1582/2022-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1582/2022-S2 Sucre, 14 de diciembre de 2022

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción popular

Expediente: 40451-2021-81-AP Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 35/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 498 a 509 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Casto Chirilla Chambi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de El Choro contra Jhonny Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; Adhemar Willcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; y, Walter Elías Veizaga Ismael, Gerente General a.i. del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA-ORURO).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de abril y 10 de mayo de 2021, cursantes de fs. 341 a 361 vta. y 366 a 372 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Gobierno Autónomo Municipal de El Choro, estaría conformado por la Confederación Uru, Sora y Masaya, constaría de dos sectores: la Marka El Choro y Challacollo, localidades que actualmente sufrirían las consecuencias de la contaminación del lago Uru Uru, debido a los desechos industriales y las aguas servidas de la ciudad de Oruro, que desembocarían por los canales "Rosso", "Río Negro o La Plata", "Germania" y "Tagarete"; a ello, se sumaría la aprobación de la urbanización que se sobrepondría a los territorios de la comunidad El Choro y los residuos mineros que se hubiesen convertido en cerros, pasivos ambientales que generarían acides de roca, aguas extremadamente tóxicas, salinización de la tierra y la descertificación de la misma.

Los pobladores del municipio de El Choro vivirían de la ganadería, agricultura y pesca, abasteciendo con su producción a los centro mineros y a la ciudad de Oruro; debido a la contaminación del lago Uru Uru, causada entre otros, por el crecimiento demográfico de la zona, las nuevas urbanizaciones en dicha ciudad, los canales de aguas servidas y la actividad minera, cuya producción hubiera disminuido, derivaría en una situación desfavorable que se intensifica por el cambio climático, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones pluviales. La contaminación del lago Uru Uru generó repercusiones en la salud de los comunarios y del ganado, que frecuentemente presentarían enfermedades gastroenterológicas, respiratoria agudas y dérmicas; de igual manera, la tierra también se encontraría afectada por la sedimentación y el desborde de los ríos que ocasionaría su desertificación.

El indicado lago sería considerado un "RAMSAR" -humedad de importancia-, de acuerdo a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional y tendría un valor natural no solo para el país sino para el mundo; por tanto, sería obligación del Estado su conservación; dicha fuente de agua en la década de los ochenta era denominado el "lago del Milagro" por la increíble velocidad con la que se multiplicaban los peces; sin embargo, debido a la contaminación, la producción disminuyó considerablemente.

En ese contexto, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, conforme lo determina el art. 88.V.2 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (LMAD), tiene la obligación de proteger el medio ambiente; no obstante, pese a las notas remitidas en agosto de 2020 y abril de 2021, dicho Gobierno Departamental no respondió las solicitudes planteadas en las mismas, respecto a las políticas públicas y medidas que permitirían en el marco de sus competencias, mitigar, disminuir y eliminar los daños al ecosistema.

El 2014 se denunció este hecho a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), logrando que se dicte el Decreto Supremo (DS) 335 de 21 de octubre de 2009, que declaró situación de emergencia de carácter departamental, debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni del departamento de Oruro.

Si bien se llevaron reuniones e inspecciones, hasta el momento de interposición del presente mecanismo de defensa no se efectivizó acciones ni medidas concretas de mitigación para la reducción de los afluentes sanitarios de canales de evacuación de aguas servidas.

La autoridad departamental podría decir en su descargo, que gestionó el Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la ciudad de Oruro; empero, dicho proyecto no generó ningún resultado, pese a que, tuvo una inversión de Bs5 000 000.- (cinco millones de bolivianos); lo que, demostraría que el Gobierno Autónomo Departamental del citado departamento, hubiese vulnerado los arts. 348.I, 373.I, 374.I, 375.I y 376 de la Constitución Política del Estado (CPE); 88.V.2 de la LMAD; 11, 12, 17, 18, 19.2 y 3, 20, 6, 37, 38, 95 y 96 de la Ley de Medio Ambiente -Ley 1333 de 27 de abril de 1992-; 4 y 10 del Reglamento de Contaminación Hídrica; 10 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental; y, 4.4 y 4.10 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. En ese mismo sentido, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, transgredió los derechos a un ambiente sano y equilibrado, pues le correspondería contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en su jurisdicción, promoviendo, formulando y ejecutando el Plan Ambiental Municipal, el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y la aprobación de nuevas urbanizaciones que constituirían un factor que incidiría en la contaminación; el Alcalde demandado vulneró también los derechos al agua, a la salud, a la vida y a la vida digna; toda vez que, no ejecutaría labores concretas destinadas a mitigar la contaminación ambiental y el tratamiento de aguas residuales que desembocarían en el lago Uru Uru, así como la basura acumulada en los nuevos asentamientos, desconociendo que estaría dentro sus obligaciones realizar acciones de prevención y control de contaminación hídrica.

Si bien en el caso en particular se realizaron inspecciones donde se identificaron los problemas ambientales, no existirían resultados veraces ni tangibles.

El SeLA-ORURO, no tendría ninguna planta de tratamiento de aguas servidas, ni tampoco se concretó la cesión de forma definitiva del sistema de alcantarillado a esa institución, existiendo una responsabilidad compartida, entre la misma y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; lo que, daría lugar a que la planta de tratamiento no haya podido agilizar y consolidar la transferencia que permitan que los canales de alcantarillado que traen aguas servidas de la ciudad de Oruro continúen desembocando en el lago Uru Uru.

Finalmente, en el memorial de subsanación aclaró que su pretensión no sería garantizar la ejecución de normas, sino la tutela directa de los derechos invocados en su dimensión colectiva; pues, la inacción u omisiones acusadas tendrían por consecuencia la transgresión de derechos colectivos que requerirían protección.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos colectivos al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, al agua, a la salud, a la vida y a una vida digna, citando al efecto los arts. 9.6, 30.II.10, 33, 108.16, 312.II, 342 y 343 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 486 a 495 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de los demandados

Jhonny Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 376.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

I.2.4. Resolución

Posteriormente, en ejercicio de la atribución concedida a este Tribunal Constitucional Plurinacional por el art. 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se señaló audiencia de inspección judicial, llevándose a cabo la misma el 30 de junio y 1 de julio de 2022.

Habiéndose suspendido el plazo (decreto constitucional de 5 de noviembre de 2021) para la emisión de la correspondiente resolución hasta la remisión de la documentación solicitada y la audiencia de inspección ocular; el termino fue reanudado a partir de la notificación del decreto constitucional de 28 de noviembre de 2022 (fs. 1397 a 1399); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

Asimismo, al no haber obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene copia fotostática simple parte del libro titulado como: "Lago Uru Uru: Evaluación de calidad del agua, sedimentos y totora" (sic), de los autores Juan Carlos Montoya Choque y Milton Robert Pérez Lovera, publicado por el (Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) Oruro. El cual mostraría -entre varios aspectos- que las aguas servidas de la planta de tratamiento de la referida ciudad, también desembocarían sus aguas en dicho lago, muchas veces sin tratamiento alguno; las descargas de la mina San José contendrían metales pesados: zinc, cadmio, plomo, hierro y arsénico, tanto en el agua como en los sedimentos y la totora, observándose en esta última mayor concentración en las raíces y rizomas, y en menor proporción en las hojas, que podría generar una biomagnificación, lo cual sería muy peligroso para la salud humana; manifestando que, la situación ambiental del lago sería alarmante; siendo necesario y urgente trabajar en la mitigación y restauración. En ese sentido, se iniciaron algunos programas respecto a las aguas servidas de la urbe orureña y las ácidas de la mina previamente indicada, que hasta ese momento resultaron insuficientes para mitigar la contaminación (fs. 112 a 150).

II.2. Consta impresión de la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar, donde se describió como humedal al lago Uru Uru, constituyéndose en uno extenso característico de la región biogeográfica de Puna, de gran importancia para altas densidades de muchas especies de aves acuáticas residentes y migratorias, peces nativos y para los pobladores de la zona que aún dependerían en gran medida de sus recursos para sobrevivir; además, se señalaba que los lagos Poopó y Uru Uru, y el curso inferior del río Desaguadero, presentarían altas concentraciones de metales pesados, por encima de los límites permisibles para el consumo humano (Apaza et al. 1996, Van Ryckeghem 1997, OAS/UNEP y ALT 1999), minerales que también fueron encontrados en peces (Beveridge et al. 1985). Desde su formación en 1995, el lago Uru Uru ha recibido aguas contaminadas provenientes del río Sora Sora, las cuales se originan en su similar Huanuni, que a su vez es afectado por la actividad de la Mina Huanuni, el más importante yacimiento de estaño de Bolivia. Asimismo, indicó que existiría contaminación orgánica y bacteriológica por las aguas residuales y desechos urbanos provenientes de la ciudad de Oruro en el lago Uru Uru (Liberman et 13 al. 1991, OAS/UNEP y ALT 1999) y de tres localidades aledañas (Poopó, Challapata y Huari) que verterían sus aguas hacia el lago Poopó. Otros aspectos adversos que afectan a las características ecológicas del humedal serían la caza indiscriminada de vicuñas, flamencos y otras aves acuáticas, así como la extracción de tholares -arbusto, planta perenne- en cantidades excesivas, para su uso como combustible. (fs. 7 a 22).

II.3. Por literal "CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO SUBCUENCA DESAGUADERO" (sic) de las mesas de trabajo realizadas el 23 y 24 de mayo 2012, se identificaron varias obligaciones para mitigar el impacto ambiental producido por la contaminación del lago Uru Uru (fs. 45 a 60).

II.4. Cursa impresión del documento, de la Oficina del ACNUDH Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201, Ginebra, Suiza de 15 de marzo 2014, con referencia a las obligaciones de Bolivia para hacer frente a la grave contaminación del agua, suelo, fauna y flora, en las subcuencas del Desaguadero, Huanuni, Poopó y Cañadón Antequera del departamento de Oruro, que en su contenido determina que "...?las Autoridades competentes deberían llevar a cabo con carácter de urgencia, un estudio general sobre la contaminación de los territorios indígenas en el país, y que se pongan en práctica, en consulta con las comunidades afectadas, las medidas de inspección, mitigación, reparación, compensación, prevención y sanción que sean necesarias'...", (sic) dicho documento también estableció que "...Las comunidades afectadas propiciaron a base de presión, inspecciones in situ, reuniones con autoridades departamentales y nacionales; las conclusiones de estas reuniones acordaron el inicio de un proceso de búsqueda de solución a los problemas ambientales en la cuenca baja del río Desaguadero y los Lagos Uru Uru y Poopó, recayendo estos problemas ambientales para su tratamiento en las Primeras Mesas de Trabajo realizadas el 16 y 17 de octubre del 2007 y 17 y 18 de junio del año 2009, donde las instituciones involucradas adquirieron responsabilidades para dar solución a las demandas, uno de los logros de este proceso y con apoyo de movilizaciones (como marchas), fue el Decreto Supremo 0335 promulgada el año 2009. Para las comunidades afectadas de las 4 subcuencas todos estos espacios de dialogo solo quedaron en compromisos y en papeles, tales son alguno de los casos que se mencionan a continuación" -negrilla agregada- (sic [fs. 23 a 30]). II.5. Se tiene impresión de la nota del periódico "La Patria" de 19 abril de 2015, titulada "Contaminación generada en río Tagarete atenta a la salud pública" (sic), que describió cómo la contaminación se generaría en dicho río por las aguas ácidas y servidas; además, de la basura dispersada en este canal, que se convertiría en un gran riesgo para la salud de la ciudadanía (fs. 79).

II.6. Por impresión de la nota del mismo periódico de 2 de mayo de 2015, titulada "Muerte del Ganado y peleas por agua es la realidad diaria en El Choro" (sic), se relataba como la pérdida de cabezas de ganado se incrementaría por escasez de agua; indicando que, el Gobierno Autónomo Municipal de El Choro, desconociera de dónde obtendría recursos para la compra de agua (fs. 82).

II.7. Corre impresión del artículo periodístico del diario precedentemente referido de 2 de mayo de 2015, titulado "Planta de aguas servidas no trata fluidos del Tagarete" (sic), que señaló que el canal Tagarete que contendría elementos contaminantes provenientes de las aguas ácidas de la mina San José, residuales y basura que no ingresaría a la planta de tratamiento de aguas servidas; es decir, que sin ningún tratamiento desembocaría en el lago Uru Uru, lo cual pondría en riesgo la vida de la flora y fauna que existiría en el sector (fs. 80).

II.8. Cursa artículo de 15 de marzo de 2016, publicado por Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), a través del cual se daría cuenta que campesinos de la comunidad Cruz Choro del municipio El Choro del departamento de Oruro, dejarían sus hogares porque el agua para consumo, así como sus animales, se encuentran contaminados debido a la actividad minera en la región, el informe correspondería a la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que visitó el lugar y constató que los comunarios estarían desesperados por la falta de "agua limpia". Además, denunciaron el nacimiento de animales con deformaciones y enfermedades (fs. 104 a 105).

II.9. Se tiene Informe de Control Ambiental U.C.A. 372/2017 de 6 de septiembre, elaborado por la Unidad de Control Ambiental dependiente de la Dirección de Gestión y Salud ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el mismo que recomienda que la Unidad de Drenaje Urbano considere y proponga algunas acciones para reducir la carga de efluentes sanitarios y de aguas residuales para evitar o aliviar los efectos de los contaminantes que deteriorarían el ambiente humano y natural (fs. 33 a 36).

II.10. Mediante Informe Técnico DGSA-438/2017 de 16 de octubre, suscrito por Carlos Huayta Vásquez, Director de Gestión y Salud Ambiental del prenombrado Gobierno Autónomo Municipal, indicó que para una solución al problema se licitó el proyecto de diseño final para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para los sectores mencionados y posterior búsqueda de financiamiento; y, las actividades de drenado en abril y mayo de cada año de los canales Germania, Rosso, La Plata y Aguas Negras (fs. 39 a 40).

II.11. Cursa Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Recomendaciones de la Supervisión del Período comprendido entre noviembre de 2017 a julio de 2018, emitido por la Contraloría General del Estado, respecto a la implementación del DS 335, que declaró situación de emergencia de carácter departamental, con aplicación en los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó (fs. 67 a 77).

II.12. Consta impresión de la nota periodística del diario "La Patria" de 28 de julio de 2018, titulada "Advierten que canal Tagarete impacta severamente en el lago Uru uru" (sic), en la cual se afirmó que como resultado de dos monitoreos realizados por el CEPA Oruro, el 1 y 7 de julio del indicado año, miembros de esa institución aseveraron que el canal Tagarete representaría una gran amenaza para ese lago, siendo que, verificaron niveles de turbidez elevados que podrían impedir se desarrolle la vida acuática, además de la presencia de metales pesados (fs. 89).

II.13. Por Informe Técnico CITE: DSA 555/2020 de 15 de octubre, elaborado por Donata Zara Díaz Tomas, entonces Técnico de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, sobre la planta de tratamiento de aguas residuales concluyó que, en la inspección realizada el 8 de octubre del citado año, se constató el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la nombrada ciudad, de igual manera que el dragado de las lagunas no se realizó como mantenimiento por falta de recursos invertidos en la planta, se requeriría un sistema desarenador para las aguas residuales de las urbanizaciones nuevas que ingresarían directamente al sistema de bombeo de la planta y el agua tratada sería apta para riego; por otro lado, contaría con licencia ambiental desactualizada; debido a que, no se transfirió la planta a SeLA-ORURO (fs. 403 a 412).

II.14. Consta diversas impresiones de: prensa escrita publicadas entre el 25 de agosto de 2009 y 6 de diciembre de 2018; y, subidas a internet, entre el 16 de marzo de 2016 y 24 de marzo de 2021, relacionas a la contaminación del lago Uru Uru y los problemas ambientales del municipio de El Choro (fs. 79 a 111).

II.15. Cursa Informe D.S.A. 230/2021 de 31 de marzo, elaborado por Guillermo Quispe Miranda, Director de Salud Ambiental de citado Gobierno Autónomo Municipal, sobre las actividades de recojo de residuos sólidos ingresados al lago Uru Uru, concluyó que se intervendría el área enteramente afecta por residuos -botellas plásticas, polímeros, restos de animales, ropa, artículos y materiales en desuso entre otros- (fs. 395 a 397 vta.).

II.16. Se tiene Informe CGE/GDO/GAGMU STC 001/2021 de 25 de noviembre, remitido por la Contraloría General del Estado, que a requerimiento de este Tribunal hizo conocer que la Gerencia Departamental de Oruro de esa entidad estatal, no emitió ningún informe sobre evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de supervisión del cumplimiento del DS 335; debido a que, no se programó auditoria y/supervisión desde el 2009 (fs. 693).

II.17. Cursa Informe CITE: P.T.A.R. 069/2021 de 25 de noviembre, elaborado por SeLA-ORURO a requerimiento de este Tribunal, en el que se pudo evidenciar que: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Oruro se encontraría en una situación muy crítica al no contar con recursos económicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos del sistema de pretratamiento; pese a ello, la planta operaría veinticuatro horas al día y trescientos sesenta y cinco días del año; existen un plan denominado "Fortalecimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales", el cual no se concretó, pues se estaría en etapa de aprobación; que el presupuesto destinado anualmente para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oruro, sería de Bs5 500 024.- (cinco millones quinientos mil veinticuatro bolivianos); y, finalmente que las aguas tratadas por la planta no desembocarían directamente en el lago sino previamente a un canal de tierra, donde se observaría la presencia de fauna silvestre, demostrándose así la calidad del agua tratada, sin especificar si todas las aguas residuales de la ciudad de Oruro serían tratadas en dicha planta (fs. 674 a 682).

II.19. Consta en la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional la SCP 0932/2021-S4 de 29 de noviembre, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Teodoro Blanco Mollo contra Adhemar Villcarani Morales y David Freddy Choque Condori, actual y ex Alcalde respectivamente; Guillermo Quispe Miranda, Director de Salud Ambiental, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; y, Milton Davis Granadino Zeballos, Gerente de EMAO, que determinó:

"1º CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en actual ejercicio, elabore un proyecto de control, prevención y reparación de la contaminación del lago Uru Uru, de conformidad a las atribuciones y deberes establecidos en la Ley 755, mismo que deberá sujetarse a una estricta coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Dirección de Salud Ambiental de la referida entidad edil. Proyecto que no solo debe contemplar el control, prevención y reparación, sino también la imposición de sanciones ejemplificadoras, emergentes de la contaminación provocada por los propios habitantes de la ciudad de Oruro, a fin de motivar la protección de estos lagos y la lucha contra su contaminación.

2º El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, deberá asignar el presupuesto necesario para la ejecución del o los proyectos a ser elaborados, por ello y ante la inminente necesidad de proteger aquella área hídrica y sobre todo la salud de los habitantes de la región, es preciso que de manera inmediata se aplique la planificación municipal para la Gestión Integral de Residuos, en estricta coordinación con la planificación departamental y también nacional, debiendo incluir la Gestión Integral de Residuos en la Planificación de Desarrollo Municipal, que si bien no podrán resolverse en un corto plazo; empero, éste debe ser ejecutado en un mediano plazo, con proyectos que mitiguen esta contaminación a largo plazo. Siendo atribución de la entidad edil, la implementación de proyectos de cierre de los canales abiertos y saneamiento de los lagos Uru Uru y Poopó, que a la fecha presentan problemas de contaminación originados por la gestión inadecuada de los residuos, haciendo seguimiento a los problemas de contaminación originados por estos y exigir las acciones correctivas y de mitigación a la Autoridad Ambiental Competente (Ministerio de Medio Ambiente y Agua); y,

3º El Gerente de la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), deberá asumir la corresponsabilidad en la Gestión Integral de Residuos y la protección de los ecosistemas, concretamente de los lagos Uru Uru y Poopó, debiendo asumir una conducta de prevención, reducción, control y reparo de la contaminación, brindando un servicio de limpieza adecuado, consistente en almacenamiento..." (las negrillas corresponden al texto original).

II.16 Consta Informe D.S.A. 1273/21 de 6 de diciembre de 2021, remitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a requerimiento de este Tribunal, señalando que, el 8 y 9 de abril de igual año, se realizó la limpieza en el lago Uru Uru, no se determinó ninguna política o plan a corto, mediano y largo plazo para evitar la contaminación; que en la Unidad de Drenaje Urbano no contarían con proyectos o políticas públicas para evitar que los canales de aguas servidas desemboquen en el lago Uru Uru; no existiría un presupuesto anual específico destinado a planes, proyectos para la descontaminación de dicho lago, emergente de las aguas servidas; el Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la indicada ciudad y Plan de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la nombrada urbe, fue licitado en 2019, cuyo contrato se resolvió por incumplimiento; y, el proyecto de mejoramiento y ampliación de dicho Tratamiento de Aguas, se encontraría en ejecución; respecto a la periodicidad con la que se efectuarían los trabajos de recojo de basura destinados a la descontaminación del mencionado, se informó que no tendría competencia sobre ríos y canales, y la misma se reduciría a la recolección de residuos sólidos; que no se presentarían planes y programas destinados al tratamiento de la basura, sobre todo la que sería desechada a los canales de aguas servidas que desembocarían en el lago Uru Uru; y finalmente, que para la campaña de recojo de basura se utilizó Bs43 755,09.- (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco 09/100 bolivianos [fs. 603 a 608]).

II.21. Cursa Nota Interna MMM/DGMACP/2186-UMA-285/2021 de 16 de diciembre, por la cual, el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, a requerimiento de este Tribunal, hizo conocer que debido a la disposición del art. 3.II del DS 335, la "Prefectura" del departamento de Oruro y los municipios afectados, en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), deberían promover planes, programas y proyectos destinados al estudio técnico e implementación de políticas de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población en la subcuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora del departamento de Oruro; por lo que, la consulta debe ser realizada a la COMIBOL; sin embargo de ello, hicieron conocer que a través del nombrado Viceministerio de Política Minera, no existirían documentos que hayan dado cuenta de las políticas que se hubieren tomado en anteriores gestiones (fs. 711 a 714).

II.22. Por la misma Nota Interna precedentemente descrita se hizo conocer que el DS 335 declaró situación de emergencia de carácter departamental por la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos del área de influencia de la subcuenca Huanuni del departamento de Oruro, norma que estableció 3 líneas estratégicas con objetivos y metas aún no cumplidas, con la finalidad de que se ejecuten y contribuyan a la mitigación de la contaminación por las actividades mineras, siendo el citado Ministerio a través del Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, los coordinadores generales para el cumplimiento del referido Decreto Supremo; el Ministerio de Minería y Metalurgia es el coordinador de la línea estratégica 1 denominada "Mitigación Tratamiento y Control Ambiental de la Contaminación Minera de la Cuenca Huanuni" estableciendo las acciones, plazos y presupuestos predefinidos que deberían ser ejecutados por las entidades responsables de manera independiente y coordinada (fs.711 a 714).

II.20. Por Informe AAPS/DER/INF/2080/2021 de 21 de diciembre, remitido a este Tribunal por la AAPS Bolivia, se hizo conocer que SeLA-ORURO, solo tendría autorizado el servicio y provisión de agua potable; que mediante Informe AAPS/DER/INF 242/2017 de 6 de febrero, se realizaron observaciones a las condiciones técnicas operativas y de mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), además de observaciones financiero administrativas, recomendando la realización de una consultoría y las inversiones económicas que requerirían producto de la evaluación; también manifestó que, se emitió el Informe AAPS/DRA-RH/INF/160/2018 -no indica fecha- con conclusiones y recomendaciones que indicaban en un plazo prudencial se tomen acciones pertinentes dirigidas a mejorar el desempeño de la planta en relación a la actividades de operación y mantenimiento; finalmente, en relación a la afectación de aguas residuales generadas por la ciudad de Oruro al lago Uru Uru, expresa "...para el año 2021 los valores reportados superan los límites permisibles del RMCH [Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica] de la Ley 1333 con características de aguas residuales de concentraciones bajas, que en algún grado podría ser asimilables por el cuerpo receptor dependiendo de su capacidad de autopurificación, pero no dejan de tener incidencia en el mismo" (sic [fs. 699 a 703]).

II.24. Cursa Informe DGEA-UR 44/2021 de 30 de diciembre, elaborado por Iver Rengifo Tarifa, Jefe de Unidad de Respuesta dirigido al Director General de Emergencia y Auxilio del Ministerio de Defensa, a requerimiento de este Tribunal; el mismo que, en su parte más sobresaliente determinó que la responsabilidad del cumplimiento del DS 335 sería de la "Prefectura del Departamento de Oruro" y los municipios afectados en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia a través de la COMIBOL (fs. 751 a 753).

II.25. Corre en formato digital, el Estudio de Caracterización de Aguas de la subcuenca Huanuni remitido a requerimiento de este Tribunal por el Ministerio de Minería y Metalurgia; mismo que, en la parte más sobresaliente estableció que la minería sería, en los sectores donde se práctica, el principal factor de degradación ambiental. Las aguas ácidas de mina, los desmontes y colas dispuestos en forma indiscriminada en distintos sectores de las zonas mineras y los efluentes de las plantas de concentración que emplearían métodos de flotación, serían las principales fuentes de metales en solución, así como de otras sustancias empleadas en el procesamiento de minerales, tales como cianuros y xantatos elementos de alta toxicidad para la fauna y la flora acuática. La minería a cielo abierto, que remueve y deja al descubierto terrenos volcánicos ricos en sales minerales los cuales son arrastrados por el agua de lluvia, contribuye también de manera significativa a la salinización del Desaguadero y de los lagos Poopó y Uru Uru (ALT; MACROZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA TDPS; Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, OEA, La Paz, 1999). La degradación natural de los productos pecuarios y pesqueros, que afectaría en particular a la carne de pescado, especialmente del extraído de la región sur de la cuenca (Poopó y Uru Uru), la cual mostraría altos contenidos de metales pesados, en concentraciones que podrían ser perjudiciales para la salud humana. El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego a través del Plan Nacional de Cuencas (PNC), entre sus metas para la gestión 2019 debía afrontar los problemas que atravesarían las cuencas, en especial aquellas influenciadas por la actividad minera; puesto que, la misma provocaría el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua y los recursos asociados al mismo; como es el caso de los suelos, la fauna piscícola y otros elementos hidrobiológicos, efecto que tendría la tendencia a agravarse por el cambio climático y la aplicación de prácticas insostenibles de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales; afectando con mayor intensidad a las poblaciones más vulnerables. Es así que el PNC se constituiría en un instrumento público nacional, que orienta el cambio e innovación en la gestión del agua y promovería la construcción de múltiples y nuevas experiencias, capacidades, conocimientos y aprendizajes, para alcanzar una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC) basados en el desarrollo de lo transversal - cultural en las cuencas como espacios de vida y de innovación de la gobernabilidad hídrica. Caracterización físico-química de las aguas y sedimentos de los cuerpos de agua superficial de la subcuenca Huanuni (fs. 718).

II.26. Se tiene Nota MMM-DS-0103-DGAJ-033/2022 de 14 de enero, remitida por el Ministro de Minería y Metalurgia (fs. 850), haciendo conocer que solicitó a la COMIBOL información relativa a las acciones realizadas para promover planes, programas y proyectos destinados al estudio técnico e implementación de política de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población en la subcuenca Huanuni o río San Juan de Sora Sora; remitiendo dicha institución copias de: Control y Mitigación Obras Ambiental "Desmontes Mina Santa Fe" Proyecto a Nivel de Diseño Final de julio de 2009 (fs. 770 a 798); Diseño Obras de Mitigación centro Minero Morococala del año 2009 (fs. 801 a 810); acta de recepción definitiva del proyecto "Mitigación Ambiental y Disposición de Pasivos Mineros en el Centro Minero de Morococala de 15 de junio de 2011 (fs. 816 a 818); Nota DIMA-0090/2021 de 4 de marzo, suscrita por Eugenio Mendoza Tapia, Presidente Ejecutivo a.i. de la COMIBOL dirigida al Director General de Medio ambiente y Consulta Pública del Ministerio de Minería y Metalurgia, haciendo conocer la reprogramación del Plan de Acción para el Cumplimiento de las Metas no Cumplidas en observancia al DS 335 de la subcuenca Huanuni (fs. 820 a 821); acta de recepción definitiva de la "Construcción de Dique de Colas de Wila Khollu" de 7 de noviembre de 2018 (fs. 828 a 832); acta de recepción definitiva del proyecto "Diseño, Construcción y Puesta en Marcha, Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas de Mina" de 23 de octubre de igual año (fs. 834 a 838); acta de recepción definitiva de la obra "Diseño, Construcción y Puesta en Marcha Sistema de Conducción de Pulpas y Recirculación de Aguas Planta de 3000 TPD Lucianita" de 27 de febrero de 2019 (840 a 846).

II.27. Corre Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UJIOC/001/2022 de 10 de febrero, del municipio del El Choro provincia Cercado del departamento de Oruro, elaborado por la Secretaria Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su parte sobresaliente evidencia que la capital del municipio de El Choro sería un lugar conocido como "...descendiente de étnias de pescadores..." (sic). Del relato de Justina Aguilar Chinche, Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de El Choro, se extrae que "...siempre nos han contaminado el lago Uru Uru, con sus aguas sucias por medio de los canales grandes: canal Germanía, Canal La Plata, canal 6 de agosto, canal el Rosso y el canal Tagarete, este último incluso hechas sus aguas contaminadas con copajira que baja de la mina San José, y todo desemboca de forma directa al lago de Uru Uru. Por medio de esos canales circula bastante basura como estamos viendo, y más allá vemos que de las casas están conectados sus tubos de los baños, cuando debería estar conectado al alcantarillado; esto siempre hemos reclamado, pero nadie ha hecho nada, menos los vecinos de la ciudad de Oruro, menos la gente de la Alcaldía que hace oídos sordos..." (sic [las negrillas fueron añadidas]). Refirió además, que antes la población se dedicaba a la producción piscícola; sin embargo, esa actividad ya no sería sostenible a causa de la contaminación; y si bien, se dedicarían a la producción agrícola y ganadera, las aguas serían salinas para riego y consumo. Ancestralmente la fuente principal de agua para su consumo y el de sus animales era la acumulada de la precipitación pluvial -entre otros- en lago Uru Uru, todo hubiese cambiado por la contaminación de las empresas y cooperativas mineras que afectaron al río Desaguadero, a los lagos Uru Uru y Poopó con metales pesados, la salinización de la tierra y la contaminación de los mencionados canales, que arrastrarían aguas servidas y desembocarían de forma directa en dicho lago. Las comunidades más afectadas por la contaminación de la nación Sura, serían Vito, Quitaya, Punpulaya, Pampa Lamasi, Santo Tomas y Kochis Iswaya, hubieran disminuido su población, tendrían poco ganado, varias familias se dedicarían a otras actividades. Con la contaminación, se mostraría el impacto social y los cambios culturales que se generarían en la vida de los miembros de poblaciones que se encuentran a orillas del río Desaguadero, de los lagos Uru Uru y Poopo, situación que hubiera creado cambios de hábitos de vida, en el caso de los pobladores de las indicadas comunidades; ya no serían pescadores sino artesanos, comerciantes, transportistas, albañiles y otros se dedican a la cría de ganado en pequeñas cantidades; muchos hubieran diversificado su ocupación para la subsistencia de sus familias (fs. 857 a 890).

II.28. Por Nota CGE/SG -121/2022 de 24 de marzo, el Contralor General del Estado, remitió los Oficios CGE/SCAT/GAA, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 y 355 todos de 2018; e, Informe SCAT/GAA-003/2022 de 15 de marzo, de la de la Gerencia de Auditoria Ambiental de la Subcontraloría de Auditorias Técnicas, las cuales señalaron que no se emitió otros informes de evaluación de supervisión la implementación del DS 335; posterior a las literales de evaluación del periodo comprendido entre 2017 a julio de 2018 (fs. 940 a 967 y 975).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que el lago Uru Uru se encuentra contaminado; debido a que, los canales de aguas servidas que provienen de la ciudad de Oruro y desembocan en ese lago, en su mayoría no son tratadas por la Planta Procesadora de la empresa del SeLA-ORURO, y por las actividades mineras de la zona, poniendo en riesgo la vida de los pobladores y sus familias; de igual manera, a los animales, las actividades pesqueras y ganaderas en la que sustentan su economía; asimismo, la contaminación provocó la migración de los miembros de las comunidades y la disminución de sus ingresos afectando las condiciones de vida digna, también influyó en la salud tanto de ellos como del ganado, quienes frecuentemente presentan problemas gastroenterológicos, respiratorios agudos y dérmicas; la tierra se encuentra afectada por la sedimentación y el desborde de los ríos ocasionando su desertificación, sin que las autoridades demandadas -pese a existir normativa específica que les obliga a atenuar los efectos de la contaminación- cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales de protección del medio ambiente, desconociendo los derechos colectivos y difusos del medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, al agua, a la salud, a la vida y a una vida digna.

El lago Uru Uru es considerado un "RAMSAR" de acuerdo a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, teniendo un valor natural no solo para el país sino para el mundo; por tanto, es obligación del Estado su conservación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Ámbito de protección de la acción popular. Jurisprudencia reiterada

La acción popular tiene su propio objeto y ámbito de protección, al respecto, el Código Procesal Constitucional en su art. 68, determina que: "La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violadas o amenazados" (las negrillas fueron añadidas). Texto que guarda armonía con el contenido del art. 135 de la CPE, que de la misma manera determina que la protección de este mecanismo de defensa alcanza a derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Ley Fundamental.

(...)

Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; sin embargo, se distinguen en que los colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada; en tanto que son difusos los intereses cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad (OVALLE FAVELA, José, acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos, en similar sentido, SABSAY, Daniel Alberto, El 'Amparo Colectivo').

(...)

Por su parte, en los intereses de grupo (o intereses individuales homogéneos) si bien existe una pluralidad de personas; empero, el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, por ello han sido denominados como intereses accidentalmente colectivos....

(...)

Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris 'Derechos Colectivos'..." (las negrillas fueron añadidas).

III.1.1. Flexibilización de la legitimación pasiva en acciones populares

Las acciones populares tienen como característica la flexibilidad de la legitimación pasiva1, en el entendido que la justicia constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene potestad de constatar si efectivamente fueron conculcados, aunque el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, supuestos en los cuales, SCP 2027/2013 de 13 de noviembre2, razonó que los autores de la lesión de los derechos no son pasibles de ningún tipo de responsabilidad; y si bien, este precedente corresponde a una acción de libertad, el mismo fue ampliado a las acciones de amparo constitucional a la luz de la SCP 0367/2019-S2 de 5 de junio; ahora bien, en virtud al art. 3.5 del CPCo, de los principios pro natura y de precaución3 -característico de este instituto jurídico- a condición que se constate la vulneración de los derechos de las comunidades pertenecientes al municipio en cuestión, por autoridades que no fueron demandadas; empero, que en los hechos tienen competencia para restaurar los derechos vulnerados.

Ese mismo criterio fue ratificado en la SCP 0438/2021-S3 de 10 de agosto, que dispuso la flexibilización en la legitimación pasiva en una acción popular, ante el hecho que únicamente se demandó al Gerente General de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima (S.A.); empero, se concedió la tutela con relación al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a los Gobiernos Autónomos Departamental y Municipal de Potosí.

En ese mismo orden de razonamiento, sobre la flexibilización de la legitimación de tutela este Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que, la falta de legitimación pasiva no necesariamente provoca la denegatoria de una solicitud de tutela, sino que debe atenderse a la urgencia y tipo de la misma y si no se provoca indefensión; por ejemplo, respecto vías de hecho y la concurrencia de legitimación pasiva parcial (SSCC 0953/2006-R de 2 de octubre y 0537/2007-R de 28 de junio), cuando el colegiado se compone de muchos miembros, también se admitió la legitimación pasiva parcial (SC 0447/2010-R de 28 de junio), en procura de materializar la prevalencia de la eficacia material sobre cualquier formalismo extremo y el resguardo de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución y el bloque de constitucionalidad; consecuentemente, en acciones populares donde es posible realizar una flexibilización a este presupuesto, máxime, si en el presente caso las autoridades encargadas de velar por el medio ambiente fueron integradas a la litis a través de la solicitud de información sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tienen sobre la prevención, preservación y reparación de la contaminación del lago Uru Uru.

III.2. Los derechos de la madre tierra como elemento fundante del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado reconoce como un elemento y principio valor, fundante del mismo; el vivir bien, y propone una crítica a los conceptos de desarrollo y al concepto de crecimiento económico, sustituyendo aquellos por la convivencia en armonía y equilibrio de las personas con la naturaleza, los animales, las montañas, los lagos, donde debe primer el respeto a la naturaleza y a la búsqueda del equilibrio en pos de aquellas medidas y acciones que tengan un menor impacto en el medio ambiente.

Sobre ese particular, la SCP 2056/2012 de 16 de octubre, señaló que: "El ?vivir bien' conlleva a una dimensión espiritual, afectiva y social contraria al paradigma occidental que toma en cuenta principalmente la dimensión material y tangible del desarrollo. En el contexto de las naciones y pueblos indígenas, el ?vivir bien' trata de una forma de vida natural, basada en la convivencialidad, complementariedad y relacionalidad de todo lo que compone la vida, con un enfoque integral y holístico de ésta, donde el ?vivir bien', no es el mundo depredador capitalista que lo destruye todo".

En ese mismo orden, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0206/2014 de 5 de febrero², sostuvo que: "...la vida y todo lo que potencialmente pueda generarla se encuentra protegida por nuestra Ley Fundamental; así, el Preámbulo de la Constitución Política del Estado establece que: 'Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas', mientras que el art. 33 de la CPE, establece que: 'Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente', de donde se extrae que la protección de la vida se extiende incluso a aquella que no sea considerada humana como por ejemplo la vida animal y vegetal" (el resaltado es propio).

Al respecto, la SCP 0077/2020-S3, de 16 de marzo, estableció: "...el 21 de diciembre de 2010, entró en vigencia la Ley de Derechos de la Madre Tierra, norma que estableció entre otros, los principios de Bien Colectivo, de armonía y la interculturalidad, señalando respecto a este último, que el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y dialogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan un convivir en armonía con la naturaleza; considerando a la Madre Tierra como sagrada desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

De la misma manera, el art. 4 de la ya referida norma, en cuanto al sistema de vida, identificó a ésta como comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres, y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, y la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas; y con relación al ejercicio de los derechos de la Madre Tierra, describió que todas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que componen ésta, ejercen los derechos descritos en dicha ley de manera compatible con sus derechos individuales y colectivos; encontrándose entre los derechos de la Madre Tierra, el de vivir libre de contaminación, de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas; en síntesis, el referido autor, indicó que: 'En el ámbito estrictamente jurídico, debe considerarse que para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público, por lo que ella y todos sus componentes, incluidas las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la misma ley. Así, la aplicación de los derechos de la Madre Tierra debe tomar en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Además, los derechos establecidos en el texto no limitan la existencia de otros derechos inherentes a la Madre Tierra, según su naturaleza.

En definitiva, todas las bolivianas y bolivianos que formamos parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra podemos ejercer los derechos establecidos en la mencionada ley, de forma compatible con nuestros derechos individuales y colectivos, teniendo presente que el ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra. Por ello, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley'" (el resaltado es agregado).

III.3. El medio ambiente como fin y función esencial del Estado; y, como derecho objeto de protección de la acción popular

Como se tiene dicho, entre los derechos colectivos protegidos explícitamente por la acción popular se encuentran los relacionados con el medio ambiente y la salubridad pública. En esa comprensión, la Constitución Política del Estado en su art. 33 consagró el derecho al medio ambiente saludable y equilibrado, cuyo ejercicio debe permitir a los individuos y colectividades, presentes y futuras, además de otros seres vivos, su desarrollo normal y permanente. Norma Suprema a partir de la cual, se identifica al medio ambiente como un derecho individual y colectivo -dimensión que será desarrollada a continuación por tratarse la presente de una acción tutelar-, en consonancia con el art. 34 de la Ley Fundamental que faculta a cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente. Sin embargo, lo hace sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el mencionado derecho.

A partir de tal enfoque, el medio ambiente puede comprenderse igualmente como un fin y función esencial del Estado en sus diferentes niveles de gobierno a partir del art. 9.6 de la CPE el cual determina que: "Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

(...)

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales... así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras" (las negrillas y subrayado son añadidos). En ese marco, conforme al art. 298.I.20 y II.6 de la Norma Suprema, el diseño de una política general de medio ambiente es una competencia privativa del nivel central del Estado, y su régimen general también es su competencia de forma exclusiva. Asimismo, según el art. 299.II.1 de la Ley Fundamental preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, resultan ser una atribución concurrente de dicho nivel con las autoridades autónomas. Mientras que, en observancia del art. 302.I.5 y 27 de la CPE, preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, y cumplir con el aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la Constitución Política del Estado, son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en sus jurisdicciones.

Con dicha base normativa, se evidencia el reconocimiento expreso del derecho al medio ambiente que cumpla con las características de ser sano, saludable y equilibrado; y la existencia de deberes por parte del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, de forma que no resulta suficiente que aquel no lesione el señalado derecho. Sino que, tiene el deber de proteger, preservar, contribuir a su protección y ejercer el control de la contaminación ambiental. Consecuentemente, debe asumir las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de dichos deberes.

En ese sentido, la Norma Suprema reconoce, por una parte, la protección del medio ambiente como un derecho constitucional en su vertiente individual y colectiva (cuya transgresión por la interdependencia puede estar ligado a otros como la vida, la salud y la integridad física, espiritual y cultural); y por otra, como un deber del Estado que exige de las autoridades y de los particulares acciones dirigidas a su protección y garantía.

III.4. Sobre los deberes del Estado respecto al medio ambiente

De la descripción precedente del derecho al medio ambiente, y el fin y función esencial del Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales y conservar, preservar y contribuir a la protección del medio ambiente. Es factible colegir que el derecho al mencionado derecho involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, equilibrio de los ecosistemas, protección de la diversidad biológica, desarrollo sostenible, y la calidad de vida de las y los bolivianos. Aspectos que son reconocidos y desarrollados por nuestra Norma Fundamental que no solo establece el derecho, sino que confiere facultades y competencias a los diferentes niveles del gobierno para cumplir con ese fin esencial. Ello a partir del mandato constitucional contenido en los arts. 9.6, 30.II.10, 108.16, 312.III, 342 al 347 y 402.1 de la CPE.

Por su parte, la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronunció respecto a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida e integridad personal (interpretación y alcance de los arts. 4.1 y 5.1 en relación a los 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH]) desarrolló -especialmente en sus párrafos 59, 60, 62, 142, 145 y 180- el contenido general del derecho a un medio ambiente sano. Sobre el tópico, la referida Opinión estableció que: "...el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos...

(...)

(...)

...De igual manera, en virtud del deber de prevención en derecho ambiental, los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al medio ambiente... Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, el cual debe ser el apropiado y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental... Asimismo, las medidas para cumplir con este estándar pueden variar con el tiempo, por ejemplo, en base a descubrimientos científicos o nuevas tecnologías. No obstante, la existencia de esta obligación no depende del nivel de desarrollo, es decir, la obligación de prevención aplica por igual a Estados desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo.

(...)

(...)

...los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica... deben adoptar las medidas que sean 'eficaces' para prevenir un daño grave o irreversible" (el resaltado nos corresponde).

La primera establece que no es necesario que exista certeza científica para implementar medidas de salvaguarda; es decir, que para la toma de medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar un daño, es suficiente la existencia de duda respecto a los perjuicios que puede causar determinada actuación. Entonces, en los supuestos de afectación al medio ambiente, a pesar de la incertidumbre sobre los efectos nocivos que determinada acción u omisión pudiera tener frente al medio ambiente, corresponderá la adopción de medidas urgentes, idóneas y eficaces para evitar el daño.

La segunda, se refiere a la inversión de la carga de la prueba; es decir, que quien acciona en resguardo del medio ambiente no tiene el deber procesal de demostrar la afectación denunciada; sino, más bien quien ejecuta la acción o incurre en supuesta omisión, es quien debe demostrar que los derechos comprometidos no serán alterados negativamente o que se han tomado las medidas necesarias para evitar el daño.

Este principio al estar consagrado en el principio décimo quinto de la Declaración sobre Medioambiente y Desarrollo de 1993, la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático y otros instrumentos internacionales5, inequívocamente forma parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha entendido la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0061/2010-R de 27 de abril6, convirtiéndose en criterio rector aplicable tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional" 7 (las negrillas fueron añadidas).

De lo antedicho, es posible colegir que la protección al derecho al medio ambiente no solo busca proteger a la colectividad titular de este derecho de actos u omisiones estatales o de particulares; sino también persigue proteger al propio medio ambiente; y por consecuencia, la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una transgresión al derecho al medio ambiente.

En el marco Universal, en 2019 el Relator Especial de Naciones Unidas, sobre Residuos Tóxicos subrayó que: "Son los Estados, no las empresas, quienes tienen el deber primordial de proteger a las personas y los pueblos que se encuentran en su territorio o jurisdicción de la exposición a la contaminación y otras sustancias peligrosas. La única manera de ofrecer protección eficaz contra la exposición es prevenirla. Sin embargo, la mayoría de los Estados no solo no previenen la exposición, sino que tampoco reconocen ni entienden los efectos catastróficos que su omisión tiene para las personas tanto dentro como fuera de sus jurisdicciones; más bien están adoptando medidas regresivas en un sentido exactamente opuesto al necesario, en un momento en que es indispensable ser más, no menos, ambicioso. La autonomía personal se ha deteriorado incesantemente durante decenios de industrialización e intensificación de las sustancias químicas, hasta tal punto que ni siquiera las pocas personas que disponen de información sobre su exposición a ellas tienen la capacidad para actuar en consecuencia. Pocos Estados han tenido la valentía de reconocer, aceptar o cumplir su deber de prevenir la exposición al nivel necesario para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en el contexto de la exposición a sustancias tóxicas9 (el subrayado es nuestro).

La CIDH también señaló que la ausencia de medidas para prevenir afectaciones previsibles a los derechos humanos causadas por actividades que contribuyen notoria y significativamente al cambio climático y a la degradación ambiental o la falta de regulación y fiscalización inadecuada de actividades empresariales que contribuyan a dichas afectaciones puede generar responsabilidad internacional del Estado involucrado10. Por ejemplo, ha determinado que: "...no solo los altos grados de exposición a sustancias tóxicas o peligrosas representan una amenaza a los derechos a la vida, integridad personal y salud sino también pueden hacerlo la exposición crónica y permanente de bajo nivel a tales sustancias [...]. A fin de proteger los derechos humanos amenazados en tales circunstancias, los Estados tienen, entre otras obligaciones, el deber de generar, recopilar, evaluar y actualizar la información adecuada, comunicarla efectivamente, en particular a la población en riesgo, facilitar el derecho de participación de los titulares de derechos en la toma de decisiones en tales contextos, así como implementar acciones para que las empresas involucradas con el manejo de tales sustancias realicen la diligencia debida en materia de derechos humanos"11.

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que, los Estados tienen la obligación de evaluar los riesgos asociados a actividades peligrosas al medio ambiente como la minería y de adoptar las medidas adecuadas para proteger el derecho al respeto a la vida privada y familiar y permitir el disfrute de un medio ambiente sano y protegido12; criterio que, si bien no es vinculante al Estado boliviano, constituye un marco referencial que debe ser asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; debido a que, el respeto a la vida y a la familia, al disfrute de un medio ambiente sano y saludable, se encuentra garantizado en mayor intensidad por la Constitución Política del Estado.

III.5. El derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida y salud. Jurisprudencia reiterada

La Asamblea General de las Naciones Unidas, través de la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010 reconoció que: "...el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento"(https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S)

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 15, en la 29º período de sesiones Ginebra, 11 a 29 de noviembre de 2002, respecto del derecho al agua y los arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), asumiendo que:

"2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

(...)

"10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

(...)

16. Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:

(...)

(...)

Obligaciones básicas

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

38. Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que incumbe especialmente a los Estados Partes, así como a otros agentes que estén en situación de ayudar, prestar asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica, que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones a que se hace referencia en el párrafo 37 supra.

IV. VIOLACIONES

39. Al aplicar el contenido normativo del derecho al agua (véase la parte II) a las obligaciones de los Estados Partes (parte III), se pone en marcha un proceso que facilita la identificación de las violaciones del derecho al agua. En los párrafos que figuran a continuación se dan ejemplos de violaciones del derecho al agua.

40. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones generales y particulares, los Estados Partes deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles para garantizar el ejercicio del derecho al agua. De conformidad con el derecho internacional, el no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye una violación del derecho. Cabe señalar que un Estado Parte no puede justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 37 supra, que no pueden suspenderse.

41. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho al agua, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones con respecto al derecho al agua y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12, que se refieren al derecho a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, que impone a cada Estado Parte la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que le impone el Pacto...

(...)

43. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.

44. Aunque no es posible confeccionar por adelantado una lista completa de las violaciones, a partir de la labor del Comité se puede individualizar una serie de ejemplos típicos que ilustran los niveles de obligación:

V. APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL

45. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deberán recurrir a "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas", para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del Pacto. Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que toda persona disfrute del derecho al agua, lo antes posible. Las medidas nacionales encaminadas a asegurar el disfrute del derecho al agua no han de obstaculizar el disfrute de otros derechos humanos.

Legislación, estrategias y políticas

46. Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obligaciones dimanantes del Pacto. 47. El deber de adoptar medidas claramente impone a los Estados Partes la obligación de adoptar una estrategia o plan de acción nacional para asegurar el ejercicio del derecho al agua. La estrategia debe: