1601/2022-S3

El accionante denuncia como lesionados su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) . I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, ordenando la emisión de una nueva resolución que cumpla las siguientes formalidades:

1. a)La fundamentación fáctica y probatoria de los elementos típicos de los delitos de contratos lesivos al Estado y de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, identificando y exponiendo las motivaciones conjuntamente las pruebas en su forma analítica y descriptiva que sustenten la afirmación de que el patrimonio de la CNS es parte de la economía nacional, cuando esta es una entidad con autonomía administrativa, económica y financiera que no recibe aportes del Tesoro General de la Nación, sino contribuciones de entidades estatales y particulares, en contraprestación por el seguro social a corto plazo que brinda, por lo tanto, no es una entidad que gestione o administre recursos nacionales o forme parte de la economía nacional;
2. b)La fundamentación fáctica y probatoria de los elementos típicos de los delitos mencionados, identificando y exponiendo las motivaciones analíticas y descriptivas de las pruebas que demostrarían la existencia de daño económico al Estado y que ello sea atribuible a su persona, debiendo al efecto considerarse inexcusablemente todos los peritajes que cursan en el expediente y compararlos con el precio de venta efectivamente pagado por la CNS, de cuyo proceso resulta claramente establecido que el monto pagado como precio de venta por el inmueble es inferior a su valor comercial, extremo que desvirtúa per se la existencia de daño económico en los términos con los cuales incorrectamente concluye la Fiscal Departamental accionada;
3. c)La valoración del título de propiedad que acredita que el inmueble se encuentra a nombre de la indicada entidad como emergencia de la transferencia realizada por su persona, y expresar las motivaciones por las que se consideró que el mismo no tenía el derecho propietario a su nombre para transferir dicho inmueble, cuando los documentos que cursan en el expediente demuestran todo lo contrario;
4. d)La fundamentación jurídica y probatoria que describa si la diferencia del precio de venta por debajo de su propio precio comercial del inmueble, constituye una ilicitud y un sobreprecio en el marco de lo descrito en el art. 28 (enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado) de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, tomando en cuenta que no existe disposición legal alguna que obligue a los propietario de inmuebles a transferirlos en el mismo precio en que fueron adquiridos; y,
5. e)La fundamentación jurídica y probatoria que describa e identifique cuantitativamente cuál es el acto lesivo o que haya generado lesión al Estado en el marco de lo descrito por el art. 221 (contratos lesivos al Estado) del Código Penal (CP) -modificado por la Ley 004-; asimismo, se condene a la reparación de los daños ocasionados por la autoridad fiscal accionada.

Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, por informe escrito, cursante de fs. 1411 a 1413, señaló que:

1. 1)La Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021 contiene razonamientos que componen la decisión asumida, además que el "accionando" -se entiende accionante- con los mismos argumentos que comprendieron la expresión de agravios y vulneración de sus derechos, manifestó que existe relevancia constitucional sin identificar de forma adecuada por qué en el caso concreto se superó el estándar de relevancia constitucional, confundiendo los fines, mecanismos y métodos utilizados en los recursos ordinarios con los utilizados en las acciones de amparo constitucional, lo que converge a establecer que la carga argumentativa no fue cumplida imposibilitando el análisis del caso en particular;
2. 2)El accionante identificó que los elementos probatorios no fueron valorados sin especificar cuál de ellos, haciendo referencia únicamente a tres elementos probatorios identificando parte de la información que cada uno de ellos contiene; empero, debe considerarse que metodológicamente la valoración probatoria en sede constitucional debe cumplir determinados parámetros vinculados a la relevancia constitucional, lo que el accionante no observó de forma adecuada, pues los argumentos y razones expresadas para superar el estándar de relevancia constitucional resulta ser la misma que la expresión e identificación de los aspectos contemplados en los acápites "'4.2.2.1. Omisión en valorar los peritaje' y '4.2.2.2.- Omisión de considerar el título de propiedad'" (sic), incumpliendo de esa forma la carga argumentativa a la que se halla obligado todo accionante, pues la identificación de la existencia de lesión de derechos no cumple un rol de acreditación;
3. 3)Para que proceda la acción de amparo constitucional contra las Resoluciones Jerárquicas, la parte accionante debió demostrar que al momento de emitirse dicha Resolución se cometieron actos ilegales que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías fundamentales, eso en consideración a que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar al fondo de lo ya resuelto;
4. 4)La presente acción tutelar contiene una falta de relevancia constitucional al no concurrir ninguno de los presupuestos establecidos por la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, la cual permita fundar que la decisión cuestionada tenga un resultado diferente; asimismo, de conformidad a la SCP 0644/2016-S3 de 3 de junio, fue categórica al afirmar que no corresponde a la jurisdicción constitucional analizar la contundencia o no de la prueba en la que su autoridad basó su decisión para disponer la revocatoria de la Resolución de Sobreseimiento; y,
5. 5)No existiendo vulneración objetiva a derechos fundamentales del accionante que hayan sido ocasionados con el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, ahora cuestionada, solicitó se deniegue la tutela impetrada. En audiencia, Ramiro Altamirano Sejas, Fiscal de Materia, en representación de la autoridad fiscal accionada en ejercicio del principio de unidad del Ministerio Público señaló que en las acciones tutelares de ese tipo, es obligación del accionante identificar por qué la Resolución Jerárquica debe cambiar en el fondo, aspecto que está vinculado esencialmente a la carga argumentativa y probatoria, que no fue cumplido de manera adecuada; toda vez que, el impetrante de tutela no identificó o explicó de qué forma o qué elementos probatorios no se valoraron debidamente o cuál el valor que debería haberse asignado; y asimismo, el motivo por el cual esos elementos colectados pudieran cambiar el fondo del proceso. I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Julio Carlos Guerra Villarroel, Gerente Departamental de Cochabamba de la Contraloría General del Estado, por memorial cursante a fs. 1415 y vta., señaló lo siguiente:

1. i)El efecto de la revocatoria del sobreseimiento recurrido vía la presente acción tutelar no es absoluto ni similar a una sentencia condenatoria, tampoco contiene los mismos efectos, correspondiéndole al Fiscal de Materia en función a tal determinación emitir la acusación fiscal, delimitar el objeto del proceso, identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso, hechos que se deben probar en la etapa de juicio oral como lo estableció la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, aspecto que no vulneró el debido proceso por la falta de fundamentación de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021;
2. ii)Ante la acusación fiscal formulada por el Ministerio Público, el derecho a la defensa del procesado se activa y ejerce en la jurisdicción ordinaria, donde en el juicio oral instalado se demostrará si la acusación fiscal es errónea, siendo en ese entendido el Juez un tercero imparcial quien, luego de valorar la prueba de cargo y descargo emitirá un pronunciamiento; y,
3. iii)A la jurisdicción constitucional no le compete la revisión de la fundamentación o contundencia de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental para dictar acusación, debido a que la emisión de la misma atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo su responsabilidad conforme dispone el art. "166" del CP, sentándose con ese criterio el precedente constitucional contenido en la SCP 0267/2015-S3; por lo que, el accionante no puede pretender en la vía constitucional cuestionar el requerimiento conclusivo de acusación sin ingresar al fondo del asunto en un juicio oral instalado.

El representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia manifestó:

1. a)El accionante de manera genérica refiere que la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, vulneró sus derechos fundamentales sin precisar ningún derecho, cuando la mencionada Resolución fue emitida en estricto apego a las facultades y prerrogativas del Fiscal Departamental; toda vez que, fue pronunciada previa valoración de todos los elementos de convicción colectados y aportados durante la etapa preparatoria para establecer con bastante precisión que existen suficientes elementos para que la Fiscal de Materia dicte la respectiva resolución de acusación fiscal; y,
2. b)Lo que el accionante pretende dejar de lado es que la CNS al tener conocimiento de la suscripción de un contrato de un compromiso de venta, podía tomar contacto directo con el vendedor que realizó el compromiso de venta al accionante, el cual establecía el monto de $us1 700 000.- a partir de lo cual dicha entidad de salud podía ofrecer dos millones y resolver el contrato de compromiso, adquiriendo el inmueble en un valor sumamente inferior que es lo que ha ocasionado que el peticionante de tutela en menos de seis meses haya obtenido el precitado monto de ganancia, aspecto que ha sido valorado por la Fiscal Departamental accionada a objeto de revocar -se entiende el sobreseimiento- y determinar que el caso se resuelva en la etapa correspondiente que es el juicio oral.

La representante de la Dirección Desconcentrada Departamental de Cochabamba de la Procuraduría General del Estado, en audiencia refirió que:

1. 1)Del contenido de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, se advierte que la misma cuenta con la debida fundamentación y motivación, en lo que concierne específicamente a la falta de valoración de la prueba que señaló el accionante, en su exposición solo hizo alusión a los avalúos no habiendo considerado la extensa lista de elementos probatorios de los cuales hace mención dicha Resolución; y,
2. 2)Debe considerarse que los supuestos derechos vulnerados de manera alguna cambiarían el curso del proceso; toda vez que, son diecisiete personas los procesados y solo el accionante interpuso la presente acción tutelar.

I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Primera-, por Resolución 029/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 1472 a 1476, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, y ordenó la emisión de una nueva resolución en observancia de los parámetros y estándares del debido proceso, con la debida fundamentación, motivación y valoración razonable e integral de los elementos recolectados en la investigación; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien en el apartado II de la citada Resolución Jerárquica concerniente al análisis del caso concreto se expresó que se ingresaría a valorar y compulsar los antecedentes y elementos de convicción a fin de establecer si concurre o no una base indiciaria suficiente que permita corroborar los argumentos expuestos por los objetantes; sin embargo, en sus sesenta y un numerales solamente se realizó un listado enunciativo de los elementos recolectados y a manera de fundamentación en lo que concierne a los ilícitos atribuidos al accionante, se efectuó una transcripción del contenido de las disposiciones normativas sin exponer los parámetros normativos o jurisprudenciales que rigen el sustento de la Resolución de Sobreseimiento, su revocatoria por la autoridad jerárquica y la consiguiente disposición u orden de emitir acusación fiscal;
2. ii)Del contenido de la Resolución Jerárquica cuestionada se evidenció que la misma no cuenta con la debida fundamentación tampoco se advirtió que se expongan los motivos jurídicos que justifiquen la determinación asumida de revocar el sobreseimiento con base al análisis de los elementos colectados durante la investigación realizada por el Ministerio Público, menos aún se expuso cuál fue el error en el que incurrió la Fiscal de Materia y por qué resulta irrazonable o arbitraria su determinación, pues lo transcrito, no puede ser entendido como un análisis lógico-jurídico; asimismo, las conclusiones asumidas respecto a que el vendedor del inmueble no tenía acreditado su derecho propietario y que no se había cumplido con el DBC, carecen de sustento intelectivo y no se apoya en los elementos recolectados en la investigación;
3. iii)De lo descrito se advierte que se está frente a una motivación arbitraria lo que implica también una omisión de analizar con la debida pertinencia los elementos recolectados en su integridad, así en el caso ni siquiera se explicó qué transcendencia tiene el hecho de que el vendedor debía pagar en diez años el precio del inmueble y la supuesta falta de acreditación del derecho propietario, siendo que no se estaba investigando un delito de estelionato por venta de cosa ajena; y,
4. iv)En lo que concierne a la defectuosa valoración de los elementos recolectados en la investigación, la denuncia de la omisión valorativa de los peritajes resulta evidente, por cuanto no existe un análisis valorativo; empero, no corresponde a esta jurisdicción establecer cuál debe ser el valor que se debe asignar a dichos documentos, debiendo ser la autoridad fiscal accionada la que al emitir una nueva resolución tenga que realizar dicho análisis con base a la valoración integral de toda la prueba cursante en el expediente sustentado en criterios de razonabilidad y equidad, con la debida motivación y en observancia a los parámetros del debido proceso y objetividad que debe regir los actos del Ministerio Público. En vía de enmienda y complementación, el accionante solicitó a la Sala Constitucional que en consideración al transcurso del tiempo; y toda vez que, en cumplimiento a la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, ahora dejada sin efecto, se dictó una Resolución de acusación, se complemente el fallo emitido, y en ese sentido se establezca que todas las determinaciones posteriores e inherentes a dicha Resolución Jerárquica también sean dejadas sin efecto. Por otra parte pidió se tome en cuenta la prueba ofrecida concerniente a los informes de 22 de febrero de 2020, pronunciados por el investigador asignado al caso que refirió que durante la investigación no se pudo advertir la concurrencia de prueba que acredite la existencia de los delitos imputados. Al respecto, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, señaló con relación al primer punto que, el mismo es una consecuencia lógica de la decisión, refiriendo que: "...no es que se ha dejado sin efecto la Resolución Jerárquica N° 305/2021 de 17 de diciembre, el Ministerio Público debe tomar los recaudos, por cuanto no podría proseguirse con una acusación sin el respaldo de una determinación asumida por la autoridad departamental del Ministerio Público que precisamente esta Sala Constitucional está dejando sin efecto, correspondería complementar en ese entendido..." (sic); en cuanto al segundo aspecto, indicó que la Sala Constitucional es la que atendiendo la pertinencia o no de los elementos aportados, podrán analizarlos y pronunciarse al respecto; sin embargo, en el caso ya se emitió la Resolución misma que no puede modificarse. Por su parte, Juan Carlos Mendoza García, Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, coincidió con el criterio antes referido manifestando que en efecto lo solicitado es una consecuencia lógica de la decisión asumida enfatizando que al carecer de sustento la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021, las demás actuaciones quedan sin efecto; en cuanto al segundo punto dispuso que los elementos a los que se hace referencia también sean valorados por el Ministerio Público, ello teniendo en cuenta que se estableció que la autoridad fiscal accionada debe considerar todos los elementos colectados en la etapa investigativa; empero, no se puede señalar qué valor deben asignarse a los mismos o cuál es el sentido que debe otorgarse a esos informes. Posteriormente, por memorial presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 1485 a 1486, el impetrante de tutela solicitó a la Sala Constitucional complementación respecto a lo siguiente:
5. a)Se complemente en el entendido que en la nueva resolución a emitirse se exponga las motivaciones conjuntamente las pruebas en su forma analítica y descriptiva que sustenten si la CNS es o no parte de la economía nacional y si existe o no daño económico al Estado, y si ello sería atribuible a su persona;
6. b)Se complemente haciendo referencia expresa de la prueba documental presentada que demuestra el derecho propietario que tiene sobre el inmueble en cuestión, extremo que acredita la falta de valoración e indebida fundamentación de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. IS 305/2021;
7. c)Se complemente en el entendido de que la nueva resolución a dictarse se realice la labor intelectiva jurídica considerando no solo la integralidad de toda la prueba cursante en el cuaderno de investigación, sino que con la debida fundamentación exponga el análisis de cada uno de los tipos penales imputados a su persona, describiendo si la prueba existente permite demostrar la comisión de los mismos y su probable participación; y,
8. d)Se otorgue un plazo expreso a fin de que la Fiscal Departamental accionada pronuncie la nueva resolución.

En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto 74/2022 de 29 de marzo, cursante de fs. 1487 a 1488, procedió a complementar la decisión emitida únicamente respecto al establecimiento de un plazo expreso para el pronunciamiento de la nueva Resolución Jerárquica siendo ese de cinco días hábiles, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La petición del accionante expresa en su integridad un detalle específico de cómo debería emitir la autoridad fiscal accionada la nueva resolución; empero, cabe referir que el requerimiento impetrado no atañe a la naturaleza de la complementación y enmienda, siendo que de estimarse se estaría direccionando los parámetros en los cuales se debe dictar la nueva resolución aspecto que de forma alguna puede suscitarse; y,
2. 2)Respecto al plazo para la emisión de la nueva resolución, en atención a los principios de celeridad y de proteccionismo, la misma debe pronunciarse lo antes posible sin espera de turno.