1595/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Dejar sin efecto el Auto Supremo 626/2021 de 26 de octubre, exhortando a los Magistrados demandados, que en la nueva resolución a emitirse, consideren los criterios de valoración probatoria reglada, que denote la características esenciales de la relación laboral;
2. b)Suspender cualquier incremento o multa que genera la obligación laboral por concepto de actualización o penalidad hasta que se vuelva a dictar otro fallo; y,
3. c)Medida cautelar paralizando cualquier efecto del señalado Auto Supremo.

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que:

1. 1)Existió una lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, verdad material, legalidad, tutela judicial efectiva, valoración de la prueba de cargo y de inversión probatoria; en razón a que, no se demostró la existencia de una relación laboral, sino comercial entre dos socios;
2. 2)La obligación laboral que se interpuso en su contra se sustentó en certificados de trabajo en fotocopia simple, de los cuales se cuestionó su validez a través de una denuncia penal por falsedad material; consecuentemente, los Magistrados demandados al otorgar un valor distinto al mismo se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad;
3. 3)El tercero interesado afirmó que trabajaba cargando y descargando mercancía desde la ciudad de Iquique de la república de Chile por quince años; sin embargo, su flujo migratorio solo acreditaba ingresos esporádicos;
4. 4)No se evidenció la existencia de una empresa importadora, las certificaciones expedidas por las entidades públicas encargadas del registro de empresas y las dedicadas a la actividad de importación, certificaron aquello;
5. 5)No se consideró la prueba de reciente obtención que atestigua que la denuncia por falsedad material fue rechazada al no existir posibilidad de realizar una pericia técnica sobre un documento en fotocopia; y,
6. 6)Se le condenó al pago de una obligación pecuniaria sin tomar en cuenta que es una persona adulta mayor poniendo en riesgo su libertad, desconociendo que por pertenecer a un grupo vulnerable, tiene derechos y garantías constitucionales reforzados que no pueden ser afectados por las autoridades demandadas.

Olvis Egüez Oliva y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 19 de agosto 2022, cursante de fs. 108 a 110, manifestaron que:

1. i)El Auto Supremo cuestionado a través de la presente acción de defensa se encuentra motivado, fundamentado y congruente con los agravios planteados en casación;
2. ii)El peticionante de tutela no pudo desvirtuar las afirmaciones realizadas en la demanda laboral; debido a que, se acreditó la existencia de una relación profesional a través de certificados de trabajo, las notas emitidas por la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA S.A.) y la ANB, mismas que fueron estimadas bajo los principios de la sana crítica, la lógica, verdad material, primacía de la realidad indubio pro operario e inversión de la prueba;
3. iii)Se concluyó la existencia de una relación laboral de dependencia, subordinación del tercero interesado respecto del accionante, la presentación del trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario;
4. iv)Las autoridades judiciales no se encuentran sujetas a la tarifa legal de la prueba, con las facultades conferidas por ley el Tribunal de alzada formó su libre convencimiento en cuanto a lo reclamado, inspirándose en principios científicos que informan la sana crítica; y,
5. v)En cuanto al argumento referido a que debió observarse que el impetrante de tutela es una persona adulta mayor y pertenece a una nación indígena originaria campesina, aquel hecho no fue denunciado como agravio a tiempo de interponerse el recurso de casación; por lo que, no era posible exigirse en esta instancia un pronunciamiento al respecto. I.2.3. Intervención del tercero interesado

Carlos Dulfredo del Rio Paiva a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que:

1. a)La justicia constitucional no tiene atribución para analizar la actividad probatoria desarrollada en la jurisdicción ordinaria;
2. b)Los certificados de trabajo son originales, no fotocopias simples como manifestó el solicitante de tutela, los cuales fueron suscritos con bolígrafo negro; aquel hecho dio lugar que la Jueza de primera instancia dude sobre su autenticidad; aspecto que fue subsanado al momento de emitirse el Auto de Vista cuestionado y revocarse la Sentencia 39/2020 y declararse probada la demanda laboral;
3. c)El argumento de la presente acción de defensa se sustentó en el rechazo de la denuncia por falsedad material, alegando la imposibilidad de realizar un peritaje a una fotocopia; empero, dicha entidad jamás examinó el documento original que cursaba en el expediente, lo que también llevó a concluir que no era cierto que los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, hubiesen sustentado su decisión en un escrito inexistente;
4. d)Los certificados de trabajo no fueron objetados en la forma ni dentro del plazo de tres días establecido por la norma procesal, tampoco se interpuso un incidente para su revisión; aspecto que fue advertido en alzada y en casación;
5. e)Los certificados del SIN, la ANB y de FUNDEMPRESA, acreditaban únicamente que el negocio era informal, sin que ello pudiese afectar ni constituirse en un aspecto relevante para concluir en la inexistencia de la relación laboral; toda vez que, las actividades no eran formales;
6. f)El impetrante de tutela dentro del señalado proceso laboral, no cuestionó los certificados de trabajo, tampoco presentó incidente de falsedad -ni porque fueran fotocopias o la firma no le hubiese correspondido-; aspecto advertido en el Auto de Vista 372/2021 y en el Auto Supremo 626/2021⁴; fue posterior a la emisión de la citada Sentencia cuando se alegó que se trataba de una fotocopia y que era falsa;
7. g)Al no haberse objetado los certificados de trabajo de forma oportuna dentro del proceso laboral, el peticionante de tutela aceptó y consintió la misma, determinando además la improcedencia de la acción de amparo constitucional por actos consentidos;
8. h)La nota de FANCESA S.A. no hizo más que respaldar la existencia de la "Importadora Enríquez"; y,
9. i)Las autoridades demandadas no vulneraron ningún derecho ni garantía constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela planteada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 109/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 142 a 145 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El Auto Supremo impugnado se pronunció respecto a los motivos del recurso de casación;
2. 2)Sobre la valoración incorrecta de los certificados de trabajo, dicha labor es privativa de los jueces y tribunales, no del Tribunal de casación; empero, esa instancia realizó un control de logicidad y legalidad de esa labor, concluyendo que la existencia de la relación laboral no fue desvirtuada, y que se encontraba demostrada en las certificaciones de la ANB y la nota emitida por FANCESA S.A.;
3. 3)La labor hermenéutica de los Magistrados demandados fue correcta; en sentido de que, los certificados de trabajo no fueron objetados, y por ello eran válidos; criterio sustentado en el precedente establecido en el Auto Supremo 165/2015 de 18 de junio, referido a la validez de la prueba en fotocopias cuando aquella no es observada;
4. 4)Dichas autoridades determinaron que en materia laboral no rige la prueba tasada, concluyendo que los Vocales no desconocieron ninguna norma o principio, y aplicaron las reglas de valoración con base en los elementos y circunstancia que evidenciaron;
5. 5)Asimismo, explicaron de forma adecuada las razones por las cuales consideraron que las pruebas presentadas por el impetrante de tutela no se encontraban directamente vinculadas con la relación laboral; y,
6. 6)No existió relevancia constitucional sobre el cuestionamiento a las pruebas que demostraban la inscripción de la "Importadora Enríquez" en FUNDEMPRESA y el SIN; y, la referida al pago de aportes para la seguridad social a largo plazo; toda vez que, la falta de registro y cancelación de contribuciones no acredita la inexistencia de un vínculo de trabajo.

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

(...) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero².

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se estableció que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición; en ese sentido, se determinó que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infraconstitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución; ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe:

1. i)Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y,
2. ii)Precisó los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional; la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición refiriendo: '3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional'. La línea citada fue precisada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, al referir que la carga argumentativa mencionada anteriormente no puede aplicarse para denegar la activación de la jurisdicción constitucional en la revisión de la jurisdicción ordinaria" (el resaltado es nuestro).

Por su parte, la SCP 0243/2022-S3 de 12 de abril, mencionando a la SCP 1461/2013 de 19 de agosto, refirió que: "...De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. a)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa, etc.) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria´, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de ésta;
2. b)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho', rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidad hermético - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas de Savigny, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. c)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional; empero, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra habilitada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. d)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:
5. 1)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
6. 2)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
7. 3)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (énfasis añadido).

Sobre el tópico, conforme a la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, implicó entre otros: "...1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares;

1. 2)Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y,
2. 3)Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho". Bajo ese razonamiento, la SCP 0679/2018-S2 de 23 de octubre, estableció que: "...el derecho a la tutela judicial efectiva es básicamente el derecho de acceso libre a la jurisdicción o a la de justicia, que se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, derecho que tiene tres elementos constitutivos:
3. a)El acceso propiamente dicho a la jurisdicción;
4. b)Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto; y,
5. c)Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada" (las negrillas nos pertenecen).

1. i)No se tomó en cuenta ni valoró las certificaciones emitidas por el SIN, FUNDEMPRESA (registro de comercio), ANB y la Dirección General de Migración, que hacen plena prueba por haber sido expedidas por entidades públicas y que acreditan que la "Importadora Enríquez" no existe ni tiene registro en el país; que el demandante del proceso laboral tiene un flujo migratorio escaso a la república de Chile; lo que, demuestra que no pudo existir un vínculo de trabajo carguío y descarguío de mercancías en el puerto de Arica-Chile; evidenciándose la inexistencia de una relación laboral; además, demostró que el tercero interesado en la ANB tiene operaciones a cuenta propia por título personal, hecho ratificado en la confesión provoca, que no se configuró una relación laboral;