Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1600/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 57153-2023-115-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 003/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Javier Lucio Alanes contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, cursante de fs. 8 a 12, el accionante a través de su representante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, y ante la negativa del Ministerio Público de dar curso a una pericia psicológica destinada a sustentar una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, el accionante interpuso acción tutelar; sin embargo, la misma fue denegada por incumplimiento del principio de subsidiariedad, conforme a la Resolución 2/2023 de 3 de marzo, concluyéndose que dicha negativa debió ser impugnada por su parte ante la Fiscal Departamental.
En cumplimiento de lo determinado por el Tribunal de garantías, el accionante acudió ante la Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada- objetando la resolución emitida por la Fiscal de Materia. Dicha objeción fue resuelta mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, en la cual se señaló que la atribución de revisión, análisis y pronunciamiento respecto a la objeción no correspondía al Fiscal Departamental, indicando que no se abría atribución alguna para conocerla, por cuanto dicha facultad únicamente procedía ante una objeción vinculada al rechazo de proposición de diligencias o frente a la negativa de puntos de pericia; asimismo, se sostuvo que en el memorial presentado por el accionante no se identificaba ni se especificaba de manera clara, concreta y precisa cuál requerimiento fiscal era objeto de objeción, razón por la cual la Fiscal Departamental carecería de competencia para emitir pronunciamiento al respecto.
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