1586/2022-S3

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia:

1. a)Se declare la nulidad del Auto de Vista 199/2021 de 24 de agosto; y,
2. b)Que el Vocal ahora accionado emita nuevo auto de vista, realizando una valoración objetiva de la prueba presentada.

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:

1. 1)Se encuentra detenido preventivamente por cinco meses y veintinueve días, y de la revisión de antecedentes, se tiene que el Ministerio Público no solicitó la ampliación de su detención preventiva;
2. 2)No se tiene ningún informe de que haya recibido algún beneficio, o que haya salido del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro;
3. 3)Se lesionaron sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; y,
4. 4)Se debe considerar que es una persona enferma que tiene diabetes mellitus tipo 2 e incluso dio positivo a Coronavirus (COVID-19).

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia, señaló que:

1. i)El accionante solicitó la cesación de su detención preventiva con base al art. 239.1 y 5 del CPP, y al respecto, sobre el art. 239.1 del citado Código, donde se produce el principio de inversión de la prueba, por el que el imputado debe desvirtuar las razones por las que se adoptó la detención preventiva, en este caso existe una Sentencia condenatoria contra el accionante, por el delito de tráfico de sustancias controladas, de manera que el art. 233.1 del CPP con relación al peligro de fuga -art. 234.7 del indicado Código- estaría vigente; y, en todo caso se cumplen perfectamente los requisitos para la detención preventiva;
2. ii)En cuanto al art. 239.2 del CPP, se debe considerar que el proceso penal del cual deviene la presente acción tutelar cuenta con Sentencia condenatoria, por lo que "el reclamo" del accionante no tiene sentido;
3. iii)En el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, el mismo no fue claro al expresar sus agravios, y mediante esta acción de defensa, se escucharon generalizaciones sin apreciaciones jurídicas concretas;
4. iv)De la interpretación del art. 233 del CPP, modificado por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se tiene que la duración de la detención preventiva del imputado es solamente para la investigación, de tal manera que el Juez no puede fijar plazo para todo el proceso, por eso se interpretó que en etapa de juicios y recursos para que proceda la detención preventiva o cesación de esa medida, se deben discutir los riesgos procesales, por ello el accionante debió acudir al Distrito Judicial de Oruro para discutir con mayor amplitud;
5. v)Por lo mencionado, no sería posible que para la etapa de juicio y recursos se fije un plazo, por lo que no se puede pretender la aplicación del art. 239.2 del CPP, se reitera porque ya no se encuentra en etapa preparatoria;
6. vi)De esa manera, lo alegado por el accionante respecto a que el Auto de Vista 199/2021, ahora cuestionado no tiene la debida fundamentación, no es evidente, toda vez que dio respuesta a todos los agravios y se basó en la aplicación del Código de Procedimiento Penal y sus modificaciones; y, el accionante no presentó ningún elemento de juicio sobre las razones de la detención preventiva respecto al art. 234.7 del CPP, y en cuanto al art. 239.2 del indicado Código, se reitera que dicho precepto no es aplicable porque ya no se encuentra en etapa preparatoria; y, sobre la enfermedad del accionante, el mismo no adjuntó prueba al respecto, por lo que se concluye que no existen elementos suficientes para hacer viable la aplicación del art. 239.5 del CPP; y,
7. vii)Por lo manifestado, se confirmó el Auto Interlocutorio 46/2021 apelado, sin vulnerar ningún derecho, debiéndose denegar la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 19/2021 de 29 de septiembre, cursante de fs. 71 a 74 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a la problemática planteada, si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal, desde el momento en el que fue puesto en vigor; es decir, el nuevo sistema procesal penal o sistema acusatorio, a lo largo del tiempo sufrió una serie de modificaciones y parches que desnaturalizaron la esencia del proceso penal acusatorio existente y los motivos por los que se ordena la detención preventiva de cualquier naturaleza no es otro que la existencia de riesgos procesales que permiten esta posibilidad y que por ello se da por entendido el hecho de que no existe un arraigo natural o la posibilidad de que el imputado se vaya a someter al desarrollo del proceso, lo que da como lógica consecuencia, el hecho de que el imputado al ser inversa la carga de la prueba tiene la obligación de demostrar que los riesgos procesales desaparecen a efectos de que este pueda obtener su libertad o el cese de su detención preventiva;
2. b)En el presente caso, al encontrar en la norma procesal penal dos normas que se contrapongan entre sí y que sean diferentes, ya que no existe lógica o razón alguna de que el juez para ordenar la medida más gravosa como la detención preventiva, se tiene que verificar la existencia de riesgos procesales, que son los que mantienen la detención preventiva; es decir, mantienen la posibilidad de subsistencia de la referida medida cautelar y que la misma tenga que cesar por el cumplimiento del plazo, y una vez concluido, el juez natural tiene la obligación de ordenar el cese aun así persistan o subsistan los riesgos procesales por los que se ordenó la medida, lo que quiere decir que aun así parezca incoherente o irracional la medida, no lo es, porque las dos normas existen en el Código de Procedimiento Penal y se contraponen entre sí;
3. c)Si bien es cierto que se tendría que aplicar la norma más favorable al imputado, pero esa es aquella con relación al Derecho Penal sustantivo y no adjetivo, o sea, en otras palabras, el derecho procesal penal adjetivo a criterio del suscrito no está totalmente ligado al cumplimiento de esa regla;
4. d)El accionante, aunque no lo diga de esa manera, solicitó básicamente que se interpreten los alcances del art. "139" -se entiende del CPP-, cuando se refiere a que la detención preventiva cesará cuando venza el plazo fijado por el Juez de la causa, y en ese entendido, se está frente a una cuestión que hace a la interpretación de las leyes ordinarias y que por tanto corresponde a esa jurisdicción su interpretación; sin embargo, tratándose de esta acción de libertad, en la que está comprometido el derecho a la libertad, esa Sala Constitucional considera de que sí se puede abrir la posibilidad de interpretar el alcance de la norma, la cual tiene dos elementos fundamentales, la primera, es que llegado el plazo establecido por el juez de primera instancia para la detención preventiva, se debe considerar de que a partir de allí, se puede realizar evidentemente la detención preventiva y no opera ipso facto la cesación de la medida; es decir, lo que hace el plazo fijado por el referido Juez para la detención preventiva, por un lado, está vinculado a la investigación como tal, y por otro lado, está vinculado al hecho de que llegado el plazo, el tiene que examinar si se enervaron o no los motivos por los que se dispuso la detención preventiva y con esos elementos evidentemente la interpretación que se puede dar, es de que llegado el momento de cumplimiento de la detención preventiva, fundamentalmente lo que busca es un castigo a la retardación de justicia; y,
5. e)En el caso de que los riesgos procesales pendientes no hayan sido desacreditados, el Juez de la causa se vería en la imposibilidad de ordenar el cese de la detención preventiva, más aun cuando de la lectura del art. 239 del CPP, se incluyen incisos relativos al hecho de que cuando se traten de delitos relativos a sustancias controladas se imposibilita el cese de la detención preventiva, aunque se traten de personas mayores de sesenta y cinco años de edad, o que se hayan cumplido doce o veinticuatro meses de detención preventiva; por lo que, el razonamiento utilizado por el Vocal ahora accionado es válido, sin encontrar vulneración de los derechos del accionante. II. CONCLUSIONES