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TCP

1587/2025-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1587/2025-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1587/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 56909-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 19/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 15 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Gandarillas Ugarte en representación sin mandato de Lourdes Urzagaste Trujillo contra José Emerson Figueroa, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 1 a 5 vta., la accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra cumpliendo la medida cautelar de detención preventiva en el "Centro de Rehabilitación Palmasola", la cual fue ordenada fuera de los límites establecidos por la ley; toda vez que, por mandato del art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), la libertad solo puede ser restringida dentro de los límites fijados por la normativa vigente. Similar previsión se encuentra contenida en el art. 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Estos reclamos fueron puestos en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que dispuso su detención preventiva. No obstante, el Vocal José Emerson Figueroa Morales -ahora demandado-, en audiencia de apelación incidental, resolvió ratificar la resolución de la Juez a quo, emitiendo una decisión carente de la debida fundamentación y motivación, respecto de los siguientes agravios:

  1. a)Refiere que el Vocal demandado limitó el tiempo destinado a la fundamentación de su apelación, restringiendo su derecho a una defensa amplia y plena;
  2. b)En relación con la probabilidad de autoría, se reclamó que no existe elemento objetivo alguno que genere en la Juez la convicción necesaria para admitir una imputación por el delito de "suministro", existiendo una duda razonable respecto al tipo penal; sobre este reclamo, la autoridad demandada manifestó que la Juez a quo adoptó su decisión valorando no solo el hecho, sino también las investigaciones supuestamente realizadas por inteligencia, relacionadas con que en el Parque Arenal y zonas aledañas se suministraban sustancias controladas; sin embargo, dicha investigación no guarda relación directa con la imputada, puesto que se efectuó de manera general sobre la zona donde presuntamente se habría cometido el ilícito; en consecuencia, no puede aplicarse de manera específica a la imputada, quien goza de la presunción de inocencia. De este modo, se habría realizado una interpretación errónea de la ley, valorando de forma incorrecta supuestos elementos probatorios y prejuzgando su culpabilidad;
  3. c)Respecto al riesgo procesal relacionado con el trabajo, se reclamó que la Juez a quo no aplicó el principio de excepcionalidad en la imposición de las medidas cautelares. El Vocal demandado sostuvo que la Juez a quo realizó una correcta fundamentación, argumentando que, si la imputada trabaja en una caseta que forma parte del municipio, debería contar con la correspondiente autorización; no obstante, el hecho de no haber presentado dicha autorización no constituye un riesgo procesal, sino, en todo caso, una infracción a normas municipales; asimismo, no se tomó en cuenta que la imputada fue aprehendida portando un mandil propio de su actividad laboral y que la supuesta cartera donde se encontraba la sustancia controlada estaba dentro de su caseta de trabajo; en ese sentido, el demandado concluyó que no se acreditó el trabajo, como si fuera obligación de la imputada demostrarlo, cuando la ley establece que corresponde a los acusadores demostrar la existencia de los riesgos procesales;
  4. d)Con relación al riesgo de peligro para la sociedad, previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Vocal demandado consideró que la Juez a quo decidió correctamente en atención a la naturaleza del delito, citando la , sin embargo, dicha Sentencia Constitucional se refiere a solicitudes de cesación de la detención preventiva, situación distinta al caso presente, puesto que la imputada no solicitó la cesación, sino que desde un inicio se opuso a la aplicación de la detención preventiva, por haberse dispuesto de manera ilegal al no cumplirse el presupuesto establecido por el art. 233 del CPP. En ese entendido, no se está juzgando el delito en sí, sino a la persona procesada, conforme establece el art. 233.2 del CPP, que exige "la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad". En consecuencia, la acreditación de los riesgos procesales debe basarse en elementos objetivos, reales y tangibles, y no únicamente en afirmaciones; asimismo, la naturaleza del delito no exime a los acusadores de aportar elementos objetivos; no obstante, en el caso concreto, la Fiscalía no realizó una investigación de inteligencia específica respecto de la imputada, por lo que su actuación no constituye un elemento objetivo válido; además, la Juez a quo tampoco aplicó el principio de excepcionalidad; y,
  5. e)Finalmente, respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP, el Vocal manifestó que la Juez de primera instancia habría decidido correctamente al considerar que, durante el operativo policial, varias personas se ausentaron o se dieron a la fuga, e incluso, cuando se procedió al arresto, algunas se resistieron a la requisa y al registro en el lugar de los hechos, obstaculizando la averiguación de la verdad, lo cual constituiría elementos de un riesgo de influencia negativa sobre testigos o partícipes; sin embargo, en el presente caso se tomó en cuenta el actuar de terceras personas para establecer un riesgo procesal respecto de la imputada, lo cual resulta incorrecto; asimismo, al momento de fundamentar la existencia de dicho riesgo no se aplicó el principio de excepcionalidad, pese a haberse dado por válidos el domicilio y el núcleo familiar de la imputada, razón por la cual debió disponerse la medida de detención domiciliaria en su favor.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de debida fundamentación, motivación y derecho a la defensa, vinculados con su derecho a la libertad. A tal efecto, cita los arts. 23 y 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene la inmediata libertad de la imputada, toda vez que se encuentra detenida preventivamente fuera de los límites establecidos por la ley, constituyéndose, por tanto, en una detención ilegal. Alternativamente, solicita que se modifique la medida cautelar por una de carácter menos gravoso, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

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