresión del debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación.

Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por escritos presentados el 6 de septiembre y 29 noviembre de 2021, cursantes de fs. 120 a 123 vta. y 179 a 180 vta., refirió que:

1. i)Los argumentos de la parte accionante esgrimidos en su contestación al recurso de casación, fueron examinados en el fallo que emitió, y si bien no hizo alusión al art. 339.II de la CPE, se sustentó en el art. 324, que es la norma que regula la prescripción de las deudas por daño económico al Estado, al advertirse error en el análisis del Tribunal de apelación, a tiempo de observar la prescripción, cuya acreencia de los deudores fue equiparada a una deuda al Estado, sugiriendo se rija por las normas de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, sin considerar que esa norma resulta aplicable únicamente cuando existe un daño económico al Estado que emerja de la acción u omisión de un servidor público o de personas jurídicas privadas que se beneficiaron indebidamente de recursos públicos; extremo que en el caso no aconteció; además, para que exista responsabilidad civil, debe concurrir de forma sustancial el elemento daño o perjuicio, como consecuencia de una acción u omisión que causa al patrimonio estatal, sin que en el caso los terceros interesados hayan subsumido sus actos a ninguno de estos presupuestos; por lo que, mal se podría equiparar a una deuda que emerja de una responsabilidad civil estipulada en la citada Ley, tampoco puede ocurrir dicho extremo por el hecho de que se hubiera cedido a favor de una entidad pública; por cuanto, la parte accionante lo que pretende es modificar la naturaleza del contrato a uno administrativo regido por la mencionada Ley, y no así por normas civiles, ello por el solo hecho de constituirse en una institución de derecho público;
2. ii)La Resolución que emitió claramente precisó que el contrato es ley entre las partes, y por ello no puede ser modificado o disuelto, sino por consentimiento mutuo o las causales autorizadas por ley; de ahí que, ni las partes ni los terceros podrían modificar de manera unilateral las obligaciones contraídas y determinados en el contrato, pues la fuerza obligatoria del mismo conlleva a su intangibilidad, cuya inmutabilidad implica que las modificaciones hechas a este operen de mutuo acuerdo; por lo que, no existe sustento para que el BCB pretenda alterar la naturaleza de dicho documento objeto de la litis, aduciendo que los dineros adeudados pertenecen al patrimonio del Estado, cuando ese contrato fue suscrito bajo normas del derecho civil, pues la relación jurídica constituye un vínculo contractual enteramente particular que solamente puede ser cambiado por consenso de las partes; y,
3. iii)La excepción incoada por los terceros interesados fue procedente; en razón a que, la deuda pretendida por el BCB era exigible desde la fecha que los deudores dejaron de pagar las cuotas establecidas en el referido acuerdo, extremo que se deducen de las propias estipulaciones pactadas, que en las clausulas quinta y sexta indican que los deudores ingresaron en mora desde el 15 de julio de 1998, conforme el comprobante de fs. "102"; a partir de cuya fecha, la entidad se encontraba facultada para exigir el pago, que hasta la presentación de la demandada -14 de mayo de 2014-, transcurrieron más de cinco años, operando la prescripción en los términos establecidos en el art. 1507 del CC. Asimismo, dicha figura igual concurre, en caso de considerar que fue notificado en septiembre de 2000, y que hubiera interrumpido la prescripción; puesto que, igual hasta la interposición de la demanda pasaron diez años. Por todo lo expuesto, al tenerse un fallo debidamente fundamentado y respondido a todos los puntos de la contestación al recurso de casación, y por ende, no advertirse la lesión de los derechos cuya tutela se pretende, corresponde denegar la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 245/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 172 a 177 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación a la errónea aplicación e interpretación de la ley; y, denegó respecto al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, declarando "...nulo y sin valor el Auto Supremo 37/2021⁵..." (sic), disponiendo que los Magistrados demandados dicten un nuevo fallo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. a)El aludido Auto Supremo, al declarar prescrita la deuda otorgada en crédito a los ahora terceros interesados, entregado en sesión por el BBA S.A. a favor del BCB, incurrió en una errónea interpretación del orden normativo; además, no analizaron que el Estado apoyó la quiebra de la citada entidad bancaria con recursos estatales y financieros, en virtud de la Ley 1977 de 19 de marzo de 1999, y los Decretos Supremos (DDSS) 25382 de 14 de mayo de 1999, 25390 de 21 de mayo de 1999 y 25681 de 25 de febrero de 2000; por lo que, operó una dación en pago de dinero estatal, conforme observa la escritura Publica 383/2020 de 16 de octubre, figura que puede alterar la naturaleza de la relación obligatoria, por haberse sustituido al sujeto activo de persona de derecho privado a público, sometido a reglas distintas del derecho privado, al extremo que el Estado no puede conciliar, transar y desistir, porque en sus derechos de contenido patrimonial, esta inmerso el orden público y el interés de toda la sociedad boliviana, sin modificación del objeto del crédito que comprende el capital adeudado y los respectivos intereses, más cuando la transferencia efectuada por el BBA S.A., no estaba prohibida por ley, ni se había convenido entre partes que no se puede hacer dación en pago de crédito; y,
2. b)El fallo cuestionado no tomó en cuenta que la no cancelación de los adeudos de las obligaciones contraídas generó un daño económico al Estado, y en consecuencia, al colectivo social boliviano, porque privó de recuperar dineros invertidos producto del apoyo financiero que otorgó el BCB, poniendo en grave riesgo todos los créditos otorgados por el BBA S.A., que no fueron cobrados, más aun si, del espíritu del art. 324 de la CPE, no prescriben la deudas con el Estado; por consiguiente, se incurrió en una errónea interpretación del orden normativo aplicable; además, de no considerar los principios y valores en los que se sustenta el art. 1 de la Ley 1670, donde claramente se manifiesta que el BCB es una institución de derecho público, cuya protección de su patrimonio no está sometida a las reglas del derecho privado, así como, al interpretar que el crédito por cambio de sujeto activo mantienen la relación obligatoria en el ámbito privado, regulado por el Código Civil.